📝 Resolución 1091 de 2023

De acuerdo con la Resolución 1091 de 2023, la primacía del diálogo implica que la Policía Nacional debe: Limitar su actuación a la observación pasiva de la manifestación. Priorizar la comunicación, interlocución y diálogo permanente. Intervenir únicamente cuando se ordene judicialmente. Aplicar medidas correctivas de forma inmediata.

Uno de los propósitos del diálogo en las manifestaciones públicas es: Identificar líderes para realizar capturas preventivas. Reducir el uso de la fuerza como medio de policía. Controlar la información que difunden los manifestantes. Generar sanciones administrativas.

¿Cuál de los siguientes NO es un principio de la actuación policial en el marco de la atención a la reunión y manifestación pública?. Proporcionalidad. Necesidad. Estigmatización. Rendición de cuentas.

En el ejercicio del derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica, la Policía Nacional debe: Presumir la ilicitud hasta verificar antecedentes. Presumir la intención pacífica de los participantes. Permitir la manifestación solo con autorización previa. Identificar y registrar a todos los asistentes.

Los Dispositivos Mínimos de Atención (DMA) están conformados principalmente por: Personal adscrito exclusivamente a la UNDMO. Policías judiciales e investigadores. Personal de fuerzas disponibles no adscritos a la UNDMO. Autoridades administrativas.

La principal finalidad de los Dispositivos Mínimos de Atención es: Disolver toda manifestación pública. Garantizar el derecho a la manifestación pacífica y proteger bienes. Ejecutar capturas masivas. Sustituir a la autoridad administrativa.

Los elementos del equipo para el servicio en manifestaciones públicas tienen como finalidad principal: Facilitar la identificación de los manifestantes. Sancionar conductas contrarias a la convivencia. Proteger la integridad física del personal policial. Garantizar el uso de la fuerza letal.

La dotación de los elementos para el servicio se realizará conforme a: Órdenes verbales del comandante. Decisión individual del uniformado. Manual de recursos logísticos y reglamento del uso de la fuerza. Disponibilidad comercial.

Las etapas para la atención e intervención en reuniones y manifestaciones públicas son: Planeación, ejecución y sanción. Observación, intervención y control. Anticipación, planeación, atención, intervención y evaluación. Prevención, reacción y judicialización.

La etapa de anticipación tiene como finalidad principal: Judicializar de manera preventiva. Recolectar información para prevenir afectaciones al derecho a manifestarse. Identificar responsables penales. Activar mecanismos sancionatorios.

El actuar de la Policía Nacional en manifestaciones públicas se fundamenta principalmente en: Directivas internas exclusivas. Derecho penal ordinario. Constitución Política, derechos humanos y derecho internacional. Órdenes de autoridades locales.

Según los fundamentos jurídicos, la intervención policial debe garantizar: El control absoluto del espacio público. La supremacía del interés institucional. La protección de la dignidad humana y derechos fundamentales. El uso inmediato de la fuerza.

El uso de la fuerza en el marco de una manifestación pública debe ser: Preventivo y generalizado. Permanente y disuasivo. Excepcional, necesario y proporcional. Automático ante cualquier alteración.

La intervención para el control de disturbios se justifica cuando: Existan expresiones críticas contra el Estado. Se afecte gravemente la convivencia, el orden público o la vida. No exista permiso para la manifestación. Existan consignas políticas.

En caso de uso de la fuerza durante una manifestación, la Policía Nacional debe: Reservar la información del procedimiento. Informar únicamente a la autoridad judicial. Registrar, informar y rendir cuentas mediante informes. Limitar la información a los mandos internos.