Revisión de actos administrativos. Los recursos adtvos.

“De la revisión de los actos en vía administrativa”. El Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Título V de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Título VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

¿Dónde encontramos regulada la revisión de oficio y los recursos administrativos?. En el Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Título V de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Título VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas encontramos la regulación de la convalidación en su artículo. 52. 53. 54. 55.

Según el artículo 52.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La Administración no podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan. La Administración no podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan.

Según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.

El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. Artículo 52.2 de la Ley 39/2015. Artículo 52.3 de la Ley 39/2015. Artículo 52.4 de la Ley 39/2015. Artículo 52.5 de la Ley 39/2015.

Con respecto a la convalidación. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.

La revisión de oficio es. Una potestad administrativa discrecional en las que las administraciones públicas pueden dejar sin efecto cualquier acto con criterios de oportunidad. Una potestad que las administraciones tienen para controlar la legalidad de sus propios actos, que solo podrán utilizar acreditando que existe un vicio exclusivamente de nulidad. Una potestad que las administraciones tienen para controlar la legalidad de sus propios actos, que solo podrán utilizar acreditando que existe un vicio exclusivamente de anulabilidad. Una potestad que las administraciones tienen para controlar la legalidad de sus propios actos, que solo podrán utilizar acreditando que existe un vicio de nulidad o un vicio de anulabilidad.

Con respecto al objetivo de la revisión de oficio de actos administrativos marca la correcta. El objetivo de la revisión de oficio es la declaración de nulidad de actos definitivos que se hayan convertido en firmes y hayan agotado la vía administrativa. El objetivo de la revisión de oficio es la declaración de nulidad de actos de trámite. El objetivo de la revisión de oficio es que se inicie a instancia de parte la revisión de actos favorables y reglamentos. El objetivo de la revisión de oficio es la declaración de nulidad de actos no definitivos que se hayan convertido en firmes y todavía no hayan agotado la vía administrativa.

¿En qué artículo de la ley 39/2015 se regulan los órganos competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado?. Artículo 111. Artículo 112. Artículo 113. Artículo 114.

La revisión de disposiciones y actos nulos en que artículo de la ley 39/2015 viene regulada. Artículo 106. Artículo 107. Artículo 108. Artículo 109.

Las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que. Hayan puesto fin a la vía administrativa. No hayan sido recurridos en plazo. En los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 39/2015. Todas son correctas.

¿Cuándo podrá el órgano competente para la revisión de oficio acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma?. Cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47. Cuando las mismas carezcan manifiestamente de fundamento. En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Todas son correctas.

Cuando el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera iniciado de oficio, ¿en qué plazo se producirá la caducidad del mismo?. En el plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución. En el plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución. En el plazo de dos meses desde su inicio sin dictarse resolución. En el plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución.

Cuando el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera iniciado a solicitud del interesado, ¿en qué plazo se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo?. En el plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución. En el plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución. En el plazo de dos meses desde su inicio sin dictarse resolución. En el plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución.

Según el artículo 47.1 de la ley 39/2015 los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho ¿en qué casos?. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional así como los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible así como los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados así como los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Todas las anteriores son correctas y además cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

Según el artículo 47.2 de la ley 39/2015 también serán nulas de pleno derecho. Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución. Las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley. Todas las anteriores mencionas son ciertas y además las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

“En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. ¿En qué artículo de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público aparece este precepto?. 32.2. 32.3. 32.4. 32.5.

En el artículo 34.1 tenemos recogido lo siguiente: Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.

Con respecto a la revisión de oficio de disposiciones y actos nulos, elige la que sea correcta. Su regulación viene establecida en el artículo 106 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Todas son correctas.

Según el artículo 48 de la ley 39/2015. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Todas son correctas.

La declaración de lesividad de actos anulables la tenemos regulada en. El artículo 107 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 108 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 106 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 109 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Qué artículo de la ley 39/2015 establece el procedimiento para declarar anulados los actos declarativos de derechos que la misma Administración haya dictado y tengan un vicio de anulabilidad?. 107. 108. 109. 106.

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos. 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. 8 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 83. 6 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 87. 3 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 88.

¿En qué artículo de la Ley 39/2015 tenemos regulado en trámite de audiencia?. 82. 83. 84. 85.

¿En qué plazo se produce la caducidad del procedimiento de la declaración de lesividad de actos anulables?. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de 8 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de 10 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de 2 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

¿Qué procedimiento se debe seguir para impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables?. Declaración de lesividad a los intereses generales, audiencia al interesado e impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Declaración de lesividad a los intereses generales, e impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Audiencia al interesado e impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ninguna es correcta.

¿En qué artículo de la Ley 39/2015 se establece a quién corresponde la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables en la Administración General del Estado?. Artículo 111. Artículo 112. Artículo 113. Artículo 114.

En los organismos públicos adscritos a la Administración General del Estado ¿quién tiene la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables?. Los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos. Los máximos órganos rectores de los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.

¿Quién es competente para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables dictados por el Consejo de Ministros y los ministros?. El Consejo de Ministros. El ministro de la presidencia. El Consejo de Estado. El Tribunal de Cuentas.

Respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos no dependientes de una Secretaría de Estado ¿quién tiene la competencia para la revisión de oficio?. Los Ministros. El Consejo de Ministros. El Secretario de Estado. El Pleno.

¿Quién tiene la competencia para la revisión de oficio de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos dependientes de los Secretarios de Estado?. Los Secretarios de Estado. El Consejo de Ministros. Los Ministros. Ninguna es correcta.

En el ámbito de los municipios: La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la alcaldía le corresponde al alcalde. Artículo 21.1.l), de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento le corresponde al Pleno. Artículo 22.2.k), LBRL. Ninguna es correcta. Las dos son correctas.

En el ámbito de la provincia: La declaración de lesividad de los actos de la diputación, le corresponde al Pleno. Artículo 33.2.j). de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente, le corresponde al propio Presidente. Artículo 34.1.j). LBRL. Ninguna es correcta. Las dos son correctas.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto. Cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Cuando ésta pudiera causar perjuicios reparables. En cualquier momento y en cualquier supuesto. En ningún caso podrá suspender la ejecución del acto sometido a revisión.

¿Dónde podemos encontrar la regulación de la revocación y la rectificación de errores en los procedimientos de revisión de oficio?. Tanto la revocación como la rectificación de errores las encontramos reguladas en el artículo 109 de la Ley 39/2015. Tanto la revocación como la rectificación de errores las encontramos reguladas en el artículo 108 de la Ley 39/2015. Tanto la revocación como la rectificación de errores las encontramos reguladas en el artículo 107 de la Ley 39/2015. Tanto la revocación como la rectificación de errores las encontramos reguladas en el artículo 106 de la Ley 39/2015.

La revocación es el acto jurídico por el que la Administración deja sin efecto otro acto anterior. Desfavorable o de gravamen. Favorable y desfavorable. Favorable y de gravamen. Favorable únicamente.

¿Cómo se puede revocar un acto desfavorable o de gravamen?. A instancia de parte únicamente. Por la Administración. De oficio o a instancia de parte. Ninguna es correcta.

Las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. De oficio o a instancia de los interesados. De oficio únicamente. A instancia de los interesados únicamente. Ninguna es correcta.

¿En qué artículo de la Ley 39/2015 tenemos recogidos los límites de la revisión de oficio?. 110. 111. 109. 108.

Las facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a. La equidad y la buena fe. El derecho de los particulares. Las Leyes. Todas son correctas.

¿En qué parte de la Ley 39/2015 tenemos regulado los recursos administrativos?. En su título V, capítulo II, artículos 112 al 126. En su título I, capítulo II, artículos 8 al 9. En su título VIII, capítulo II, artículos 112 al 126. En su título II, capítulo II, artículos 130 al 136.

Centrándonos en las características de los recursos administrativos ¿cuál de las siguientes es correcta?. Se persigue la reforma o revocación de un acto administrativo. No están legitimados para recurrir los titulares de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo en el asunto. Suponen una resolución favorable a quien lo interpone. Todas son correctas.

La revisión de los actos administrativos puede llevarse a cabo: Por la propia Administración. Por los tribunales. Por la propia Administración, y por los tribunales. Ninguna es correcta.

Un “medio de impugnar actos y disposiciones de la Administración,cuando se estimen que son contrarios al ordenamiento jurídico” es. Un recurso. Un reglamento. Un mandato. Una alegación.

¿Cuál de los siguientes es un recurso administrativo?. Recurso de reposición. Recurso de alzada. Recurso especial de reclamación económico-administrativa. Todos los mencionados son correctos y además el recurso extraordinario de revisión.

Se interpone ante un acto que agota la vía administrativa, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado y es de carácter potestativo ¿de qué recurso administrativo se trata?. Recurso de reposición. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso contencioso-administrativo.

Un recurso de alzada se interpone. Ante el órgano superior jerárquico del que hubiese dictado el acto que no agota la vía administrativa. Ante el mismo órgano que hubiese dictado el acto que agota la vía administrativa. Ante el órgano superior jerárquico del que hubiese dictado el acto que agota la vía administrativa. Ante el mismo órgano que hubiese dictado el acto que no agota la vía administrativa.

El recurso especial de reclamación económico-administrativa. Se rige por su legislación específica regulada en la ley 58/2003 del 17 de diciembre General Tributaria. Se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ninguna es correcta.

Un recurso que solamente puede interponerse por motivos tasados por el ordenamiento jurídico y frente a actos firmes que agotan la vía administrativa es un. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso contencioso-administrativo.