SENDERO HOYA DE ABADES

La resolución de inicio de un expediente de riesgo de un menor, según establece el Reglamento del procedimiento para las Declaraciones de Riesgo de Menores del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se notificará a: Progenitores y/o a quienes ejerzan las funciones parentales y al/la menor que tuviera juicio suficiente o hubiera cumplido los 12 años de edad, en el plazo de 10 días desde la fecha de la misma. En el mismo plazo, la misma resolución se comunicará al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como al Ministerio Fiscal. Progenitores y/o a quienes ejerzan las funciones parentales en el plazo de 10 días desde la fecha de la misma y en el plazo de 20 días se comunicará al Ministerio Fiscal. Progenitores y/o a quienes ejerzan las funciones parentales y al/la menor que tuviera juicio suficiente o hubiera cumplido los 12 años de edad, en el plazo de 10 días desde la fecha de la misma. En el plazo de 30 días, la misma resolución se comunicará al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La finalidad de la ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores es: Garantizar la atención integral a los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Garantizar la dotación de recursos y servicios en las distintas administraciones para llevar a cabo las medidas de prevención de situaciones de riesgo y de amparo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Garantizar la distribución de funciones y competencias de atención a los menores de las Administraciones Públicas canarias.

Según establece el artículo 22 de la Ley Orgánica 8/2021, las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir un buen trato. Estas campañas se realizarán de modo: Accesible, diferenciando por tramos de tiempo. Privado, diferenciado por niveles. Accesible, diferenciando por tramos de edad.

Se considera que el/la menor se encuentra en situación de riesgo cuando: a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, no se está perjudicando su desarrollo personal o social, y no hay gravedad suficiente para justificar la separación del menor de su familia. a causa de sus circunstancias familiares, se está perjudicando su desarrollo personal o social, alcanzado la gravedad suficiente para la separación del menor de su familia. a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia.

En las situaciones de riesgo, la actuación administrativa se dirigirá a procurar las necesidades básicas del menor, mejorando su medio familiar, y, concretamente, se orientará a obtener: La disminución de los factores de riesgo y la promoción de los factores de protección del menor y su familia, así como el seguimiento de la evolución del menor en su familia. Exclusivamente el seguimiento de la evolución de la persona menor de edad en el ámbito escolar. La promoción de la salud de la familia.

Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, las administraciones públicas deberán proporcionar a las familias el apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora con medidas que deberán estar enfocadas a: Adoptar programas dirigidos a la promoción de formas positivas de aprendizaje, así como a erradicar el castigo con violencia física o psicológica en el ámbito familiar. Crear los servicios no esenciales de información y apoyo profesional a los niños, niñas y adolescentes a fin de que no tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente y rechazar cualquier forma de violencia, con especial atención a los problemas de las niñas y adolescentes que por género y edad sean víctimas de cualquier tipo de discriminación directa o indirecta. Establecer un programa de formación educativa en la línea con la actividad docente clásica del artículo 27 de la Constitución, aprobado por profesorado y profesionales del magisterio.

La Ley 3/1996 de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones tiene por objeto: Regular el sistema de ayudas económicas que le corresponden a los mayores residentes en Canarias a través del Consejo Canario de los Mayores. Crear un sistema de participación social y de protección de los derechos de los mayores residentes en Canarias a través del Consejo Canario de los Mayores. Apoyar un sistema alternativo de autoempleo para personas mayores residentes en Canarias a través del Consejo Canario de los Mayores.

En Canarias el instrumento de participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria y, especialmente, en la defensa de sus derechos y calidad de vida; cuyo objeto es materializar la colaboración y participación del movimiento asociativo de las personas mayores en las políticas de atención, inserción social y calidad de vida es: Consejo Regional de mayores de Canarias. Consejo Canario de la Tercera Edad. Consejo Canario de los Mayores.

Los Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores en España se pueden englobar en cuatro grandes categorías: Servicios de Atención Domiciliaria, de Atención Diurna, de Atención Residencial y de Participación Social. Servicios de Atención Preventiva, de Atención Permanente, de Atención temprana y de Atención Semi-Permanente. Servicios de Atención Diurna, de Atención Nocturna, de Atención Domiciliaria y de Atención Permanente.

El Consejo Estatal de las Personas Mayores es un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo de la Administración General del Estado y tiene, entre otras, las siguientes funciones: Fomentar el desarrollo del asociacionismo y la participación de las personas mayores en la sociedad. Establecer sistemas de cooperación entre los poderes privados y las organizaciones sindicales. Ninguna de las anteriores es correcta.

El edadismo se refiere a la forma de pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar (discriminación) con respecto a los demás o a nosotras/os mismas/os por razón de la edad. Hay tres estrategias que funcionan para reducir o eliminar el edadismo, según la Organización Mundial de la Salud: Las políticas y la legislación, las actividades educativas y las intervenciones intergeneracionales. Las políticas y la legislación, las actividades deportivas y las intervenciones intergeneracionales. Las intervenciones educativas, las actividades deportivas y las intervenciones sociales.

Según la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es causa de extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio: No abonar el importe de la tarifa exigible, en el plazo establecido. Traslado temporal de la persona beneficiaria a casa de familiares u otras personas allegadas. Superar el periodo de suspensión temporal (seis meses) sin reanudarse el servicio, excepto ingreso hospitalario.

El servicio de teleasistencia que contempla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es compatible con: El servicio de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal, de ayuda a domicilio y de centro de día y de noche. Los servicios de atención residencial y los alojamientos especiales. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, señala que el servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función, y podrán ser los siguientes: Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria y servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar. Servicios relacionados solo con la atención de las necesidades domésticas o del hogar. Servicios exclusivamente de atención personal en la realización de las actividades diarias de higiene personal.

El envejecimiento saludable lo define la Organización Mundial de la Salud como ‘el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez’. La capacidad funcional está determinada por: La capacidad intrínseca de una persona (o sea, sus capacidades físicas y mentales), el entorno en el que vive (entendido en el sentido más amplio e incluidos los entornos físicos, sociales y políticos) y la integración entre esos elementos. La capacidad intrínseca de una persona (o sea, sus capacidades físicas y mentales) y el entorno en el que nace (entendido en el sentido más amplio). La capacidad extrínseca de una persona y el entorno en el que vive (entendido en el sentido más amplio e incluidos los entornos físicos, sociales y sindicales).

¿Cuál es un órgano consultivo de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?. El Consejo Estatal de Personas Mayores. El Consejo Internacional de la Discapacidad. El Consejo Internacional de Personas Mayores.

El texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre establece que son personas con discapacidad: Aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Aquellas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Aquellas que tengan reconocido un grado de minusvalía superior al 66%.

El principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona es: Inclusión social. Accesibilidad universal. Normalización.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad: Superior al 33 por ciento. Igual o superior al 33 por ciento. Igual o superior al 50 por ciento.

Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado discapacidad responderá a: Criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público y en todo el territorio del Estado. Criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público solo en el territorio de la Comunidad Autónoma. Criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público únicamente en el municipio de residencia de la persona con discapacidad.

Según el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, ¿a quién corresponde el reconocimiento y revisión de grado de discapacidad así como el reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como de la dificultad para utilizar transportes públicos colectivos, a efectos de las prestaciones, servicios o beneficios públicos establecidos?. Corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas. Corresponderá a los órganos competentes del municipio. Corresponderá a los órganos competentes de la administración estatal.

La Administración competente podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad, de oficio o a instancia de la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando concurran razones de interés público que así lo aconsejen, entre otras las relacionadas con: La salud, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria. La salud, la violencia de género u otras de índole humanitaria. La salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria.

La competencia de resolver sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la aprobación del correspondiente programa individual de atención que determine los servicios y prestaciones que puedan corresponder a la persona interesada, según la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Corresponde al Consejo Municipal de Servicios sociales. Corresponde a la consejería competente en materia de servicios sociales del Gobierno de Canarias. Corresponde al Comité de Ética de los Servicios Sociales.

Toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo se denomina: Acoso. Discriminación indirecta. Discriminación directa.

El principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para las personas con discapacidad, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Diseño universal o diseño para todas las personas. Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Medidas de acción positiva:.