Prueba 26_V3_1

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los siguientes principios: Jerarquía, descentralización y coordinación. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Legalidad, responsabilidad y control jurisdiccional. Exclusivamente eficacia y eficiencia.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos producirán efectos jurídicos: Desde su aprobación por el órgano competente. Desde su firma por la persona titular del departamento correspondiente. Desde su publicación en el diario oficial correspondiente. Desde su comunicación a los interesados.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la potestad para dictar reglamentos, diga cuál de estas afirmaciones es FALSA: En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones actuarán conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de las leyes se conferirán, con carácter general, al Gobierno o al Consejo de Gobierno respectivo. Los reglamentos producirán efectos jurídicos sin necesidad de publicación oficial. Cuando la propuesta reglamentaria afecte a los gastos o ingresos públicos, deberán valorarse sus repercusiones económicas.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas, indique cuál es la opción correcta: Nunca puede omitirse. Puede omitirse en normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de interés público. Solo puede omitirse en normas urbanísticas. Puede omitirse por decisión discrecional sin motivación.

Conforme determina la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos: En el caso de normas tributarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones de riesgo para la sanidad pública. En el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. En el caso de normas tributarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. En el caso de normas tributarias y presupuestarias de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones de grave riesgo para la sanidad pública.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la evaluación normativa posterior, indique cuál de las siguientes opciones es correcta: No está prevista en la Ley 39/2015. Es obligatoria en todos los casos sin excepción. Se realizará conforme a los términos previstos en la propia normativa aplicable y el plan anual normativo. Solo procede respecto de normas con rango de ley.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el Plan Anual Normativo, indique cuál es la opción correcta: Es facultativo. Recoge las iniciativas reglamentarias que se prevé aprobar en el año siguiente. Solo incluye normas con rango de ley. No requiere publicidad.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la publicidad de las normas, indique cuál es la opción correcta: La publicación en sede electrónica no tiene carácter oficial. La publicación en el diario oficial correspondiente es requisito para su validez y eficacia. Basta con su aprobación por el órgano competente. La publicación es necesaria únicamente para normas sancionadoras.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale qué elemento NO forma parte del contenido mínimo de un convenio: La identificación de las partes firmantes y la competencia con la que actúan. El objeto del convenio y las actuaciones a realizar por las partes. El régimen de modificación del convenio. El régimen sancionador aplicable a las partes en caso de incumplimiento.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos colegiados podrán celebrar sesiones a distancia siempre que: La presidencia y la secretaría se encuentren físicamente en el mismo lugar. Se garantice la identidad de las personas integrantes, el contenido de sus manifestaciones y la interactividad en tiempo real. Se autorice expresamente en cada convocatoria por el órgano superior jerárquico. Las sesiones se celebren exclusivamente mediante correo electrónico.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la delegación de firma, señale la opción correcta: La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. La delegación de firma exige publicación en el diario oficial para su validez. La delegación de firma permite delegar la potestad reglamentaria. La delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante y no requiere publicación para su validez.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la delegación de competencias, diga cuál de estas afirmaciones es cierta: La delegación únicamente puede recaer en órganos jerárquicamente dependientes. La delegación ni su revocación requieren publicación. En ningún caso puede ser objeto de delegación la resolución de los recursos en los órganos que hayan dictado los actos objeto del recurso. Las tres afirmaciones son falsas.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los órganos colegiados, diga cuál de estas afirmaciones es cierta: El correo electrónico es medio suficiente para celebrar sesiones a distancia. La presidencia y la secretaría deben estar físicamente presentes en todo caso. Las actas deberán aprobarse en la sesión inmediatamente siguiente. No podrá deliberarse sobre asuntos no incluidos en el orden del día salvo que estén presentes todas las personas integrantes y se declare la urgencia por unanimidad.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la retroactividad de las disposiciones sancionadoras, indique cuál es la opción correcta: Nunca tienen efecto retroactivo. Tienen efecto retroactivo cuando favorezcan al sujeto sancionado incluso respecto de sanciones pendientes. Solo tienen efecto retroactivo respecto de la tipificación. Siempre tienen efecto retroactivo.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, indique cuál es la opción correcta: Toda anulación de una disposición administrativa genera automáticamente derecho a indemnización. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Basta con la existencia de riesgo. Solo procede cuando exista dolo de la Administración.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en caso de concurrencia de varias Administraciones en la producción de un daño: Responderán siempre de forma solidaria. Responderán en proporción a su participación en el hecho causante. No responderá ninguna si no puede determinarse la participación concreta. Solo responderá la Administración que haya dictado el acto final.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la duración de los convenios administrativos: No podrán exceder de un año. No podrán exceder de cuatro años, prorrogables por otros cuatro. Tendrán duración indefinida. No admiten prórroga.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponderá: Siempre al Consejo de Ministros. Al órgano que tenga atribuida la competencia en la materia de que derive el daño. Al órgano que haya causado materialmente el daño. Al órgano consultivo superior de la Administración afectada.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el principio non bis in ídem implica que: No puedan sancionarse hechos distintos, aunque protejan el mismo bien jurídico. No puedan imponerse sanciones administrativas cuando exista cualquier actuación judicial. No puedan sancionarse los mismos hechos cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. No puedan imponerse sanciones administrativas si la persona infractora es empleada pública.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación que describe correctamente el principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa: La sanción debe adecuarse a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La sanción debe imponerse siempre en su grado máximo cuando exista intencionalidad. La sanción debe coincidir con la prevista en el tipo penal equivalente. La sanción debe atender exclusivamente a la reincidencia del sujeto sancionado.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta: La responsabilidad penal excluye siempre la responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil solo puede exigirse directamente al personal empleado público. La exigencia de responsabilidad es independiente de la responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad administrativa solo puede exigirse tras sentencia judicial firme.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la retroactividad de las disposiciones sancionadoras, indique cuál es la opción correcta: Nunca tienen efecto retroactivo. Tienen efecto retroactivo cuando favorezcan al sujeto infractor, incluso respecto de sanciones pendientes. Solo tienen efecto retroactivo respecto de la tipificación. Siempre tienen efecto retroactivo.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el principio de tipicidad en materia sancionadora, indique cuál es la opción correcta: Pueden imponerse sanciones por analogía. Las infracciones deben estar previamente definidas por norma con rango de ley. La tipificación puede establecerse por instrucciones internas. Las sanciones pueden imponerse por simple referencia a principios generales.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el concurso de infracciones administrativas, indique cuál es la opción correcta: Se impondrán siempre todas las sanciones correspondientes. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente otra, se impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave. Se impondrá siempre la sanción menos grave. Solo se impondrá sanción si existe dolo.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las leyes NO fijan plazos de prescripción de las infracciones administrativas: Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años.

Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, indique cuál es la opción correcta: Basta con la existencia de riesgo. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Toda anulación de un acto genera automáticamente derecho a indemnización. Solo procede cuando exista dolo administrativo.

Para contratar con el sector público, las personas contratantes deberán tener capacidad de obrar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Ley 9/2017?. La capacidad de obrar se presume en todo caso para las personas físicas. Solo pueden contratar las personas jurídicas inscritas en el Registro Mercantil. La capacidad de obrar se acredita conforme a las normas civiles o mercantiles que resulten de aplicación. La capacidad de obrar solo se exige en contratos sujetos a regulación armonizada.

¿Cuál de las siguientes situaciones constituye una prohibición para contratar con el sector público, según la Ley 9/2017?. Haber recibido una sanción por infracción administrativa leve. No haberse inscrito en un registro administrativo voluntario. Haber recibido una condena mediante sentencia firme por delitos de corrupción. No haber contratado previamente con una Administración Pública.

Según la Ley 9/2017, en relación con la solvencia económica y financiera exigida para contratar con el sector público, señale la opción correcta: Solo puede acreditarse mediante volumen anual de negocios. Podrá acreditarse por cualquiera de los medios previstos en la ley y en los pliegos, respetando el principio de proporcionalidad. Es obligatoria únicamente en contratos sujetos a regulación armonizada. No puede exigirse en contratos de servicios.

En relación con el presupuesto base de licitación, según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, indique cuál es la opción correcta: Coincide siempre con el valor estimado del contrato. Es el importe total sin incluir el IVA. Es el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, salvo disposición en contrario. Se determina libremente por el órgano de contratación sin sujeción a reglas.

En relación con el valor estimado del contrato, según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, indique cuál es la opción correcta: Incluye el IV A. Se determina exclusivamente por el precio de adjudicación. Se calcula conforme a las reglas establecidas en la ley, sin incluir el IVA. Coincide siempre con el presupuesto base de licitación.

Según la Ley 9/2017, en relación con la perfección de los contratos del sector público, indique cuál es la opción correcta: Se perfeccionan con su formalización. Se perfeccionan con su adjudicación. Se perfeccionan con la aprobación del gasto. Se perfeccionan con su publicación en el perfil de contratante.

En relación con los contratos menores, según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, indique cuál es la opción correcta: Pueden tener una duración superior a un año si se justifica. No pueden ser objeto de prórroga y su duración no podrá ser superior a un año. No requieren aprobación del gasto. No requieren informe justificativo de la necesidad.

Conforme a la Ley 9/2017, en relación con el deber de confidencialidad en la contratación pública, indique cuál es la opción correcta: Solo afecta a los secretos técnicos. Puede extenderse a la totalidad del contenido de la oferta cuando proceda. Tiene una duración máxima de un año. Solo vincula a la persona contratista.

Conforme a la Ley 9/2017, si el órgano de contratación exige garantía provisional, su importe NO podrá exceder de: El 1 % del valor estimado del contrato, IVA incluido. El 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido. El 5 % del presupuesto base de licitación, IVA incluido. El 3 % del valor estimado del contrato, IVA excluido.

Conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el valor estimado del contrato: Incluye el IVA y no puede incorporar prórrogas. Incluye el IVA e incorpora las posibles modificaciones previstas. No incluye el IVA e incorpora las prórrogas y modificaciones previstas en los pliegos. Coincide siempre con el presupuesto base de licitación.

Según la Ley 9/2017, en un contrato del sector público en el que se exige garantía definitiva, ¿cuál es la regla general sobre su importe?. Es del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido. Es del 5 % del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido. Es del 10 % del valor estimado del contrato, IVA incluido. Es del 5 % del presupuesto base de licitación, IVA incluido.

Según la Ley 9/2017, en relación con la formalización de los contratos del sector público, señale la opción correcta: El contrato se perfecciona con su formalización. La formalización no es necesaria cuando el contrato está sujeto a regulación armonizada. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo previsto legalmente tras la adjudicación. La formalización es potestativa si i la persona o entidad adjudicataria ya ha constituido garantía definitiva.

Según la Ley 9/2017, en relación con el expediente de contratación en contratos menores, indique cuál es la opción correcta: Solo requiere la aprobación del gasto. Requiere informe justificativo de la necesidad y de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales. Nunca requiere publicidad. Requiere siempre proyecto técnico previo.

Según la Ley 9/2017, en relación con el contenido mínimo de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, señale la opción correcta: Pueden aprobarse en cualquier momento, incluso después de la adjudicación. Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación. No pueden contener criterios de adjudicación. No pueden ser objeto de subsanación por error material.