Reforma Constitución

La nueva Constitución de Santa Fe (aprobada en septiembre de 2025) moderniza la carta magna de 1962, incorpora de 46 nuevos artículos y reforma de los 42 habilitados por Ley, la nueva carta Magna está compuesta por 161 artículos. Además se incorporan 27 clausulas transitorias. Verdadero. Falso.

Principales cambios referidos a Seguridad Publica. • Seguridad Pública y Ciudadana: Se incorpora como un derecho y un pilar del orden democrático. • Fuerzas de Seguridad: Se establece que la Policía y el Servicio Penitenciario deben estar capacitados, equipados y garantizar transparencia. • Control Ciudadano: Los ciudadanos tienen derecho a la participación y control de las políticas de seguridad. • Garantías: Se modificaron artículos relacionados con los derechos de las víctimas y el hábeas corpus (incluyendo el antiguo artículo 9°, ahora art 14 actualizado). Verdadero. Falso.

• ARTÍCULO 15. Toda persona tiene derecho a la libertad personal y no puede ser privada de ella ni restringido su ejercicio, sino por disposición de autoridad competente en los casos y condiciones previstos con anterioridad por la ley. En caso de detención, debe darse aviso inmediato a un juez, para que revise la medida en el plazo máximo de veinticuatro horas. No podrá mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, salvo resolución judicial. La incomunicación de la persona detenida nunca puede afectar el derecho de comunicación con su abogado defensor. La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional, conforme los criterios y alcances determinados por la ley. Quedan prohibidos la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y cualquier otra forma de violencia sobre las personas sometidas a privación o restricción de su libertad ambulatoria. Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso y de una típica definición de una acción u omisión culpable previamente establecidos por la ley, ni sacado del tribunal constituido con anterioridad por esta, ni privado del derecho de defensa. No se pueden reabrir procesos fenecidos, sin perjuicio de la revisión favorable de sentencias penales en los casos previstos por la ley procesal. Los establecimientos de privación de libertad deben ser sanos y limpios, adoptando las medidas necesarias para otorgar un trato adecuado conforme a la situación procesal, el género y la edad. Las personas menores de edad deben ser alojadas en lugares diferentes a los destinados a personas adultas. En materia penal se instituye el proceso acusatorio, adversarial, oral y público. La ley determina los casos criminales que deben ser juzgados por jurados populares clásicos; y propende a la implementación progresiva del juicio oral y por jurados en los demás procesos judiciales, en las mismas condiciones que el jurado penal. Verdadero. Falso.

ARTÍCULO 15. El domicilio es inviolable. No se puede efectuar en él registros, inspecciones o secuestros sino en los casos y en las condiciones que fije la ley. 18 Son igualmente inviolables la libertad y el secreto de la correspondencia y de todo otro medio de comunicación y sus restricciones pueden realizarse sólo cuando la ley las autorice y con sus garantías. Los habitantes de la Provincia pueden permanecer y circular libremente en su territorio. Verdadero. Falso.

ARTÍCULO 31. Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno físico y digital seguro, libre de violencias y amenazas. La seguridad pública y ciudadana es un deber indelegable e irrenunciable de la Provincia dirigido a mantener el orden público democrático, las instituciones y la seguridad de personas y bienes, que procure el pleno disfrute y ejercicio de derechos y libertades. La Provincia promueve políticas públicas integrales, multidisciplinarias e inclusivas para la protección de la vida, la integridad personal, la libertad, los bienes, la convivencia pacífica y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Se fundan en la planificación estratégica, la producción y análisis de información, la evaluación de resultados, la articulación con la Nación y los gobiernos locales y la participación de la comunidad. Las fuerzas de seguridad y demás órganos encargados de velar por la seguridad ciudadana son instituciones esenciales de la sociedad y son responsables del mantenimiento del orden, la prevención del delito y la actuación ante emergencias. La Provincia garantiza la capacitación continua y la profesionalización de quienes integran las fuerzas de seguridad y promueve políticas de integridad, transparencia y rendición de cuentas en su funcionamiento. La Provincia ejerce el monopolio de la fuerza, la que es siempre excepcional y conforme al ordenamiento jurídico, normas constitucionales y convencionales. Verdadero. Falso.

ARTÍCULO 31. Las víctimas de delitos y, en su caso, sus familiares tienen derecho a un trato digno y respetuoso de su intimidad, al acceso a la justicia, a ser informados de manera clara y oportuna sobre sus derechos y a conocer el estado de la investigación, el proceso penal y las decisiones que se adopten. Tienen derecho a participar en el proceso penal en forma activa en las condiciones que determine la ley. El Estado procura su debida asistencia, evitando conductas discriminatorias y cualquier forma de revictimización. La debida diligencia en el proceso judicial será reforzada cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad. Verdadero. Falso.

TERCERA PARTE: Se divide en 7 títulos: Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ministerio Público, Designación y enjuiciamiento, Órganos de control ( Tribunal de cuentas y Defensoría del Pueblo) y por ultimo Juicio Político. Verdadero. Falso.

PODER LEGISLATIVO: (Arts. 76 ss): límite a la reelección de senadores, paridadde género, reducción de fueros (art 86No se requiere autorización de la Cámara respectiva cuando exista condena penal firme que imponga pena privativa de la libertad por la comisión de delitos dolosos) y extensión de sesiones ordinarias( antes eran desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre y actualmente desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre). Falso. Verdadero.

PODER EJECUTIVO: (Arts. 97 ss.) el gobernador y vicegobernador pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un período consecutivo. Si han sido reelegidos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos nuevamente para ninguno de esos cargos sin el intervalo de un período. Le otorga mayor transparencia y control a través de exigencias en la gestión pública, asume responsabilidades relacionadas con la seguridad ,diseña, planifica y ejecuta la política de seguridad provincial y la política criminal, en coordinación con los otros poderes provinciales y municipales y con las autoridades competentes en la persecución penal de los delitos. Verdadero. Falso.

PODER JUDICIAL (Arts. 177 ss): Los puntos clave de la modificación son: • Límite de Edad y Corte Suprema: Los jueces y ministros de la Corte cesan automáticamente al cumplir 75 años. La Corte mantiene sus siete miembros, pero con paridad de género y enfoque territorial. • Selección de Magistrados: Creación del Consejo Asesor de la Magistratura para la selección técnica de jueces, fiscales y defensores, dentro del Poder Ejecutivo pero con representación técnica y política. Verdadero. Falso.

MINISTERIO PÚBLICO: El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Defensa Pública salen de la estructura del Poder Judicial y NO pasan a ser un ministerio autónomo. Falso. Verdadero.

REMOCIÓN DE JUECES: Se fortalece el “tribunal de enjuiciamiento” para jueces, fiscales o defensores que cometan faltas graves. Este tribunal de enjuiciamiento estará por: 1) un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general o el defensor general, según el órgano al que pertenece el acusado, quien lo preside; 2) dos jueces, fiscales o defensores, según corresponda; 3) tres senadores y tres diputados elegidos por sus respectivas Cámaras con representación de la minoría; y, 4) dos abogados matriculados en los colegios con asiento en la Provincia. Sus integrantes no perciben retribución por su tarea. La ley regula su organización y funcionamiento. Habilita la organización en colegios de jueces y reemplaza las cámaras de apelaciones por jueces de revisión para mayor eficiencia. Se otorgan rangos constitucionales al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.Reglas de ética pública, declaraciones juradas patrimoniales obligatorias y límites a las inmunidades de los magistrados. Verdadero. Falso.

Art. 134: El Ministerio Público es un órgano independiente de los poderes del Estado con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera. Se compone del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, independientes entre sí, dirigidos por un fiscal general y un defensor general respectivamente. El Ministerio Público de la Acusación tiene a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal, en coordinación con las demás autoridades de la Provincia. Ejerce la acción penal pública y su actuación se orienta al resguardo de los intereses de las víctimas. El Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo la protección y defensa de los derechos humanos. Tiene por función garantizar el acceso a la justicia, el derecho de defensa efectiva y eficaz, la asistencia jurídica integral de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o no cuenten con la posibilidad de hacerlo por sus propios medios, tanto en casos individuales como colectivos. La ley determina la organización y el funcionamiento del órgano. Verdadero. Falso.

ARTÍCULO 135. El fiscal general y el defensor general son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Deben reunir las condiciones para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia y poseer conocimientos específicos para el ejercicio de sus funciones. Duran cinco años en el cargo si conservan su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Pueden ser nuevamente designados por un solo período consecutivo. Cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir setenta y cinco años de edad. Verdadero. Falso.

ARTÍCULO 136. El fiscal general y el defensor general son removidos por la Asamblea Legislativa por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, por las causales de mal desempeño de sus funciones o comisión de delito doloso. El procedimiento es acusatorio y público y garantiza el derecho de defensa. Verdadero. Falso.

TRIBUNAL DE CUENTAS: Rango Constitucional: Su incorporación al orden constitucional le brinda mayor estabilidad institucional, consolidando su rol en la fiscalización de las cuentas públicas. Designación: Los miembros del tribunal son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, durando seis años en sus funciones y siendo removidos por juicio político. Funcionamiento: Las normas de la nueva constitución y la resolución 0508-TCP de 2025 ratifican la estructura del Tribunal para el control externo de las cuentas y la gestión económica del Estado, conforme a las nuevas reglas de ética pública. Estructura: Se hace referencia a un "nuevo orden Constitucional" iniciado tras la reforma de septiembre de 2025, con una nueva conformación de vocales. Verdadero. Falso.

DEFENSORIA DEL PUEBLO: Jerarquía Constitucional: Ya no dependerá de una ley provincial, lo que brinda mayor estabilidad y fuerza institucional, alineándose con estándares nacionales e internacionales. Autonomía y Autarquía: Garantiza la independencia funcional y la gestión propia de sus recursos (autarquía financiera).Independencia de la Legislatura: Se busca que su designación e impacto no dependan de la coyuntura política del legislativo.Refuerzo en Derechos: La institución se consagra para fortalecer la autotutela de derechos ciudadanos ante actos de la administración. Esta incorporación busca asegurar que el Defensor del Pueblo actúe con mayor contundencia y autonomía en la defensa de los ciudadanos. Verdadero. Falso.

Todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico. La reforma fortalece la gestión local, permitiendo que municipios pequeños e intermedios tengan mayor capacidad de decisión y gestión conjunta (institucional, política, administrativa y financiera), permitiendo a las ciudades dictar sus propias cartas orgánicas. Modifica el régimen territorial unificando categorías bajo el rango de ciudades, elimina las comunas y formaliza la creación de regiones y áreas metropolitanas para la gestión conjunta y sostenible de recursos. Verdadero. Falso.

Autonomía Municipal Plena: Reconocimiento de autonomía en cinco órdenes (Art. 154). Establece que son núcleos de población organizado como comunidad con vida propia, se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico. La Provincia reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática; y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, de conformidad con lo previsto en esta Constitución. Verdadero. Falso.

La nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe (aprobada en septiembre de 2025) establece una estructura de cinco partes, donde la quinta parte (y las cláusulas finales) regula la vigencia, la jura y la incorporación de los nuevos artículos que modernizan la carta magna de 1962. Incluye las 27 cláusulas transitorias que garantizan la implementación de la reforma, los límites a los fueros, la autonomía municipal y los mecanismos de participación ciudadana aprobados. Verdadero. Falso.

ARTÍCULO 3. La Provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad. Verdadero. Falso.

ARTÍCULO 146. Pueden ser sometidos a juicio político el gobernador, el vicegobernador y sus sustitutos legales en ejercicio del Poder Ejecutivo, sus ministros, el fiscal de Estado, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los del Tribunal de Cuentas y todo aquel funcionario cuya designación requiera acuerdo legislativo siempre que no tenga previsto otro procedimiento de remoción. Verdadero. Falso.