Repaso Específico 46 al 60 + Común 16 al 20

De acuerdo con la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, ¿cuál es el objeto primordial de esta norma en el ámbito de la Comunidad Autónoma?. A. Establecer las bases de la coordinación entre el sistema sanitario y el sistema educativo sin carácter prestacional. B. Regular exclusivamente las prestaciones económicas destinadas a personas en situación de exclusión social severa. C. Sustituir la gestión pública por un modelo de iniciativa privada obligatoria en municipios de menos de 20.000 habitantes. D. Promover y garantizar el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales.

En relación con el Real Decreto 888/2022, ¿qué baremo específico se utiliza para determinar oficialmente la movilidad reducida y la dificultad para utilizar transportes colectivos?. A. El Baremo de Deficiencia Global de la Persona (BDGP), con un grado ajustado superior al 33%. B. El Baremo de Limitaciones en las Actividades de Movilidad (BLAM), cuando se asigne una limitación final igual o superior al 25%. C. El Baremo de Factores Contextuales (BFCA) con una puntuación máxima de 24 puntos. D. La Evaluación del Desempeño (BRP-QD) basada exclusivamente en el cuestionario de participación social.

Según el artículo 4 de la normativa estatal sobre discapacidad, ¿en qué caso se considerará legalmente que una persona presenta una discapacidad en grado igual o superior al 33% sin necesidad de dictamen previo del CVO?. A. Personas con diagnóstico de enfermedad rara que hayan iniciado el trámite de urgencia. B. Pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez. C. Personas mayores de 65 años que acrediten una situación de soledad no deseada. D. Cualquier persona que presente una deficiencia física previsiblemente permanente superior a seis meses.

La Ley 6/1999 de atención y protección a las personas mayores en Andalucía establece una distinción terminológica importante. ¿Qué debe entenderse cuando la ley hace referencia a 'unidades de estancia diurna'?. A. Centros de participación activa. B. Viviendas tuteladas de baja intensidad. C. Unidades de hospitalización geriátrica de agudos. D. Centros de día para mayores.

¿Cuál es la finalidad principal de la 'Estrategia para la Promoción de una Vida Activa y Atención a la Soledad en personas mayores 2025−2030' aprobada recientemente en Andalucía?. A. Gestionar exclusivamente las plazas de turismo activo y termalismo para mayores de 65 años. B. Constituir el instrumento de planificación y coordinación de las políticas contra la soledad no deseada en personas mayores. C. Regular el régimen sancionador para familias que abandonen a sus mayores en centros residenciales. D. Sustituir íntegramente al I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores 2020−2023 sin periodo de transición.

En el marco de la evaluación de programas, ¿qué caracteriza al modelo CIPP propuesto por Stufflebeam?. A. Es un modelo de evaluación externa que ignora la retroalimentación de los gestores del programa. B. Evalúa de forma integral el Contexto, los Insumos (Input), el Proceso y el Producto para permitir ajustes durante la ejecución. C. Utiliza únicamente indicadores económicos de coste-beneficio para determinar la viabilidad presupuestaria. D. Se centra exclusivamente en comparar los resultados finales con los objetivos educativos fijados al inicio (Tyler).

Según Scriven (1967), ¿cuál es la distinción fundamental entre la evaluación formativa y la sumativa?. A. La formativa la realizan los beneficiarios; la sumativa la realizan obligatoriamente técnicos externos. B. La formativa es obligatoria por ley; la sumativa es opcional y solo se realiza en programas experimentales. C. La formativa busca mejorar el programa durante su implementación; la sumativa juzga su eficacia e impacto al final. D. La formativa solo usa datos cuantitativos; la sumativa se basa exclusivamente en entrevistas cualitativas.

La Ley 8/2017 para garantizar los derechos LGTBI en Andalucía establece en su artículo 5.1 que la política de atención debe ser: A. Activa e integral, contribuyendo a la visibilidad y realizando acciones afirmativas. B. Limitada al ámbito educativo universitario, excluyendo la intervención en el deporte y medios de comunicación. C. Exclusivamente reactiva ante denuncias de delitos de odio previamente judicializadas. D. Asistencialista, centrada únicamente en ayudas económicas para el colectivo trans en exclusión.

De acuerdo con el Decreto 42/2002, ¿qué se considera legalmente como una situación de 'desamparo' infantil?. A. La privación de la necesaria asistencia moral o material por incumplimiento o imposible ejercicio de los deberes de protección. B. El absentismo escolar injustificado durante más de 15 días consecutivos en educación primaria. C. Cualquier situación de pobreza económica familiar que no sea corregida en un plazo de tres meses. D. La discrepancia educativa grave entre el padre y la madre que afecte al rendimiento académico del menor.

En el instrumento 'VALÓRAME' (Orden de 30 de julio de 2019), ¿a quién debe notificarse el caso si la valoración de la situación detectada es 'Grave'?. A. A los servicios con competencias en protección de menores de la Administración Autonómica. B. Exclusivamente a los servicios sociales de la Entidad Local de residencia del menor. C. Directamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sin pasar por la vía administrativa. D. Únicamente a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado para el archivo del expediente.

Dentro de la clasificación del grado de discapacidad según el nuevo baremo, ¿qué caracteriza a la 'Clase 2 o discapacidad moderada'?. A. Independencia total en todas las actividades con un porcentaje de deficiencia inferior al 5%. B. Imposibilidad de realizar prácticamente ninguna actividad de la vida diaria, incluidas las de autocuidado. C. Dificultad moderada en las actividades de la vida diaria, pero manteniendo independencia en el autocuidado. D. Limitación leve que no afecta en absoluto a ninguna actividad compleja de la vida diaria.

En el procedimiento SIMIA (Decreto 210/2018), ¿qué consecuencia tiene la omisión de la colaboración de los progenitores en el proyecto de intervención social y educativo familiar?. A. Conlleva necesariamente la privación inmediata de la patria potestad por vía penal. B. Supone el archivo automático de las actuaciones por imposibilidad de intervención. C. Dará lugar a la declaración de la situación de riesgo del menor. D. Implica la imposición de una sanción económica de hasta 6.000 euros a la familia.