De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. ¿Es preciso el consentimiento informado para una intervención cuando el paciente manifiesta su deseo de no ser informado? Señale la opción CORRECTA Se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. No se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. No se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, ni será necesaria la obtención de su consentimiento previo para la intervención Se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, y no será necesaria la obtención de su consentimiento previo para la intervención.
De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, la información que comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias, como regla general se proporcionará: Señale la opción CORRECTA. Verbalmente, dejando constancia en la historia clínica. Verbalmente, no dejando constancia en la historia clínica. Verbalmente y por escrito, facilitada al paciente. No verbalmente y sí por escrito facilitada al paciente.
De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, ¿Quién garantiza el cumplimiento del derecho a la información al paciente? El médico responsable del paciente. El médico responsable del paciente y, también los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o procedimiento concreto. La enfermera responsable del paciente. El médico, enfermera y familiar.
De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, ¿Cómo debe ser la información clínica? Elige la opción INCORRECTA. Verdadera. Comprensible. No adecuada a sus necesidades. Le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, ¿Quién es el titular del derecho a la información asistencial? El paciente. Persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho. El paciente y persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho, si lo permite el paciente de manera expresa o tácita. El paciente y persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho, aunque no lo permita el paciente de manera expresa o tácita.
De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. ¿Cómo se debe informar al paciente en caso de incapacidad? Únicamente al paciente, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión. Al paciente de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. Al paciente de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, no cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. No es preciso informar al paciente en caso de incapacidad.
De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. ¿A quién se le informa en caso de carecer el paciente de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico? Al paciente y persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho. A la persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho. A las Autoridades Judiciales aun existiendo persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho. No es necesario informar a ninguna persona.
De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. ¿Puede limitarse la información sanitaria de los pacientes? En ninguna circunstancia. Cuando la familia lo solicite a petición propia. Por existencia de un estado de necesidad terapéutica. Cuando el paciente solicite la limitación de información sanitaria.
¿Cuál es la clasificación del personal estatutario sanitario, atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso? Personal de formación universitario y personal de formación profesional. Personal de formación universitaria, personal de formación profesional y otro personal. Personal estatutario universitario y personal estatutario sin titulación específica. Personal estatutario fijo y personal estatutario temporal.
¿Cuál es la clasificación del personal estatutario de gestión y servicios, atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso? Personal de formación universitaria y personal de formación profesional. Personal estatutario sanitario y personal estatutario de gestión y servicios. Personal de formación universitaria, personal de formación profesional y otro personal. Personal estatutario fijo y personal estatutario temporal.
¿Qué obtiene el personal estatutario fijo una vez superado el correspondiente proceso selectivo? Obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven. Obtiene un contrato fijo, para el desempeño de las funciones propias de su especialidad. Obtiene un puesto de trabajo en el Sistema Nacional de Salud, conforme a sus competencias y estudios. Obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las tareas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos.
¿Cómo se articulan los cambios en la distribución o necesidades de personal estatutario que se deriven de reordenaciones funcionales, organizativas o asistenciales en los diferentes servicios de salud? Se articularán de conformidad con las normas aplicables en el sistema nacional de salud, no pudiendo el personal ser ubicado en otro sitio que no sea el que le corresponda a su nombramiento. Se articularán de conformidad con las normas aplicables en cada servicio de salud. Se articularán de conformidad a las directivas europeas, previa negociación en el consejo interterritorial. Se articularán de conformidad con las normas aplicables en cada servicio de salud, pudiendo el personal ser adscrito a los centros o unidades ubicados dentro del ámbito que en su nombramiento se precise.
¿Qué son los planes de ordenación de recursos humanos? Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación en el ámbito insular. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación global de los mismos dentro del servicio de salud o en el ámbito que en los mismos se precise. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación global en el ámbito hospitalario. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación disciplinaria, para los casos de abuso laboral.
El personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a: Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas por los pacientes y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo. Informar debidamente, en cada caso y dentro del ámbito de sus competencias, a todos los familiares sobre el proceso asistencial y sobre los recursos protésicos disponibles. Cumplir el régimen sobre incompatibilidades. Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud, con criterios de eficiencia, y protegerlos del paciente o de terceras personas.
NO es un derecho colectivo del personal estatutario: El derecho a la libre sindicación. El derecho a la reunión. El derecho a la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población. El derecho a la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en cada caso aplicables.
¿Cómo se adquiere la condición de personal estatutario fijo? Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) superación de las pruebas de selección. b) Nombramiento conferido por el órgano competente. c) Incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado en la convocatoria. Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) superación de las pruebas de selección. b) Nombramiento conferido por el órgano competente. c) Incorporación, a una plaza del servicio por orden de nota obtenida en el proceso selectivo. Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Aprobación de la fase de oposición y concurso b) Adjudicación de plaza conforme al orden de nota. c) Incorporación, previo el cumplimiento de requisitos formales. Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Aprobación de la fase de oposición y concurso b) Adjudicación de plaza conforme al orden de nota. c) Incorporación al servicio de salud en plaza vacante, según orden de prelación y preferencia del adjudicatario.
¿En qué supuesto NO se pierde la condición de personal estatutario? En el supuesto de renuncia. En el supuesto de movilidad voluntaria. En el supuesto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio. En el supuesto de jubilación.
El objeto de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, es: Un derecho de contenido amplio, sustantivo, subjetivo y de escasos límite Regula la transparencia de la actividad pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria Regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria Todas son correctas.
No entra en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública La Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria Las sociedades mercantiles que se integran en el sector público de la Comunidad Autónoma según estable la Ley de la Hacienda Pública Canaria Las Universidades Privadas Los cabildos insulares y los ayuntamientos.
Son sujetos obligados y les aplica la ley de transparencia en cuanto a la obligación de publicidad de información: Los colegios públicos Los colegios concertados estén obligados a la publicidad activa si reciben ayudas o subvenciones superior a 60.000€ Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales Todas son correctas.
Las personas tienen los siguientes derechos Acceder a la información sujeta a la obligación de publicación Ser asistidas en su búsqueda de información Conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada Todas son correctas.
Se cumple con los requisitos de la ley de transparencia si se publica la información activa Se cumple totalmente con la ley No es necesario garantizar el derecho de acceso a la información pública Es necesario publicar la información de publicidad y garantizar el derecho de acceso a la información Se tienen que publicar íntegramente todas las solicitudes de información.
El Portal de Transparencia Se crea para para facilitar el acceso a la información pública Tiene que incluir la información que refiere el título II de la Ley 12/2014 y la información que se solicite con mayor frecuencia, sin perjuicio de otras informaciones La información tiene que estar permanentemente accesible en los portales de transparencia y páginas webs, y fácilmente accesible cuando se pide el derecho Todas son correctas.
El Comisionado/a de Transparencia Es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias Actúa con autonomía y plena independencia El control y la evaluación activa se plasma en el Informe Anual de Evaluación del Cumplimiento a través del Índice de Transparencia de Canarias (IT Canarias) y la aplicación telemática T-Canaria para la autoevaluación de todas las administraciones canarias. Todas son correctas.
Respecto a la Transparencia en el ámbito del Servicio Canario de la Salud, es falso Es la unidad responsable de la información pública, el Servicio de Régimen interior y asuntos generales de la Secretaría General La competencia para la resolución de las solicitudes corresponden al órgano en cuyo poder obre la información solicitada Si se solicita información de los centros concertados es competente la Dirección de Área correspondiente Para la información elaborada por FUNCANIS, u otra fundación pública, sociedad mercantil o consorcio en los que la sea mayoritaria la participación directa o indirecta del SCS, será competente la Dirección General de Recursos Económicos.
Según se establece en la Ley de Hacienda Pública de Canarias, el control interno de la gestión económica y financiera del sector público con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle se ejercerá por: La Audiencia de Cuentas. El Gobierno. La Intervención General. El Titular de cada Departamento.
¿Cuál es el objeto de la función interventora? Controlar, después de aprobados, los actos del sector público que den lugar al reconocimiento o extinción de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público que den lugar al reconocimiento o extinción de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Controlar los actos del sector público que den lugar al reconocimiento o extinción de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Ninguna es correcta.
Según el Decreto76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la función interventora , según que la comprobación recaiga sobre los documentos o sobre la realidad física en que se materialice la aplicación del gasto público, se ejercerá en sus modalidades de: Material y preventiva. Fiscalizadora. Material y formal. Verificadora.
Según el Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la función interventora tiene carácter: Fiscalizador. Punitivo. Preventivo. Anual.
La función interventora se ejercerá: Por el gobierno en cualquier caso. Por la Intervención General y sus interventores delegados respecto de los actos y documentos realizados por los sujetos del sector público con presupuesto limitativo. Por la Intervención General respecto de los actos y documentos realizados por los sujetos del sector público con presupuesto limitativo y estimativo. Por las Intervenciones Delegadas respecto de los actos y documentos realizados por los sujetos del sector público con presupuesto limitativo.
El ejercicio de la función interventora comprenderá: La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión. La intervención formal de la ordenación del pago. La intervención material del pago. Todas son correctas.
Atendiendo a la Ley de Hacienda Pública Canaria, la verificación realizada de una forma continua, para conocer la situación y el funcionamiento económico-financiero de los Servicios que integran el sector público, comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera se conoce como: Control externo de la actividad. Control Presupuestario. Fiscalización previa. Control financiero permanente.
El ámbito de aplicación del control financiero permanente excluye: Los organismos autónomos. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Las empresas incluidas en el registro de proveedores. Las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Las actuaciones del control financiero permanente se documentarán en: Una memoria bianual Informes que recogen los resultados de todas las actuaciones realizadas Anexos a la Ley de Presupuestos Ninguna es correcta.
La aprobación o modificación del Plan Anual de Control Financiero Permanente, es competencia de: La Junta de Interventores. El Titular del Departamento competente en materia de Hacienda, a propuesta del Interventor General. La persona titular de la Intervención General. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Titular del Departamento competente en materia de Hacienda.
Según la Ley de la Hacienda Pública Canarias, forman parte del sector público autonómico: Las entidades públicas empresariales definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Parlamento de Canarias. Las fundaciones públicas definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Todas las anteriores son correctas.
Son principios que inspiran la actividad económico-financiera, enunciados en la Ley de Hacienda
Pública de Canarias, en su artículo 5: Legalidad y seguridad jurídica Especificación y presupuesto cerrado Gestión mínima y neutralidad Ninguna de las anteriores es correcta.
A efectos de la Ley de Hacienda Pública de Canarias, el sector público se divide en: Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto participativo. Sector público con presupuesto estimativo y sector público con presupuesto limitativo. Sector público con presupuesto público y sector público con presupuesto privado. Todas las anteriores son incorrectas.
Son derechos de naturaleza pública, según se establece en el Título I de la Ley de Hacienda Pública
de Canarias: Los tributos y demás derechos de contenido especulativo cuya titularidad corresponda a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a entes del sector público, cuya actividad esté sujeta al derecho público, que deriven del ejercicio de potestades administrativas. Exclusivamente los tributos cuya titularidad corresponda a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los tributos y demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponda a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a entes del sector público, cuya actividad esté sujeta al derecho público, que deriven del ejercicio de potestades administrativas. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según especifica la Ley de Hacienda Pública de Canarias son normas generales de los derechos de naturaleza pública: El manejo o custodia de fondos o valores de naturaleza pública podrán encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determinen reglamentariamente. La providencia de apremio respecto de los derechos económicos de naturaleza pública distintos de los tributos se dictará por los titulares de los Servicios de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria. La recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública podrá realizarse en período voluntario o en período ejecutivo Todas las respuestas anteriores son correctas.
Con carácter general, el derecho de la Hacienda Pública a reconocer o liquidar créditos a su favor prescribe: A los 4 años A los 5 años A los 6 años Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Respecto a la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública, se establece en la Ley de Hacienda Pública de Canarias que: Se aplicará a petición del interesado La declaración y exigencia de responsabilidades a que haya lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda Pública se ajustará a lo previsto en la normativa reguladora de la responsabilidad contable Los derechos de la Hacienda Pública declarados prescritos no podrán ser dados de baja en su respectiva cuenta. Todas las respuestas anteriores son correctas.
En materia de intereses de demora: Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública no devengarán intereses de demora Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública devengarán intereses de demora desde el día de su vencimiento Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública devengarán intereses de demora desde el día siguiente al de su vencimiento Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Las obligaciones de la Hacienda Pública nacen: Las obligaciones de la Hacienda Pública nacen de la Ley. Las obligaciones de la Hacienda Pública nacen de los negocios jurídicos. Las obligaciones de la Hacienda Pública nacen de los actos o hechos que, según derecho, las generen. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Las obligaciones de la Hacienda Pública solo son exigibles cuando: Resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Hacienda Pública Resulten de la ejecución de sentencia judicial firme Resulten de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas Tenga lugar cualquiera de los supuestos anteriores.
Señale la respuesta correcta en relación al objeto de la Ley General Presupuestaria: Según el artículo 1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. Según el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, intervención y de control financiero del sector público estatal. Según el artículo 1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley únicamente tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario y de contabilidad del sector público estatal. Según el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario y de control financiero del sector público estatal.
Señale la respuesta incorrecta en relación a los tributos : Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los tributos son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal. La auditoría de la cuenta de los tributos estatales se realizará mensualmente, de acuerdo con el procedimiento que por la Intervención General de la Administración del Estado se establezca al efecto. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria de acuerdo con su sistema de fuentes. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria de acuerdo con su sistema de fuentes.
Señale la respuesta incorrecta en relación con la obligación tributaria: La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria accesoria. El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe.
Indique la respuesta correcta: Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, mediante: Los procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Todas son ciertas.
No son procedimientos especiales de revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos Revisión de actos anulables. Declaración de lesividad de actos anulables. Declaración de lesividad de actos anulables. Devolución de ingresos indebidos.
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