Sobre la responsabilidad patrimonial

Según fija el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes. de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. de los daños que consiga probar en su esfera jurídica de bienes, derechos e intereses. de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso- administrativo de los actos o disposiciones administrativas, por sí misma,. no presupone derecho a la indemnización. presupone derecho a la indemnización. habrá que analizar las particularidades del caso. debe ser recurrida en alzada.

Como fija el artículo 32.2, el daño alegado habrá de ser. efectivo. evaluable económicamente. individualizado con relación una persona o grupo de personas. toda son correctas.

Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos. imperativos. administrativos. expropiatorios. legales.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir en. daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley inconstitucional. daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley contraria al Derecho de la Unión Europea. todas son correctas. ninguna es correcta.

Sea por aplicación de una norma con rango de ley inconstitucional o por una contraria a Derecho de la Unión Europea, procederá la indemnización del particular cuando. sea evidente que hay un daño. inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial. demande a la administración. haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada.

Asimismo, debe cumplir los siguientes requisitos: ha de conferir derechos a los particulares. el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. todas son correctas.

Con respecto a los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos si son consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. aplicará la Ley de Contratos del Sector Público. aplicará la Ley de Procedimiento Administrativo Común. aplicará la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. aplicarán los reglamentos de desarrollo.

Cuando en la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad según esta Ley, las Administraciones intervinientes responden. de forma mancomunada. de forma conjunta. de forma solidaria. todas son correctas.

En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración en atención a los criterios. de competencia. de interés público tutelado. intensidad de la intervención. todas son correctas.

En el caso de responsabilidad patrimonial, como fija el artículo 33.4, la Administración Pública competente deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que. en plazo de diez días, expongan lo procedente. en plazo de cinco días, fijen lo oportuno. en plazo de quince días, expongan lo que consideren procedente. en plazo de un mes, fijen los hechos.

Sólo serán indemnizables las lesiones. que el particular consiga probar. que la Administración dé por probadas. en las que haya un vínculo de causalidad. procedentes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar.

Las indemnizaciones, según el artículo 34.2, se calcularán con arreglo a. la normativa autonómica. la normativa estatal. la normativa fiscal, de expropiación forzosa y otras aplicables. ninguna es correcta.

En el caso de que se hayan producido daños corporales o la muerte,. se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. se tomará como referencia los valores fiscales. habrá que seguir la normativa estatal. será necesario tener en cuenta la normativa en materia de expropiación forzosa.

La cuantía de la indemnización se calculará. actualizada. con intereses de demora. con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento. con referencia al día de la resolución estimatoria.

¿Puede la indemnización sustituirse, fraccionarse y demás?. no, nunca, debe ser un pago único. puede compensarse en especie, siempre que sea más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público*. puede ser abonada en pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público*. las dos marcadas son correctas.

Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto. en los artículos 32 y siguientes de esta Ley, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado. en los artículos 32 y siguientes de la Ley 39/2015, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado. en los artículos 32 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado. todas son correctas.

Como fija el artículo 36.2, cuando la Administración correspondiente haya indemnizado a los lesionados. confiscará la cuantía de los sueldos de los responsables y empleados que hayan producido ese daño. iniciarán acciones judiciales para que se encarcele a los responsables y empleados. el particular debe iniciar otro procedimiento para asegurarse de que la Administración recibe el dinero que le ha pagado. exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido.

La acción de oficio a que alude el artículo 36.2 sólo se exige cuando los empleados o responsables. hayan cometido negligencia grave. haya mediado culpa grave. todas son correctas. hayan incurrido en dolo.

Según fija el artículo 37.2, la exigencia de responsabilidad penal al personal al servicio de las Administraciones Públicas. suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial. no suspenderán los procedimientos de responsabilidad patrimonial. caducará los procedimientos de responsabilidad patrimonial. ninguna es correcta.