Prueba examen real

De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: Las materias en que así se determine por norma con rango reglamentario. La resolución de recursos administrativos, en ningún otro órgano. Los asuntos que se refieran a relaciones con el Rectorado de una universidad pública. La adopción de disposiciones de carácter general.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención para la intervención de un procedimiento administrativo: Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados. La ley no contempla motivos específicos, rigiéndose por el código deontológico del empleado público. Haber prestado en los últimos cinco años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar a persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto, con cualquiera de los interesados.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, forman parte del sector público institucional: El Tribunal de Cuentas. Las Diputaciones Provinciales. Los Concejos Abiertos. Las Universidades públicas.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Universidades Públicas. Se regirán por dicha ley en primer lugar, y supletoriamente, por la normativa general universitaria. Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Se regirán por dicha ley en primer lugar y, supletoriamente, por sus Estatutos. Se regirán por la Ley de Entidades Estatales Autónomas y, supletoriamente, por la Ley Orgánica de Universidades.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Universidades Públicas: Se regirán por dicha ley en primer lugar y, supletoriamente, por la normativa general universitaria. Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Se regirán por dicha ley en primer lugar y, supletoriamente, por sus Estatutos. Se regirán por la Ley de Entidades Estatales Autónomas, y supletoriamente, por la Ley Orgánica de Universidades.

De acuerdo con el Reglamento de Administración Electrónica de la UNED: La titularidad, gestión y administración de la sede electrónica de la UNED corresponde a la Dirección General de Administración Electrónica del Ministerio de Universidades. La sede electrónica de la UNED estará disponible para los ciudadanos exclusivamente los días hábiles a efectos de plazos administrativos, de acuerdo con el calendario de días hábiles vigente cada año. La Sede Electrónica de la UNED es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la UNED en el pleno ejercicio de sus competencias. El Gerente es el órgano responsable de la supervisión, de la gestión, disponibilidad y seguridad de la Sede Electrónica de la Universidad.

De acuerdo con el Reglamento de Administración Electrónica de la UNED: La UNED no cuenta con un registro electrónico propio. La recepción de notificaciones electrónicas es obligatoria para los miembros de la comunidad universitaria y para el resto de ciudadanos obligados a relacionarse electrónicamente con la Universidad. Las notificaciones por medios electrónicos a miembros de la comunidad universitaria se practicarán a través del correo electrónico corporativo, sin necesidad de comparecencia en sede electrónica, en virtud del principio de economía de medios. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la Sede Electrónica de la UNED exclusivamente.

El Artículo 18 de la Constitución garantiza: El derecho a la libertad y a la seguridad. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El derecho a la educación. La igualdad ante la ley.

Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, podrán ser suspendido los derechos: Derecho a la libertad de cátedra. Derecho de asociación. Derecho de reunión pacífica y sin armas. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos.

De acuerdo con la Constitución española, la duración máxima de la detención preventiva es de: 75 horas. 36 horas. 48 horas. 72 horas.

La reforma de la Constitución será sometida a referéndum para su ratificación siempre que: Se trate de una reforma parcial que afecte al Título II de la Constitución. Se trate de una reforma parcial que afecte al Capítulo I del Título I de la Constitución. Se trate de una reforma parcial que afecte a los derechos y deberes de los ciudadanos incluidos en la Sección 2ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución. Todas son falsas.

De acuerdo con la Constitución española, el Congreso de los diputados: Es la Cámara de representación territorial. Está formado por un máximo de 400 diputados. Se puede acumular el acta de diputado y ser juez en activo. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por 2 diputados.

Señalar la afirmación correcta: La celebración de tratados internacionales por los que se atribuya a una institución internacional el ejercicio de las competencias derivadas de la Constitución requiere la previa autorización del Congreso. Las disposiciones de los tratados internacionales podrán ser derogados y modificados mediante proposición de ley. Los tratados internacionales no publicados oficialmente, formaran parte del ordenamiento interno. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

El Presidente del Gobierno puede proceder a la disolución de las Cortes, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad: Con la única limitación de no estar en trámite de una moción de censura. Con la única limitación de no haber transcurrido un año desde la anterior. Sin limitaciones. Con las únicas limitaciones de no estar en trámite una moción de censura y no haber transcurrido un año desde la anterior.

De acuerdo con la Constitución española, los Jueces y magistrados, como integrantes del poder judicial: Administran la justicia en nombre del Rey. Administran la justicia en nombre del pueblo. Administran la justicia en nombre de las Cortes Generales. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con la Constitución el control de la actividad de los órganos de las CCAA se ejercerá: Por el Tribunal Constitucional, por el Gobierno (previo dictamen del Consejo de Estado), por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero no por el Tribunal de Cuentas. Por el Tribunal Constitucional, por el Gobierno (previo dictamen del Consejo de Estado), por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y por el Tribunal de Cuentas. Exclusivamente por el Gobierno. Exclusivamente por el Tribunal Constitucional.

En la UNED, y de acuerdo con sus Estatutos, la elaboración y actualización del inventario de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Universidad corresponde al: Secretario General. Consejo de Gobierno. Rector. Gerente.

La UNED podrá conceder al personal de Administración y Servicios licencias especiales para la realización de actividades en otras universidades, centros o instituciones, encaminadas a la mejora de los servicios de esta Universidad, siempre que: Tengan una duración entre quince días y seis meses. Se realicen en otros centros o universidades públicas. Tengan una duración superior a un mes inferior a un año. Tengan una duración máxima de un curso académico.

A las Universidades Públicas, les será de aplicación la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al ser parte integrante de: La Administración General del Estado. El Sector público institucional. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las entidades que integran la Administración Local.

A los efectos previstos en el art. 3 de la Ley 39/2015 (LPACAP), tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Únicamente las personas jurídicas. Las personas físicas, aunque no ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. En ningún caso, los menores de edad. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible: El derecho-habiente sucederá en tal condición, únicamente al inicio del procedimiento. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. El causa-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. En ningún caso, el derecho-habiente sucederá en tal condición.

La falta o insuficiente acreditación de la representación en las actuaciones administrativas: No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. En las actuaciones administrativas no cabe la representación. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, aunque no se subsane tal defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo. Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, se podrá interponer: Recurso contencioso-administrativo. Recurso de alzada. Recurso de reposición. No cabrá recurso alguno.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa: Otorga a la Administración la facultad de resolver o no. Implica la caducidad automática del procedimiento. No exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: Son nulas. Son anulables. Se presumen válidas y son ejecutivas. Son convalidables.

Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas: Únicamente por el órgano que las ha dictado. Únicamente por el resto de los órganos administrativos que pertenezcan a la misma Administración. Por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. Únicamente por el resto de los órganos administrativos que dependan jerárquicamente entre sí.

Cuando el interesado en un procedimiento administrativo común fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación: La de aquella que se hubiera producido en último lugar. La de aquella que se hubiera producido por el medio elegido por el interesado. La de aquella que se hubiera producido en primer lugar. La de aquella que se hubiera producido por medios electrónicos.

En un procedimiento administrativo común, el acto de convalidación producirá efectos: Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. Desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. Desde su publicación en el boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el tablón de edictos de Ayuntamiento del último domicilio del interesado, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividades los actos administrativos. Desde la fecha de notificación al interesado en todo caso.

En la instrucción de un procedimiento administrativo común, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos: En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución del mismo. En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución, previa autorización del órgano instructor. En cualquier momento del procedimiento, previa autorización del órgano instructor.

El instructor del procedimiento administrativo común: Podrá rechazar discrecionalmente las pruebas propuestas por los interesados mediante resolución motivada. Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, sin mediar resolución motivada. No podrá rechazar ninguna de las pruebas propuestas por los interesados. Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

En caso de que el órgano competente para resolver un procedimiento administrativo decida la realización de actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, el plazo para resolver: Quedará suspendido durante un plazo máximo de diez días. Quedará suspendido durante un plazo máximo de quince días. No quedará suspendido. Quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.

En un procedimiento administrativo común, la resolución que declare la caducidad: Podrá acordarse por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. No podrá ser recurrida. Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.

Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables: Previa su declaración de lesividad para el interés nacional. Previa su declaración de lesividad para el interés administrativo. Previa su declaración de lesividad para el interés público. Previa su declaración de lesividad para el interés general.

Según el artículo 110 de la LPACAP, no podrán ser ejercidas las facultades de revisión cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte: Contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Contrario al principio de igualdad, al interés público y al ordenamiento jurídico. Contrario a la imparcialidad, a la integridad, al deber de los particulares o a las leyes. Contrario al principio de igualdad o al interés general.

Contra las disposiciones administrativas de carácter general, ¿qué recurso cabe en vía administrativa?. El recurso de alzada en el plazo de un mes desde su publicación. Depende del órgano del que proceda la disposición administrativa. No cabe recurso en vía administrativa. El recurso de alzada en el plazo de tres meses desde su publicación.

Las resoluciones y actos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada: Al no poner fin a la vía administrativa no pueden ser recurridos en alzada. Ante la persona que dictó la resolución. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de: Un mes, si el acto no fuera expreso. Un mes, si el acto fuera expreso. Tres meses, si el acto fuera expreso. Tres meses, si el acto no fuera expreso.

Los estudiantes de las enseñanzas de grado de la UNED deben matricularse por curso académico: De un mínimo de 1 asignatura, con independencia del número de créditos que tenga, y de un máximo de 60 créditos. De un mínimo de 1 asignatura, con independencia del número de créditos que tenga y de un máximo a 90 créditos, pudiendo superar este límite máximo, previa autorización del vicerrectorado competente. De un mínimo de 1 asignatura, con independencia del número de créditos que tenga, pero no se ha fijado, un límite máximo de créditos. De un mínimo de 1 asignatura, con independencia del número de créditos que tenga, y de un máximo de 90 créditos, sin excepción.

Podrán realizar prácticas académicas externas los estudiantes de la UNED matriculados en: Enseñanzas propias de la universidad, exclusivamente. Enseñanzas oficiales de la UNED, exclusivamente. Enseñanzas de Máster o Doctorado de la UNED, exclusivamente. Cualquier enseñanza impartida por la universidad.

El artículo 13 del TREBEP establece que el personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a: A criterios de necesidad, urgencia y control. Al ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de intereses generales del Estado. A criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados. A sus funciones calificadas como de confianza o asesoramiento.

De acuerdo con el TREBEP (Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Es la ley principal que regula en España los derechos, deberes y el régimen laboral de todos los funcionarios y trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas), las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: Sueldo y trienios. Básicas, complementarias y horas extraordinarias. Básicas y extraordinarias. Básicas y complementarias.

De acuerdo con el artículo 66 del TREBEP, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere: La pena principal o accesoria de inhabilitación total cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia. La pena principal o accesoria de inhabilitación particular cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga. La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga.

La ejecución de la Oferta de Empleo Público o instrumento similar, deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de: 1 año. 2 años. 3 años. 18 meses.

Conforme a lo previsto en el artículo 70 del TREBEP, señale la respuesta correcta: La Oferta de Empleo Público no podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. Serán objeto de Oferta de Empleo Público, las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. La Oferta de Empleo Público se aprobará anualmente por los órganos de gobierno de las Administraciones públicas y será objeto de publicación por cualquier medio. La ejecución de la Oferta de Empleo Público deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de cuatro años.

Conforme a lo previsto en el TREBEP sobre las formas de provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios públicos, señale la respuesta correcta: La movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista no tiene la consideración de traslado forzoso. La provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera tendrán siempre carácter definitivo. Las Administraciones públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios a unidades, departamentos u organismos públicos distintos a los de su destino, aun cuando impliquen cambio de lugar de residencia. La libre designación es una forma de provisión de puestos de trabajo que consiste en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico.

Señale cuál de las siguientes respuestas es la correcta según lo previsto en el artículo 89 del TREBEP sobre la excedencia de los funcionarios de carrera: Las funcionarias víctimas de violencia de género en situación de excedencia tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que venían desempeñando durante los tres primeros meses. Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta de la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso en el plazo establecido. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por agrupación familiar cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante un período mínimo de cinco años. En el supuesto de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutar la excedencia para atender al cuidado de un familiar, la Administración no podrá limitar su ejercicio simultáneo.

Conforme a lo previsto en el artículo 95 del TREBEP, se considera falta muy grave: Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios. Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente establecidas. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

Entre las sanciones que se pueden imponer a los empleados públicos por razón de faltas cometidas, previstas en el artículo 96 del TREBEP, no se encuentra la siguiente: Suspensión firme de funciones, con una duración mínima de seis años. Despido disciplinario del personal laboral. Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia. Separación del servicio de los funcionarios.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género: Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, lingüística, política, social, cultural, deportiva y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes, contratos y convenios de especial relevancia económica, lingüística, política, social, cultural, deportiva y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros. Sólo los proyectos de ley y demás disposiciones de carácter general.

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán: Al principio de presencia preferente de mujeres como medida de discriminación positiva. Al principio de paridad entre mujeres y hombres. Al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Al principio de igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres.

La vulneración del deber de confidencialidad establecida en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales constituye una infracción: Menos grave y prescribe a los dos años. Muy grave y prescribe a los tres años. Grave y prescribe a los tres años. Leve y prescribe al año.

Dentro de las enseñanzas oficiales impartidas por las universidades: Los estudios de doctorado se organizarán en la forma que determinen los estatutos de cada universidad. La obtención del título de doctor no requiere la superación de un periodo de formación. El plan de estudios de un título oficial no requiere su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los criterios generales en materia de convalidación de estudios corresponden a cada Comunidad Autónoma, previo informe del Consejo de Universidades.

La renovación de la acreditación de los títulos oficiales universitarios de Grado de 240 créditos, impartidos por centros universitarios que no estén acreditados institucionalmente, deberá realizarse en el plazo máximo de: 7 años. 6 años. 8 años. 4 años.

¿Qué órgano de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED informa, entre otras funciones, sobre la creación, modificación y supresión de los programas de doctorado, establece las líneas estratégicas de la Escuela ligadas a la estrategia de investigación de la Universidad y autoriza las tesis doctorales como paso previo a su defensa pública?. La Comisión de Investigación y Doctorado. El Comité de Dirección. La Comisión Permanente. La Comisión de Conflictos.

Según la ayuda de Excel, ¿qué utilidad tiene una tabla dinámica?. Es otra forma de filtrar datos. Una forma interactiva de resumir grandes volúmenes de datos. Mover datos entre hojas. No se pueden crear tablas dinámicas sobre un conjunto de datos.

En una hoja Excel, si quisiéramos que los datos numéricos que aparecen en distintas filas de la Columna E (E2, E3, E4, ...), se multiplicasen siempre por una misma celda (F1), ¿de qué manera definiríamos la fórmula para que nos permitiera copiarla desde la primera fila en que la introduzcamos al resto de filas?. =E2*F$1. =E2*$F$1. =E2*$F1. =E2*%F%1.

¿Se pueden configurar respuestas automáticas en Outlook en la web?. Sí, pero sólo se puede enviar un único mensaje para todos los contactos. Se puede configurar para enviarse a contactos de dentro de mi organización y ajenos a ella con mensajes diferenciados, especificando o no un intervalo de fechas y horas. Únicamente se pueden configurar respuestas automáticas, si se especifica un intervalo de fechas. Sí, pero sólo para contactos de mi organización.

La iniciativa legislativa corresponde a: Al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos mediante la iniciativa popular, presentando a las Cortes, proposiciones de Ley, cuando se recojan menos de 500.000 firmas acreditadas. Al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos mediante la iniciativa popular, presentando a las Cortes, proposiciones de Ley sobre ciertas materias, cuando se recojan no menos de 500.000 firmas acreditadas. Al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos mediante la iniciativa popular, presentando a las Cortes, proposiciones de Ley sobre materia tributaria, cuando se recojan no menos de 500.000 firmas acreditadas. D. Al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos mediante la iniciativa popular, presentando a las Cortes proposiciones de ley, cuando se recojan más de 500.000 firmas acreditadas.

Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley: Con independencia de la materia a tratar. Siempre que la materia a tratar no afecte a la Corona. Sobre materias determinadas que no afecten a derechos fundamentales y libertades públicas, aprobación de Estatutos de Autonomía y régimen electoral en general. Siempre en período ordinario de sesiones.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que limiten intereses subjetivos. Las propuestas de resolución en todo procedimiento iniciado a solicitud de interesado.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto al acto administrativo: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija una norma o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos a los veinte días de la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de su rango jerárquico. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Los que lesionen los derechos y libertades recogidos en cualquier norma. Los que incurran en desviación de poder.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el procedimiento administrativo y con carácter general: Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el procedimiento administrativo y con carácter general: Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo de resolución, éste será de dos meses. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo de resolución, éste será de tres meses. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo de resolución, éste será de seis meses. Del plazo máximo de resolución de los procedimientos administrativos quedan excluidos los que tengan como objeto la libertad de cátedra.

Las cámaras legislativas se reunirán de manera ordinaria y extraordinaria de la siguiente manera: En dos períodos ordinarios el primero, de septiembre a diciembre y, el segundo de enero a junio. Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse cuando lo pida el Gobierno o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. En dos períodos ordinarios el primero, de septiembre a diciembre y, el segundo de enero a junio. Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse cuando lo pida el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría de los miembros de cualquiera de las cámaras. En dos períodos ordinarios el primero, de septiembre a diciembre y, el segundo, de enero a junio. Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse cuando lo pida el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. En dos períodos ordinarios el primero, de septiembre a diciembre y, el segundo de febrero a junio. Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse cuando lo pida el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras.