segovia sg

La autorización previa para celebrar una manifestación pública: Es ineludible. Sería inconstitucional. Se da cuando no se prevean alteraciones al orden público, con peligro para personas o bienes.

No es susceptible de recurso de amparo el derecho a la: Negociación colectiva. Manifestación. Huelga.

Se puede suspender, con motivo de investigaciones relativas a bandas armadas, el derecho de: Huelga. Inviolabilidad del domicilio. Libertad de circulación.

Puede instar la reforma de la Constitución el/los/las: Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Presidente del Gobierno de la Nación. Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

El Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia: Sanidad e higiene. Los montes y aprovechamientos forestales. Bases de régimen minero y energético.

No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por: Las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. Las tres quintas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. Las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría simple de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

Los estatutos de Autonomía en la vía común se aprueban por el: Congreso de los Diputados mediante Ley Orgánica. Congreso de los Diputados y Senado por Ley Orgánica. Congreso de los Diputados y Senado por Ley Ordinaria.

La vía ordinaria de acceso a la autonomía por el artículo 143 de la Constitución se sigue por los/as: Provincias con entidad regional histórica. Territorios que en el pasado hubieren plebiscitado afirmativamente proyecto de Estatuto de Autonomía. Provincia sin entidad regional histórica directamente.

De conformidad con el art. 53 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la competencia para alteración de la calificación jurídica de los bienes del patrimonio insular y la cesión gratuita de bienes inmuebles a otras administraciones públicas corresponde a: El Presidente. El Pleno. El Consejo de Gobierno Insular.

De conformidad con el art. 60 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, el reglamento orgánico del Cabildo Insular: Podrá prever la designación como miembros del consejo de gobierno insular de personas que carezcan de la condición de consejeros insulares electos, hasta el límite no superior a un tercio de los integrantes del mismo. Podrá prever la designación como miembros del consejo de gobierno insular de personas que carezcan de la condición de consejeros insulares electos, hasta el límite no superior a la mitad de los integrantes del mismo. Podrá prever la designación como miembros del consejo de gobierno insular de personas que carezcan de la condición de consejeros insulares electos, hasta el límite no superior a una quinta parte de los integrantes del mismo.

De conformidad con el art. 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares: Los cabildos insulares, a través de sus reglamentos de organización, con sujeción a lo establecido en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y en esta ley, podrán crear órganos complementarios. Asimismo, mediante la relación de puestos de trabajo establecerán las unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus competencias. Los cabildos insulares, a través de sus reglamentos de organización, con sujeción a lo establecido en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y en esta ley, podrán crear unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus competencias. Asimismo, mediante la relación de puestos de trabajo podrán crear órganos complementarios. Los cabildos insulares, a través de sus reglamentos de organización, con sujeción a lo establecido en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y en esta ley, podrán crear unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus competencias.

Según la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildo Insulares, las direcciones insulares, bajo la dirección del consejero respectivo: Son órganos directivos para la gestión de funciones administrativas internas relacionadas con la organización general de los cabildos insulares. Son órganos directivos para la gestión de uno o varios sectores materiales homogéneos de las funciones atribuidas al área o departamento insular. Son órganos directivos para la gestión de varios sectores materiales homogéneos de las funciones del área o departamento insular.

Según la ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el acuerdo de paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de: 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 48 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 72 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

No se incluye en el plan de prevención elaborado por el empresario: Recursos necesarios para realizar la acción de prevención. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. Estructura organizativa de la empresa.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización o a los trabajadores específicamente capacitados para ello. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los trabajadores específicamente capacitados para ello.

Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 5.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 15.000 habitantes.

Las normas previstas en el titulo X de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, referente a municipios de gran población, serán de aplicación: A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. A los municipios que no sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. A los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes.

Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas: Por Reglamento y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida ejecución en su programación y coordinación con las demás Administraciones Públicas. Por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. Por Decreto - Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando: No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. Se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.

Según la 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se consideran interesados en un procedimiento: Quienes lo promuevan como titulares de deberes o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en relación a la representación: Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del representante. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, no deberá acreditarse la representación.

Quienes de conformidad con el artículo 3 de la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, los que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General no electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios mecánicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

En relación al registro, y según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas: Cada Administración dispondrá de varios Registros Electrónicos Generales en los que se harán los correspondientes asientos de todos los documentos que se han presentado o que se reciban en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente inoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.

Según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, son actos nulos de pleno derecho: Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos unipersonales.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, las Administraciones Públicas podrán: Revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o favorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, los plazos para presentar recurso son: En el caso de recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. En el caso de recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera presunto. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. En el caso del recurso de reposición el plazo para interponerlo será de dos meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y teniendo en cuenta que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, el defecto de forma: Sólo determinará la nulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos informales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

¿Puede emitirse certificación sobre un acuerdo adoptado en el seno de un órgano sin que se hubiere aprobado el acta de la sesión?. No, en ningún caso. Sí, careciendo de validez hasta la ulterior aprobación. Sí.

Según los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que regula la Ley 40/2015, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de: Actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. Actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria a Derecho de la Unión Europea.

Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de: Cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Un sello basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos en la legislación de protección de datos. Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser: Una persona que no esté al servicio de la Administración Pública correspondiente. Un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. Un Notario o persona que este designe.

De acuerdo con el RD 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de los siguientes constituye un derecho individual de los empleados públicos que NO se ejerce colectivamente: El derecho a la libertad sindical. El derecho a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. El derecho al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

De acuerdo con el RD 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de los siguientes NO es un derecho individual de los empleados públicos en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: A la inamovilidad en el puesto de trabajo. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. A la libre asociación profesional.

Según el RD 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo de dicho Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación, se hallarán en situación de: Excedencia. Servicio activo. Suspensión de funciones.

Según el RD 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren: Las faltas consumadas graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. Las faltas consumadas muy graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. Las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.

Según el artículo 12 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, será entidad colaboradora aquella quе: Actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Actuando en nombre propio a todos los efectos relacionados con la subvención, ejecute las actividades objeto de subvención cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención, previa entrega y distribución de los fondos recibidos.

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, señale la respuesta incorrecta, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos: La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación. La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos reglamentariamente.

Según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones: La persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. La persona destinataria del proyecto subvencionado, en cualquier caso. La persona que obtiene un beneficio neto en su patrimonio.

Según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, ¿cuál de las siguientes no es una de las obligaciones de los beneficiarios?. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora. Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora el cumplimiento de los requisitos. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de cualquier otro recurso que financie las actividades subvencionadas.

Según la ley orgánica 3/2018, de protección de datos personales y de garantía de los derechos digitales, los tratamientos con fines de video-vigilancia: Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones, no siendo posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones, siendo posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones, siendo posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, incluyendo la captación de imágenes del interior de un domicilio privado.

Según la ley orgánica 3/2018, de protección de datos personales y de garantía de los derechos digitales, en lo que se refiere a los sistemas de exclusión publicitaria, quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa: No será preciso que consulten previamente los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo, siendo suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente y no siendo necesaria la misma cuando el afectado hubiera prestado, (conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica), su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla. Deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo, siendo suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente y siendo necesaria la misma aun cuando el afectado hubiera prestado, (conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica), su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla. Deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo, siendo suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente y no siendo necesaria la misma cuando el afectado hubiera prestado, (conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica), su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla.

Según la ley 9/2017, de Contratos de Sector Público, no podrán contratar con la Administración Pública: Los que no estén al corriente de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social. Los que tengan pendiente de pago multas de tráfico. Los que estén siendo objeto de inspección por los órganos competentes de la Administración tributaria.

Según el artículo 82 de la Ley 9/2017, de Contratos de Sector Público, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia de: Dos años debiendo justificar la solvencia cada seis meses. Tres años sin necesidad de justificación. Tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión.

Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, Señale cuál de las siguientes respuestas no es correcta: la solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios podrá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios: Volumen anual de negocios o volumen de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato. Indicación del personal técnico, participante en el contrato. Descripción de las instalaciones técnicas de los medios empleados por la empresa para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación.

Según la ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la tramitación urgente del expediente de contratación procede: Cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos. En los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro.

Según el RD 2/2004, Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes criterios: La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al artículo, el segundo al concepto y el tercero al capítulo. La clasificación económica constará de dos niveles, el primero relativo al capítulo y el segundo al artículo. La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto.

Según el RD 2/2004, Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes criterios: Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente. Liquidación del presupuesto del ejercicio presente y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente. Anexo del personal del ejercicio anterior.

Según el RD 2/2004, Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones: Aportaciones o compromisos posibles de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos. Adquisición de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos. Reembolso de préstamos.

Según el RD 2/2004, Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, el presupuesto de cada ejercicio se liquidará: En cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones. En cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año siguiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contrataciones. En cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 30 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Según la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la paternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La ausencia de toda discriminación directa, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Según el artículo 6 de la ley 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres: Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en ventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

El objeto de la ley 1/2004, de medidas de protección contra la violencia de integral género, es: Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de igualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de las mujeres sobre los hombres, se ejerce sobre éstos por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellos por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de efectividad, aun sin convivencia.

Entre los principios rectores de la ley 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, nos podemos encontrar: Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito social, servicios sanitario, publicitario y mediático. Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. Garantizar derechos sociales para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

Según la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, los principios de la potestad sancionadora, son, entre otros: Ilegalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad. Legalidad, tipicidad, imprescriptibilidad y responsabilidad. Tipicidad, responsabilidad, concurrencia de sanciones y prescripción.

Según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora: Se iniciarán siempre a instancia del interesado y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo. Se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento, si así lo estima conveniente el órgano instructor.

El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora, según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contendrá, al menos: Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible cualificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de abstención de los mismos. Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

¿Qué del Patrimonio Histórico se entiende por Archivos según la Ley 16/1985, de 25 de junio, Español?. Solo los conjuntos de documentos reunidos por personas jurídicas privadas. Conjuntos orgánicos de documentos reunidos por personas jurídicas públicas o privadas, al servicio de la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa, así como las instituciones culturales donde se conservan y difunden dichos documentos. Solo las instituciones culturales encargadas de difundir documentos.

¿Cómo pueden los usuarios presentar sus quejas o sugerencias?. Únicamente por correo postal. Exclusivamente por medios telemáticos. Presencialmente, por correo postal y por medios telemáticos.

El hardware de un ordenador... Es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo, es decir, todos componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos que facilitan el funcionamiento del ordenador. Es el conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo. No tiene una forma física, sino que responde a elementos digitales intangibles.

Señale qué afirmación es incorrecta en relación con el correo electrónico: Se trata de un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. El remitente y el destinatario tienen que estar conectados simultáneamente para que un correo electrónico pueda enviarse y recibirse entre ellos. Para poder enviar o recibir correos electrónicos es necesario disponer de una 'cuenta de correo' que funciona como un 'buzón virtual' identificado por una dirección de correo electrónico.

¿Cuál es la diferencia principal entre fórmulas y funciones en una hoja de cálculo?. Las fórmulas son predefinidas, mientras que las funciones son creadas por el usuario. Las fórmulas son expresiones matemáticas que se escriben en una celda, mientras que las funciones son fórmulas predefinidas que realizan cálculos automáticamente. Las funciones solo se utilizan para cálculos estadísticos, mientras que las fórmulas se usan para cualquier tipo de cálculo.

Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación no ostenta: La prerrogativa de alterar el precio del contrato. La prerrogativa de suspender la ejecución del contrato. La prerrogativa de interpretar los contratos administrativos.

Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, señale la opción incorrecta: Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas: Que tengan plena capacidad de obrar. Que no estén incursas en una prohibición de contratar. Que tengan nacionalidad española.

Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación se justificará adecuadamente: La decisión de no dividir en lotes el objeto de contrato, en su caso. La calificación que se exija e los participantes. En los contratos de obras, el informe de insuficiencia de medios.

Están incluidos en el ámbito de la Ley de Contratos de Sector Público: La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.

La ponencia encargada de redactar el borrador de la Constitución se constituyó en el: Senado. Congreso. Gobierno.

Si un poder público, en su actuación, infringe lo dispuesto en el Preámbulo de la Constitución: Incumple en nulidad. Incurre en inconstitucionalidad. No pasa nada, salvo que, como consecuencia de esa actuación, se infrinja un artículo de la propia Constitución.

El título de la Constitución que trata de la reforma constitucional es el: Primero. Décimo. Noveno.

El defensor del Pueblo se regula en el siguiente Título y Capítulo de la Constitución respectivamente: Preliminar y 1º. Segundo y 4º. Primero y 4º.

Un español de origen puede perder esta nacionalidad: Por sanción administrativa. Por condena penal. Cuando libremente renuncie a ella.

El tipo de sufragio que consagra la Constitución es el: Proporcional. Universal. Las respuestas A y B son correctas.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los Principios de Protección de datos son: Exactitud de los datos. No deben estar sujetas a la confidencialidad. Tratamiento sin consentimiento del afectado.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los tratamientos con fines de video vigilancia: Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un dominio privado. Todas las respuestas anteriores son correctas.

A través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines. Debilitar las medidas de sensibilización ciudadana de prevención. Desaprobar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las AAPP. Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género.

¿Qué título de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se refiere las políticas públicas para la igualdad?. El Título II. El Título III. El Título IV.

Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, constituye: Acoso sexual. Acoso por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo.

Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye: Acoso por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo.

Según el Estatuto de Autonomía de Canarias. Las islas gozan de autonomía plena para el ejercicio de los intereses propios. Los Cabildos Insulares, en cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma, asumen en cada Isla la representación ordinaria del Gobierno. Todas son correctas.

¿Pueden los Cabildos Insulares formar una mancomunidad?. No, ni siquiera para la prestación conjunta de servicios propios o transferidos. Si, especialmente para la prestación conjunta de servicios propios o transferidos. Si, con la previa autorización de la Comunidad Autónoma.

Según el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Cabildo de Gran Canaria, La presidencia del Cabildo de Gran Canaria o en quien delegue, tendrá las siguientes funciones: Establecer las Políticas de Prevención de Riesgos Laborales, definiendo objetivos y medios. Proponer el Manual del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y someterlo a su aprobación por el Consejo de Gobierno Insular. Todas las respuestas anteriores son correctas.

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en esta ley, con arreglo a los siguientes principios generales: Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario: Adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Deberá obligar a sus trabajadores que se compren los equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Qué nombre recibe el documento que consiste en una declaración solemne de conocimiento que pone de manifiesto lo que existe en un archivo preestablecido?. Diligencia. Certificación. Moción.

El documento que recoge una reproducción literal de un documento en el que figura una diligencia que da fe de una transcripción ya realizada, se denomina: Certificación. Informe certificado. Copia certificada.

¿Qué documento genérico recibe el documento que consiste en una comunicación escrita de un órgano administrativo a un destinatario nominativamente determinado?. Oficio. Diligencia. Declaración.

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario empeña su trabajo y el rendimiento obtenido. La progresión alcanzada por el funcionario fuera del sistema de carrera administrativa.

En relación a la promoción interna de los funcionarios de carrera: Se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 75 de este Estatuto. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional. Los funcionarios deberán poseer los requisitos mínimos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, un año de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y no se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

Los empleados públicos tienen entre otros derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA): Derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de video vigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral. Al empeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

Las Corporaciones locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación hipotecaria (SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA): Será suficiente, a tal efecto, certificación que, con relación al inventario aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario, con el visto bueno del Presidente de la Corporación. Los Registradores de la Propiedad, cuando conocieran la existencia de bienes de Entidades locales no inscritos debidamente, se dirigirán al Presidente de la Corporación, recordándole el cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo 10 del presente artículo. Los honorarios de los Registradores por la inmatriculación o inscripción de bienes de las Entidades locales no se verán reducidos.

El inventario de los bienes semovientes consignara (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA): Especie. Marcas. Tracción.

Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA). Las personas físicas. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.

La atención personalizada al ciudadano comprenderá las funciones siguientes: De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los propios empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración General del Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma. De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. Las reclamaciones que se formulen ante las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III. Ambas son correctas.

Como se regulan los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera: Por Ley Orgánica. Reglamentariamente. Por Ley Ordinaria.

Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior: Al establecido para la tramitación del procedimiento. Al establecido para la tramitación del trámite. A un mes.

¿En qué se diferencia la carta certificada de la ordinaria?. Por la seguridad de la entrega. Por la garantía y comprobantes que ofrece. Ambas son correctas.

Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, se consideran: Válidos. Nulos de pleno derecho. Anulables.

A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Todas son correctas.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. a y b son correctas.

Clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse: De oficio. A solicitud del interesado. Todas son correctas.

El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá contener, entre otros, al menos: Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. Todas son correctas.

La finalización de un procedimiento: Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. a y b son correctas.

La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: Apremio sobre el patrimonio. a y c son correctas. Multa coercitiva.

Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, la propuesta de concesión se formulará: Al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. Al órgano colegiado por un órgano concedente a través del órgano instructor. Al órgano instructor por un órgano colegiado a través del órgano concedente.

A los efectos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando: Concierta con terceros la ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Concierta con terceros la ejecución total de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

Se consideran gastos subvencionables, según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aquellos que de manera indubitada: Respondan a la actividad subvencionada. Resulten estrictamente necesarios. Las dos respuestas anteriores son correctas.

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables: Los intereses acreedores de las cuentas bancarias. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. Los gastos de procedimientos administrativos.

Según el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de: 15 días para su corrección. 10 días para su corrección. 20 días para su corrección.

El Presupuesto de una Entidad Local será formado por su Presidente, y al mismo habrá de unirse, para su elevación al Pleno, entre otros, la siguiente documentación: Memoria explicativa de su contenido. Liquidación del ejercicio corriente y avance del ejercicio anterior. Un informe jurídico que recoja las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.

El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del: 30 de septiembre de cada año. 15 de septiembre de cada año. 1 de septiembre de cada año.

La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes: Del día 31 de diciembre del ejercicio en que deba aplicarse. Del día 31 de diciembre del año posterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

Son créditos extraordinarios: Aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que, concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación. Aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante las que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito. Aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

En un procesador de texto para Windows, ¿Qué es la barra de título?. Es donde aparecen las opciones de menú principal. Es donde aparecen los iconos que dan acceso a las funciones más usadas por el programa. Es donde aparece el título del programa y del archivo en el que se está trabajando.

En un procesador de Windows, ¿Qué se entiende por un bloque?. Es un fragmento de texto marcado pinchando y arrastrando el ratón en la zona que queramos resaltar. Es un fragmento de texto seleccionado usando el cursor y la tecla Mayús. Ambas respuestas son correctas.

En un procesador de Windows, ¿Qué entendemos por la función de "copiar"?. A pasar la copia de un bloque marcado al portapapeles, desde donde se puede pegar en este u otros documentos. A copiar el bloque marcado y retirarlo de su situación actual. A asignar un formato de texto al bloque.

Una hoja de cálculo está formada por: Columnas y filas, exclusivamente. Columnas y celdas, exclusivamente. Columnas, filas y celdas.

¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento?. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Ningún recurso.

En una base de datos de Windows, ¿a qué llamamos redundancia?. Los datos no dependen del programa y por tanto cualquier aplicación puede hacer uso de los datos. A la existencia de duplicación de los datos. Al control. Sobre la seguridad de los datos.

121. Los poderes públicos en los nombramientos y designación de los cargos de responsabilidad: Procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Primarán la presencia de mujeres en aquellos puestos que tradicionalmente hayan sido ocupados por hombres. No procurarán primar la presencia de mujeres.

Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo constituye: Acoso sexual. Acoso por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo.

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: Anulables y sin efecto durante el primer año; pasado ese tiempo, si no hay denuncia, tendrán efectos legales. Nulos, pero con efecto. Nulos y sin efecto.

La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados, ¿se denomina?. Discriminación relativa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo.

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables: En tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser únicas y adecuadas con el objetivo perseguido en cada caso. Aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. En tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

Cuando la Administración Pública actúa como persona de Derecho Privado: Solo puede ser controlada por los Tribunales contencioso-administrativos. No dicta actos administrativos. Puede actuar sin límite alguno, como cualquier particular.

Es registro electrónico permite la presentación de documentos: De lunes a viernes de 8 a 15 horas. De lunes a viernes de 8 a 21 horas. Todos los días del año durante las veinticuatro horas.

¿Quiénes tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, según el artículo 3 de la LPACAP?. Los menores de edad, siempre con asistencia de persona que ejerza la patria potestad. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Todas son correctas.

¿Puede demorarse la eficacia de los actos administrativos?. No, dado que producen efectos inmediatamente con arreglo a lo dispuesto en sus normas reguladoras. Sí, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Sí, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación posterior.

Para que la Administración Pública pueda imponer multas coercitivas contra un ciudadano en vía de ejecución forzosa de los actos administrativos: Debe existir una norma que se lo permita. Lo puede hacer en cualquier caso. Basta con un reglamento que se lo permita.

¿Cuál de los siguientes datos no es necesario que figure en las solicitudes de iniciación del procedimiento por parte de los interesados?. Número de teléfono. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

¿Qué informes deben solicitarse, según la LPACAP, a efectos de la resolución del procedimiento?. Aquellos que sean preceptivos por las disposiciones reglamentarias, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos en el plazo indicado. Aquellos que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. Aquellos que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los preceptivos, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a: Un mes. Veinte días. Diez días.

¿Cómo se denomina el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla?. Dosier administrativo. Acto administrativo. Expediente administrativo.

Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: Siete días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

Para regresar a la página web desde la que venimos en Internet Explorer usamos: Cursor derecha. Cursor izquierda. Alt + Cursor izquierda.

Los comentarios se imprimen en Word: Depende de si tenemos activada la opción Comentarios de Revisar -> Mostrar marcas. Nunca. Siempre.

¿Cómo se denomina la distancia que separa las distintas líneas de un párrafo?. Lineado. Interlineado. Margen.

¿Qué opción aparece en la pestaña Proteger del cuadro de diálogo Formato de celdas?. Desbloqueada. Bloqueada. Bloquear.

¿Qué características podrían definir las virtudes de Internet?. Pequeña, Cambiante, Diversa y Descentralizada. Grande, Cambiante, Diversa y Descentralizada. Grande, Cambiante, Diversa y Centralizada.

Señala la opción incorrecta: El condicionamiento de un derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. No constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso como consecuencia de la presentación de una queja destinada a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

El acto administrativo está sujeto al principio de legalidad: Siempre. Cuando se trate de actos reglados. Según los casos.

¿Cuál de los siguientes elementos debe contenerse en la comunicación que debe realizarse a los interesados antes de la relación de las pruebas necesarias?. Lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con advertencia de que, en su caso, puede nombrar técnicos para que le asistan; de no asistir perderá derecho al referido trámite. Cierta la a), además de los exigidos por la naturaleza de cada prueba, siempre y cuando las mismas hayan sido admitidas. entidades locales territoriales. Lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con advertencia de que, en su caso, puede nombrar técnicos para que le asistan.

Si tenemos un archivo con extensión “ doc” podemos suponer que se trata de: Una base de datos de Microsoft Access. Un documento de Microsoft Word. Una presentación de Microsoft Power Point.

Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, el instructor del procedimiento acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a 30 días ni inferior a 10. No inferior a 30 días ni superior a 10. No hay plazo para la práctica de prueba.

¿Con cuál de los siguientes protocolos pueden varios usuarios acceder de forma simultánea a la misma cuenta de correo y ver los mensajes?. SMTP. IMAP. POP3.

Señale la afirmación correcta. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres establece que: En los procedimientos en los que las alegaciones se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la parte actora probar la existencia de la discriminación. Es discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con la maternidad. La persona acosada es la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual.

¿Qué significa que los actos de la Administración son ejecutivos?. Que los actos de la Administración se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Que la eficacia de los actos siempre se subordina a la notificación. Que los actos de la Administración tienen que ser dictados por personal de alta dirección.