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Según el artículo 1.3 de la Constitución Española la forma política del Estado español es: Monarquía parlamentaria. Democracia de Derecho. Régimen autocrático. Democracia indirecta.

Según el artículo 137 de la Constitución Española el Estado se organiza territorialmente en: Haciendas locales y autonómicas. Comunidades Autónomas y archipiélagos. Nacionalidades y regiones. Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Señale la respuesta correcta: La Constitución Española, en su artículo 14, reconoce el derecho a la protección de la salud. La Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. El artículo 42.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social excluye de la acción protectora del ámbito de la Seguridad Social "la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sean o no de trabajo". Ninguna respuesta es correcta.

Según el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tendrán derecho a: El respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad. Disponer de una segunda opinión facultativa sobre sus procesos. El acceso a cuidados paliativos. Todas las repuestas son correctas.

El órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma, dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía es: El Consejo de Gobierno. El Parlamento. El Consejo Consultivo. La Comisión General de Viceconsejeros.

Señale la respuesta correcta, el Senado: Es la Cámara Baja de las Cortes Generales. Es la Cámara de representación territorial. Es elegido por dos años prorrogables por otros dos si el Presidente del Gobierno así lo dispone. Tiene 350 diputados.

Conforme a la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía: Competencia exclusiva. Competencia ejecutiva. Competencia compartida. Función ejecutiva íntegramente, es competencia atribuida al Estado.

¿Dónde tiene su sede el Parlamento Europeo?. París. Estrasburgo. Madrid. La Haya.

Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, es un contrato: Mixto. De suministro. De concesión de servicios. De servicios.

Señale la respuesta correcta en el marco de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. Todas las respuestas son correctas.

Conforme al artículo 2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, la expropiación forzosa podrá ser acordada por: Solo por el Estado. Por cualquier Administración pública. Solo por el Estado, la Provincia o el Municipio. Solo por los municipios.

Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante TREBEP, la carrera horizontal consiste: En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo. En la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. En el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. En el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior.

La clasificación de empleados públicos del artículo 8 del TREBEP no incluye a: Funcionarios interinos. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Personal eventual. Personal directivo profesional.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye: Discriminación indirecta por razón de género. Discriminación directa por razón de sexo. Acoso sexual. Mainstreaming de género.

Según establecen los artículos 41 y 42 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: La Administración de la Junta de Andalucía impulsará el enfoque de género en las diferentes líneas y proyectos de investigación biomédica, de forma que permita conocer los diferentes modos de enfermar y de respuesta terapéutica de las mujeres y los hombres. El Sistema Sanitario Público de Andalucía garantizará el pleno derecho de las mujeres a las técnicas de reproducción humana asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o identidad. Se impulsará el enfoque integrado de género como instrumento para reducir las desigualdades sociales en salud. Todas son correctas.

Conforme al artículo 3, de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral, la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico de la víctima, de sus hijos o hijas o de las personas de ella dependientes es: Violencia psicológica. Violencia vicaria. Violencia económica. Violencia múltiple.

Se entiende por interseccionalidad: La presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones. El instrumento opuesto al mainstreaming de género, reconocido en la Guía Europea sobre Perspectiva de Género (1999). La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo. La situación de discriminación múltiple en que una mujer padece formas agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad.

Conforme al artículo 167.3 de la Constitución Española, aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación: En todo caso. Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Cuando así lo soliciten, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una tercera parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Nunca se someterá la reforma constitucional a referéndum.

Según el artículo 81.2 de la Constitución Española la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá: Mayoría absoluta del Senado. Mayoría simple del Congreso. Mayoría absoluta del Congreso. Mayoría simple del Senado.