Uno de los objetos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la justificación jurídica de esta reserva material? El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957 El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978. La Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. ¿A qué se refiere el concepto de validez de un acto administrativo? La validez de un acto administrativo se refiere a la capacidad de este para generar efectos ante terceros. La validez de un acto administrativo se refiere a que la notificación del mismo se haya practicado de forma satisfactoria. La validez de un acto administrativo se refiere a que el acto administrativo se haya publicado si forma parte de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo La validez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a derecho de todos sus elementos.
El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, que es objeto de regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿incluye el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas? No, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se regula en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de res-
ponsabilidad patrimonial. Sí, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se incluye en el procedimiento administrativo común aunque la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, deriva su regulación al Real decreto 429/ 1993, de 26 de marzo, por el que
se aprueba et Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. No, solo incluye el procedimiento sancionador Si.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Entre estos principios NO se encuentran: El principio de simplificación administrativa. Los principios de necesidad y eficacia. El principio de proporcionalidad. Los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
¿Pueden incluirse trámites adicionales o distintos de los contemplados en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre? Sí, mediante disposición administrativa y de manera motivada. SI, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento Solo mediante ley cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho No, en ningún caso.
Las Universidades Públicas Se rige por la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, supletoria mente por la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Se rige por el Decreto 2310/ 1972, de 18 de agosto, por el que se crea la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, supletoriamente por la Ley orgánica 6/ 2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Se rige supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas Se rige por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y supletoriamente por el Decreto 2310/ 1972, de 18 de agosto, por el que se crea la Universidad Nacional de
Educación a Distancia,.
El art. 2.2.b) de la Ley 39/201 S, de 1 de octubre, estable-ce que el sector público institucional se integra por las entidades de Derecho Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo díspuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas. y en todo caso. Cuando ejerzan potestades administrativas. ¿Cuál de las siguientes disposiciones de la Ley se refiere específicamente a estas entidades? En los Organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dedientes de la Administración General del Estado, ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. En el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. En los Organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables, los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de Derecho Público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.
Según la redacción del art. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: El sector público se clasifica en sector público institucional y sector público administrativo. El concepto de administración pública es equivalente al de sector público Tienen la consideración de Administraciones Públicas todos los organismos y entidades que forman parte del sector público institucional. El término Administraciones Públicas hace referencia a una parte del sector público.
La presente Ley tiene por objeto regular: (señala la incorrecta) los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por: su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley la presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley La presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública.
El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene:
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El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina: De los interesados en el procedimiento De la actividad de las Administraciones Públicas Disposiciones generales De los actos administrativos.
¿Quiénes de los siguientes están sujetos a tutela? Los menores emancipados que estén bajo la patria potestad. Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad. Los menores emancipados que no estén bajo la patria potestad. Los hijos no emancipados.
Los patrimonios independientes o autónomos, ¿tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas? Si No Siempre que la ley lo declare expresamente Los patrimonios independientes o autónomos tienen reconocida capacidad jurídica ante las Administraciones Públicas en aplicación del artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
¿Una persona declarada pródiga tiene capacidad de obrar plena ante las Administraciones Públicas? Sí; las personas físicas tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. No; puede estar sujet a a tutela. No; puede estar sujeta a curatela. No; está sujeta a la patria potestad de sus progenitores.
¿En cuál de los siguientes supuestos será necesario acreditar la representación? Para renunciar a una devolución tributarla en nombre propio. Para presentar un documento en nombre de un interesado a través del cual este ponga en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un
derecho. Para solicitar una licencia municipal de obras menores en nombre de otra persona. Para interponer un recurso potestativo de reposición en nombre de otra persona.
¿Cómo se computa un plazo? Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Sobre la posibilidad reconocida por el art. 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala la respuesta correcta: Las Administraciones Públicas deberán habilitar con carácter general o especifico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. La habilitación con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se compro-
meten los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas requerirán la acreditación de la referida representación. La acreditación de la referida representación impedirá que el interesado pueda comparecer por sí mismo en el procedimiento.
Un Organismo, ¿puede disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos? No, únicamente la Administración General del Estado y las Comunidades Autónom as podrán disponer de un registro electrónico general de apoderamientos. No, únicamente la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán disponer de un registro electrónico general de apoderamientos. Sí, en ellos se inscribirán los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. No, únicamente se creará el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado del que formarán parte todos los Organismos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO
se refiere a la interoperabilidad? La interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas La información intercambiada puede ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación. la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.
Señale la respuesta incorrecta. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados: Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante que expresamente hayan señalado. Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que figure en primer término las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que expresamente hayan señalado. En las solicitudes, escritos o comunicaciones pueden figurar varios interesados.
Señala la alternativa de respuesta correcta. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su
Identidad. En particular, serán admitidos: Cualquier sistema que los interesados consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores no incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores no incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
La aceptación de alguno de los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento por fa Administración General del Estado: Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones de las Comunidades Autónomas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. Podrá servir para acreditar frente a todas las Admlnístraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. Servirá para acreditar exclusivamente ante esta Administración, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de Jos interesados en el procedimiento administrativo.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las Administraciones Públicas NO requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Desistir de acciones. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Formular solicitudes.
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