SIMULACRO 1

1. De acuerdo con el art. 10 de la Constitución española, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán en conformidad: a) Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. b) Con la normativa europea. c) Con los tratados y los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

2. De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución española, la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde: a) De acuerdo con los tratados internacionales sobre nacionalidades y migración. b) De acuerdo con lo que la Ley establece. c) De acuerdo con la normativa civil. d) De acuerdo con las conexiones sociales o vínculos familiares que el individuo tenga con otros españoles nativos.

3. Según el artículo 28 de la Constitución española, dentro de la libertad sindical los sindicatos tienen derecho: a) A formar confederaciones. b) A fundar organizaciones sindicales internacionales. c) A afiliarse en organizaciones sindicales internacionales. d) Las respuestas a) b) y c) son correctas.

4. De acuerdo con el artículo 159 de la Constitución española, ¿cuántos miembros propone el Consejo General del Poder Judicial para formar el Tribunal Constitucional?. a) Dos. b) Tres. c) Cuatro. d) Cinco.

5. De acuerdo con el artículo 38 de la Constitución española, se reconoce la libertad de empresa: a) Dentro del marco de la economía general. b) Dentro del marco de la economía de mercado. c) Dentro del marco de la economía pública. d) Dentro del marco de la economía privada.

6. Los cargos públicos del Sistema judicial que no pueden, de acuerdo con el artículo 127 de la Constitución española, ejercer otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o a sindicatos mientras sigan en activo son: a) Solo los jueces. b) Los magistrados y los fiscales. c) Los jueces y los magistrados. d) Los jueces, los magistrados y también los fiscales.

7. Los cargos públicos del Sistema judicial que no pueden, de acuerdo con el artículo 127 de la Constitución española, ejercer otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o a sindicatos mientras sigan en activo son: a) Solo los jueces. b) Los magistrados y los fiscales. c) Los jueces y los magistrados. d) Los jueces, los magistrados y también los fiscales.

8. De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución española, ¿cuál es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia?. a) El ministerio fiscal. b) El ministerio competente en materia de justicia. c) El Consejo General del Poder Judicial. d) El Consejo de Estado.

9. De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución española, ¿quién preside el Consejo General del Poder Judicial?. a) El ministro competente en materia de justicia. b) El presidente del Tribunal Constitucional. c) El presidente de la Audiencia Provincial. d) El presidente del Tribunal Supremo.

10. Según el artículo 57 de la Constitución española, habiéndose extinguido todas las líneas llamadas en derecho: a) El Gobierno convocará un referéndum. b) Las Cortes Generales propondrán un heredero alternativo y se someterá a referéndum. c) El Congreso proveerá a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga al interés general. d) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

11. Según el artículo 103 de la Constitución, se regularán por ley: a) El sistema de compatibilidades de los funcionarios públicos. b) El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y compatibilidad. c) El estatuto de los funcionarios públicos. d) Las peculiaridades del sistema sanitario de los funcionarios públicos.

12. Los Tratados Internacionales son remitidos a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución: a) Por el Presidente del Gobierno. b) Por el Consejo de ministros. c) Por el Presidente del Congreso de los Diputados. d) Por el Rey.

13. El presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer una de las siguientes facultades: a) Interponer recurso de inconstitucionalidad. b) Resolver conflictos de atribuciones entre los diferentes ministerios. c) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de ministros. d) Proponer al rey la convocatoria de referéndum consultivo.

14. No son órganos de colaboración y apoyo al Gobierno, teniendo en cuenta la Ley 50/1997, del Gobierno: a) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. b) Los vicepresidentes. c) Los Secretarios de Estado. d) El Secretariado del Gobierno.

15. La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada: a) Por el presidente del Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Consejo de ministros. b) Por el Consejo de ministros, mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno. c) Por el presidente del Gobierno, mediante Real Decreto. d) Por el Consejo de ministros, mediante Real Decreto.

16. De acuerdo con el artículo 145 de la Constitución española, la federación entre las Comunidades Autónomas: a) No se prevé en la Constitución. b) Requiere ley orgánica y autorización previa por las Cortes Generales. c) Solo puede existir para la prestación de servicios propios de las Comunidades. d) No se admitirá en ningún caso.

17. Según el artículo 153 de la Constitución española, el control sobre los aspectos económicos y presupuestarios de los órganos de las comunidades autónomas lo ejerce: a) El Tribunal de Cuentas. b) El ministerio competente en materia de economía y hacienda. c) La consejería competente en materia de hacienda de la propia comunidad autónoma. d) La Intervención General del Estado.

18. De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución española, las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a algunas de las comunidades autónomas la facultad: a) De modificar, para ellas mismas, normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. b) De dictar, para ellas mismas, normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. c) De anular, para ellas mismas, normas legislativas fijadas dentro del marco de los principios, bases y directrices por una ley orgánica. d) De dictar, para ellas mismas y todas las comunidades limítrofes y similares cultural e históricamente, normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley orgánica.

19. De acuerdo con el artículo 152 de la Constitución española, la organización institucional autonómica se basará: a) En una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente. b) En un consejo de gobierno y su presidente. c) En una asamblea legislativa elegida por sufragio cualificado y un consejo de gobierno. d) En un consejo de gobierno, diputaciones provinciales y ayuntamientos.

20. Según el artículo 158 de la Constitución española, en los presupuestos generales del Estado se podrá establecer una asignación a las comunidades autónomas en función: a) Del volumen de los servicios y de las actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. b) Del volumen de los servicios que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en el territorio de la propia Comunidad autónoma. c) De la amplitud del territorio de la Comunidad y el volumen de actividades y servicios estatales que hayan podido asumir. d) De la amplitud territorial y ciudadana de la Comunidad, su nivel económico y el volumen de servicios estatales que haya asumido.

21. De acuerdo con el artículo 254 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la duración del mandato del presidente del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es: a) De tres años, no renovable. b) De tres años, renovable. c) De dos años, renovable. d) De dos años, no renovable.

22. ¿Cuál de las siguientes no es una función del presidente de la Comisión?. a) Definir las orientaciones de acuerdo con las que la Comisión desempeña sus funciones. b) Presidir el Consejo de Asuntos Exteriores. c) Determinar la organización interna de la Comisión y velar por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación. d) Nombrar a vicepresidentes, distintos del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre los miembros de la Comisión.

23. ¿Cuándo publica la Comisión un informe general sobre las actividades de la Unión?. a) Cada año al menos un mes antes de la apertura del período de sesiones del Parlamento Europeo. b) Cada año al menos dos meses antes de la apertura del período de sesiones del Parlamento Europeo. c) Cada año con una antelación de un mes y medio antes de la apertura del período de sesiones del Parlamento Europeo. d) Cada año al menos tres meses antes de la apertura del período de sesiones del Parlamento Europeo.

24. La Gran sala del Tribunal de Justicia está compuesta: a) Por quince jueces. b) Por doce jueces. c) Por cinco jueces. d) Por siete jueces.

25. Según el Tratado de Lisboa, ¿cuál de las siguientes es competencia exclusiva de la Unión Europea?. a) Política monetaria de los Estados miembros con moneda euro. b) Medio ambiente. c) Redes transeuropeas. d) Cohesión económica, social y territorial.

26. La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de autonomía de las Illes Balears consta de: a) Un preámbulo,diez títulos y disposiciones. b) Una exposición de motivos, un preámbulo, ocho títulos y disposiciones. c) Una exposición de motivos, un preámbulo, nueve títulos y disposiciones. d) Una exposición de motivos, un preámbulo, nueve títulos y una disposición final.

27. ¿Qué título del Estatuto de autonomía de las Illes Balears regula la materia sobre financiación y hacienda?. a) El título V. b) El título VI. c) El título VII. d) El título VIII.

28. ¿Cuántas reformas han modificado el Estatuto de autonomía de las Illes Balears hasta el día de hoy?. a) Una. b) Dos. c) Tres. d) Cuatro.

29. Según el artículo 30 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la competencia exclusiva en materia: a) De protección Civil. b) De agencias de Transporte. c) De pesos y medidas. d) De publicidad, sin perjuicio de la Legislación mercantil.

30. Según el artículo 39 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears ,el sistema institucional autonómico está integrado: a) Por el Parlamento, el Gobierno y el presidente de la comunidad autónoma. b) Por el Parlamento, el Gobierno y los consejos insulares. c) Por el Parlamento, el Gobierno, los consejos insulares y los ayuntamientos. d) Por el Parlamento, el Gobierno ,el presidente de la comunidad autónoma y los consejos insulares.

31. Pueden ser elegidos diputados del Parlamento de las Illes Balears: a) Los ciudadanos españoles mayores de edad residentes en las Islas Baleares, inscritos en el censo electoral y en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. b) Los ciudadanos españoles mayores de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. c) Los ciudadanos españoles mayores de edad, inscritos en el censo electoral y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. d) Los ciudadanos españoles mayores de edad residentes en las Islas Baleares, inscritos en el censo electoral.

32. En cumplimiento de su función fiscalizadora, la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears debe verificar el sometimiento de la actividad económico-financiera de los sujetos incluidos en su ámbito de actuación a los principios: a) De legalidad, eficacia, eficiencia y economía. b) De legalidad, eficiencia y economía. c) De legalidad, eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia y economía. d) De legalidad, publicidad, igualdad, eficacia, y economía.

33. Indique la respuesta incorrecta. No entran dentro del ámbito de aplicación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares: a) Los diputados en el Congreso. b) El personal eventual de los consejos insulares. c) Las personas titulares de los órganos directivos de la Universidad de las Illes Balears. d) Las personas titulares de los órganos directivos de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

34. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares depende orgánicamente: a) Del Parlamento de las Illes Balears. b) De la Presidencia de las Islas Baleares. c) Del consejero competente en materia de transparencia. d) De la Sindicatura de Greuges.

35. El presidente de las Illes Balears recibe el tratamiento de: a) Señor. b) Honorable. c) Muy Honorable. d) Ilustrísimo.

36. En el Gobierno de las Illes Balears, por ser consejeros, además de ser mayor de edad y disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, se requiere: a) Tener la nacionalidad española y no estar inhabilitado para el ejercicio de cargo u empleo público por sentencia firme. b) Tener la nacionalidad española, ser diputado del Parlamento y no estar inhabilitado para el ejercicio de cargo u empleo público por sentencia firme. c) Estar empadronado en las Illes Balears y no estar inhabilitado para el ejercicio de cargo u empleo público por sentencia firme. d) Tener la nacionalidad española y estar empadronado en las Illes Balears.

37. Los principios y las reglas de actuación del gobierno en funciones los regula: a) El capítulo V del título II de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. b) El capítulo IV del título II de la Ley 2/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. c) El capítulo V del título III de la Ley 1/2019, de 31 de enero, de régimen jurídico del Gobierno de las Illes Balears. d) El capítulo V del título I de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.

38. Corresponde al presidente de las Illes Balears: a) Resolver los conflictos de atribuciones entre consejerías. b) Establecer la política general de la comunidad autónoma. c) Solicitar que el Parlamento de las Illes Balears se reúna en sesión extraordinaria. d) Ejercitar acciones judiciales y desistir de las mismas.

39. Indique la respuesta incorrecta. Los consejeros del Gobierno de las Illes Balears cesan por alguna de las siguientes causas: a) La ausencia temporal. b) La decisión del presidente. c) La dimisión. d) La incapacidad en el ejercicio de su cargo declarada por sentencia firme.

40. Los consorcios del sector público institucional pueden llevar a cabo actividades: a) De fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y todas las demás que estén previstas en las leyes. b) De fomento, o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes del sector público instrumental fundacional. c) Prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. d) De fomento, prestacionales y de gestión común de servicios públicos.

41. Los organismos públicos del sector instrumental autonómico se clasifican: a) En organismos autónomas y entidades públicas empresariales. b) En organismos autónomos y consorcios. c) En organismos autónomos, entidades públicas empresariales y consorcios. d) En organismos autónomas y agencias públicas.

42. La Mesa General del Sector Público Instrumental Autonómico se constituye como órgano: a) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. b) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental empresarial autonómico. c) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental empresarial y fundacional autonómico. d) De desarrollo de las condiciones de trabajo comunes que puedan afectar al personal del conjunto de los entes del sector público instrumental administrativo y empresarial autonómico.

43. Los entes incluidos en el sector público instrumental autonómico están sometidos al control: a) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la conserjería de adscripción. b) De eficacia y eficiencia, que deben ejercer conjuntamente la consejería de adscripción y la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. c) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la conserjería competente en materia de hacienda y presupuestos. d) De eficacia y eficiencia, que debe ejercer la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears.

44. Indique la respuesta incorrecta: a) Los entes del sector público instrumental autonómico deben aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma. b) Las cuentas anuales de los entes del sector público instrumental autonómico deben enviarse a la Intervención General en los diez días posteriores a su formulación ya su aprobación. c) Los entes que conforman el sector público instrumental autonómico quedan sometidos al control de la Intervención General. Los entes que conforman el sector público instrumental autonómico deben formular, aprobar y enviar a la Intervención General, junto con las cuentas anuales, una liquidación de su presupuesto.

45. La extinción por desistimiento del empresario de los contratos de alta dirección de los entes del sector público instrumental autonómico da lugar, en su caso, a una indemnización no superior: a) A siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. b) A diez días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. Son siempre vinculantes. c) A siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de diez mensualidades. d) A doce días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades.

46. La delegación legislativa se puede llevar a cabo: a) En el Gobierno. b) En el Gobierno o a su presidente. c) En el Gobierno, a su presidente y a los ministros. d) En el Gobierno y a los ministros, en asuntos propios de su ministerio.

47. En supuestos de delegación legislativa: a) Es posible la subdelegación. b) No es posible ninguna subdelegación. c) Es posible la subdelegación sólo si lo prevé expresamente la ley de delegación. d) Es posible la subdelegación sólo si lo prevé, expresa o implícitamente, la ley de delegación.

48. La iniciativa legislativa popular no es procedente: a) Respecto a la prerrogativa de gracia. b) En materias de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

49. El Consejo de Ministros aprueba: a) Los proyectos de ley. b) Las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan en el Gobierno. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50. Los reglamentos son disposiciones normativas: a) De carácter general. b) De rango inferior a la ley. c) Que emanan del poder ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

51. Señala la respuesta correcta en relación con el reglamento: a) Los decretos legislativos son reglamentos. b) El reglamento es controlable por el poder judicial. c) El reglamento puede dejar sin efecto una ley o contradecirla. d) El reglamento puede suplir a la ley en los casos recogidos en la Constitución.

52. Los reales decretos son: a) Una manifestación de la potestad reglamentaria del Gobierno. b) Una norma con rango de ley del Gobierno que requiere autorización de las Cortes Generales. c) Una norma con rango de ley del Gobierno que se dicta en supuestos de urgente necesidad. d) Una disposición administrativa de carácter general emanada de un ministerio.

53. ¿Es posible que en la resolución iniciadora de un procedimiento para la elaboración de disposiciones reglamentarias se encomiende la adopción de medidas provisionales?. a) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. b) No, las medidas excepcionales sólo pueden establecerse en el seno del procedimiento administrativo común que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, iniciado a instancia del interesado. c) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que prevé establecerse. d) Si, excepcionalmente puede encomendarse al órgano competente por razón de la materia que adopte motivadamente las medidas provisionales que considere adecuadas y necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que se prevé establecer, sin que sea necesario dar audiencia previa a las personas directamente afectadas.

54. Indique la respuesta correcta en relación con los convenios. Según el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: a) No pueden ser formalizados con sujetos de derecho privado. b) No pueden tener efectos jurídicos frente a terceros. c) Pueden tener prestaciones propias de los contratos. d) No pueden tener prestaciones propias de los contratos.

55. Los convenios suscritos entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma administración pública son: a) Convenios interadministrativos. b) Convenios que pueden ser firmados además con un sujeto de derecho privado. c) Convenios intraadministrativos. d) Convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma y la Administración local.

56. Señale la respuesta incorrecta en relación con la suplencia prevista en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: a) Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo será ejercida por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. b) La suplencia no implica alteración de la competencia. c) Los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. d) Para su validez es necesaria la publicación.

57. ¿Qué debe hacer el órgano administrativo que se considere incompetente para la resolución de un asunto?. a) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente y notificar esta circunstancia a los interesados. b) Remitir a través de un jerárquico superior las actuaciones al órgano que considere competente. c) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a los interesados. d) Dictar una resolución en la que se declare incompetente y notificarla a los interesados.

58. Según el art. 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos serán motivados: a) Con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. b) Con extensa referencia a los hechos. c) Con sucinta referencia a los fundamentos de derecho. d) Con extensa referencia de hechos y fundamentos de derecho.

59. De acuerdo con el art. 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el interesado ha sido notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación: a) La que resulte más favorable para el interesado. b) La que se haya producido en último lugar. c) La que determine el interesado. d) La que se haya producido en primer lugar.

60. De acuerdo con el art. 115.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la interposición de un recurso no hay obligación de expresar: a) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. b) Los plazos de resolución del recurso. c) El órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. d) El lugar, fecha y firma del recurrente.

61. Según el art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición: a) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. b) En el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que hayan transcurrido tres meses desde que se inició el procedimiento. d) En el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

62. Según el art. 60.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se entiende por orden superior: a) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. b) La emitida por por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el procedimiento. c) El acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

63. El porcentaje de reducción de la sanción previsto en el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: a) Solamente podrá ser incrementado mediante una ley sectorial específica. b) No podrá ser incrementado. c) Podrá ser incrementado reglamentariamente. d) No podrá ser incrementado reglamentariamente.

64. ¿En cuál de los supuestos siguientes puede imponerse la multa coercitiva según el art. 103.1, letra b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?. a) Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. b) En los actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar. c) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. d) En los actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.

65. Según el art. 52 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las medidas de ejecución previstas en los acuerdos y las resoluciones: a) Deberán ser ordenadas por el superior jerárquico del órgano que las hubiera dictado. b) Deberán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado. c) Podrán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado. d) Podrán ser ordenadas por el mismo órgano que las hubiera dictado o por el órgano superior jerárquico.

66. Según el art. 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando: a) No esté prohibida por una norma con rango de Ley. b) Haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley. c) Haya sido expresamente reconocida por una norma de rango legal o reglamentario. d) No esté prohibida por una norma de rango legal o reglamentario.

67. Según el art. 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los supuestos de responsabilidad patrimonial el daño alegado debe ser: a) Efectivo y evaluable económicamente. b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. c) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado. d) Efectivo, material, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

68. ¿Cuál de los siguientes criterios de cuantificación de la sanción no se cita en el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, relativo a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?. a) El resultado dañoso producido. b) El grado de culpabilidad. c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. d) La reiteración.

69. Según el art. 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario que la resolución se pronuncie sobre: a) La valoración del daño causado, cuando proceda. b) La cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda. c) La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. d) Todas las respuestas son correctas.

70. El plazo para la interposición de un recurso extraordinario de revisión es de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada cuándo: a) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. b) Al dictar el acto se haya incurrido en error de derecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. c) Al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho o de derecho, que resulte de los mismos documentos incorporados en el expediente. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

71. ¿En qué motivos hay que fundamentar la interposición de un recurso administrativo?. a) Exclusivamente en un motivo de nulidad. b) Exclusivamente en un motivo de anulabilidad. c) En cualquier motivo de nulidad o anulabilidad. d) En cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo los defectos de forma.

72. Transcurrido el plazo para resolver y notificar el recurso extraordinario de revisión desde su interposición sin que se haya dictado y notificado la resolución, el recurso: a) Se tiene que entender desestimado. b) Se tiene que entender estimado. c) Se tiene que entender desestimado, y queda expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. d) Se tiene que entender caducado.

73. Según lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, la ejecución del acto impugnado se tiene que entender suspendida si el órgano a quien compite resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa a tal efecto: a) Si transcurridos sesenta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la solicitud, este no ha dictado resolución expresa sobre este aspecto. b) Si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya sido tomada en consideración por el órgano competente para decidir sobre la solicitud, este no ha dictado resolución expresa sobre este tema. c) Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la solicitud. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

74. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, cuando se tenga que resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se haya interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio: a) El órgano judicial puede acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial. b) El órgano administrativo puede acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial. c) El órgano judicial tiene que decretar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial. d) El órgano administrativo tiene que acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga un pronunciamiento judicial.

75. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto: a) Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. b) Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la formalización del contrato a su favor. c) Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la publicación del contrato a su favor. d) Sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la disposición del gasto del contrato a su favor.

76. De acuerdo con el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación: a) El desistimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. b) El desistimiento impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. c) El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

77. De acuerdo con el artículo 183 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son concursos de proyectos: a) Los procedimientos encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado. b) Los procedimientos encaminados a la obtención de pliegos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado. c) Los procedimientos encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un comité de expertos. d) Los procedimientos encaminados a la obtención de pliegos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado.

78. De acuerdo con el artículo 206 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los supuestos de modificación del contrato por causas no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán: a) Optativas para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido. b) Obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 30 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. c) Obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. d) Optativas para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 30 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido.

79. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de las mismas que deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes: a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales. b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. c) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. d) Todas las respuestas son correctas.

80. ¿Cual de estas aportaciones dinerarias no quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones?. a) Los premios que se otorguen con la previa solicitud del beneficiario. b) Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. c) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos. d) Las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa.

81. De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, ¿qué indica en relación al concurso?. a) El concurso es la única vía de selección de los beneficiarios. b) El concurso constituye la vía ordinaria de selección de los beneficiarios. c) El concurso no constituye una vía de selección de los beneficiarios. d) El concurso constituye la vía extraordinaria de selección de los beneficiarios.

82. De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de la justificación general de la aplicación de fondos: a) Debe aportarse escritura pública de compra-venta para garantizar el valor del inmueble. b) Debe aportarse inscripción en el registro de la propiedad para garantizar el valor del inmueble. c) Debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. d) Debe aportarse, como mínimo, una opción de compra del inmueble.

83. De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, indique cuál de las siguientes respuestas no indica un posible infractor en materia de subvenciones: a) Las entidades colaboradoras. b) Los beneficiarios de subvenciones. c) Las personas o entidades, relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a prestar la colaboración. d) Las personas sin capacidad de obrar.

84. De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, cuál de las siguientes circunstancias no se considerarán para la graduación de las sanciones: a) Cuantía del beneficio obtenido ilícitamente. b) Reincidencia de la conducta infractora. c) Repercusión social de la infracción. d) Intencionalidad del infractor.

85. ¿Cuáles son, según la doctrina clásica, las formas de acción administrativa?. a) La actividad de fomento, la de policía, la de contratación y la de servicio público. b) La actividad de fomento y la de servicio público. c) La actividad de fomento, la de policía y la de servicio público. d) La actividad contractual, la de policía y la de servicio público.

86. La Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, dispone que los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad: a) No pueden prestarse por gestión indirecta, excepto que se preste mediante sociedad mercantil de capital mixto. b) No pueden prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local. c) Se pueden prestar indirectamente mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

87. ¿Cuál o cuáles de los servicios siguientes pueden ser objeto de concierto, de acuerdo con la Ley 1272018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears?. a) Los servicios administrativos de administración general. b) Los servicios de inserción laboral. c) Los servicios de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

88. ¿En qué casos la Administración puede acordar el secuestro o la intervención del servicio público gestionado por un contratista de un servicio de prestaciones directas a favor de la ciudadanía?. a) Cuando por causas ajenas al contratista se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio. b) Cuando a causa del incumplimiento por parte del contratista se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decide resolver el contrato. c) Cuando por causas ajenas al concesionario se derive una perturbación muy grave y no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decide resolver el contrato. d) El secuestro es aplicable a las concesiones, no al contrato de servicios que comporten prestaciones directas a favor de la ciudadanía.

89. El contrato de concesión de servicios: a) Supone la gestión directa de un servicio público por parte de la Administración mediante un empresario intermediario. b) Puede suponer la gestión indirecta de un servicio público. c) Supone siempre la gestión indirecta de un servicio público. d) No puede gestionar en ningún caso un servicio que implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, salvo que lo autorice una ley.

90. El estatuto básico del empleado público no se aplica al personal funcionario: a) De las Universidades Públicas y los centros de enseñanza sostenidos total o parcialmente con fondos públicos. b) De las Administraciones de las entidades locales. c) De los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. d) De los cuerpos de Policía Local.

91. Serán objeto de negociación colectiva, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: a) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. b) Los planes de Previsión Social Complementaria. c) La regulación del ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios públicos. d) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización salvo las que afecten a la puesta en funcionamiento del transporte por tranvía, que se hará de acuerdo con lo que disponga el comité de empresa de la empresa pública correspondiente.

92. Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares: a) Al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. b) Al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del séptimo. c) Los días adicionales de permiso por asuntos particulares los establece el Estado. d) Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares en el momento de cumplir el trienio que consideren oportuno, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

93. Queda excluido de la aplicación de la ley de función pública de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears el siguiente personal: a) Personal del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social. b) Personal de la Sindicatura de Greuges y de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears. c) Personal de las universidades públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que no forme parte de los cuerpos docentes e investigadores. d) Personal de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.

94. El capítulo I del título II, de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears regula: a) Los entes competentes en materia de función pública. b) Órganos competentes en materia de función pública. c) La escuela balear de administración pública. d) Órganos y entes competentes en materia de función pública.

95. La Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, es de aplicación, con las especificidades derivadas de la organización propia, al personal siguiente: a) Personal laboral propio de las empresas públicas. b) Personal del Parlamento de las Illes Balears. c) Personal del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social. d) Personal de la Sindicatura de Greuges y de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears.

96. De acuerdo con la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en relación con el grado personal: a) Todas las respuestas son correctas. b) La modalidad de adquisición es por nuevo ingreso, por consolidación, por la ocupación de puestos de trabajo de nivel superior y por la superación de cursos y procedimientos de evaluación del desempeño. c) Si durante el tiempo en que el personal funcionario ocupa un puesto de trabajo se modifica el nivel de clasificación, el tiempo de ocupación ha de computarse como del nivel más alto. d) El grado personal superior al adquirido se consolida por la ocupación de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

97. De acuerdo con la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, los principios del régimen disciplinario son los siguientes: a) Principios de legalidad y tipicidad. b) Principios de irretroactividad y de proporcionalidad. c) Todas las respuestas son correctas. d) Principio de responsabilidad y de non bis in ídem.

98. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el presupuesto general de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: a) Tiene carácter bianual, es único y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de todos los gastos y de todos los ingresos de las instituciones que constituyen el sector público. b) Tiene carácter anual, es único y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de todos los gastos de las instituciones que constituyen el sector público autonómico. c) Tiene carácter bianual, es único y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de todos los gastos de las instituciones, organismos, entidades y empresas que constituyen el sector público autonómico. d) Tiene carácter anual, es único y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de todos los gastos y de todos los ingresos de las instituciones, organismos, entidades y empresas que constituyen el sector público autonómico.

99. Señale la respuesta incorrecta. En relación con las ampliaciones de crédito: a) Con carácter general, las ampliaciones de crédito deben financiarse con cargo al fondo de contingencia, de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, o, cuando se trate de gastos no discrecionales o que se hubieran podido prever en el momento de la elaboración de los presupuestos, con la baja en otros créditos de gastos del presupuesto no financiero. b) En el caso particular de ampliaciones de créditos destinadas a amortizar anticipadamente deuda viva por aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley orgánica 2/2012, la ampliación se realizará con cargo al remanente de tesorería positivo no afectado y por la cuantía que corresponda al superávit presupuestario del ejercicio inmediatamente anterior. c) No podrán ampliarse créditos previamente minorados, a excepción de los relativos al endeudamiento. d) La tramitación de las ampliaciones de crédito requiere la previa autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.

100. La financiación de los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para hacer frente a operaciones no financieras: a) Se realizará preferentemente mediante la aplicación del fondo de contingencia. b) Se hará excepcionalmente con endeudamiento a largo plazo o con la baja en otros créditos de carácter financiero. c) Se hará preferentemente mediante ingresos financieros nuevos o superiores efectivamente recaudados. d) Se realizará excepcionalmente con endeudamiento a largo plazo o con la baja en créditos de carácter no financiero.

101. Para la financiación de los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos de operaciones financieras puede acudirse: a) Al endeudamiento a largo plazo y a medio plazo. b) A la baja en otros créditos de la misma naturaleza. c) A los ingresos financieros nuevos o superiores efectivamente recaudados de carácter no finalista, siempre que, en este último caso, en el expediente que se tramite se acredite, mediante informe de la dirección general competente en materia de presupuestos, que los ingresos ordinarios de carácter no finalista se recaudan con normalidad. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

102. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la gestión del presupuesto de gastos comprende: a) Las fases de autorización y disposición del gasto. b) Las fases de autorización, disposición del gasto y ordenación del pago. c) Las fases de autorización y reconocimiento de la obligación. d) Las fases de autorización del gasto, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago.

103. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el gasto acumulado imputado a cada uno de los ejercicios futuros, incluido el gasto no sujeto a limitaciones o para el cual se haya exceptuado la aplicación de estas limitaciones no podrá exceder de la cuantía que resulte de aplicar los siguientes porcentajes sobre el crédito definitivo del capítulo del presupuesto corriente correspondiente a la sección presupuestaria de que se trate: a) En el ejercicio inmediato siguiente, el 85%; en el segundo ejercicio, el 75%; en el tercer y cuarto ejercicio, el 65%. b) En el ejercicio inmediato siguiente, el 85 %; en el segundo ejercicio, el 75%; en el tercer y cuarto ejercicio, el 65%; y en el quinto, el 55%. c) En el ejercicio inmediato siguiente, el 85%; en el segundo ejercicio, el 75%; y en el tercer ejercicio, el 55%. d) En el ejercicio inmediato siguiente, el 85%; y en el segundo ejercicio, el 65%.

104. Señale la respuesta incorrecta. Sólo se pueden autorizar y comprometer gastos de carácter plurianual en los casos en que el objetivo sea financiar las actividades o actuaciones inherentes a los siguientes gastos y siempre que la ejecución de estas actividades o actuaciones se inicie dentro del ejercicio presupuestario en el que los gastos sean autorizados: a) Inversiones reales, y transferencias y subvenciones corrientes y de capital. b) Gastos derivados de contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público, siempre que el plazo de un año no pueda estipularse o resulte antieconómico para la Comunidad Autónoma. c) Arrendamiento de bienes muebles. d) Cargas financieras derivadas del endeudamiento.

105. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué entidades privadas están obligadas a publicar de forma periódica y actualizada la información, cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad?. a) Las que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. b) Las que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 10.000 euros. c) Las que perciban durante el período de tres años ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. d) Las que perciban durante el período de tres años ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 10.000 euros.

106. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cómo denomina a los dos tipos de transparencia que regula?. a) Publicidad activa y derecho de solicitud de la información pública. b) Publicidad informativa y derecho de acceso a la información pública. c) Publicidad informativa y derecho de solicitud de la información pública. d) Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.

107. De acuerdo con la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, en relación a la publicidad activa de la contratación pública, cada órgano de contratación, una vez adjudicado el contrato,¿que información publicará en el “Perfil del contratante”?. a) El órgano de contratación. b) El procedimiento de contratación utilizado. c) Las modificaciones del contrato adjudicado que representen un incremento igual o superior al 25% del precio inicial del contrato, si procede. d) Los criterios de adjudicación y su ponderación.

108. ¿Cuál de las siguientes no es una actividad, de acuerdo con la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, que se deban llevar a cabo para conseguir el objetivo de garantizar la transparencia del “Gobierno abierto”?. a) Informar de forma clara y comprensible de los servicios, planes, programas y actividades que desarrollen. b) Facilitar la rendición de cuentas. c) Implantar mecanismos y espacios para escuchar a los ciudadanos, aprovechando sobre todo las nuevas tecnologías. d) Garantizar la apertura y la publicitación de estadísticas y datos públicos en formatos no reutilizables.

109. Según la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, la Administración de la comunidad autónoma y los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears deben impulsar la eficacia y eficiencia de sus organizaciones mediante la generalización de la implantación de los sistemas de gestión según los estándares reconocidos de calidad, entre los que la Ley establece: a) Grupos de discusión. b) Estudio del clima laboral y de las opiniones de los empleados. c) Cliente misterioso. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

110. ¿Qué es el modelo CAF (common assessment framework, marco común de evaluación)?. a) Es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado por y para el sector público; es de pago, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento; ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas a nivel nacional/federal, regional/autonómico y local. b) Es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado por y para el sector público; es gratuito y de acceso público, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento; ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas a nivel nacional/federal, regional/autonómico y local. c) Es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado por y para el sector privado; es de pago, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento; ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas a nivel nacional/federal, regional/autonómico y local. d) Es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, desarrollado por y para el sector privado; es gratuito y de acceso público, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento; ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas a nivel nacional/federal, regional/autonómico y local.

111. Dentro del ámbito de la evaluación de la calidad de los servicios públicos, el grupo de discusión: a) Es una técnica que consiste en observar el servicio objeto de estudio desde la óptica de quienes lo utilizan. Después de establecer los criterios a tener en cuenta en la observación (protocolo de observación), será necesario registrar la información obtenida para su posterior análisis. b) Es una técnica de investigación que también puede ser útil para la recogida de información sobre el funcionamiento de los servicios. Se desarrolla a través de una conversación con el usuario y se utiliza para recabar información cualitativa. c) Es una reunión en la que participan entre 8 y 10 personas y en la que se pretende obtener información a través del debate espontáneo sobre la percepción del servicio objeto de análisis. Pueden llevarse a cabo bien entre las personas usuarias del servicio o entre los llamados empleados frontera. d) Es un procedimiento estandarizado que consiste en realizar una serie de preguntas idénticas y por el mismo orden a cada uno de los individuos seleccionados en la muestra.

112. Dentro del ámbito de la evaluación de la calidad de los servicios públicos, señale qué fase no forma parte del desarrollo de una entrevista: a) Apertura: El objetivo de esta fase es crear un ambiente agradable y conseguir la colaboración de la persona entrevistada. b) Cierre: En esta fase de la entrevista se aprovecha para hacer un repaso general de la información que ha sido facilitada por el entrevistado, a fin de detectar lagunas en esta información. Además, se debe ofrecer al entrevistado la oportunidad de facilitar opiniones espontáneas. c) Cuerpo: Tan pronto como la conversación fluya con facilidad es el momento de empezar la entrevista en sí misma. En esta fase se produce la verdadera conversación, y se deben tratar los puntos previamente preparados. d) Preapertura: En esta fase el objetivo es planificar y hacerse un guion de la entrevista, y estudiar la información que se tiene de la materia objeto.

113. En materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, señale la respuesta incorrecta en relación con el registro electrónico: a) Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán ser plenamente interoperables de forma que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 60 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. b) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que hará el asiento de cualquier documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente. c) Los organismos públicos y entidades de derechos público vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan. d) Los registros electrónicos admitirán documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con cualquier formato.

114. En el caso de las personas físicas, ¿pueden los ministerios de la Administración general del Estado establecer la obligación de realizar los trámites electrónicamente en determinados procedimientos?. a) Sí, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros u orden ministerial. b) Sí, mediante resolución de la persona titular del ministerio correspondiente por razón de la materia. c) Sí, en los términos indicados en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

115. Indique la respuesta correcta. Cuando se presenta un documento ante una oficina de asistencia en materia de registros (OAMR): a) Se realizará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También se anotará la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. b) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También podrá anotarse la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. c) Se realizará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También se anotará la salida de documentos oficiales dirigidos a particulares. d) Todas las respuestas son incorrectas.

116. ¿Cuál de estas funciones no está asignada a las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAMR)?. a) La anotación de los asientos de salida de los documentos. b) La anotación de los documentos en el registro electrónico. c) La identificación o la firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona física. d) Todas son funciones de las OAMR.

117. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera un agente que participa en los intercambios intermediados de datos entre Administraciones Públicas?. a) El cedente. b) El emisor. c) El cesionario. d) El receptor.

118. En relación con la aportación de documentos por parte de los interesados en el procedimiento administrativo: a) Los interesados pueden aportar cualquier otro documento que estimen conveniente, aparte de tener que aportar los documentos exigidos por la normativa aplicable. b) Los ciudadanos que soliciten una subvención en el marco de una convocatoria establecida por la Administración deben aportar los documentos que establezca la normativa aplicable. c) Los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aportar documentos u otros elementos de juicio. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

119. Durante la vigencia del convenio inicial de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears, suscrito en 2012, ¿cuántas administraciones se adhirieron, sin contar las entidades que lo firmaron inicialmente?. a) 67 entidades. b) 73 entidades. c) 79 entidades. d) 85 entidades.

120. ¿En qué fecha se suscribió el primer convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears?. a) 11 de septiembre de 2012. b) 11 de diciembre de 2012. c) 12 de septiembre de 2011. d) 12 de diciembre de 2011.

121. Indique la respuesta correcta en relación con los derechos de las funcionarias públicas víctimas de violencia de género según el que establece la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género: a) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. b) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la movilidad geográfica del centro de trabajo. c) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá acceso a servicios específicos de atención. d) Todas las respuestas son correctas.

122. Según la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, ¿cuál es el máximo órgano de participación de carácter autonómico que tiene la finalidad de favorecer el asociacionismo y la participación de las mujeres en los temas que les puedan afectar?. a) El Consejo de Participación de la Mujer Trabajadora. b) El Consejo de Participación de la Mujer. c) El Observatorio de Participación de las Mujeres. d) La Comisión de Participación de la Mujer.

123. Indique la respuesta correcta en relación con la definición de perspectiva de género que establece la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: a) Es la toma en consideración de las diferencias entre mujeres y hombres en un ámbito o una actividad para el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de políticas. b) Es la toma en consideración de las similitudes entre hombres y mujeres para la ejecución de las políticas. c) Es tener en cuenta la manera en que las diversas actuaciones, situaciones y necesidades afectan a los hombres. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

124. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales es de aplicación en el ámbito de: a) Policía, seguridad y resguardo aduanero. b) Las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los trabajadores y en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas. c) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. d) Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

125. El artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales establece que: a) El empresario no tendrá en cuenta la capacitación profesional de los trabajadores. b) Las empresas de más de 150 empleados deben disponer de plan de emergencias. c) El diseño del puesto de trabajo no se contempla en la prevención de riesgos laborales. d) El empresario debe aplicar los principios de la acción preventiva.

126. El comité de seguridad y salud: a) Es el órgano científico y técnico especializado cuya misión es el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. b) Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. c) Es el órgano al que le corresponde la función de la vigilancia y el control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. d) Es el órgano colegiado asesor de las administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención.

127. ¿Cómo debe ser el material de primeros auxilios de un centro de trabajo?. a) No es necesario el material porque el trabajador accidentado debe dirigirse a la Mutua de trabajo. b) Si el acceso al centro de asistencia médica es cercano no es necesario disponer de material de primeros auxilios. c) Debe ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos ya las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más cercano. d) La Mutua de trabajo no proporciona el material necesario para actuar en caso de primeros auxilios.

128. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los tratamientos de datos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea: a) Se regirán únicamente por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere. b) Se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento. c) Se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. d) Se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

129. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿Que implica el Derecho de rectificación en Internet?. a) Que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. b) que cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. c) Que toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. d) Que los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos.