SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDAD

Según el manual, ¿qué es una política pública de seguridad ciudadana?. Un conjunto organizado y estructurado de acciones orientadas a generar situaciones, bienes y servicios públicos para responder a demandas ciudadanas. Un conjunto de sanciones penales aplicadas exclusivamente por la Policía. Una estrategia destinada únicamente a incrementar la cantidad de efectivos policiales.

¿Cuál es una finalidad propia de una política pública de seguridad ciudadana según el manual?. Transformar condiciones de vida y modificar comportamientos en correspondencia con la ley, la moral y la cultura de una comunidad. Reemplazar las políticas sociales y urbanas. Limitar la intervención estatal a los delitos consumados.

El manual considera a la inseguridad, la violencia, la delincuencia y el crimen como: Problemas públicos que demandan intervención desde el espacio público. Problemas exclusivamente privados. Fenómenos que deben ser abordados solamente por el sistema penitenciario.

Para implementar una política pública de seguridad se requiere un modelo de gestión entendido como: Una forma de implementar la política mediante esquemas de funcionamiento y protocolos coordinados. Una estructura exclusivamente presupuestaria. Un sistema destinado únicamente a sancionar infracciones.

¿Qué característica debe tener la acción coordinada prevista en el modelo de gestión?. Ser eficaz, eficiente y sostenible en el tiempo. Ser exclusivamente represiva y de corto plazo. Depender solamente de decisiones policiales.

Según el enfoque del manual, una política pública es producto de: Un proceso acumulativo desarrollado durante años. Una decisión aislada adoptada frente a cada delito. Una orden exclusivamente policial.

¿Qué niveles deben ser alcanzados por una política pública de seguridad ciudadana?. Administrativos, territoriales y sociales. Únicamente policiales y judiciales. Únicamente nacionales.

¿Qué diferencia debe conservar una política pública de seguridad ciudadana respecto de otras políticas?. Debe contar con criterios orientadores y objetivos estatales propios en materia de seguridad. Debe reemplazar las políticas sociales. Debe evitar toda intervención de otros organismos.

Según el manual, al formular políticas de seguridad debe evitarse considerar a la sociedad como: Un todo homogéneo que comparte necesariamente valores, tradiciones y costumbres. Un conjunto de actores con diferencias territoriales. Una realidad con características propias según cada región.

Al elaborar criterios orientadores de seguridad, corresponde reconocer: Las diferencias propias de cada zona o región. Que todas las comunidades presentan idénticas necesidades. Que las diferencias territoriales carecen de importancia.

Una política pública coherente, bien formulada y con visión de futuro: Fortalece a las instituciones que la desarrollan. Debilita necesariamente la coordinación institucional. Elimina la necesidad de evaluación.

Según el manual, instituciones fuertes y activas: Ayudan a desarrollar políticas públicas con características similares. Imposibilitan la formulación de políticas públicas. Sustituyen la participación comunitaria.

La intervención en seguridad ciudadana requiere, según el enfoque citado en el manual: La toma de decisiones de un gran número de actores. La intervención exclusiva del Poder Judicial. La actuación aislada de cada organismo.

Entre los instrumentos que pueden requerirse para una política pública se encuentran: Recursos humanos, físicos, económicos y legislación, entre otros. Únicamente recursos policiales. Solamente recursos económicos.

¿Qué debe orientar una política pública de seguridad ciudadana?. El accionar de las autoridades y el horizonte estratégico de las acciones. Exclusivamente la actuación judicial. Únicamente la respuesta frente al delito consumado.

En el enfoque de seguridad ciudadana, la seguridad se concibe como una tarea: Que requiere articulación entre diversos actores. Exclusiva de las fuerzas policiales. Exclusiva de los gobiernos locales.

La coproducción de seguridad ciudadana supone: La interacción de fuerzas policiales y de seguridad con otros actores. La eliminación de la participación comunitaria. La concentración de todas las decisiones en una sola institución.

Según el manual, una política de seguridad debe atender: Las características concretas de la comunidad y sus problemas de inseguridad. Solamente las estadísticas nacionales. Únicamente las necesidades de las instituciones policiales.

¿Cuál de estas afirmaciones contradice el enfoque del manual?. Suponer que toda sociedad es homogénea y que todas las regiones tienen idénticas necesidades. Reconocer diferencias territoriales. Articular actores públicos y sociales.

La sostenibilidad de una política pública de seguridad se relaciona con: Su continuidad y capacidad de sostener acciones eficaces y eficientes en el tiempo. La aplicación de una única medida de emergencia. La ausencia de evaluación.

Históricamente, la seguridad ha sido considerada: Una de las funciones principales de los Estados. Una función exclusiva de organizaciones privadas. Una actividad ajena al Estado.

Durante los regímenes autoritarios, el concepto de seguridad se asoció especialmente con: El mantenimiento del orden público. La participación comunitaria. La prevención social exclusivamente.

La Doctrina de Seguridad Nacional promovió la idea de que las fuerzas debían: Restaurar la seguridad nacional frente a supuestos enemigos internos. Limitarse a funciones administrativas. Abandonar toda intervención en materia de seguridad.

El paradigma punitivo pone el énfasis principalmente en: La contención y el castigo de los delitos. La transformación exclusiva de las condiciones sociales. La participación ciudadana como única respuesta.

Según el manual, el paradigma punitivo no atiende suficientemente: El origen y las causas de los conflictos vinculados con diferencias y desigualdades sociales. La existencia de agencias del sistema penal. La necesidad de investigar delitos.

¿Qué agencias aparecen asociadas al paradigma punitivo?. Fuerzas de Seguridad y cuerpos policiales, Poder Judicial y sistema penitenciario. Únicamente organizaciones comunitarias. Solamente gobiernos locales.

Una característica señalada respecto del paradigma punitivo es: La criminalización de conflictos y el endurecimiento de penas. La ausencia absoluta de sanciones. La eliminación del sistema penal.

La perspectiva de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo central: La protección de las personas, sus derechos y garantías. La protección exclusiva del Estado frente a sus ciudadanos. La sanción como único objetivo.

La perspectiva de Seguridad Ciudadana incorpora: Un enfoque democrático y de Derechos Humanos. Un enfoque exclusivamente militar. Un enfoque exclusivamente penitenciario.

La recuperación democrática argentina mencionada en el manual se ubica en: El 10 de diciembre de 1983. El 24 de marzo de 1976. El 10 de diciembre de 1990.

La Ley 23.554 mencionada en el manual corresponde a: Defensa Nacional. Seguridad Interior. Inteligencia Nacional.

La Ley 24.059 mencionada en el manual corresponde a: Seguridad Interior. Defensa Nacional. Inteligencia Nacional.

La Ley 25.520 mencionada en el manual corresponde a: Inteligencia Nacional. Defensa Nacional. Seguridad Interior.

Según el manual, esas normas contribuyeron a diferenciar claramente: Las esferas de seguridad y defensa. Las funciones judiciales y legislativas. Las funciones policiales y municipales.

Desde el proceso democrático, el concepto que desplaza al de Seguridad Nacional es: Seguridad Ciudadana. Seguridad Militar. Seguridad Corporativa.

Desde el enfoque de seguridad ciudadana, los problemas de seguridad: Tienen múltiples causas y requieren respuestas integrales e integradas. Tienen siempre una única causa policial. Se solucionan exclusivamente con aumento de penas.

El trabajo policial dentro del nuevo enfoque se caracteriza por: Interactuar con otros actores en la coproducción de seguridad ciudadana. Actuar sin coordinación con otras instituciones. Reemplazar a todos los demás actores estatales.

La coordinación política mencionada por el manual se vincula con: La autoridad política del Ministerio de Seguridad. La autoridad exclusiva del sistema penitenciario. La autoridad de organizaciones privadas.

Las políticas de seguridad deben favorecer: Mecanismos no violentos de resolución de la conflictividad. La criminalización automática de todo conflicto. La eliminación de la participación social.

Una consecuencia de la nueva concepción de seguridad es la necesidad de: Redefinir la actuación de los funcionarios policiales y jerarquizar nuevos saberes. Reducir la capacitación policial. Eliminar la profesionalización.

Según el texto constitucional incorporado al manual, toda persona tiene derecho a vivir en: Un entorno físico y digital seguro, libre de violencias y amenazas. Un entorno exclusivamente físico seguro. Un entorno cuya seguridad dependa exclusivamente de particulares.

Según el artículo 30 citado en el manual, la seguridad pública y ciudadana es un deber: Indelegable e irrenunciable de la Provincia. Delegable y renunciable por la Provincia. Exclusivo de los municipios.

El objetivo del deber provincial en seguridad incluye mantener: El orden público democrático, las instituciones y la seguridad de personas y bienes. Únicamente el orden administrativo. Exclusivamente la seguridad de los bienes estatales.

Las políticas públicas de seguridad previstas en el artículo 30 deben ser: Integrales, multidisciplinarias e inclusivas. Exclusivamente policiales. Exclusivamente judiciales.

Entre los bienes protegidos expresamente se encuentran: La vida, integridad personal, libertad, bienes y convivencia pacífica. Únicamente los bienes materiales. Únicamente la propiedad estatal.

El artículo 30 vincula las políticas de seguridad con: La planificación estratégica, producción y análisis de información y evaluación de resultados. La improvisación operativa. La ausencia de evaluación.

La articulación prevista en el artículo 30 incluye: La Nación y los gobiernos locales. Solamente organismos policiales provinciales. Únicamente empresas privadas.

El artículo 30 incorpora: La participación de la comunidad. La exclusión de la comunidad. La prohibición de articulación institucional.

Las fuerzas de seguridad son consideradas en el texto citado: Instituciones esenciales de la sociedad. Organizaciones privadas auxiliares. Órganos exclusivamente administrativos.

Entre las funciones atribuidas a las fuerzas de seguridad se encuentra: El mantenimiento del orden, la prevención del delito y la actuación ante emergencias. La sanción judicial de delitos. La elaboración exclusiva del presupuesto provincial.

La Provincia garantiza respecto de quienes integran las fuerzas de seguridad: Capacitación continua y profesionalización. Capacitación únicamente inicial. Ausencia de capacitación obligatoria.

El artículo 30 promueve políticas de: Integridad, transparencia y rendición de cuentas. Secreto institucional absoluto. Ausencia de controles.

Según el manual, la Provincia ejerce: El monopolio de la fuerza. La privatización de la fuerza. La delegación permanente de la fuerza a particulares.

El uso de la fuerza, según el texto citado, es: Siempre excepcional y conforme al ordenamiento jurídico. Siempre preventivo y sin límites. Exclusivamente discrecional.

En el enfoque jurídico del manual, el poder de policía se vincula con: La potestad estatal de reglamentar derechos en procura del interés general. La potestad de eliminar derechos constitucionales. La actividad exclusiva de las fuerzas armadas.

La actividad policial debe entenderse dentro de: Un marco jurídico y constitucional. Un marco exclusivamente operativo. Un marco ajeno a los derechos fundamentales.

La función policial dentro de la seguridad ciudadana se orienta a: Proteger derechos y prevenir situaciones que afecten la convivencia y seguridad. Sustituir al Poder Judicial. Aplicar penas judiciales.

Una diferencia fundamental del enfoque democrático de seguridad es que: La actuación estatal se encuentra limitada por derechos y garantías. La actuación estatal carece de límites jurídicos. La seguridad prevalece siempre sobre cualquier derecho.

El poder de policía no debe confundirse con: La función policial operativa. La regulación estatal. La protección del interés general.

La policía, dentro del sistema democrático, actúa: Como parte de un sistema institucional sujeto a normas y controles. Como autoridad sin controles. Como órgano judicial.

Según el manual, la prevención del delito busca: Evitar o reducir la ocurrencia de hechos delictivos y sus consecuencias. Actuar únicamente después de una condena. Reemplazar la investigación penal.

La prevención primaria se caracteriza por: Dirigirse a condiciones generales antes de que se manifieste un problema delictivo específico. Dirigirse exclusivamente a personas condenadas. Actuar únicamente sobre delincuentes reincidentes.

La prevención primaria se relaciona especialmente con: Factores sociales y condiciones generales de la comunidad. El cumplimiento de penas privativas de libertad. La ejecución de condenas.

La prevención comunitaria pone el acento en: La participación y organización de la comunidad. La actuación exclusiva de la Policía. La intervención exclusiva del Poder Judicial.

La prevención situacional se orienta principalmente a: Reducir oportunidades para la comisión de delitos mediante modificaciones del entorno. Modificar únicamente las leyes penales. Aumentar exclusivamente las penas.

¿Cuál es un ejemplo compatible con prevención situacional?. Mejorar iluminación y condiciones físicas de un lugar para reducir oportunidades delictivas. Dictar una sentencia penal. Aumentar la duración de una condena.

La prevención secundaria se dirige especialmente hacia: Situaciones o grupos considerados de mayor riesgo de involucramiento delictivo. Toda la población sin ninguna focalización. Únicamente personas ya condenadas.

La prevención terciaria se relaciona especialmente con: Personas que ya han tenido contacto con el delito, procurando evitar reincidencias. La población general sin factores de riesgo. El diseño urbano preventivo exclusivamente.

La diferencia entre prevención primaria y terciaria radica, entre otros aspectos, en: El momento y población sobre los que se concentra la intervención. Que una utiliza siempre Policía y la otra nunca. Que una es judicial y la otra legislativa.

La prevención situacional se distingue de la social porque: Actúa sobre oportunidades y condiciones del entorno. Actúa exclusivamente sobre condenas. Elimina la necesidad de analizar lugares.

La prevención comunitaria requiere: Participación de actores de la comunidad. Aislamiento de la comunidad. Exclusión de organizaciones sociales.

Una intervención que busca reducir factores sociales generales corresponde principalmente a: Prevención primaria. Prevención terciaria. Control penal posterior.

Una intervención destinada a evitar la reincidencia se relaciona principalmente con: Prevención terciaria. Prevención primaria. Prevención situacional exclusivamente.

Una intervención focalizada en un grupo o situación de riesgo corresponde principalmente a: Prevención secundaria. Prevención primaria universal. Prevención terciaria exclusivamente.

Si se modifica el diseño de un espacio para disminuir oportunidades delictivas, se aplica: Prevención situacional. Prevención terciaria. Control social informal.

El control social puede entenderse como: El conjunto de mecanismos mediante los cuales una sociedad procura regular comportamientos. Una función exclusivamente judicial. Una actividad exclusivamente policial.

El control social formal se caracteriza por: La intervención de instituciones y normas formalmente establecidas. La actuación exclusiva de familiares. La ausencia de normas.

¿Cuál constituye un ejemplo de control social formal?. La actuación de instituciones del sistema penal conforme a normas jurídicas. La desaprobación de un vecino. La orientación familiar.

El control social informal se ejerce principalmente mediante: Relaciones, normas sociales y mecanismos comunitarios no institucionalizados formalmente. Sentencias judiciales. Leyes penales.

¿Cuál es un ejemplo de control social informal?. La desaprobación de una conducta por parte del grupo social. Una sentencia judicial. Una pena legal.

La diferencia central entre control formal e informal se vincula con: El grado de institucionalización y formalización de sus mecanismos. La existencia o inexistencia de sociedad. La necesidad de que siempre intervenga la Policía.

El control social informal no debe confundirse con: El sistema institucional formal de sanciones jurídicas. Las relaciones comunitarias. Las pautas sociales.

El control social puede contribuir a: Regular conductas y favorecer la convivencia. Eliminar toda forma de conflicto. Sustituir necesariamente al Estado.

¿Qué representa la sigla SARA en el modelo de prevención analizado?. Scanning, Analysis, Response y Assessment. Security, Action, Regulation y Arrest. Social, Authority, Risk y Arrest.

En el modelo SARA, 'Scanning' se relaciona con: La identificación y exploración de problemas. La evaluación final. La ejecución de la respuesta.

En SARA, 'Analysis' consiste principalmente en: Analizar en profundidad el problema identificado. Aplicar directamente una sanción. Cerrar el caso sin evaluación.

En SARA, 'Response' refiere a: La elaboración e implementación de una respuesta al problema. La identificación inicial del problema. La evaluación posterior exclusivamente.

En SARA, 'Assessment' refiere a: La evaluación de los resultados de la respuesta. La identificación inicial del problema. La selección de autoridades políticas.

¿Qué secuencia corresponde al modelo SARA?. Scanning – Analysis – Response – Assessment. Response – Scanning – Assessment – Analysis. Analysis – Response – Scanning – Assessment.

Si primero se detecta un patrón de robos y se define como problema, se está trabajando principalmente en: Scanning. Assessment. Response.

Si luego se estudian horarios, lugares y características de los robos, corresponde principalmente a: Analysis. Scanning. Assessment.

Si se diseña una intervención para reducir los robos detectados, corresponde a: Response. Analysis. Scanning.

Si después de la intervención se comprueba si los robos disminuyeron, corresponde a: Assessment. Scanning. Response.

El modelo SARA favorece: Un abordaje sistemático de problemas de seguridad. Una actuación exclusivamente reactiva y sin evaluación. La eliminación del análisis del problema.

En SARA, la evaluación final permite: Determinar los resultados de la respuesta adoptada. Reemplazar el análisis inicial. Evitar la toma de decisiones.

Si una política se limita a aumentar penas sin abordar causas sociales del conflicto, el manual la vincula principalmente con: El paradigma punitivo. La prevención comunitaria. La seguridad ciudadana integral.

Si una política combina Policía, organismos estatales, comunidad y análisis de información, se aproxima más a: Un enfoque de seguridad ciudadana. Un enfoque exclusivamente punitivo. Un enfoque de seguridad nacional propio de regímenes autoritarios.

Una política que reconoce que cada región presenta necesidades diferentes respeta el criterio de: Reconocimiento de diferencias territoriales. Homogeneización social. Uniformidad absoluta.

La expresión 'coproducción de seguridad ciudadana' supone que: La seguridad se construye mediante interacción y articulación de distintos actores. La Policía debe actuar sin actores externos. La comunidad queda excluida de las políticas.

¿Qué opción representa mejor una política integral de seguridad?. Prevención, análisis de información, articulación institucional y participación comunitaria. Solo patrullaje reactivo. Solo aumento de penas.

Una política que actúa exclusivamente cuando el delito ya ocurrió se aleja de: Un enfoque preventivo integral. La reacción penal. La investigación de delitos.

La perspectiva de derechos humanos en seguridad implica: Considerar derechos y garantías como parte del diseño y actuación estatal. Considerar los derechos como obstáculos para la seguridad. Excluir a las víctimas de las políticas.

Según el manual, una política de seguridad debe evitar: Criminalizar y estigmatizar determinados sectores sociales. Promover políticas inclusivas. Proteger a víctimas y sociedad.

La defensa de los derechos humanos en la política de seguridad alcanza: A procesados, víctimas y a la sociedad en general. Únicamente a las personas procesadas. Únicamente a las víctimas.

Una política de seguridad que desconoce las diferencias de una zona y aplica exactamente la misma respuesta en todos los territorios incurre en: La suposición de una sociedad homogénea. La prevención comunitaria. La coproducción de seguridad.

¿Cuál de estas medidas se aproxima más a prevención situacional que a prevención primaria?. Instalar iluminación y mejorar visibilidad en un punto crítico. Implementar políticas generales de inclusión social. Trabajar valores comunitarios desde la infancia.

¿Cuál se aproxima más a prevención comunitaria?. Organizar junto a vecinos acciones coordinadas sobre problemas de seguridad del barrio. Modificar exclusivamente el Código Penal. Aumentar una condena.

¿Cuál se aproxima más a prevención terciaria?. Un programa destinado a reducir la reincidencia de personas que ya cometieron delitos. Una campaña general para toda la población. Mejorar la iluminación de una plaza.

¿Cuál se aproxima más a prevención secundaria?. Una intervención focalizada en una situación o grupo identificado como de mayor riesgo. Una política universal de educación. Un programa exclusivo para personas condenadas.

Si una respuesta modifica el entorno para aumentar el esfuerzo requerido para delinquir, se vincula con: Prevención situacional. Prevención terciaria. Control social formal.

Si una comunidad desaprueba públicamente una conducta sin utilizar una sanción jurídica institucional, se observa: Control social informal. Control social formal. Poder de policía.

Si interviene una institución estatal aplicando una norma jurídica, se observa: Control social formal. Control social informal. Prevención primaria exclusivamente.

En SARA, comenzar por la respuesta sin haber identificado y analizado adecuadamente el problema supone alterar: La secuencia metodológica del modelo. La definición de seguridad ciudadana. El concepto de control social.

Si una evaluación muestra que una respuesta no resolvió el problema, el modelo SARA permite: Revisar el abordaje a partir de los resultados obtenidos. Dar por terminado el análisis sin importar los resultados. Eliminar la necesidad de información.

La evaluación de resultados en seguridad es importante porque: Permite conocer si las acciones implementadas produjeron los efectos buscados. Impide modificar las políticas. Reemplaza la planificación.

Según el manual, la seguridad ciudadana se relaciona con: La calidad de vida y el desarrollo humano sostenible. La seguridad exclusivamente militar. La actividad exclusivamente penitenciaria.

Una política pública de seguridad ciudadana busca generar: Situaciones, bienes y servicios públicos. Solamente sanciones. Únicamente estadísticas.

Modificar comportamientos mediante una política pública significa buscar: Conductas y actitudes acordes con la ley, la moral y la cultura de la comunidad. Eliminar toda diferencia cultural. Sustituir la cultura comunitaria.

La intervención en seguridad se considera pública porque: Los problemas de inseguridad, violencia, delincuencia y crimen afectan a la comunidad. Todos los delitos son necesariamente privados. La Policía es una institución privada.

Una política pública necesita protocolos porque estos permiten: Una acción coordinada, eficaz, eficiente y sostenible. Evitar toda coordinación. Limitar la información entre organismos.

La visión de futuro en una política pública se relaciona con: La formulación coherente y sostenible de objetivos y acciones. La improvisación permanente. La reacción aislada ante cada hecho.

La seguridad ciudadana no debe reducirse a: La sola respuesta penal frente al delito. La protección de derechos. La prevención.

El enfoque de Seguridad Ciudadana se diferencia del paradigma punitivo porque: Busca protección de personas, derechos y garantías y aborda las causas de los problemas. Elimina toda intervención policial. Niega la existencia del delito.

La articulación entre organismos públicos y agentes no estatales apunta a: Una respuesta integral a problemas de seguridad. Eliminar la responsabilidad estatal. Sustituir las instituciones democráticas.

La nueva agenda de demandas de seguridad posterior a la recuperación democrática fue impulsada, entre otros, por: Movimientos sociales, organismos de Derechos Humanos y otros actores de la sociedad civil. Únicamente las Fuerzas Armadas. Exclusivamente el sistema penitenciario.

Según el manual, la Ley 23.554, la Ley 24.059 y la Ley 25.520 fueron hitos en: La configuración normativa de seguridad y defensa en democracia. La creación del sistema penitenciario provincial. La regulación exclusiva de contravenciones.

El enfoque de seguridad ciudadana atribuye a las fuerzas policiales: Un lugar relevante dentro de una tarea de coproducción de seguridad. La responsabilidad exclusiva sobre todas las políticas sociales. La función de reemplazar a la autoridad política.

La profesionalización policial dentro del nuevo enfoque supone: Incorporar saberes y competencias pertinentes para el desempeño profesional. Reducir la formación. Priorizar únicamente la fuerza física.

Cuando el manual habla de respuestas integrales e integradas, apunta a: Articular el trabajo de diversos actores frente a problemas de múltiples causas. Concentrar toda respuesta en un único organismo. Evitar el trabajo interinstitucional.

Una política inclusiva de seguridad procura: Proteger a los diversos actores sin criminalizar ni estigmatizar sectores sociales. Seleccionar sectores para excluirlos. Aplicar respuestas idénticas sin considerar contextos.

La protección de las víctimas forma parte de: Una política de seguridad con enfoque de derechos humanos. Un enfoque que considera solamente al infractor. Un enfoque exclusivamente administrativo.

La participación comunitaria en seguridad implica: Incorporar a la comunidad en la construcción de respuestas. Delegar toda la seguridad a vecinos. Eliminar la responsabilidad del Estado.

Una política pública no debe partir del supuesto de que: Todos los territorios presentan exactamente las mismas condiciones. Existen diferencias territoriales. Las comunidades tienen características propias.

En el modelo SARA, identificar un problema no equivale todavía a: Implementar la respuesta. Reconocer que existe una situación. Delimitar el problema.

En SARA, analizar no significa simplemente: Actuar inmediatamente sin estudiar causas y condiciones. Estudiar características del problema. Buscar información relevante.

En SARA, la respuesta debe surgir después de: Identificar y analizar el problema. Evaluar resultados finales. Cerrar el caso.

En SARA, Assessment no significa: Identificación inicial del problema. Evaluación de resultados. Comprobación de efectos de la respuesta.

Una intervención basada en información y evaluación de resultados se aproxima a: La planificación estratégica de seguridad. La improvisación operativa. La ausencia de control.

La planificación estratégica en seguridad se relaciona con: Definir objetivos, acciones y criterios para orientar la intervención. Actuar sin objetivos. Evitar evaluar resultados.

La producción y análisis de información es relevante porque: Permite conocer problemas y orientar decisiones. Hace innecesaria la planificación. Sustituye toda intervención.

La evaluación de resultados sirve para: Comprobar efectos de las políticas y acciones implementadas. Impedir modificaciones. Evitar el análisis de problemas.

La transparencia en las instituciones de seguridad se vincula con: La posibilidad de rendir cuentas sobre su funcionamiento. La ausencia de controles. La reserva absoluta de toda actuación.

La rendición de cuentas se relaciona con: La responsabilidad institucional y el control de la actuación. La eliminación de controles externos. La ausencia de información.

El monopolio estatal de la fuerza implica que: La fuerza legítima corresponde al Estado y su ejercicio está jurídicamente limitado. La fuerza puede ser ejercida libremente por particulares. Toda utilización de fuerza es automáticamente legítima.

Que el uso de la fuerza sea excepcional significa que: No constituye la primera respuesta automática ante cualquier situación. Debe utilizarse siempre ante un conflicto. Puede emplearse sin fundamento jurídico.

Que la fuerza deba ajustarse al ordenamiento jurídico significa que: Su empleo debe respetar normas constitucionales y convencionales. La fuerza queda fuera del control jurídico. La decisión depende exclusivamente de la voluntad individual.

El mantenimiento del orden público democrático debe entenderse junto con: El pleno disfrute y ejercicio de derechos y libertades. La suspensión permanente de derechos. La eliminación de garantías.

Una política integral de seguridad protege: Personas, derechos, bienes y convivencia pacífica. Solamente edificios públicos. Solamente instalaciones policiales.

La seguridad en el entorno digital aparece en el manual como: Parte del derecho a vivir en un entorno seguro. Un ámbito ajeno a la seguridad pública. Una cuestión exclusivamente privada.

Una política multidisciplinaria supone: Integrar diferentes saberes y perspectivas para abordar el problema. Utilizar una sola disciplina. Excluir actores especializados.