Simo 5
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Título del Test:![]() Simo 5 Descripción: Simo A1 |




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1. Según el artículo 18 de la Constitución española, la ley limitará el uso de la informática por tal de garantizar: a) El honor de los ciudadanos españoles. b) El honor y la intimidad personal de los ciudadanos y el respeto de sus libertades. c) La intimidad personal de los ciudadanos y sus derechos fundamentales. d) El honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 2. Según el artículo 28 de la Constitución española, la obligatoriedad de afiliación a un Sindicato de los trabajadores es posible: a) Cuando lo acuerda la mayoría de los trabajadores. b) En ningún caso. c) Cuando así venga dispuesto por razón del trabajo que se realice. d) Cuando así se imponga en el convenio laboral. 3. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución española, los poderes garantizan el derecho que asiste a los padres por tal de que los hijos reciban: a) Una formación basada en el respeto a los principios democráticos y a la libertad religiosa. b) La formación religiosa i moral que concuerde con la confesión estatal. c) Una educación en concordancia con la orientación ideológica y religiosa de los padres. d) La formación religiosa y moral que vaya de acuerdo con sus convicciones. 4. Según el artículo 159 de la Constitución española, el período de designación de los miembros del Tribunal Constitucional tendrá una duración: a) De diez años. b) De ocho años. c) De doce años. d) De nueve años. 5. Según el artículo 10 de la Constitución española, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento: a) Del orden político. b) De la paz social. c) De la estabilidad nacional y la comunión social. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 6. De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución española, el Senado es elegido por un mandato: a) De cinco años. b) De tres años. c) De cuatro años. d) De seis años. 7. Según el artículo 71 de la Constitución española, en las causas contra diputados y senadores será competente. a) La Sala Penal del Tribunal Supremo. b) La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. c) La Sala Penal del Tribunal Constitucional. d) La Sala Penal de la Audiencia Provincial. 8. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución española, el Congreso y el Senado se reunirán anualmente: a) En cuatro periodos ordinarios de sesiones al año. b) En dos períodos ordinarios de sesiones durante seis meses del año. c) En dos períodos ordinarios de sesiones: de setiembre a diciembre y de febrero a junio. 9. ¿ En qué título de la Constitución española se regula lo relativo a las Cortes Generales?. a) En el título IV. b) En el título II. c) En el título III. d) En el título IX. 10. De acuerdo con el artículo 66 de la Constitución española, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas: (tema 2). a) Por el Congreso de los Diputados. b) Por el Senado. c) Por los diputados y el presidente. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 11. El Gobierno dirige: a) La Administración civil y militar. b) La política interior y exterior. c) La defensa del Estado. d) Todas las respuestas son correctas. 12. Los miembros del Gobierno. a) No podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato imperativo. b) Podrán ejercer otras funciones representativas, tanto derivadas del mandato parlamentario como las que no lo sean. c) No podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario. d) No podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato gubernativo. 13. ¿Cuándo se entenderá otorgada la confianza al presidente del Gobierno una vez presentada la cuestión de confianza?. a) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. b) Cuando vote en contra de la misma la mayoría simple de los Diputados. c) Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados. d) Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras. 14. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de una moción de censura: a) Por mayoría simple. b) Por mayoría absoluta. c) Por mayoría de tres quintos de sus miembros. d) Por mayoría de dos tercios de sus miembros. 15. En relación a la moción de censura: a) En el primer día desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas. b) En los dos primeros días desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas. c) En los tres primeros días desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas. d) En los cuatro primeros días desde su presentación podrán presentarse mociones alternativas. 16. De acuerdo con el artículo 153 de la Constitución española, ¿quién ejerce el control de las normas reglamentarias dictadas por las Comunidades Autónomas?. a) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. b) El Tribunal Constitucional. c) La jurisdicción contenciosa-administrativa. d) El parlamento autonómico. 17. De acuerdo con el artículo 147 de la Constitución española, la delimitación territorial de cada comunidad autónoma es definida: a) En la Constitución Española. b) En una ley especial a tal efecto. c) En su estatuto de autonomía. d) No es precisa su determinación previa. 18. Según el artículo 152 de la Constitución española, ¿qué tipo de funciones tiene el Consejo de Gobierno autonómico?. a) Funciones administrativas y legislativas. b) Funciones ejecutivas y administrativas. c) Funciones legislativas y ejecutivas. d) Funciones ejecutivas. 19. Según el artículo 149 de la Constitución española, el Estado tiene la competencia exclusiva en la materia siguiente: a) La pesca fluvial. b) Los puertos de refugio. c) Sistema monetario. d) La asistencia social. 20. Según el artículo 149 de la Constitución española, ¿a quién corresponderá la competencia sobre las materias que no hayan sido asumidas por los estatutos de autonomía?. a) A la comunidad autónoma. b) Al Estado. c) A la comunidad autónoma o al Estado dependiendo de la materia. d) Al Estado, sólo en caso de conflicto. 21. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión Europea. Su número no excede. a) De 649 diputados, más el presidente. b) De 750 diputados más el presidente. c) De 705 diputados, incluido el presidente. d) De representantes en una proporción decreciente por Estado miembro. 22. El Parlamento Europeo. a) El Parlamento Europeo ejerce la función legislativa y reglamentaria. b) Ejerce funciones de control político y normativo. c) Ejerce conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. d) Elige al presidente del Consejo de la Unión Europea. 23. El Parlamento Europeo puede reunirse en período parcial de sesiones extraordinario: a) A petición de una quinta parte de los miembros que lo componen. b) A petición de la mitad de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión. c) A petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión. d) a petición de una tercera parte de los miembros que lo componen. 24. ¿Cada cuánto tiempo celebra el Parlamento Europeo un período de sesiones?. a) Cada año. b) Cada medio año. c) Cada dos años. d) Cada tres años. 25. ¿Quién elige a un defensor del pueblo europeo, que está facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro?. a) La Comisión Europea. b) El Parlamento Europeo. c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. d) El Consejo. 26. Según el artículo 31 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia. a) De expropiación forzosa. b) De régimen minero y energético. c) De propiedad industrial. d) De tercera edad. 27. Según el artículo 44 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears ,el voto de los diputados del Parlamento es. a) Personal e intransferible. b) Personal, intransferible e indelegable. c) Personal, libre y único. d) Personal e indelegable. 28. Según el artículo 56 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears ,en caso de ausencia o enfermedad del presidente de las Illes Balears ¿quién ejerce la representación de las Illes Balears?. a) El delegado del Gobierno. b) El presidente del Parlamento. c) El vicepresidente. d) El rey. 29. Según el artículo 30 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la competencia exclusiva en materia: a) De propiedad Intelectual. b) De ordenación del sector pesquero. c) De salvamento marítimo. d) De políticas de género. 30. Según el artículo 30 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la competencia exclusiva en materia materia: a) De ferrocarriles, carreteras y caminos. b) De medios de comunicación social. c) De ordenación del sector pesquero. d) De productos farmacéuticos. 31. De acuerdo con el artículo 39 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears vigente, el sistema institucional autonómico está integrado. a) Por el Parlamento, el Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. b) Por el Parlamento, el Gobierno y el presidente de la comunidad autónoma. c) Por el Parlamento y el Gobierno. d) Por el Parlamento, el Gobierno y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. 32. Son órganos de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. a) El Consejo, los síndicos, el síndico mayor y la Secretaría General. b) Los síndicos, el síndico mayor y la Secretaría General. c) El Consejo, los síndicos, y la Secretaría General. d) El Consejo y la Secretaría General. 33. Indique la respuesta incorrecta. Los síndicos de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears pierden su condición. a) Por incumplimiento de sus deberes, apreciados por el Pleno del Parlamento por mayoría de dos terceras partes de sus miembros. b) Por finalización del mandato. c) Por inhabilitación declarada por sentencia firme. d) Por renuncia. 34. Los miembros del Consejo Consultivo de las Illes Balears deben tener: a) La condición política de ciudadanos de las Illes Balears. b) Deben ser funcionarios de carrera del subgrupo A1. c) Deben ser juristas de reconocido prestigio con más de cinco años de experiencia profesional. d) Deben ser funcionarios de carrera del subgrupo A1 con más de quince años de antigüedad. 35. A efectos de la Ley de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears, se considera infracción muy grave. a) La filtración de información en el curso de la investigación. b) La inasistencia injustificada a la comparecencia requerida por parte de la Oficina. c) El no responder a los informes de conclusiones de las investigaciones, en las condiciones y plazos establecidos por la ley. d) El envío de información relevante incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina. 36. En el Gobierno de las Illes Balears, la duración y el alcance específico del mandato de los comisionados autonómicos debe establecerse. a) Mediante un decreto del Consejo de Gobierno. b) Mediante decreto de la Presidencia. c) Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. d) Mediante decreto ley. 37. Indique la respuesta incorrecta. El presidente de las Illes Balears cesa por alguna de las siguientes causas: a) Por acuerdo unánime de los miembros del Consejo de Gobierno. b) Por la denegación de la cuestión de confianza. c) Por la pérdida de la condición de diputado del Parlamento. d) Por la incapacidad física o psíquica permanente que le imposibilite por el ejercicio del cargo. 38. ¿En qué supuesto de cese del presidente de las Illes Balears éste no puede continuar en el cargo hasta que el sucesor haya tomado posesión. a) La pérdida de la condición de diputado del Parlamento. b) La aprobación de la moción de censura. c) La dimisión comunicada por escrito al presidente del Parlamento. d) Después de las elecciones al Parlamento de las Illes Balears. 39. Los consejeros del Gobierno de las Illes Balears no pueden delegar la siguiente competencia. a) Dirigir la elaboración y ejecución de planes de actuación de la consejería y ejercer su control de eficacia y eficiencia. b) Dirigir y coordinar la actuación de los titulares de los órganos directivos de la consejería. c) Resolver los recursos y reclamaciones administrativas, de acuerdo con lo que prevé la legislación vigente. d) Desarrollar la estructura orgánica que determine, mediante orden y coordinadamente con la relación de puestos de trabajo vigente, las funciones de las unidades administrativas de la consejería. 40. Corresponde convocar la sesión constitutiva del Parlamento de las Illes Balears: a) Al presidente de las Illes Balears. b) Al presidente del Parlamento de las Illes Balears. c) Al delegado del Gobierno. d) En la Diputación Permanente del Parlamento. 41. No forman parte de la Administración corporativa: a) Las fundaciones públicas. b) Los colegios profesionales. c) Las cámaras de comercio, industria y navegación. d) Las cámaras de la propiedad urbana. 42. El personal al servicio de los organismos autónomos del sector público instrumental autonómico: a) Depende orgánicamente de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública y funcionalmente del órgano superior unipersonal de dirección del organismo autónomo. b) Depende orgánica y funcionalmente de la persona titular de la consejería competente en materia de función pública. c) Depende orgánica y funcionalmente del órgano superior unipersonal de dirección del organismo autónomo. d) Depende orgánica y funcionalmente del consejero titular de la consejería de adscripción del ente. 43. El consejo de administración, el patronato, la junta de gobierno o el órgano equivalente de los entes del sector público instrumental autonómico deben tener: a) Un mínimo de 7 miembros y un máximo de 13, según la dimensión de la entidad. b) Un mínimo de 5 miembros y un máximo de 13 miembros. c) Un mínimo de 7 miembros y un máximo de 11, según el tamaño de la entidad. d) Un mínimo de 6 miembros y un máximo de 13, según tipo de entidad. 44. Es competente para resolver los procedimientos de revisión de oficio de los actos nulos respecto de los actos dictados por el órgano superior de dirección de los organismos públicos. a) La personal titular de la consejería de adscripción del ente. b) La persona titular de la gerencia u órgano unipersonal equivalente del ente. c) El Consejo de Gobierno. d) La Abogacía de la Comunidad Autónoma. 45. Los órganos de dirección de los consorcios del sector público instrumental autonómico deben estar integrados por representantes de todas las entidades consorciadas: a) En la proporción que se determine en los respectivos estatutos. b) Con un miembro de cada una. c) En proporción a su extensión territorial. d) En proporción a las aportaciones hechas. 46. La delegación legislativa, cuando su objeto sea la formación de textos articulados: a) Tiene que otorgarse por una ley de bases. b) Tiene que otorgarse por una ley marco. c) Tiene que otorgarse por una ley de delegación. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 47. Una vez remitida una proposición de ley por parte de las comunidades autónomas. a) Se tienen que delegar ante el órgano correspondiendo un máximo de cinco miembros de la asamblea encargados de su defensa. b) b) Se tienen que delegar ante el órgano correspondiendo un máximo de siete miembros de la asamblea encargados de su defensa. c) c) Se tienen que delegar ante el órgano correspondiendo un máximo de nuevo miembros de la asamblea encargados de su defensa. d) Se tienen que delegar ante el órgano correspondiendo un máximo de tres miembros de la asamblea encargados de su defensa. 48. Se tienen que regular por una ley orgánica: a) Los requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. b) Las formas de ejercicio de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 49. Según lo que dispone la Constitución española, en relación con la iniciativa legislativa popular: a) Como regla, se exigen más de 500.000 firmas acreditadas. b) En todo caso, se exigen más de 500.000 firmas acreditadas. c) Como regla, se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas. d) En todo caso, se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas. 50. Los reglamentos ejecutivos son: a) Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. b) Los que desarrollan y complementan una ley. c) Los que dicta la Administración para hacer frente a riesgos extraordinarios, suspendiendo la vigencia de las leyes a las cuales contradicen mientras dure la situación de emergencia. d) Los que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria. 51 . Las instrucciones dictadas por los órganos de la Administración: a) Han de ser publicadas. b) Vinculan directamente a los particulares. c) Su naturaleza jurídica es de acto administrativo. d) Pueden interpretar las leyes o los reglamentos. 52. Las disposiciones reglamentarias se encabezan: a) Con una exposición de motivos, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. b) Con un preámbulo, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. c) Con una exposición motivada, que exprese la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. d) Con unos antecedentes, que expresen la finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se inserta. 53. En cuanto a la forma de las disposiciones reglamentarias, la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, establece: a) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Consejo de Gobierno; de acuerdo si las aprueba el presidente y de orden, en el supuesto de que sea el consejero quién las apruebe. b) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de resolución si las aprueba el consejero. c) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por los consejeros y de orden si las aprueba la presidenta. d) Que las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el presidente, y de orden si son aprobadas por los consejeros. 54. ¿Cómo pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes los órganos administrativos, según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. a) Mediante órdenes de servicio únicamente. b) Mediante instrucciones y resoluciones únicamente. c) Mediante comunicaciones, notas internas e instrucciones. d) Mediante instrucciones y órdenes de servicio. 55. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el acta de la sesión de un órgano colegiado debe incluir. a) Sólo los asistentes y el contenido de los acuerdos adoptados. b) Los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los principales puntos de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. c) Únicamente el orden del día y el contenido de los acuerdos adoptados. d) Sólo los asistentes y circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado. 56. ¿Cómo define el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el portal de Internet?. a) Como aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una administración pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. b) Como aquella sede que permite realizar cualquier acto o actuación de forma íntegra a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo. c) Como aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una administración pública, organismo público o entidades de derecho público que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la correspondiente sede electrónica. d) Como aquella sede virtual cuya titularidad corresponde a una AP organismo público o entidades de derecho público que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la dirección electrónica correspondiente. 57. Señale la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exige, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos. a) Determinación de su forma de integración en la Administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. b) Delimitación de sus funciones y competencias. c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. d) Ubicación geográfica de sus dependencias. 58 De acuerdo con el art. 37.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: a) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si proceden de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. b) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán inaplicar la regulación establecida en una disposición reglamentaria de un órgano inferior. c) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. d) Son anulables la resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. 59 Según el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes actos es nulo de pleno derecho. a) El que se dicte por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. b) El que contenga un defecto de forma. c) El que restrinja derechos de los ciudadanos. d) Todas las respuestas son correctas. 60 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: a) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa deberán ser recurridos en alzada como requisito previo para impugnarlos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. b) Contra los actos firmes en vía administrativa se podrá interponer un recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. c) El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. d) Contra la resolución de un recurso de alzada se podrá interponer un recurso de reposición. 61 Según el art. 58.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se entiende que el consejero es el órgano superior jerárquico: a) De los órganos unipersonales adscritos a la consejería. b) De los órganos directivos adscritos a la consejería. c) De los órganos y unidades administrativos que no dispongan de otro superior jerárquico. d) De los órganos directivos y de los órganos de dirección de los entes del sector público instrumental adscritos a la consejería. 62 Según el art. 75.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse: a) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. b) En la forma que resulte más conveniente para la Administración y atendiendo al interés público. c) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con el horario de atención al público. d) En la forma que resulte más conveniente para el órgano instructor. 63 Según el art. 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando la resolución que ponga fin a los procedimientos de carácter sancionador sea ejecutiva: a) Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. b) Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso ordinario en vía administrativa. c) Se suspenderá cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución definitiva en vía administrativa. d) Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso ordinario en vía administrativa. 64 Según el art. 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las Administraciones Públicas pueden proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos: a) A través de sus órganos competentes, salvo que la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial. b) A través de sus órganos, con la autorización previa del órgano judicial competente. c) A través del órgano judicial competente, con la autorización previa del Consejo de Ministros o del órgano equivalente de las comunidades autónomas. d) A través del órgano judicial competente. 65) Según el art. 101.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se seguirá el procedimiento de apremio: a) Cuando en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida. b) Cuando los actos administrativos impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar. c) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. d) Cuando en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida y se cuente con la oportuna autorización judicial. 66 Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se excluye la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: a) En los casos de fuerza mayor. b) En los casos de emergencia. c) En los casos de daños imprevistos. d) Todas las respuestas son correctas. 67 Según el art. 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos puede surgir la responsabilidad patrimonial del Estado legislador?. a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al ordenamiento jurídico. c) Cuando los daños deriven de la aplicación de una ley o una disposición general contraria al ordenamiento jurídico. d) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho internacional. 68 Según el art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial: a) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. b) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. d) Caduca al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. 69 Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean: a) De cuantía igual o superior a 50.000 euros. b) De cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. c) De cuantía igual o superior a 30.000 euros. d) De cuantía igual o superior a 30.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. 70. Ponen fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, en el ámbito estatal: a) Los actos administrativos de los miembros del Gobierno. b) Los actos emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los cuales son titulares. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 71. Ponen fin a la vía administrativa, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: a) Las resoluciones de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los cuales se refiere el artículo 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b) Las resoluciones de los órganos administrativos que no tengan superior jerárquico, salvo que una ley establezca el contrario. c) Las resoluciones de los procedimientos a los cuales se refiere el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 72. Las leyes pueden sustituir, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: a) El recurso de reposición. b) El recurso de alzada. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Los dos recursos pueden ser sustituidos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien no es la disposición referida la que así lo establece. 73. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, en relación con la interposición de los recursos en vía administrativa, los vicios y los defectos que hagan anulable un acto: a) Pueden ser alegados por todos los interesados. b) No pueden ser alegados por quien los hubieran causado. c) No pueden ser enmendados. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 74. Es causa de no admisión de un recurso, según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: (tema 16). a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente pertenezca a la misma Administración pública. b) Carecer de legitimación el recurrente. c) La ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente. d) El error de la calificación del recurso por parte del recurrente. 75. Señale la respuesta incorrecta. Para el cálculo del valor estimado de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios se tendrán en cuenta, cuando proceda, los siguientes conceptos: a) La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o servicios, distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador. b) Los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, concedidos al concesionario por el poder adjudicador o por cualquier otra autoridad pública, incluida la compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público y subvenciones a la inversión pública. c) El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, procedentes de terceros a cambio de la ejecución de la concesión. d) El precio de la compra de cualquier activo que forme parte de la concesión. 76. De acuerdo con el artículo 145.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los siguientes contratos: a) Aquellos contratos cuyos proyectos o presupuestos hayan podido ser establecidos previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores. b) Cuando el órgano de contratación considere que la prestación es indefinible. c) Aquellos contratos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad contratante materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas. d) Aquellos contratos que no requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución no sea particularmente compleja. 77. De acuerdo con el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta. a) Para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra. b) Para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. c) Para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. d) Todas las respuestas son correctas. 78. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación: a) Es un órgano unipersonal. b) Vela por la correcta interpretación de los pliegos de prescripciones técnicas. c) Actúa en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional. d) Actúa en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines dependiendo del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 79. De acuerdo con el artículo 63.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse en el perfil del contratante al menos la siguiente información. a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente. b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad. d) Todas las respuestas son correctas. 80. Señale cual de las siguientes respuestas es una obligación de los beneficiarios, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: a) Comunicar, en el plazo de 3 meses, al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. b) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso. c) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, durante el plazo de 4 años desde la concesión de la subvención. d) Acreditar en el plazo máximo de un mes después de dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 81. Señale cual de las siguientes respuestas no es una obligación de las entidades colaboradoras, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención. b) Comprobar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión. c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención. d) Resolver el reintegro de los fondos percibidos en caso de incumplimiento de la justificación de aplicación de los fondos o realización de la actividad subvencionada. 82. De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, indique la respuesta correcta en relación a la notificación de la resolución de concesión: a) La resolución debe notificarse individualmente o mediante publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. b) La resolución debe notificarse individualmente, sin estar prevista la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. c) La resolución debe notificarse individualmente y también publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears. d) La resolución debe publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears, sin estar prevista la notificación individual. 83. De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, indique cuál de las siguientes sanciones se aplicará en caso de infracción administrativa muy grave: a) Multa de más del triple al cuádruple de la cantidad obtenida indebidamente. b) Pérdida, durante el plazo de uno a tres años, del derecho a obtener ayudas o subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las entidades de derecho público dependientes. c) Prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma o con las entidades de derecho público dependientes por un plazo de uno a tres años. d) Pérdida, durante el plazo de tres a cinco años, del derecho a ser designados como entidad colaboradora. 84. De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, el plazo de rendición de la cuenta justificativa, si las bases reguladoras no lo preveen: (tema 18). a) Es de seis meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. b) Es de cuatro meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. c) Es de dos meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. d) Es de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. 85. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 2011 denominada Un marco de calidad para los servicios de interés general en Europa, cuáles son las categorías de servicios de interés general: a) Servicios de interés económico general, servicios no económicos y servicios sociales de interés general. b) Servicios de interés económico general y servicios sociales de interés general. c) El concepto de servicio de interés general es único. d) Servicios de interés económico general y servicios no económicos. 86. Los servicios de interés económico general: a) Son servicios básicos que se prestan a cambio de una remuneración. b) Pueden ser prestados por empresarios. c) Están sujetos a las normas europeas de competencia y mercado interior. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 87. Indica cuál o cuáles de las siguientes no es un forma de gestionar indirectamente un servicio público: a) El contrato de servicios a las personas. b) La concesión. c) El contrato de gestión de servicios públicos. d) El concierto. 88. La gestión indirecta de servicios públicos puede llevarse a cabo. a) Mediante un contrato de concesión de servicios. b) Mediante un contrato de servicios que comporte prestaciones directas a la ciudadanía. c) Mediante concierto, gestión delegada u otras modalidades reguladas a la legislación autonómica. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 88. En los contratos de servicios sociales dirigidos a las personas que se lleven a cabo en la comunidad autónoma de las Illes Balears, la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears, establece una solvencia económica y financiera referida al volumen de negocios en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato en relación, como máximo, con los tres últimos ejercicios disponibles, que nunca ha de ser inferior. a) Al 50 % del presupuesto base de licitación. b) Al 50 % del valor estimado del contrato. c) Al 75 % del presupuesto base de licitación. d) Al 75 % del valor estimado del contrato. 89. Son funcionarios interinos: a) Quienes, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal. b) Quienes, por razones expresamente justificadas de necesidad, son nombrados como tales con carácter temporal. c) Quienes, por razones de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal. d) Quienes, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter permanente. 90. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva, las materias siguientes: a) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. d) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se hallarán en situación de servicio activo quienes. a) Quienes presten servicios ocupando un puesto de trabajo en comisión de servicios. b) Quienes sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. c) Quienes sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. declarados. 92. El título III, de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears regula. a) Personal funcionario de carrera y funcionario interino. b) Personal laboral fijo y temporal. c) Personal eventual. d) Todas las anteriores son correctas. 93. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes. a) Podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que podrá determinar el resultado del proceso selectivo. b) Sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. c) La valoración de los méritos es a efectos de establecer el orden de prelación, en ningún caso puede determinar superar el proceso selectivo. d) La valoración de méritos de los aspirantes es para el concurso de provisión de puestos de trabajo, no para el ingreso. 94. Quién en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial: a) El nombramiento y cese tendrán lugar cuando así lo soliciten. b) Su condición no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. c) Le será aplicable el régimen general de los funcionarios interinos. d) Le será aplicable el régimen del personal laboral temporal. 95. El que, en virtud de nombramiento legal, se incorpora a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears mediante una relación profesional de carácter permanente, regulada estatutariamente y sujeta a derecho público, ocupa lugares de trabajo dotados presupuestariamente o se encuentra en alguna de las situaciones administrativas que prevé la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, son. a) El personal funcionario de carrera. b) El personal funcionario de carrera e interino. c) El personal eventual. d) El personal laboral. 96. De acuerdo con la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en relación con la redistribución de efectivos: a) El personal funcionario que ocupe con carácter definitivo puestos de trabajo genéricos puede ser trasladado, por necesidades del servicio, a otros puestos de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y complemento específico, siempre que para la provisión de los puestos mencionados esté previsto el mismo procedimiento y sin que esto suponga cambio de municipio que implique un desplazamiento de más de 20 kilómetros. b) Este traslado tiene carácter definitivo. c) El personal funcionario que ocupe con carácter definitivo puestos de trabajo genéricos puede ser trasladado, por necesidades del servicio, a otros puestos de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y complemento específico, siempre que para la provisión de los puestos mencionados esté previsto el mismo procedimiento y sin que esto suponga cambio de municipio que implique un desplazamiento de más de 30 kilómetros. d) La duración de esta redistribución no puede ser superior a seis meses. 97. De acuerdo con la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en relación con la suspensión de funciones: a) La suspensión definitiva es la que se impone en virtud de condena judicial o de sanción disciplinaria. b) La suspensión provisional acordada en un procedimiento disciplinario no puede exceder los tres meses, excepto en el caso de que el procedimiento se suspenda o se paralice por causa imputable a la persona suspensa. c) La persona suspensa provisionalmente tiene derecho a percibir el sueldo base y, si corresponde, las prestaciones familiares por hijos o hijas a su cargo. d) La condena o la sanción de suspensión determina la pérdida definitiva del destino o del puesto de trabajo ocupado siempre que la sanción sea superior a tres meses y, en todo caso, la privación temporal del resto de los derechos inherentes a la condición de personal funcionario durante el tiempo de la suspensión. 98. De acuerdo con la Ley 14/2014 de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto no financiero, que debe tenerse en cuenta también en la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio siguiente. a) Antes del día 1 de agosto de cada año. b) b) Antes del día 31 de agosto de cada año. c) c) Antes del día 1 de septiembre de cada año. d) Antes del día 30 de septiembre de cada año. 99. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, deben aplicarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento del reconocimiento presupuestario de la obligación los siguientes gastos : a) Las devengadas en ejercicios anteriores, cuando se hayan contabilizado al cierre del ejercicio anterior en la cuenta Acreedores por operaciones devengadas y se imputen al presupuesto corriente antes del último día del mes de enero. b) Las devengadas en el ejercicio inmediatamente anterior aunque no vencen en el ejercicio en curso. c) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma. d) Las devengadas y vencidas en el ejercicio inmediatamente anterior, aunque no se hayan contabilizado al cierre del ejercicio anterior en la cuenta Acreedores por operaciones devengadas. 100. Señala la respuesta correcta: a) Antes de día 1 de agosto de cada año, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto financiero. b) Antes de día 1 de agosto de cada año, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto no financiero. c) Antes de día 31 de agosto de cada año, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto no financiero. d) Antes de día 31 de agosto de cada año, el Consejo de Gobierno debe aprobar el límite máximo de gasto. 101. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma deben contener: a) Los estados de gastos de los entes del sector público administrativo con la correspondiente especificación de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones. b) Los estados de ingresos de los entes del sector público administrativo, que deben comprender las estimaciones de los diversos derechos económicos que deben reconocerse o liquidarse durante el ejercicio y la previsión de endeudamiento. c) Los presupuestos de explotación y de capital de los entes del sector público empresarial y fundacional, con las previsiones correspondientes de los gastos y de los ingresos y variaciones de activos y pasivos del ejercicio. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 102. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: a) La Intervención General y la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Autónoma velarán por el correcto funcionamiento del procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos. b) La Intervención General de la Comunidad Autónoma velará por el correcto funcionamiento del procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos. c) La Intervención General y la Tesorería General de la Comunidad Autónoma deben velar por el correcto funcionamiento del procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos. d) La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Autónoma velará por el correcto funcionamiento del procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos. 103. ¿Cuál es el decreto de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?. a) El Decreto 85/2004, de 27 de agosto. b) El Decreto 75/2004, de 27 de agosto. c) El Decreto 75/2004, de 26 de agosto. d) El Decreto 85/2004, de 26 de agosto. 104. Dentro del control posterior, la auditoría pública puede adoptar la modalidad siguiente: a) Auditoría de regularidad contable. b) Auditoría de cumplimiento. c) Auditoría operativa. d) La auditoría pública debe adoptar cualquiera de las modalidades anteriores, o una combinación de ellas. 105. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de transparencia entre los principios de buena regulación, las administraciones públicas: a) Posibilitarán el acceso a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, pero no se prevé que los potenciales destinatarios puedan tener una participación activa en la elaboración de las normas. b) Posibilitarán el acceso exclusivamente a los procesos de elaboración de las leyes, ya que el acceso a la normativa en vigor se obliga por el principio de seguridad jurídica. c) Posibilitarán el acceso a la normativa en vigor a través de sus paginas web pero no están obligadas a hacerlo en los procesos de elaboración de las leyes. d) Posibilitarán el acceso a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración y posibilitaran que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 106. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene que comunicar las resoluciones de las reclamaciones que dicte. a) Al Defensor del Pueblo. b) Al Gobierno. c) Al Presidente del Gobierno. d) Al Congreso de los Diputados. 107. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, indique cual es la normativa que regula el acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados, en un procedimiento administrativo en curso, a los documentos que se integren en el mismo. a) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. b) La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo. c) La ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. d) La ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears. 108. En relación al derecho de acceso a la información pública, y de acuerdo con lo que prevé la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿Que órgano resuelve actualmente las reclamaciones previstas en el artículo 24 de esta ley?. a) La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública. b) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación del convenio firmado con este ente el 9 de diciembre de 2021. c) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación del contrato firmado con este ente el 9 de diciembre de 2021. d) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en aplicación de la encomienda de gestión firmada con este ente el 9 de diciembre de 2021. 109. ¿Qué objetivos ha tenido el desarrollo del modelo EVAM (evaluación, aprendizaje y mejora)?. a) Promover el proceso de autoevaluación en las organizaciones de las administraciones públicas; y poner a su disposición un instrumento inicial de evaluación para favorecer los primeros pasos en la mejora y en el camino a la Excelencia. b) Suministrar a las organizaciones de las administraciones públicas las metodologías y acciones a seguir que permitan el avance en la mejora de la gestión. c) Llevar a cabo, en su caso,la evaluación externa de las organizaciones que no han iniciado su autoevaluación. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 110. En el ámbito de la evaluación de las políticas públicas, ¿cuáles son las fases del ciclo de vida de una política pública. a) Identificación y definición del problema, formulación de alternativas para resolverlo, adopción de una alternativa, implantación de la alternativa seleccionada, y evaluación de los resultados obtenidos. b) Identificación y definición de la política, formulación de alternativas para resolverla, adopción de una alternativa, implantación de la alternativa seleccionada, y evaluación de los resultados obtenidos. c) Identificación y definición del problema, formulación de alternativas para resolverlo, adopción de una solución, implantación de la solución seleccionada, y revisión de la solución. d) Identificación y definición de la política, formulación de alternativas para resolverla, adopción de una solución, implantación de solución seleccionada, y revisión de la solución. 110. Respecto al concepto de evaluación de políticas públicas, marca la opción incorrecta: a) Se trata de un proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento, a partir de la recopilación, elanálisis y la interpretación de información, encaminado a la comprensión global de una intervención pública -sea ésta una política, un plan, un programa o una norma-, para conseguir un juicio. b) La complejidad y la interconexión de los problemas públicos exigen un abordaje integral tanto de los problemas como de sus soluciones frente a los análisis fragmentados y descontextualizados. c) Las evaluaciones deben abordarse analizando todo el ciclo de la política y contemplando todas las políticas conexas y la complejidad que les afecta. d) La formulación de las políticas públicas se caracteriza por su total racionalidad, con una única interpretación posible y con el gobierno como actor único en la resolución de los problemas públicos. 111. De acuerdo con la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, la Administración de la Comunidad Autónoma y los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears deben impulsar la eficacia y la eficiencia de sus organizaciones mediante la generalización de la implantación de los sistemas de gestión según los estándares reconocidos de calidad, entre los que la Ley menciona: a) Colaboración y alianzas. b) Encuestas. c) Entrevistas. d) Las dos respuestas anteriores son correctas. 112. Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 39 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. a) Si el tamaño de los documentos registrados excede la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros, pueden depositarse en un repositorio de intercambio de ficheros y remitir a la Administración a la que van dirigidos por sistemas de mensajería electrónica. b) Para el Sistema de Interconexión de Registros, la capacidad en cuanto al tamaño de los documentos registrados es ilimitada. c) Si el tamaño de los documentos registrados excede la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros, su envío a la Administración y el órgano al que se dirigen se podrá sustituir por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de archivos. d) Para el Sistema de Interconexión de Registros, existe una limitación de capacidad en el tamaño de los documentos registrados, pero sólo si la Administración a la que van dirigidos no está integrada dentro de la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones). 113. ¿Qué entidad gestiona el Sistema de Interconexión de Registros (SIR)?. a) El Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el órgano de cada Administración responsable en materia de transformación de las entidades registrales.c. b) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. c) El Ministerio de Política Territorial y Función Pública. d) El órgano de cada administración responsable en materia de transformación de las entidades registrales. 114. Indique la respuesta correcta en relación con los canales de atención a la ciudadanía: a) Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una administración pública, organismo o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. b) Los portales de internet deben disponer de sistemas que permitan el establecimiento de medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. c) Los organismos públicos deben contar con un Punto de Acceso General Electrónico (PAGe). d) Todas las respuestas son correctas. 115. ¿Cuál de las siguientes prestaciones no forma parte del conjunto mínimo de prestaciones ofrecidas a la persona usuaria a través del servicio telefónico 012?. a) Información sobre la presentación de quejas o reclamaciones y recepción de sugerencias. b) Atención de consultas sobre el acceso al estado de tramitación de expedientes. c) Recepción de avisos sobre incidencias en el funcionamiento de los servicios públicos. d) Información general sobre el tratamiento administrativo de las cuestiones que se planteen. 116. ¿Quién no podría adherirse al convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears?. a) Las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears. b) Los organismos públicos vinculados o dependientes de las administraciones públicas, siempre que ejerzan potestades administrativas. c) Los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. d) Las entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, en todo caso. 117. Señale la respuesta correcta. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: a) Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia en el ámbito de la actividad de las administraciones públicas y del sector público instrumental. b) Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tienen eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad de las administraciones públicas. c) Los documentos que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad de las administraciones públicas. d) Todas las respuestas son incorrectas. 118. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears utiliza la aplicación informática de gestión de expedientes electrónicos RIPEA, declarada como aplicación de fuentes abiertas. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una garantía que debe ofrecer su licencia?. a) Se debe ejecutar para el propósito específico por el que fue creado. b) Debe permitir conocer su código fuente. c) Se podrá redistribuir a otros usuarios con o sin cambios siempre que la aplicación derivada mantenga ésta y las demás garantías. d) Se debe poder modificar o mejorar. 119. En materia de las licencias que deben utilizarse cuando se declaran aplicaciones como aplicaciones de fuentes abiertas, ¿qué establece el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica?. a) No establece ningún requisito. b) La obligación de usar la licencia Licencia Pública de la Unión Europea. c) La obligación de usar licencias que aseguren que los programas, datos o información que comparten puedan ejecutarse para cualquier propósito. d) La obligación de usar licencias que aseguren que los programas puedan redistribuirse sin cambios, para asegurar que se mantiene el propósito específico por el que fue creado. 120. Indique la respuesta correcta en relación con las acciones del Plan de Igualdad del personal de servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. a) Las acciones programadas tienen un carácter meramente organizacional. b) Las acciones programadas se tienen que ejecutar en su totalidad en cualquier caso. c) Se pueden aprobar nuevas acciones o introducir las modificaciones que se consideren pertinentes si durante la ejecución del Plan la Comisión Técnica lo considera conveniente. d) Se pueden aprobar nuevas acciones que tiene que ratificar el Consejo de Gobierno. 121. ¿Se harán públicos los datos del seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad del personal de servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. a) Sí, para dar transparencia a todo el proceso. b) Sí, aunque solo el informe final. c) No, los resultados son de carácter interno para facilitar la mejora de las políticas de igualdad. d) No, puesto que son datos sensibles que no se pueden publicar. 122. Indique la respuesta incorrecta en relación con el fomento de la igualdad, que regula el artículo 6 de la Ley orgánica1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género: a) Las administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas. b) Las administraciones educativas velarán para que todos los materiales educativos fomenten el igual valor de hombres y de mujeres. c) Las administraciones educativas fomentarán la educación desagregada por sexos. d) Las administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos discriminatorios. 123. En relación al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (anteriormente, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), cuál no es una función de este organismo: a) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales. c) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto en el ámbito nacional como internacional. d) Vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 124. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las mujeres embarazadas tienen derecho. a) A ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para realizar exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, con aviso previo al empresario y justificando la necesidad de hacerlo dentro de la jornada de trabajo. b) A ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración, para realizar exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, con aviso previo al empresario y con la justificación de la necesidad de hacerlo dentro de la jornada de trabajo. c) A ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para realizar exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, sin la obligación de avisar previamente al empresario. d) No tienen derecho a ausentarse del trabajo, para realizar exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. 125. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. a) Tienen prohibido la participación en actividades mercantiles de prevención. b) Pueden ejercer actividades preventivas sólo en casos concretos. c) Ejercen sus funciones de acuerdo con lo establecido en la ley. d) Las mutuas y los servicios de prevención son lo mismo. 126. ¿Qué son los delegados de prevención?. a) Son elegidos en las elecciones sindicales. b) Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. c) Son las personas que realizan las evaluaciones de riesgos laborales. d) Los elige el empresario entre los representantes sindicales. 127. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes (indica la respuesta correcta): a) El tratamiento sea lícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. b) El responsable necesita los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado no los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. c) El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. d) El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable la supresión de los mismos. 128. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos. a) Elaborará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para su aprobación e integración en los Presupuestos Generales del Estado. b) Propondrá su presupuesto al Gobierno para que sea elaborado, aprobado e integrado en los Presupuestos Generales del Estado. c) Propondrá su presupuesto al Ministerio de Justicia para que sea elaborado, aprobado e integrado en los Presupuestos Generales del Estado. d) Elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado. 129. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, una vez interrumpida la prescripción de la infracción por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, se reinicirá el plazo de prescripción. a) Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de nueve meses por causas no imputables al presunto infractor. b) Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de nueve meses por causas imputables al presunto infractor. c) Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. d) Si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas imputables al presunto infractor. 130. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos. a) Deberán encargarle llevar el registro de actividades. b) Deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro de actividades. c) Éste será el responsable de cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro de actividades. d) Éste no tiene competencia ni debe conocer de las adiciones, modificaciones o exclusiones en el contenido del registro de actividades. |