OPO A AYTO 04. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas:
Tienen la consideración de Administración Pública.
Sujetan toda su actividad a Derecho Administrativo.
Sujetan toda su actividad a Derecho Privado según lo que dispongan sus normas de creación.
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La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público es de aplicación:
A la Admón. General del Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades que integran la Admón. Local.
Al sector público institucional.
Todas son ciertas.
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Los órganos administrativos, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:
Instrucciones.
Órdenes de servicio.
Todas son ciertas.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia de los órganos administrativos:
Es irrenunciable.
Es renunciable.
Es renunciable cuando la tengan atribuida como propia.
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La recusación por los interesados sobre las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, podrá promoverse:
Únicamente previa la apertura del procedimiento.
Únicamente finalizada la tramitación del procedimiento.
En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos:
Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes.
Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente superiores.
No podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes.
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Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas:
En otros órganos de la misma Administración.
En los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
Ambas son ciertas.
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Cuando una encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, se formalizará mediante firma del correspondiente:
Contrato.
Convenio.
Ambas son ciertas.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios:
Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos.
No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos.
Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos siempre que exista acuerdo expreso del órgano competente.
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Las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, deberán respetar en su actuación y relaciones el siguiente principio:
Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Todas son ciertas.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma:
No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
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La Administración consultiva, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional o a través de servicios que prestan asistencia jurídica, en cuyo caso:
Deberán estar sujetos a dependencia jerárquica de los órganos que hayan elaborado las disposiciones objeto de consulta.
Podrán estar sujetos a dependencia jerárquica de los órganos que hayan elaborado las disposiciones objeto de consulta.
No podrán estar sujetos a dependencia jerárquica de los órganos que hayan elaborado las disposiciones objeto de consulta.
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La competencia de los órganos administrativos, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de:
Delegación o avocación.
Delegación o cesión administrativa.
Avocación o renuncia.
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Los órganos superiores de la Administración, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes:
Cuando se trate de un acto anulable.
Cuando se incurra en nulidad de pleno derecho.
Cuando las circunstancias lo hagan conveniente.
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La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público:
De la misma Administración.
De distinta Administración.
Ambas son ciertas.
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Las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:
Eficacia, subordinación, descentralización, concertación y coordinación.
Eficiencia, jerarquía, centralización, desconcentración y descoordinación.
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y al menos:
De un tercio de sus miembros.
De la mitad de sus miembros.
De un cuarto de sus miembros.
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OPO A CM 2015. Son motivos de abstención para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones:
Haber tenido intervención como perito o testigo en procedimiento similar al que estén conociendo.
Tener parentesco de consanguinidad dentro del quinto grado con el administrado.
Tener relación de parentesco por afinidad dentro del tercer grado con el administrado.
Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el procedimiento del que conozcan.
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Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado:
Sin que ello pueda suponer la cesión de la titularidad de la competencia.
Pudiendo suponer la cesión de la titularidad de la competencia.
Pudiendo suponer la cesión de la titularidad de la competencia previo acuerdo del órgano competente.
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Las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, deberán respetar en su actuación y relaciones el siguiente principio:
Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
Buena fe, desconfianza legítima y lealtad constitucional.
Todas son ciertas.
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Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas:
En otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.
En otros órganos de la misma Administración, sólo cuando sean jerárquicamente dependientes.
Ambas son ciertas.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso:
Podrá ser objeto de delegación de competencias.
No podrá ser objeto de delegación de competencias.
Ninguna es cierta.
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Según lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, la suplencia, donde los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante o ausencia:
Implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
No implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación.
No implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, contra las resoluciones adoptadas como consecuencia de una solicitud de recusación formulada por el interesado:
No cabrá recurso.
Cabrá recurso.
Ninguna es cierta.
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La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención:
Implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
Implicará, necesariamente, y en todo caso, la validez de los actos en que hayan intervenido.
No implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, son convenios, los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las universidades públicas:
Entre sí, no pudiendo participar sujetos de derecho privado.
Entre sí o con sujetos de derecho privado.
Con sujetos de derecho privado, no pudiendo convenir entre administraciones.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, cuando los compromisos económicos asumidos superen:
300.000 euros.
600.000 euros.
800.000 euros.
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Si de la liquidación de un convenio, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de:
Un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación.
Dos meses desde que se hubiera aprobado la liquidación.
Tres meses desde que se hubiera aprobado la liquidación.
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La Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula (señala la incorrecta):
Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.
El procedimiento común a todas las Administraciones Públicas.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia de un órgano administrativo:
Suponen alteración de la titularidad de la competencia.
No suponen alteración de la titularidad de la competencia salvo en el caso de encomienda de gestión.
No suponen alteración de la titularidad de la competencia.
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Una vez producida una delegación de competencias por un órgano administrativo, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación será revocable:
Transcurrido un plazo mínimo de 1 año desde el acto de la delegación.
Transcurrido un plazo mínimo de 3 años desde el acto de la delegación.
En cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
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De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos, las unidades administrativas a las que:
Se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
Se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
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Las encomiendas de gestión, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público?
Si.
No.
Solo en el caso de tramitación urgente.
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OPO AT CM 2021. Según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios que celebren las Administraciones Públicas deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a:
Tres años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
Cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
Diez años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio emitidas por un órgano administrativo:
No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por el órgano.
Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por el órgano y suspende los actos.
Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por el órgano, pero no suspende los actos.
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De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿pueden delegarse las competencias que se ejerzan por delegación?
Sí, en cualquier caso.
No, en ningún caso.
No, salvo autorización expresa de una Ley.
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Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. De acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, son causas de resolución:
El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
El acuerdo de un firmante del convenio.
Todas son ciertas.
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Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de:
Jerarquía.
Discriminación.
Proporcionalidad.
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La encomienda de gestión, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿supone cesión de la titularidad de la competencia o de los elementos sustantivos de su ejercicio?
Si.
No.
Sólo cuando así se determine por una disposición de rango de Ley.
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En un órgano colegiado, de acuerdo con la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién le corresponde velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas?
Al Presidente.
Al Secretario.
Al Consejero delegado.
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De acuerdo con el artículo 32 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas:
No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa:
Las personas físicas y jurídicas, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
Las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
Las personas físicas o jurídicas, así como, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
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De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la graduación de la sanción no se considerará el siguiente criterio:
La naturaleza de los perjuicios causados.
La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
Los antecedentes penales.
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De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y el tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, según se prevé en:
El artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico Sector Público.
El artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico Sector Público.
El artículo 20 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico Sector Público.
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La ley 40/2015, es de aplicación a:
La Administración General del Estado.
Las entidades que integran la Administración Local.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
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De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015, la encomienda de gestión:
No supone cesión de la titularidad de la competencia.
Se prevé para la realización de actividades de carácter material o técnico.
Ambas respuestas son ciertas.
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De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 40/2015, la delegación de competencias:
Es siempre en órganos jerárquicamente dependientes.
Puede ser en órganos dependientes o no.
No puede ser en órganos dependientes.
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La resolución de los recursos no puede ser objeto de delegación:
Nunca.
Siempre.
En los órganos que hayan dictado el acto objeto del recurso.
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De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 40/2015, la avocación:
Tiene que ser motivada.
Tiene que ser motivada y notificada a los interesados.
Tiene que ser solo notificada a los interesados.
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De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 40/2015, la Administración titular de una sede electrónica:
Asume sus costes.
Asume sus actualizaciones.
Asume la integridad, veracidad, y actualización de la información y de los servicios que soporta.
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De acuerdo con el Art. 38.1 de la ley 40/2015, la sede electrónica es:
La sede administrativa donde se controla la red intranet de una Administración Pública.
La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien, a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
La sede donde radica la Dirección general de nuevas tecnologías.
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Las medidas de seguridad para el archivo electrónico de documentos son las establecidas:
Por cada Administración.
Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Según el Esquema Nacional de Seguridad.
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Conforme al artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención en el procedimiento administrativo (señala la incorrecta):
Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate.
Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.
Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados.
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De acuerdo con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto:
Podrá archivar las actuaciones realizadas.
Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin el deber de notificar esta circunstancia a los interesados.
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La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas, de acuerdo entre otros con los siguientes principios. Señale la respuesta INCORRECTA:
Lealtad institucional.
Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.
Colaboración, entendida tal y como establece la Constitución como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines propios.
Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
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Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se dé alguna de las circunstancias de abstención señaladas en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público:
Intervendrán en el procedimiento y lo comunicarán a su inferior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
No se abstendrán de intervenir en el procedimiento salvo que el superior inmediato resuelva sobre la nulidad de pleno derecho.
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OPO AT CM 2021. Respecto a las instrucciones y órdenes de servicio reguladas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la afirmación que NO es correcta:
El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
Como requisito para su validez, todas las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda.
Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda.
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A CM 2019. Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones leves, salvo que haya regulación específica que establezca otros plazos, prescribirán:
Al año.
A los 2 años.
A los 3 años.
A los 6 meses.
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OPO EMPLEO CM 2018. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público sobre los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?
En caso de ausencia, vacante o enfermedad serán suplidos por el Secretario General.
Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
Son órganos directivos con rango de Subsecretario.
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OPO ITOP AYTO 2021. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular de forma:
Subsidiaria.
Solidaria.
Concurrente.
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OPO A AYTO 2021. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de competencias:
Supone la alteración de la titularidad de la competencia.
Supone la alteración de la titularidad de la competencia y deberá realizarse entre órganos administrativos dependientes.
No supone alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
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De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuándo prescriben las infracciones y las sanciones leves, graves y muy graves:
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses mientras que las sanciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año.
Las infracciones muy graves prescribirán a los 2 años, las graves a los 3 años y las leves al año mientras que las sanciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves al año y las leves a los 2 años.
Las infracciones muy graves prescribirán a los 4 años, las graves a los 3 años y las leves a los 2 años mientras que las sanciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses.
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Conforme al artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención en el procedimiento administrativo:
Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate, así como tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior (tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable).
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
Las dos respuestas anteriores son correctas.
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