Repaso Administrativo II

El presupuesto imprescindible de la expropiación forzosa es: La tramitación del procedimiento administrativo expropiatorio. La necesidad de ocupación del bien a expropiar. El justiprecio. La declaración de utilidad pública o interés social.

Respecto de los modos de adquisición de los bienes patrimoniales, señale cuál de los siguientes no es oneroso: Adjudicación en procedimientos de apremio. Expropiación forzosa. Cualquier contrato típico o atípico. Por sucesión legítima o abintestato.

¿Cuál es el procedimiento habitual o preferente para adjudicar un contrato como regla general?. El contrato menor o adjudicación directa. El procedimiento negociado. El procedimiento abierto y/o el restringido. El procedimiento de emergencia.

La desafectación de un bien demanial supone: La imposición de un uso secundario. El cambio de su destino a otro uso, fin o servicio público. La pérdida de la condición demanial. La sucesión en la titularidad del bien entre entes públicos.

Contra el acto definitivo que resuelve una reclamación de responsabilidad patrimonial ¿qué recurso cabe?. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de súplica. Potestativamente el recurso de reposición y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo.

En un procedimiento para la concesión de subvenciones, el transcurso del plazo máximo para dictar la resolución dará lugar a: El silencio administrativo negativo, entendiéndose desestimadas las peticiones de subvención. El silencio administrativo positivo a favor del peticionario de la subvención. El desistimiento por la Administración del procedimiento. La caducidad y el archivo del procedimiento.

Señale el enunciado erróneo respecto de la potestad de deslinde como prerrogativa de la Administración: Es una técnica de protección para bienes demaniales y patrimoniales. Se lleva a cabo mediante un procedimiento contradictorio para fijar los límites físicos de los bienes públicos. El acto que ponga fin al procedimiento es inscribible en el Registro de la Propiedad. Sólo puede incoarse de oficio por la Administración titular de los bienes cuyo deslinde interesa determinar.

El encargo a un medio propio de la prestación de un servicio público: requiere de la adjudicación de un contrato de concesión de servicios, de naturaleza administrativa, y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público. es una modalidad de gestión directa del servicio público. se regula por la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a su preparación y adjudicación y conforme a las reglas de derecho privado para su ejecución y resolución. Es una modalidad de gestión indirecta del servicio público.

La autotutela ejecutiva de la Administración supone: La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. La potestad de ejecutar sus actos sin el auxilio judicial. La potestad de revocar libremente sus propios actos.

En el procedimiento sancionador, los actos definitivos que imponen una sanción: Son ejecutivos, como impone el principio general de autotutela ejecutiva de la Administración. No son ejecutivos hasta que no devienen firmes. Son ejecutivos, salvo que se interponga un recurso administrativo. Únicamente serán ejecutivos cuando un órgano judicial se pronuncie sobre su ejecutividad.

En los procedimientos iniciados por solicitud del interesado, el silencio administrativo: Es positivo y estimatorio de la solicitud como regla general. Es negativo si la solicitud se refiere a dominio público, servicio público o reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pública. Es negativo como regla general, salvo en los supuestos que una ley disponga el carácter positivo. Son correctas las opciones A y B.

El cambio de titularidad pública o la variación del uso principal de un bien demanial es un supuesto típico de: Mutación demanial. Desafectación. Afectación. Pérdida de la condición demanial.

En los procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, la carga de la prueba del daño producido corresponde: A la Administración, para lo cual recabará los informes preceptivos oportunos, incluido en su caso el del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico. Es una cuestión que se dirimirá ante el Juzgado o Tribunal que conozca del recurso contencioso-administración que se interponga contra el acto que resuelva el procedimiento administrativo. Al interesado que formula la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración. A la Administración, a la vista de la documentación aportada por el interesado y del contenido de los informes que recabe durante la instrucción del procedimiento administrativo.

Las Salas de lo Contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia carecen de competencia para conocer de los siguientes asuntos: Recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. Recursos contra los actos dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales. Recursos de apelación contra sentencias y actos de los Juzgados de lo contencioso- administrativo. Recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico de las entidades locales y autonómicas.

Señale qué tipo de autorizaciones son transmisibles: Las autorizaciones de naturaleza personal. Las autorizaciones que incorporen la cláusula "sin perjuicio de tercero”. Las autorizaciones sobre el dominio público. Las autorizaciones de naturaleza real.

El plazo para el ejercicio de la recuperación posesoria, como prerrogativa para la protección de los bienes públicos, es de: Un año si se trata de bienes patrimoniales. No está sujeta a plazo por tratarse de bienes públicos. Seis meses contados desde la fecha de ocupación indebida de los bienes públicos. Dos meses contados desde la fecha de ocupación indebida de los bienes públicos.

En el cómputo de los plazos en vía administrativa: Se excluyen sábados, domingos y festivos. Se excluye sábados, domingos, festivos y el mes de agosto. Se excluyen todos los días inhábiles del lugar de residencia del interesado y el mes de agosto. Se aplican las mismas reglas que en la vía judicial.

La gestión directa de los servicios públicos se puede realizar: Mediante un contrato de concesión de servicio público. Mediante un concierto. Mediante una sociedad participada minoritariamente por la Administración. Mediante un ente instrumental o empresa pública.

Un requisito esencial para el otorgamiento de cualquier subvención es: El reintegro por incumplimiento. La justificación de la efectiva realización de la actividad subvencionada. La conservación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones impuestas al otorgar la subvención. La necesaria cobertura presupuestaria.

La ocupación con vocación de permanencia e instalaciones fijas de un espacio de dominio público requiere: Una licencia. Un contrato de concesión de obra. Una concesión. Una autorización.

¿Cuál es un límite básico para cualquier subvención?. El principio de concurrencia. La justificación de la realización de la actividad subvencionada. La competencia del órgano que otorga la subvención. Su importe nunca puede superar el coste de la actividad subvencionada.

Señale cual de las siguientes opciones no constituye un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos: Las multas coercitivas. La ejecución subsidiaria. El deslinde administrativo. El apremio.

La cláusula "sin perjuicio de tercero" en el ámbito de las autorizaciones supone jurídicamente: La necesidad de obtener cuantas otras autorizaciones o licencias sea exigibles por el resto de normativa aplicable. La exoneración de responsabilidad por la Administración respecto de lo autorizado. Un mero formalismo sin efectos jurídicos prácticos. La limitación de los efectos de la autorización al ámbito estrictamente administrativo entre el peticionario y la Administración, sin prejuzgar situaciones jurídico-privadas.

La demora por la Administración en el pago al contratista facultará a éste para resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios originados, cuando dicha demora supere el plazo de: Seis meses. Ocho meses. Diez meses. Tres meses.

Señale el enunciado correcto sobre la revisión de oficio: Se tramita exclusivamente de oficio. Se fundamenta estrictamente en las causas tasadas en el artículo 125 de la Ley 39/2015. Dará lugar a la declaración de lesividad como presupuesto necesario para solicitar la nulidad del acto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Su tramitación exige la petición de informe al Consejo de Estado (u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma correspondiente).

Es competente para conocer del recurso contencioso contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional: El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo siempre que la cuantía no supere los 60.000 euros.

La realización por la Administración de un encargo a un medio propio: Es una opción discrecional sin sujeción a especiales controles o requisitos. Exige disponer de un control sobre el medio propio análogo al que tiene sobre sus propios servicios o unidades, entre otros requisitos. Exige, para el caso de entidades jurídico-privadas, ser titular del 51% del capital o patrimonio social. Exige únicamente se reconozca expresamente la condición de medio propio en los Estatutos o en el acto de creación de dicho ente.

En la determinación del justiprecio hay demora si, una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, transcurren más de. 3 meses. 6 meses. 5 meses. 1 mes.

Para que exista responsabilidad patrimonial el daño ha de ser: Potencial, económicamente evaluable y antijurídico. Efectivo, evaluable económicamente, individualizable y antijurídico. Efectivo, moral, individualizable y jurídico. Efectivo, evaluable economicamente y antijuridico.

La ejecución forzosa de los actos administrativos requiere: un acto administrativo definitivo y el previo requerimiento al interesado. un acto administrativo firme, conteniendo una obligación y un apercibimiento previo al interesado. un acto administrativo, conteniendo una obligación, notificado y con previo apercibimiento al interesado. un acto administrativo debidamente notificado.

La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional: Conoce de los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. Conoce de los recursos contra actos de los Ministros y Secretarios de Estado. Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros. Conoce de los recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Deben tramitarse por el procedimiento abreviado del art.78 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa los siguientes asuntos: Los asuntos de extranjería, dopaje y las inadmisiones de asilo político. Los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros. Los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros, extranjería, dopaje y los recursos especiales en contratación pública. Las opciones A y B son correctas.

La declaración de lesividad: Es un presupuesto necesario que habilita a la Administración para recurrir sus actos anulables ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. Es un remedio administrativo que permite a la Administración dejar sin efecto, directamente, sus propios actos anulables. Es un acto administrativo que debe notificarse a los interesados con carácter previo a la anulación por la Administración de un acto anulable. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Señale qué recurso procede contra un acto administrativo que resuelva, en sentido desestimatorio, un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración pública: Directamente recurso contencioso-administrativo. Recurso de alzada ante el superior jerárquico para agotar la vía administrativa y luego, en su caso, recurso contencioso-administrativo. Recurso potestativo de reposición y luego, en su caso, recurso contencioso-administrativo. Revisión de oficio, a instancias del interesado.

La usucapión o prescripción adquisitiva es aplicable y alcanza a las siguientes categorías de bienes públicos: Bienes demaniales. Bienes mostrencos. Bienes patrimoniales. Bienes demaniales y patrimoniales por igual.

Señale cuál de estos supuestos excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración: La intervención concurrente de varias Administraciones públicas. La fuerza mayor. El funcionamiento normal de los servicios públicos. La concurrencia de varias causas entre las que figure la culpa del interesado.

Conforme a la normativa reguladora de la expropiación forzosa, en el procedimiento ordinario la ocupación del bien expropiado se puede llevar a cabo: Cuando lo autorice el Jurado de Expropiación. Una vez que se haya abonado el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. De inmediato tras la declaración de urgencia. Una vez se haya declarado la necesidad de la ocupación.

En derecho sancionador, la interposición de recurso contencioso administrativo con el acto que impone una sanción: Suspende automáticamente la ejecución de la sanción. Provoca la suspensión de la sanción si se solicitan medidas cautelares y hasta que recaiga resolución judicial al respecto que vinculará a las partes. Permite la ejecución de la sanción hasta el momento mismo en que el tribunal dicte un auto otorgando o denegando las medidas cautelares. Paraliza automáticamente cualquier procedimiento de ejecución forzosa que hubiere instado la Administración.

El principio de tipicidad en el régimen sancionador, exige: La prohibición de duplicidad en las sanciones. Una completa descripción de las conductas constitutivas de la infracción. Que la previsión de las infracciones y sanciones se haga mediante una norma con rango de ley. Que la previsión de las sanciones sea proporcionada a la gravedad de los hechos declarados como infracción en la norma legal de aplicación.

El incumplimiento grave de las obligaciones del beneficiario de una subvención dará lugar: A la tramitación de un procedimiento de reintegro. A la imposición de una sanción. A la pérdida automática del derecho o aptitud para recibir nuevas subvenciones. A la tramitación de un procedimiento de reintegro así como, en función de las circunstancias, a un procedimiento sancionador.

La gestión indirecta de un servicio público debe realizarse conforme al siguiente régimen: Mediante un contrato de concesión de servicios, de naturaleza administrativa y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público. Mediante un contrato de concesión sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a su preparación y adjudicación, y conforme a las reglas del Derecho Privado en su ejecución y resolución. Mediante la reserva de titularidad del servicio a favor de la Administración pública competente. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Señale qué tipo de autorizaciones administrativas son transmisibles: La de naturaleza real. Las de naturaleza personal. Las operativas y siempre condicionadas a la aprobación por la Administración. Sólo son transmisibles las concesiones y los contratos administrativos.

Son contratos de concesión de servicios los que tienen por objeto: La prestación de un servicio cuya titularidad corresponde al poder adjudicador a cambio del derecho a explotar ese servicio. Las prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. La realización de una obra que incluya las prestaciones de restauración, mantenimiento y conservación de los elementos construidos.

Están excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, las siguientes categorías: Los contratos privados. Los contratos atípicos. Los contratos sujetos a regulación armonizada. Los convenios y encomiendas de gestión.

La autotutela declarativa de la Administración supone: La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. La potestad de ejecutar los actos sin el auxilio judicial. La potestad de revocar sus propios actos.

Para el cómputo de un plazo, en vía administrativa, por meses: Se excluyen los sábados, domingos y festivos. Se excluyen los días inhábiles. Se consideran sólo las fechas hábiles en el domicilio del interesado. Se calcula de fecha a fecha.

Cuando se afirma que la reversión es un derecho de configuración legal, ello supone: Que se rige por la legislación vigente al momento de la exportación de la que trae causa. Que es un derecho condicionado a diversos plazos de ocupación efectiva del bien expropiado por la Adm. Que es un derecho condicionado a su reconocimiento expreso por la Adm exprópiate. Que se rige por la legislación vigente al momento de su nacimiento en lugar del régimen correspondiente al momento de la expropiación de la que trae causa.

El Pleno del Ayuntamiento ha decidido implantar una nueva línea de autobuses para dar servicio dentro del término municipal ¿Cuál de las siguientes opciones es variable para la prestación del servicio por un empresario privado?. A través del contrato de concesión de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. A través del contrato de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. A través del contrato de concesión de servicios, si el riesgo económico es asumido por la Adm. A través del contrato de gestión de servicios públicos en que el riesgo lo asume e contratista, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso lo asumirá la adm.

El procedimiento administrativo tiene por objeto. Regularlos requisitos de invalidez y eficacia de los actos administrativos. Regular los requisitos de validez y eficacia de los reglamentos. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Ninguna de las anteriores.

En cuál de estos supuestos es indispensable la motivación del acto administrativo. Cuando se acuerde la petición de informes. Cuando se reitere el criterio establecido en actos precedentes. Cuando se dicte en ejercicio de potestades discrecionales. Cuando se admita a trámite un recurso.

En derecho sancionadoras sanciones por infracciones graves prescriben. A los tres años desde la imposición de la sanción. A los dos años desde la imposición de la sanción. A los dos años desde que ganó firmeza la resolución imponiendo la sanción. Al año desde que ganó firmeza la resolución imponiendo la sanción.

La protestad expropiatoria corresponde exclusivamente a. La Administración institucional y las corporaciones de derecho público. La Administración General del Estado, como expresión de la competencia exclusiva del Estado de materia. La Administración territorial. La Administración de las CCAA y los cabildos y consejos insulares.

Respecto del beneficiario de la expropiación, señale cuál es la respuesta incorrecta: Las posiciones de exprópiate y beneficiario pueden ser coincidentes. El beneficiario está obligado al pago del justiprecio. El beneficiario siempre debe ser una entidad pública o un concesionario de una obra o servicio público. El beneficiario puede impulsar el procedimiento de expropiación.

La revisión de oficio por la Administración requiere: Que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho en el acto a revisar, que éste sea firme y que se obtenga dictamen favorable por el órgano consultivo competente. Que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho y que el acto a revisar sea firme. Que concurra una causa de nulidad o anulabilidad, que el acto a revisar sea firme y que se obtenga dictamen favorable por el órgano consultivo competente. Que se impugne un acto favorable al interesado, que sea firme y que se obtenga de lesividad.

Contra el acto definitivo que resuelve una reclamación de responsabilidad patrimonial ¿qué recurso cabe?. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de súplica. Potestativamente el recurso de reposición y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo.

En qué supuesto cabe interponer recurso administrativo: Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. Contra los actos definitivos exclusivamente. Contra los actos definitivos y contra los de trámite si estos determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Contra actos firmes.

En derecho sancionador, las sanciones por infracciones leves. Prescriben al año. Caducan a los seis meses. Prescriben a los seis meses. Caducan al año.

El principio de legalidad, en el régimen sancionador, exige: La prohibición de duplicidad en las sanciones. Una completa descripción de las conductas constitutivas de la infracción. Que la previsión de las infracciones y sanciones se haga mediante una norma con rango de ley. Que la previsión de las sanciones sea proporcionada a la gravedad de los hechos declarados como infracción en la norma legal de aplicación.

En los procedimientos iniciados de oficio, cuando ha entrado en juego el silencio administrativo ¿puede la Administración resolver tardíamente?. Sí, sigue estando obligado a ello, con libertad de criterio para decidir en uno u otro sentido. No, el silencio administrativo lo impide en defensa de la posición ganada por el interesado. Sí pero sólo para resolver en sentido favorable o estimatorio para el interesado. Sí, pero en los supuestos de que sea aplicable el silencio positivo, la adm sólo podrá resolver en tal sentido.

En los supuestos de inactividad material de la Administración. El recurso contencioso administrativo debe interponerse. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. En el plazo de tres meses. En el plazo de los 10 días siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado.

Los juzgados de lo contencioso-adm carecen de competencia para conocer de. Las sanciones por importe inferior a 60.000 euros. Las cuestiones de personal que no versen sobre el nacimiento o extinción de la relación funcionarial. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial inferiores a 30.000 euros. La impugnación de los instrumentos de planteamiento urbanístico.

Son actos susceptibles de revisión de oficio. Los que tengan un contenido imposible. Los dictados por un órgano manifestante incompetente. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Todas las anteriores.

El comiso por la Adm de una mercancía incautada en un tráfico ilícito es un ejemplo típico de: Técnica ablatoria total ejercitada por la Adm. Técnica ablatoria parcial ejercitada por la Adm. Técnica de condicionamiento ejercitada por la Adm. Técnica de intervención judicial provocada por la Adm.

Son actos nulos de pleno derecho. Los que tengan un contenido posible. Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido. Los que infrinjan lo convenido en un contrato administrativo. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

En materia de contratos públicos, la doctrina de los actos separables resulta de aplicación a. Los contratos privados. Los contratos administrativos atípicos. Los contratos de servicios. Todas las anteriores.

Son actos adm constitutivos. Aquellos que crean una situación ex novo. Aquellos que crean una situación ex ante. Aquellos que crean una situación ex post. Ninguna de las anteriores.

Respecto de los medios para la ejecución forzosa, señale el enunciado erróneo. Las multas coercitivas no son sanciones. La imposición de multas coercitivas podrá derivar en la aplicación del apremio para su exacción. Debe existir una norma legal de cobertura que ampare la imposición de multas coercitivas. Las multas coercitivas sólo caben en supuestos de obligaciones personalísimas.

Señale el enunciado erróneo. En el procedimiento sancionador. La resolución que pone fin al procedimiento es ejecutiva. Las sanciones pueden consistir en la privación de derechos. La Adm civil no puede imponer sanciones privativas de libertad. El órgano instructor es distinto del competente para resolver.

En materia de contratación pública, cabe interponer el recurso especial en alguno de estos supuestos: La adjudicación de un contrato de obra por valor superior a cien mil euros. La adjudicación de un contrato subvencionado sujeto a regulación armonizada. La adjudicación de una concesión de servicios por valor superior a tres millones de euros. B y C correctos.

¿Con qué tipos de técnicas ablatorias cuentan las Adm públicas?. Técnicas que eliminan situaciones jurídicas activas ampliando su contenido. Técnicas que eliminan situaciones jurídicas activas disminuyendo su contenido. Técnicas que amplían o crean situaciones favorables de carácter pasivo. Técnicas que amplían o crean situaciones favorables de carácter activo.

Una característica típica de los servicios públicos en nuestro ordenamiento actual es. Su titularidad pública en régimen de exclusividad. Su compatibilidad con la prestación simultánea de ciertos servicios públicos por el secreto privado y por el sector público. La relación de sujeción general a la que queda sujeto cualquier usuario del servicio público. La necesidad de prestar los servicios públicos siempre bajo una modalidad de gestión directa.

En la contratación pública, la demora en el pago por la Adm puede conllevar. La obligación de pagar el precio con intereses de demora y resarcir los costes de cobro. La facultad del contratista de suspender el contrato por una demora superior a 4 meses. La facultad del contratista de instar la resolución del contrato y reclamar una indemnización. Todas las anteriores.

En los procedimientos para la concesión de subvenciones, el transcurso del plazo máximo para resolver, sin hacerlo, dará lugar. A la caducidad y archivo del procedimiento. Al silencio administrativo positivo en favor del peticionario. Al desistimiento por la Administración del procedimiento. Al silencio administrativo negativo, entendiéndose desestimadas las solicitudes presentadas.

Atendiendo a razones históricas, el procedimiento administrativo. Surge como reacción natural del Estado liberal de Derecho. Es la causa del crecimiento orgánico que la administración experimenta. Responde a la presión de la burocracia funcionarial. Todas las anteriores.

Son actos administrativos ablatorios. Aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo. Aquellos que crean una situación ex Novo. Aquellos desfavorables o de gravamen para el interesado. Aquellos que requieren de la voluntad del destinatario para su perfección.

El recurso de alzada puede interponer contra: Los actos definitivos que no agotan la vía administrativa y ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. Los actos definitivos que agotan la vía administrativa y ante el mismo órgano que los dictó. Los actos firmes, siempre que no haya transcurrido cuatro años. Los actos anulables que sean favorables al interesado y ante el superior jerárquico del órgano que los dictó.

En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo. Es siempre de caracter negativo. Es siempre de caracter positivo. Será negativo como regla general y producirá el archivo del procedimiento. Será negativo, como regla general, si bien producirá la caducidad del procedimiento en el que se ejerza la potestad sancionadora.

La impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de un instrumento de planteamiento urbanístico aprobado por un ayuntamiento debe plantearse ante el siguiente órgano judicial: TS de justicia. Juzgado de lo contencioso administrativo. Juzgado Central de lo contencioso administrativo. Audiencia Nacional.

Los hidrocarburos tienen la consideración. Bienes afectos al uso público. Bienes afectos al u servicio público. Bienes afectos a la corona. Bienes afectos a la riqueza nacional.

El órgano judicial competente para conocer de un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo de la CNMC es. La Sala Tercera del TS. Los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo. La Sala de lo contencioso administrativo del TS de Justicia correspondiente a la sede de la CNMC. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

La mutación de un bien demanial supone: La imposición de un uso secundario. El cambio de su destino a otro uso, fin o servicio público. La sucesión en la titularidad del bien entre entes públicos. La transformación en bien patrimonial.

Señale la opción correcta respecto del recurso especial en la contratación pública. Es un recurso potestativo y gratuito contra ciertos actos cuya resolución agota la vía administrativa. Sólo cabe interponerlo contra los pliegos, los acuerdos de adjudicación y la formalización de los encargos a medios propios. Están excluidos del mismo los contratos sujetos a regulación armonizada, por razón de su cuantía. Es un recurso de obligada interposición, y gratuita, para agotar la vía administrativa.

No es exigible la motivación del acto administrativo en los siguientes supuestos. Para inadmitir un recurso administrativo. Para acordar la ampliación de un plazo o declarar la urgencia del procedimiento. Para la petición de informes preceptivos. Cuando el acto se dicta en ejercicio de una potestad discrecional.

La actividad promocional o de fomento consiste en: Imponer, por parte de las Adm Públicas, sanciones a los destinatarios del Derecho adm que incumplen la normativa establecida. Hacer cesar la propiedad y las situaciones patrimoniales los administrados. Incentivar, por parte de las Adm Públicas, la actividad y las conductas de los particulares que pueden beneficiar al interés público o al interés general. Ninguna de las anteriores.

La desafectación de un bien de dominio público supone. La imposición de un uso secundario al principal. EL cambio de destino del bien demanial a otro uso, fin o servicio público. La sucesión en la titularidad del bien entre entes públicos. La pérdida de la condición demanial.

La desviación de poder. Es una causa de nulidad del acto administrativo. Es una causa de revocación del acto administrativo. Es un vicio subsanable. Es una causa de anulabilidad.

Señale cuál de los siguientes contratos es un contrato de servicios. La redacción de un proyecto técnico para la administración. La construcción y posterior explotación de una construcción, incluido las prestaciones de conservación y mantenimiento de los elementos construidos. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos bienes muebles. La prestación de un servicio público a cambio del derecho a explotar ese servicio.

En los supuestos de vía de hecho, el recurso contencioso administrativo debe interponerse. No es posible interponer el recurso contencioso administrativo en estos casos. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. En el plazo de 10 días desde que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. En el plazo de 20 días desde que se produjo la vía de hecho, si el interesado no formuló un requerimiento previo por 10 días a la administración.