PSIQUIATRIA FORENSE

El fundamento material que legitima constitucionalmente la medida de seguridad en el sistema actual es: a) La culpabilidad por el hecho cometido. b) La peligrosidad criminal como juicio de pronóstico. c) La necesidad de castigo proporcional. d) La gravedad objetiva del resultado.

A diferencia del modelo de la Ley de Vagos y Maleantes, el Código Penal vigente exige: . a) Declaración administrativa previa de peligrosidad. b) Informe policial vinculante. c) Comisión previa de un hecho tipificado como delito. d) Estado peligroso autónomo sin delito previo.

El principio de proporcionalidad en medidas de seguridad opera como límite: a) Solo material, no temporal. b) Exclusivamente temporal. c) Material y temporal respecto de la pena abstractamente aplicable. d) Únicamente en medidas no privativas.

El criterio ecológico dentro del juicio de riesgo implica: a) Evaluar el entorno físico del delito. b) Analizar las condiciones psíquicas permanentes o transitorias que favorecen reacciones antisociales previsibles. c) Valorar exclusivamente el entorno familiar. d) Estudiar únicamente factores ambientales externos.

En caso de eximente incompleta (semiimputabilidad), el internamiento: a) Sustituye a la pena. b) Solo puede aplicarse si la pena es privativa de libertad. c) Es obligatorio. d) Puede exceder la pena prevista.

La libertad vigilada tras pena privativa de libertad se caracteriza por: a) Ser alternativa a la pena. b) Ejecutarse antes del cumplimiento penitenciario. c) Imponerse en sentencia para ejecución posterior a la excarcelación. d) Ser acordada únicamente por el juez de vigilancia.

El control anual de mantenimiento o cese de la libertad vigilada corresponde: a) Al tribunal sentenciador exclusivamente. b) Al Ministerio Fiscal. c) Al juez de vigilancia penitenciaria mediante propuesta motivada. d) A la Administración penitenciaria.

El modelo actual de medidas de seguridad se distancia del modelo predelictual porque: a) Elimina la peligrosidad como fundamento. b) Sustituye el concepto de estado peligroso por un juicio de riesgo vinculado a delito previo. c) Prohíbe cualquier internamiento. d) Se basa en criterios exclusivamente clínicos.

Los métodos de juicio clínico estructurado se consideran superiores porque: a) Sustituyen totalmente la valoración profesional. b) Integran factores estadísticos con valoración clínica individualizada. c) Eliminan la subjetividad médica. d) Se basan exclusivamente en antecedentes penales.

. En la evaluación del riesgo, la pluricausalidad de la conducta violenta implica: a) Que la predicción es imposible. b) Que basta un único factor biológico relevante. c) La necesidad de un análisis multidisciplinar individualizado. d) Que los factores sociales son irrelevantes.

La medida de internamiento psiquiátrico penitenciario puede acordarse: a) Solo en fase de sentencia. b) También cuando la enfermedad mental aparece iniciado el cumplimiento de la pena. c) Únicamente en eximentes completas. d) Solo a solicitud del interno.

El quebrantamiento de una medida de internamiento supone: a) Multa automática. b) Indulto parcial. c) Reingreso en el mismo u otro centro adecuado. d) Sustitución por libertad vigilada obligatoria.

El tratamiento ambulatorio involuntario en materia penal se justifica principalmente por: a) Razones económicas. b) La evitación del fenómeno de “puerta giratoria”. c) Sustituir toda forma de internamiento. d) Disminuir la carga judicial.

Uno de los argumentos críticos contra el TAI es: a) Su excesiva eficacia. b) Que vulnera siempre el principio de legalidad. c) Que puede afectar negativamente a la alianza terapéutica. d) Que sustituye automáticamente la prisión.

En menores, la elección de la medida debe atender prioritariamente: a) La gravedad abstracta del delito. b) El interés superior del menor. c) La alarma social. d) La reincidencia previa exclusivamente.

El internamiento terapéutico en menores se justifica cuando existe: a) Solo drogodependencia leve. b) Alteración grave de la conciencia de la realidad o dependencia tóxica. c) Cualquier trastorno conductual leve. d) Reincidencia administrativa.

La castración química presenta como límite esencial en España: a) Su prohibición absoluta. b) Necesidad de consentimiento informado del penado. c) Aplicación automática a agresores sexuales. d) Sustitución de pena por tratamiento obligatorio.

La eficacia de la castración química es mayor en: a) Delincuencia económica. b) Violencia doméstica no sexual. c) Criminalidad asociada a parafilias. d) Psicopatía estructural.

La diferencia entre valoración estructural y dinámica radica en que: a) La estructural analiza antecedentes familiares. b) La dinámica se centra en factores biológicos. c) La estructural atiende a factores biológicos y psicopatológicos; la dinámica a trayectoria vital y motivacional. d) Son términos equivalentes.

En caso de evolución favorable del sujeto sometido a medida, el juez puede: a) Mantenerla obligatoriamente hasta el máximo. b) Reducirla, suspenderla o cesarla motivadamente. c) Convertirla en pena. d) Delegar la decisión en la víctima.

El modelo actual responde principalmente a una lógica de: a) Retribución absoluta. b) Prevención especial positiva. c) Prevención general negativa exclusiva. d) Defensa social predelictual.

La imposición de medida no privativa cuando la pena abstracta no es privativa responde al principio de: a) Intervención mínima. b) Proporcionalidad. c) Legalidad estricta formal. d) Culpabilidad por el hecho.

La predicción del riesgo nunca debe: a) Basarse en informes médicos. b) Emitirse sin exploración directa del sujeto. c) Analizar antecedentes judiciales. d) Considerar factores sociales.

La libertad vigilada puede incluir prohibición de: a) Trabajar en cualquier actividad. b) Aproximarse a la víctima y comunicarse con ella. c) Derecho a la defensa. d) Derecho al recurso.

El modelo español actual de medidas de seguridad puede calificarse como: a) Sistema monista puro. b) Sistema dual con límites garantistas. c) Sistema exclusivamente administrativo. d) Sistema de peligrosidad ilimitada.

La Ley de Vagos y Maleantes fue sustituida por: a) Código Penal de 1995. b) Ley Orgánica 5/2000. c) Ley 16/1970 sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. d) Ley Orgánica 1/2004.

Entre los campos de trabajo creados bajo la Ley de Vagos y Maleantes NO se encontraba: a) Burgos. b) Puerto de Santa María. c) Alcalá de Henares. d) Valencia.

En el modelo actual, las medidas de seguridad están reguladas en el Código Penal, artículos: a) 80 a 94. b) 90 a 105. c) 95 a 108. d) 100 a 115.

Cuando la pena abstracta no es privativa de libertad, el tribunal: a) Puede imponer cualquier medida. b) Solo puede imponer medidas no privativas de libertad. c) Debe imponer libertad vigilada. d) No puede imponer medida alguna.

La libertad vigilada tiene una duración general máxima de: a) 3 años. b) 5 años. c) 8 años. d) 15 años.

Excepcionalmente, la libertad vigilada puede alcanzar: a) 7 años. b) 8 años. c) 10 años. d) 12 años.

La propuesta de imposición de libertad vigilada tras prisión debe realizarse: . a) Durante la fase de instrucción. b) En el momento del ingreso en prisión. c) Al menos dos meses antes de la extinción de la pena. d) Tras la excarcelación.

El criterio de probabilidad dentro del juicio de riesgo se refiere a: a) Condiciones ambientales. b) Probabilidad manifestada de cometer nuevas infracciones. c) Gravedad del delito previo. d) Evaluación sociológica del entorno.

Entre los factores biológicos mencionados como indicadores de riesgo se encuentran: a) Nivel educativo y renta. b) Alteraciones de serotonina o testosterona. c) Estado civil exclusivamente. d) Nivel cultural.

a valoración estructural incluye: . a) Motivaciones del delito concreto. b) Elementos biológicos, psicopatológicos y sociológicos. c) Solo antecedentes familiares. d) Exclusivamente análisis forense penal.

La valoración dinámica incluye: . a) Factores genéticos. b) Historia vital, antecedentes personales y motivacionales. c) Solo diagnóstico psiquiátrico. d) Exclusivamente situación laboral.

En caso de incumplimiento del tratamiento ambulatorio involuntario: a) Se extingue la medida automáticamente. b) Puede sustituirse por internamiento si estuviera previsto. c) Se impone multa coercitiva. d) Se concede libertad vigilada obligatoria.

En el ámbito de menores (LO 5/2000), las medidas privativas de libertad se ejecutan en: a) Centros penitenciarios ordinarios. b) Unidades psiquiátricas penitenciarias. c) Centros específicos distintos de los de adultos. d) Dependencias policiales.