SIMULACRO 1

De acuerdo con el art. 10 de la Constitución española, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán en conformidad: a) Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. b) Con la normativa europea. c) Con los tratados y los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución española, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde: De acuerdo con los tratados internacionales sobre nacionalidades y migración. De acuerdo con lo que la Ley establece. De acuerdo con la normativa civil. De acuerdo con las conexiones sociales o vínculos familiares que el individuo tenga con otros españoles nativos.

Según el artículo 168 de la Constitución española, ¿Cuándo se requiere la disolución inmediata de las Cortes Generales después de la aprobación de una reforma constitucional?. Cuando la reforma afecta al título III. Cuando la reforma afecta al título VIII. Cuando la reforma afecta al título X. Cuando la reforma afecta al título preliminar.

¿En qué título de la Constitución española se establece la mayoría de edad de los españoles?. En el título I. En el título preliminar. En el título IV. En el título III.

Según el artículo 14 de la Constitución española, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna: Por razón de nacimiento, raza, religión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal. Por razón de nacimiento, sexo, raza, opinión, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por razón de nacimiento, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia social. Por razón de religión, raza, nacimiento o cualquier otra condición personal y social.

Según el artículo 168 de la Constitución española, aprobada una reforma total de la Constitución por las Cortes Generales, ¿Qué se requiere para su ratificación?. a) La sanción y promulgación del rey. b) La publicación en el Boletín Oficial del Estado. c) Un referéndum. d) Las respuestas a) i b) son correctas.

Según la Ley 50/2002, de 26 de desembre, de Fundaciones, una fundación es: Una organización constituida sin ánimo de lucro, por voluntad de sus creadores, tiene afectado de manera duradera su patrimonio en la realización de finalidades de interés general. Una organización con ánimo de lucro, por voluntad de sus creadores, tiene afectado de manera duradera su patrimonio en la realización de finalidades de interés particular. Una agrupación de personas, físicas y/o jurídicas con el objetivo de servir a un fin común determinado. Una agrupación de personas, físicas y/o jurídicas que defienden los intereses del su creador con su patrimonio particular.

Es obligatorio que una Fundación lleve la palabra “Fundación” en su nombre oficial?. No. Solo si el nombre puede inducir a confusión. Depende de cada comunidad autónoma. Sí.

¿El patrimonio de la fundación está formado por?. La dotación de una fundación se constituye con donativos. La dotación de una fundación se constituye con el superávit de los negocios propios. Todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación, así como por aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación. La dotación de una fundación no es necesaria.

El objeto de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, es: Desarrollar el derecho de fundación, reconocido en el artículo 34 de la Constitución y establecer las normas de régimen jurídico de las fundaciones que corresponde dictar al Estado, así como regular las fundaciones de competencia estatal. Regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en la misma, en consideración a su función social, actividades y características. Desarrollar el derecho de fundación, reconocido en el artículo 43 de la Constitución y establecer las normas de régimen jurídico de las fundaciones que corresponde dictar al Estado, así como regular las fundaciones de competencia estatal. Regular el régimen contable de las entidades sin fines lucrativos definidas en la misma, en consideración a su función social, actividades y características.

Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde: La primera aprobación de las cuentas anuales. La inscripción en el Protectorado de los miembros del Patronato. La inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones. El alta en Hacienda.

¿Dónde tienen las fundaciones su domicilio estatutario?. En el lugar donde se encuentre la sede de su Patronato. En el lugar en que desarrollen principalmente sus actividades. En el lugar donde se encuentre la sede de su Patronato, o bien en el lugar en que desarrollen principalmente sus actividades. Fuera de España.

Los museos son: las Instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. las Instituciones de carácter temporal que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. las empresas de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. las empresas de carácter temporal que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

¿Podrá La Administración del Estado podrá crear, previa consulta con la Comunidad Autónoma correspondiente, cuantos Museos considere oportunos?. Sí, cuando las necesidades culturales así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros Organismos, Instituciones o particulares. Sí, cuando las necesidades culturales así lo requieran pero contando con siempre con la aprobación de otros Organismos públicos. No, necesita la aprobación del Congreso de los Diputados por mayoría simple, previa consulta con la Comunidad Autónoma correspondiente. No, bajo ninguna circunstancia.

¿Qué museos podrán tener la categoría de Museos Nacionales?. Los Museos de titularidad autonómica que tengan singular relevancia por su finalidad y objetivos, o por la importancia de las colecciones que conservan. Los Museos de titularidad estatal que tengan singular relevancia por su finalidad y objetivos, o por la importancia de las colecciones que conservan. Los Museos de titularidad regional que tengan singular relevancia por su finalidad y objetivos, o por la importancia de las colecciones que conservan. No existe la categoría de Museos Nacionales.

Los Museos Nacionales serán creados a propuesta del Ministro de Cultura e iniciativa del Departamento al que se adscriba orgánicamente el Museo. ¿a través de qué figura?. Ley. Reglamento. Real Decreto. Ninguna de las anteriores.

¿Cómo están constituidas Las colecciones estatales de fondos museísticos?. Por los bienes del Patrimonio Histórico Español pertenecientes a las distintas Comunidades Autónomas. Por los bienes del Patrimonio Histórico Español pertenecientes a la Casa Real y a sus Organismos autónomos asignados a los Museos de titularidad estatal. Por las colecciones del Patrimonio Histórico Español pertenecientes a la Administración del Estado y a sus Organismos autónomos asignados a los Museos de titularidad estatal. Por los bienes del Patrimonio Histórico Español pertenecientes a la Administración del Estado y a sus Organismos autónomos asignados a los Museos de titularidad estatal.

Toda salida de los bienes asignados a un museo de titularidad estatal fuera de las instalaciones del Museo al que están asignados, incluso para participar en exposiciones temporales, deberá ser previamente autorizada mediante: Orden del Ministerio correspondiente. Real Decreto. Informe de la Junta de Evaluación de Museos. Informe del conservador del museo al cual están asignados los bienes.

La delegación legislativa, cuando su objeto sea la formación de textos articulados: Tiene que otorgarse por una ley de bases. Tiene que otorgarse por una ley marco. Tiene que otorgarse por una ley de delegación. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La delegación legislativa, cuando su objeto sea refundir varios textos legales en uno sólo: Tiene que otorgarse por una ley de bases. Tiene que otorgarse por una ley marco. Tiene que otorgarse por una ley ordinaria. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La delegación legislativa tiene que otorgarse en el Gobierno: De forma expresa y para materia concreta. De forma expresa y para materia determinada o determinable. De forma expresa y para materia concreta, con fijación del procedimiento que se tiene que seguir. De forma expresa y para materia concreta, con fijación del plazo para su ejercicio.

La delegación legislativa: No se agota por el uso que haga el Gobierno si la materia todavía no ha sido totalmente reglamentada. Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, salvo que la materia no se hubiera reglamentado completamente. Sí que se agota por el uso que haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, salvo que la materia no se hubiera reglamentado completamente o, incluso en este caso, restara tiempo del plazo fijado por las Cortes para el ejercicio de esta delegación.

En supuestos de delegación legislativa: Es posible la subdelegación. No es posible ninguna subdelegación. Es posible la subdelegación sólo si lo prevé expresamente la ley de delegación. Es posible la subdelegación sólo si lo prevé, expresa o implícitamente, la ley de delegación.

Indica cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta en relación con los reglamentos: El control de las normas reglamentarias dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno de la Nación requiere su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, de Gobierno de las Illes Balears, en casos de urgencia y de forma excepcional, la entrada en vigor de determinados reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno requiere únicamente su publicación en extracto en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Los reglamentos dictados por las entidades locales han de publicarse en el boletín oficial que corresponda.

Según el art. 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos serán motivados: Con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Con extensa referencia a los hechos. Con sucinta referencia a los fundamentos de derecho. Con extensa referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Según el art. 35.1.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, deben ser motivados: Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que se dicten en ejercicio de potestades regladas. Los actos que reconozcan derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos sigan el dictamen de órganos consultivos.

El art. 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que: Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. Los actos administrativos se producirán por escrito o verbalmente, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Los actos administrativos se producirán por escrito o verbalmente, siempre por medios electrónicos.

El art. 36.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal: La constancia del acto se efectuará a través de medios de grabación y difusión. La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. La constancia escrita del acto se efectuará y firmará por la autoridad que emita el acto. La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.

Según el art. 36.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias: Se refundirán en un único acto, acordado por el órgano competente. Podrán refundirse en un único acto, certificado por el funcionario competente. Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente. Se dictarán actos separados, acordados por el órgano competente.

De acuerdo con el art. 37.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si proceden de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán inaplicar la regulación establecida en una disposición reglamentaria de un órgano inferior. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.

Según el art. 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, se excluye del ámbito regulador de esta ley : a) Las prestaciones personales obligatorias. b) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena relación vecinal. c) Las dos respuestas anteriores (a y b) son ciertas. d) Las dos respuestas primeras (a y b) son falsas.

Según el art. 2 del Estatuto de los trabajadores, no son relaciones laborales de carácter especial: La del servicio del hogar familiar. La de los penados en las instituciones penitenciarias. La de los deportistas profesionales. La de los funcionarios públicos al servicio de los ayuntamientos.

Según el art. 3 del Estatuto de los Trabajadores son fondos de la relación laboral: Los convenios colectivos. Las disposiciones legales del estado. Las disposiciones reglamentarias del estado. Las tres respuestas anteriores son correctas.

El Tribunal Supremo: Dispone de una Sala específica para resolver sobre el Derecho Laboral cuando así lo determinen las leyes, concretamente la Sala segunda denominada de *lo social. Dispone de una Sala específica para resolver sobre el Derecho Laboral cuando así lo determinen las leyes, concretamente la Sala cuarta denominada de *lo social. Dispone de una Sala específica para resolver sobre el Derecho Laboral cuando así lo determinen las leyes, concretamente la Sala tercera denominada de *lo social. El Tribunal Supremo nunca se refiere a este Derecho, sino que lo hacen los respectivos Tribunales Superiores de cada Comunidad Autónoma.

El primer estatuto de los trabajadores de la democracia (a partir de 1978 hasta ahora) es del año: 1.978. 1.981. 1.980. 1.979.

El art. 4 del Estatuto de los Trabajadores habla de: Deberes laborales. Derechos laborales. Convenios colectivos de empresa. Ninguna de las respuestas anteriores son ciertas.

El Decreto 12/2014, de 28 de febrero, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (modificado por el Decreto 12/2017 de 31 de marzo), creó: La Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Igualdad y la Comisión de Igualdad. La Comisión Técnica de Evaluación del Plan de Igualdad y la Comisión de Igualdad. La Comisión de Seguimiento de las Políticas de Igualdad. La Comisión de Evaluación de las Políticas de Igualdad.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone un trato no igualitario y no discriminatorio entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone un retroceso en la convivencia en nuestra sociedad. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone un reto importante por nuestra sociedad.

3. Indique la respuesta correcta en relación con las acciones positivas que establece la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Las medidas tienen que ser aplicables en tanto que subsistan las situaciones de desigualdad. Las medidas tienen que ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Todas las respuestas son correctas.

4. Indique la respuesta incorrecta en relación con el fomento de la igualdad, que regula el artículo 6 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género: Las administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas. Las administraciones educativas velarán para que todos los materiales educativos fomenten el igual valor de hombres y de mujeres. Las administraciones educativas fomentarán la educación desagregada por sexos. Las administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos discriminatorios.

Según la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: También se consideran víctimas de violencia las personas que convivan con la víctima. También se consideran víctimas de violencia las personas que tengan parentesco con la víctima. También se consideran víctimas las hijas y los hijos de la madre víctima de la violencia. Sólo se consideran víctimas las mujeres.

Las acreditaciones de víctimas de violencia de género, que regula la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género: Se podrán realizar mediante documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Se podrán realizar mediante declaraciones de otros menores de edad ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se podrán realizar mediante declaraciones de familiares ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las personas menores de edad no pueden ser víctimas de violencia de género.

La normativa sobre prevención de riesgos laborales queda constituida por: Por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y las disposiciones de desarrollo o complementarias. Por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, las disposiciones de desarrollo o complementarias, y las normas internacionales. Por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, disposiciones de desarrollo o complementarias, y todas aquellas otras normas legales o convencionales, que contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales tiene por objeto: Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Promover la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Disponer las medidas preventivas adecuadas a los puestos de trabajo. Establecer la forma de evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo.

Las disposiciones de carácter laboral que contiene la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales tendrán el carácter de: De derecho necesario mínimo indisponible, y pueden ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. De derecho mínimo indisponible, pero no se pueden desarrollar con los convenios colectivos. Carecen de carácter de derecho mínimo. Tienen carácter de máximo derecho.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales es de aplicación en el ámbito de: Policía, seguridad y resguardo aduanero. Las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los trabajadores y en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas. Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales no es aplicable en las actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: Policía, seguridad y resguardo aduanero. Servicios operativos de protección civil, peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Todas las respuestas son correctas.

¿Cuál es la definición de daños derivados del trabajo según la Ley de Prevención de riesgos laborales?. Los problemas de salud relacionados con las condiciones de trabajo. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Cualquier alteración de la salud relacionada, causada o agravada por las condiciones de trabajo. Las lesiones corporales y psíquicas que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los tratamientos de datos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea: Se regirán únicamente por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere. Se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento. Se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

¿A cuál de los siguientes tratamientos de datos no le es de aplicación directa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea?. Tratamiento de datos de alumnos de una Universidad. Tratamiento de datos realizado por empresas de telecomunicaciones. Tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general. Tratamiento de datos realizado por un banco.

Indica cuál de los siguientes no es un derecho digital reconocido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales: Derecho al testamento digital. Protección de datos de personas vulnerables en Internet. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando para el cumplimiento de la obligación de bloqueo, la configuración del sistema de información no permita éste o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado: Se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo. Se procederá a un copiado seguro de la información de modo que se pueda bloquear esta copia. Se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar el correcto tratamiento de los datos. Se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, hasta acreditar el incorrecto tratamiento de los datos.

Indica cuál de las siguientes respuestas no es un principio de la protección de datos de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Exactitud de los datos referida únicamente al momento de su obtención. Deber de confidencialidad de los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Consentimiento de los menores de edad, cuando éstos sean mayores de catorce años.

Indica cuál de las siguientes respuestas no es un principio de la protección de datos de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos). Limitación del plazo de conservación. Responsabilidad proactiva. Exactitud. Integridad y publicidad.