Renteria 2023

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?. La ciudadanía en general. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes representen a una persona interesada , aunque esta última no estuviera obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración pública. El personal empleado dé las Administraciones públicas para cualquier trámite y actuación que realicen con ellas.

En la atención presencial, cuando el centro de atención al que se ha dirigido el ciudadano o la ciudadana no puede solucionar la petición formulada: Se le ofrecerá información sencilla de quién y dónde puede solucionar su petición. Se recabará toda la información precisa para solucionar la petición al instante en el centro de atención al que ha acudido. Se le responderá: "No lo sé". Se le responderá : "Lo siento, pero no le puedo ayudar".

Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el inicio del procedimiento a solicitud de la persona interesada, ¿qué afirmación es correcta?. Las solicitudes de iniciación del procedimiento deberán contener una dirección de correo electrónico para que se practique en ella la notificación. Aunque se hubieran establecido expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes en un procedimiento concreto, su uso por las personas interesadas será voluntario. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la legislación, se requerirá a la persona interesada para que subsane la falta en un plazo de quince días. Si alguna persona obligada a relacionarse por medios electrónicos presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica.

De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, cuando fallezca un familiar dentro del primer grado de consanguinidad y siempre y cuando el suceso se produzca en la misma localidad, el personal funcionario público tendrá de permiso: Tres días hábiles. Dos días naturales. Cuatro días naturales. Cinco días hábiles.

¿En qué momento deben aprobarse los pliegos de cláusulas administrativas particulares?. Una vez publicada la licitación del contrato en el perfil del contratante. Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. Una vez adjudicado el contrato y antes de su formalización. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El presupuesto de gastos de las Administraciones públicas incluye: Créditos de pago y créditos de compromiso. Sólo créditos de pago. Solo créditos de compromiso. Créditos de pago y créditos finalistas.

En el Estatuto Básico del Empleado Público se establece que la provisión de puestos de trabajo en cada Administración pública se llevará a cabo: Por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Por los procedimientos de concurso, oposición y libre designación sin convocatoria pública. Por los procedimientos de concurso y concurso­ oposición siempre con convocatoria pública. Por los procedimientos de concurso y oposición siempre con convocatoria pública.

Sobre el funcionamiento de los órganos colegiados, debe tenerse en cuenta que: Para poder celebrar sus sesiones a distancia, esto debe estar expresamente autorizado en su reglamento interno. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado; el fichero resultante de la grabación podrá acompañar al acta de las sesiones. Cuando la sesión se celebre a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde esté ubicado el secretario o la secretaria. Aunque las y los miembros del órgano voten en contra, deberán asumir la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el número de ofertas que como mínimo deberá solicitar la persona beneficiaria es: 2. 3. 4. Ninguna.

En el Estatuto Básico del Empleado Público se establece que, como regla general, los sistemas selectivos en el acceso al empleo público para ser personal funcionario de carrera serán: El concurso y la provisión. La oposición y el concurso-oposición. La libre designación y el concurso-oposición. La libre promoción y provisión.

Las tres formas de pago que contempla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones son: Pago inicial, pago intermedio y pago final. Pago básico, pago ordinario y pago extraordinario. Pago adelantado, pago ordinario y pago diferido. Pago previa justificación, pago a cuenta y pago anticipado.

De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, las pagas extraordinarias del personal funcionario de carrera serán: Una al año. Dos al año. Todas las que considere oportunas la Administración pública. Una o dos por año, en función de su antigüedad.

Entre las fases que incluye la gestión del presupuesto de gastos de las Administraciones públicas NO está: La disposición del gasto. La autorización del gasto. El reconocimiento de la obligación. La fiscalización previa del gasto.

Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación Ciudadana en los asuntos públicos son: Los distritos. Las Juntas de Gobierno Local. Las Diputaciones. Los Municipios.

La Ley 4/2005, para la igualdad de mujeres y hombres, en relación con la planificación, dispone que: Las diputaciones forales, los ayuntamientos y el Gobierno Vasco aprobarán planes para la igualdad, de acuerdo con las líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general establecida por el Ararteko. Las diputaciones forales y los ayuntamientos aprobarán planes para la igualdad, de acuerdo con las líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general del Gobierno Vasco. Las diputaciones forales y los ayuntamientos aprobarán planes para la igualdad, de acuerdo con las líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general establecida por Emakunde-lnstituto Vasco de la Mujer. Las diputaciones forales, los ayuntamientos y el Gobierno Vasco aprobarán planes para la igualdad, de acuerdo con las líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general establecida por el Observatorio Vasco para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Según la Ley 4/2005, para la igualdad de mujeres y hombres, se aplica: A todas las Administraciones públicas vascas, con las salvedades que a lo largo de la Ley se establezcan. A todas las Administraciones del Estado, con las salvedades qe a lo largo de la Ley se establezcan. Única y exclusivamente a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes o vinculados a aquella. Única y exclusivamente a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes o vinculados a aquella.

De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes derechos tiene carácter individual y se ejerce de forma colectiva por parte del personal empleado público?. El derecho a la libre asociación profesional. El derecho a la formación continua. El derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. El derecho a la libertad sindical.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un derecho de las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones públicas, en sus relaciones con ellas?. A comunicarse con las Administraciones públicas a través de las redes sociales. A que el personal empleado público les facilite el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A exigir las responsabilidades de las Administraciones públicas y autoridades, cuando asi lo consideren oportuno. A que se les financie la adquisición de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley.

Salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipal corresponde: A la comisión de gobierno municipal. A la junta de portavoces del municipio. Al ayuntamiento, integrado por el alcalde o la alcaldesa y los concejales y concejalas. Al alcalde o a la alcaldesa del municipio.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, en relación con las notificaciones, que: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de siete días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución. Cuando la persona interesada fuera notificada por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar. Las personas interesadas que no estén obligadas a recibir notificaciones electrónicas podrán comunicar en cualquier momento que las notificaciones sucesivas se practiquen por medios electrónicos. Cuando la persona interesada rechace la notificación, ésta se deberá efectuar a través del tablón de anuncios de la Administración pública correspondiente.

Señale la respuesta correcta sobre el procedimiento abierto en una contratación administrativa: En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición tras haber recibido una invitación del órgano de contratación para participar en la licitación. En el procedimiento abierto, la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. En el procedimiento abierto no podrán utilizarse criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

En relación con los principios de la potestad sancionadora, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se establece que: Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir nuevas infracciones o sanciones. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incoación del expediente. Las sanciones administrativas podrán implicar, subsidiariamente, privación de libertad. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, las faltas disciplinarias del personal funcionario de carrera pueden ser del siguiente tipo: Severísimas, graves y regulares. Gravísimas, fuertes y leves. Muy graves, menos graves y regulares. Muy graves; graves y leves.

Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver: A la persona solicitante únicamente. A quienes hayan comparecido en el procedimiento. A aquellas personas a las que haga referencia la información solicitada. A la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado.

Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, entre los principios a que deberá adecuarse la información publicada en el Portal de la Transparencia está: El de interoperabilidad. El de equidad. El de legalidad. El de responsabilidad.

Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿las comunidades autónomas pueden delegar competencias en las diputaciones?. Sí, así está previsto en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. En ningún caso. En el caso de las diputaciones forales sí, pero en el resto no. Solo si está previsto en el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma correspondiente.

Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el importe de las subvenciones: Podrá superar el coste de la actividad subvencionada si el órgano competente para su concesión lo estima necesario. Podrá superar el coste de la actividad subvencionada si la persona beneficiaria lo solicita. En ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. Las bases reguladoras podrán establecer si superará o no el coste de la actividad subvencionada.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la regulación del buen gobierno, establece un régimen de infracciones disciplinarias: Muy graves, graves, menos graves y leves. No establece un régimen de ese tipo. Muy graves, graves y leves. Graves y leves.

De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones del personal funcionario de carrera se clasifican en: Básicas y especiales. Específicas y mensuales. Mensuales y complementarias. Básicas y complementarias.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud figuren varias personas interesadas, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con todas las personas que figuren como interesadas. A través del boletín oficial correspondiente. Con la persona representante o interesada que expresamente hayan señalado. Siempre con la persona que figure en primer término.

En relación con la terminación del procedimiento, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: La renuncia de la persona interesada al derecho en que se funde la solicitud pondrá fin al procedimiento cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá únicamente las cuestiones planteadas por las personas interesadas. En los procedimientos tramitados a solicitud de la persona interesada, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por ésta, aunque se agrave su situación inicial. La Administración pública podrá abstenerse de resolver en caso de oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso.

En el Estatuto Básico del Empleado Público se establece que la jornada de trabajo del personal funcionario público podrá ser del siguiente tipo: Siempre a tiempo completo. A tiempo completo o a tiempo parcial. Siempre a tiempo parcial. Preferentemente a tiempo completo, salvo que la Administración pública determine que sea a tiempo parcial.

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, cuando el tratamiento se base en el consentimiento de la persona interesada, el responsable deberá ser capaz de: Demostrar que dicha persona consintió el tratamiento de sus datos personales. Almacenar los datos correspondientes de forma segura. Almacenar los datos de forma separada. Demostrar la veracidad de los datos.

De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal funcionario de carrera se hallará en alguna de las siguientes situaciones: Servicio activo; servicios especiales; servicio en otras Administraciones públicas; excedencia por cuidado de familiares; separación de servicio; y suspensión de funciones. Servicio activo; servicios especiales; servicio en otras Administraciones públicas; excedencia; y separación de servicio. Servicio activo; servicios especiales; servicio en otras Ad ministraciones públicas; excedencia; y suspensión de funciones. Servicio activo; servicios especiales; servicio en otras Administraciones públicas; excedencia por razón de violencia de género; separación de servicio; y suspensión de funciones.

El Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la jubilación, dispone que: Sin excepción, la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir la persona funcionaria los sesenta y cinco años de edad. La jubilación del personal funcionario será voluntaria a cualquier edad, siempre que tenga al menos 35 años cotizados. Se procederá de oficio a la jubilación forzosa del personal funcionario, por la declaración de incapacidad permanente para el .ejercicio de las funciones propias de su grupo de clasificación profesional. La jubilación del personal funcionario podrá ser forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala, en relación con la representación, que: Las personas interesadas con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con ésta las actuaciones administrativas únicamente si asi lo solicita la persona interesada. Las personas jurídicas no podrán actuar en representación de otras personas ante las Administraciones públicas. La representación se presumirá para los actos y gestiones de mero trámite. La representación debe acreditarse siempre mediante el correspondiente poder notarial.

Señale la respuesta correcta relativa al procedimiento de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas: La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento negociado con publicidad, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV de la Ley de Contratos del Sector Público, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando el procedimiento negociado con o sin publicidad, a elección del órgano contratante, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV de la Ley de Contratos del Sector Público, que se adjudicarán mediante procedimiento abierto. La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe expresamente la utilización del procedimiento negociado sin publicidad. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV de la Ley de Contratos del Sector Público, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.

De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, los principios que rigen el acceso al empleo público son: Mérito, subjetividad, transparencia e imparcialidad. Sostenibilidad, publicidad, subjetividad y capacidad. Igualdad, mérito y capacidad. Agilidad, igualdad y publicidad.

Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones de la misma relativas a la transparencia de la actividad pública se aplicarán: Solo a la Administración General del Estado. A la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local, además de otras entidades que se relacionan en la Ley. Solo a la Administración General del Estado y a las Administraciones de las comunidades autónomas. Solo a las entidades que integran la Administración local.

Si un plazo de un procedimiento administrativo se fija en meses: Se computará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate. Se computará a partir del día en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate. Si la notificación del acto se realiza un viernes, no se inicia el cómputo hasta el lunes siguiente. El plazo concluirá el último día del mes de vencimiento.

La aprobación de los instrumentos de planificación lingüística o planes de normalización del uso del euskera: Corresponde al Gobierno Vasco para toda la Comunidad Autónoma de Euskadi. Corresponde al Parlamento Vasco para toda la Comunidad Autónoma de Euskadi. Corresponde a cada diputación foral para todas las Administraciones del territorio histórico correspondiente. Corresponde a las diferentes Administraciones públicas vascas aprobar sus respectivos planes.

En relación con la interposición de recursos, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que: Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados incluso por la persona que los hubiera causado. La interposición de cualquier recurso suspenderá en todo momento la ejecución del acto impugnado. La falta de legitimación de la persona recurrente no determina la inadmisión del recurso. El error en la calificación del recurso por parte de la persona recurrente no será obstáculo para su tramitación, si se deduce su verdadero carácter.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre los documentos a aportar por las personas interesadas al procedimiento administrativo: Las personas interesadas deberán aportar al procedimiento administrativo únicamente los documentos exigidos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y no cualquier otro, aunque lo estimen conveniente. Las Administraciones públicas podrán requerir a las personas interesadas documentos que ya hayan sido aportados anteriormente a otra Administración pública, si lo estiman oportuno. Las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración pública. Las Administraciones públicas exigirán, en todo caso, a las personas interesadas la presentación de documentos originales.

En relación con el recurso potestativo de reposición, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica que: Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Se puede interponer recurso contencioso­ administrativo, aunque no se haya resuelto expresamente o por desestimación presunta un recurso de reposición interpuesto previamente. Los ados administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán se impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso­ administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece sobre los registros que: En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de expedientes en tramitación. Los registros electrónicos de las Administraciones Públicas serán interoperables cuando así se establezca mediante el oportuno convenio de colaboración interadministrativa, garantizando la transmisión telemática de los documentos presentados. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones públicas deberán ser digitalizados. En el registro electrónico general se deberá anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

En lo que respecta al tratamiento de los datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, establece normas relativas a la protección: De las personas físicas y las personas jurídicas. De las personas jurídicas. De las personas físicas pertenecientes a determinados colectivos. De las personas físicas.

En el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, el plazo máximo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para resolver y notificar la resolución del procedimiento: Nunca podrá exceder de seis meses. No podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. Será el que establezcan las bases, sin limitación alguna. No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea.

Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, NO tienen la condición de entidades locales territoriales: Las Provincias. Las Islas en los archipiélagos balear y canario. Los Municipios. Las Mancomunidades de Municipios.

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, ¿dónde se publica?. En el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el perfil del contratante. Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la .licitación deberá publicarse únicamente en el Diario Oficial de la Unión Europea. En el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada. En el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el Diario Oficial de la Unión Europea cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada.

Dentro de los contratos de las Administraciones Públicas, ¿qué se consideran contratos menores?. Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Los contratos cuyo presupuesto base de licitación sea inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Todos los contratos cuyo presupuesto base de licitación sea inferior a 100.000 euros.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se inicia: Siempre de oficio. Siempre a instancia de la persona interesada. De oficio, salvo que las bases dispongan que se inicie a instancia de la parte interesada. A instancia de la parte interesada, salvo que las bases dispongan que se inicie de oficio.

Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, uno de los requisitos que integran el concepto de subvención es: Que la perceptora de la disposición dineraria realizada sea una persona privada. Que la entrega conlleve una contraprestación por parte de la persona beneficiaria, con su correspondiente factura. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. Que tanto la otorgante como la perceptora de la subvención sean Administraciones públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la nulidad y anulabilidad de actos administrativos, establece que: Son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón jerárquica. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará en todo caso la anulabilidad del acto. La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento, aunque sean independientes del primero. Son anulables los actos de la Administración pública que incurran en desviación de poder.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes se consideran personas interesadas en un procedimiento administrativo?. Aquellas cuyos derechos puedan resultar afectados por la resolución, aunque no se personen en el procedimiento. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. La ciudadanía en general. Las que, habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la competencia, establece que: La competencia es renunciable. La delegación de firma y la suplencia suponen la alteración de la titularidad de la competencia. El ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrá ser desconcentrado en otros jerárquicamente dependientes. Resulta posible la delegación de las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general.

El Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con.la Oferta de Empleo Público, dispone que: Se aprobará semestralmente por los órganos de gobierno de las Administraciones públicas, debiendo ser publicada en el diario oficial correspondiente. Se aprobará anualmente por los órganos de gobierno de las Administraciones públicas, debiendo ser publicada en el diario oficial correspondiente. Se aprobará anualmente por los órganos de gobierno de las Administraciones públicas, debiendo ser publicada única y exclusivamente en el BOE. Se aprobará semestralmente por los órganos de gobierno de las Administraciones públicas, debiendo ser publicada única y exclusivamente en el BOE.

En relación con el personal eventual, el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que: Podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal, en función de la duración del contrato. Desempeña servicios profesionales retribuidos de carácter. permanente. Su nombramiento y cese serán libres. Los procedimientos para su selección serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la eficacia de los actos, señala que: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano cie superior jerarquía. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando, entre otros requisitos, produzcan efectos favorables a la persona interesada. Los actos de las Administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente a la fecha en que se dicten. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia vinculan exclusivamente a los órganos administrativos jerárquicamente dependientes.

De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal empleado público se clasifica en: Personal funcionario de carrera; personal funcionario interino; personal contratado administrativo; personal laboral fijo y temporal; personal eventual; y personal directivo profesional. Personal funcionario de carrera; personal funcionario interino; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual. Personal funcionario de carrera; personal funcionario interino; personal contratado administrativo; personal laboral fijo y temporal; y personal eventual. Personal funcionario de carrera; personal funcionario interino; personal contratado administrativo; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal directivo profesional.

La comunicación oral: Es unidireccional. Es bidireccional. Solo se lleva a cabo de manera presencial. No permite improvisar.

¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios a los que debe ajustarse la contratación del sector público?. La no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. La libertad de acceso a las licitaciones. El máximo ahorro en el uso de los fondos públicos para la adquisición de bienes y servicios. La publicidad y transparencia de los procedimientos.

Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de· noviembre, General de Subvenciones, la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención: Es un requisito para el otorgamiento de la subvención. Es un requisito para obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora. Es una obligación de las personas beneficiarias. Es una obligación de las entidades colaboradoras.

En relación con la obligación de resolver, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece que: La Administración pública está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, incluidos los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. En caso de desistimiento de la solicitud, la resolución declarará dicha circunstancia, indicando los hechos producidos y normativa aplicable. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, éste será de seis meses. El incumplimiento de dicha obligación únicamente dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

¿Cuál de los señalados NO es un principio que deban respetar las Administraciones públicas en su actuación?. Simplicidad , claridad y proximidad a la ciudadanía. Servicio efectivo a la ciudadanía. Plena informatización de los procedimientos administrativos. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.