simulacro 120 I

1. El artículo 22 CE reconoce el derecho de: Reunión. Asociación. Sindicación. Petición.

2. Según el artículo 67.1 TFUE, la Unión constituye un espacio de: Seguridad e igualdad de trato y no discriminación entre sus miembros. Libertad, dignidad y paz. Igualdad, libertad y pluralismo político. Libertad, seguridad y justicia.

6. En cuanto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al que se refiere el artículo 8 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde al Presidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde al Ministro de la Presidencia o, en su defecto, a un Vicepresidente del Gobierno. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde al Presidente del Gobierno o, en su defecto, a un Vicepresidente del Gobierno.

10. Según el artículo 236 TFUE, el Consejo Europeo adoptará una decisión por la que se establezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos Exteriores, por: Mayoría simple. Mayoría cualificada. Mayoría absoluta. Mayoría de dos tercios.

12. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 19/2013, de Transparencia, el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: Transparencia, eficacia, adecuación. Eficiencia, igualdad, simplificación de trámites. Accesibilidad, interoperabilidad, reutilización. Publicidad, transparencia, seguridad jurídica.

18. Según el artículo 40 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los estados de gastos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33.1.a) de esta ley se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones: La clasificación económica, que agrupará los créditos por secciones separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. La clasificación por programas, que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la AGE, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda. La clasificación orgánica, que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la AGE, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda. La clasificación económica, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el artículo 35 de esta ley y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria.

19. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea: Igual o superior a 5.538.000 euros. Igual o superior a 5.500.000 euros. Igual o superior a 5.539.000 euros. Igual o superior a 5.537.000 euros.

20. Señale la respuesta incorrecta, respecto a la excedencia voluntaria por interés particular de los funcionarios: Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. Quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. Podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido.

23. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación difundirán su perfil de contratante: A través de Internet, así como en el Boletín Oficial del Estado. En el Boletín Oficial del Estado, exclusivamente. A través de Internet, en el Boletín Oficial del Estado y en los tablones de anuncios al público. A través de Internet, exclusivamente.

26. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en su artículo séptimo, dispone que el Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por: Cinco Magistrados, nombrados por el Tribunal en Pleno. Tres Magistrados, nombrados por el Tribunal en Pleno. Siete Magistrados, nombrados por el Tribunal en Pleno. Seis Magistrados, nombrados por el Tribunal en Pleno.

27. Es falta grave, según el artículo 7 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado: La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

29. Señale la respuesta incorrecta. No estarán sometidos a la fiscalización previa, de conformidad con el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria: Los contratos menores. Las subvenciones sin asignación nominativa. Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija. Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada.

31. Según el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma: Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 500.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980,. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980,. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 40.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980,. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 60.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980,.

32. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, el Consejo de Estado actúa: En Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Igualdad. En Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Disciplinaria. En Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Estado. En Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Estudios.

35. El artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, regula el régimen administrativo de la reutilización. Respecto a las licencias, establece que las condiciones incorporadas en las licencias habrán de respetar los siguientes criterios: No deberán restringir las posibilidades de reutilización, pero sí limitar la competencia. No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización, salvo que se trate de la reutilización transfronteriza. Deberán ser claras, justas y transparentes. Deberán estar digitalizadas.

36. Señale la respuesta incorrecta. Respecto al plazo de duración de los contratos, previsto en el artículo 29 LCSP: El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas. Podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.

39. Teniendo en cuenta la regulación de los distintos supuestos de competencia, contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿en cuál de ellas no será necesaria su publicación?: En las encomiendas de gestión. En las delegaciones de competencias. En las delegaciones de firma. En todos los supuestos de competencia es necesaria la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

45. El Presidente del Tribunal de Cuentas: Será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un Período de cinco años. Será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres años. Será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de dos años. Será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de cuatro años.

48. De conformidad con el artículo 68 TREBEP, una vez desaparecida la causa objetiva que motivó la extinción de la relación de servicios, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida: En el caso de que la extinción de la relación de servicios se haya producido por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación. En el caso de que la extinción de la relación de servicios haya sido como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio. Por cualquiera de las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. No es posible la rehabilitación de la condición de funcionario, una vez extinguida tal condición de manera firme.

50. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio: El órgano administrativo acordará la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial, siempre que tal pronunciamiento sea en sentido positivo. El órgano administrativo acordará la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial, siempre que tal pronunciamiento sea en sentido negativo. El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

53. El programa de reconocimiento, al que hace referencia el artículo 22 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, tiene la finalidad de: Recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad. Informar a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación. Contribuir, mediante el reconocimiento de las organizaciones, a la mejora de la calidad y a la innovación en la gestión pública. Conocer la opinión de los usuarios y mejorar la calidad de los servicios.

55. La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá sus funciones de control conforme a los principios de: Legalidad, jerarquía y rendición de cuentas. Responsabilidad, eficacia y eficiencia. Transparencia, imparcialidad y autonomía. Autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.

56. La función interventora, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tiene por objeto: La verificación de una forma continua realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público estatal en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero. Controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. La verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico- financiera del sector público estatal. La verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.

58. En el cálculo del valor estimando, en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios: El órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. El órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según el Índice de Precios al Consumo. El órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según el Índice de Precios al Consumo. El órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

61. Señale la respuesta incorrecta. Determina el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para todos los trámites y actuaciones que realicen con ellas. Las personas jurídicas.

62. A efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se entiende por igualdad de oportunidades: Aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad. Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. Es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.

63. Según el artículo 27 de la Ley de Contratos del Sector Público, serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones: De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios. Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas.

64. Dispone el artículo 30 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que: Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde el minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a doce horas, en cuyo caso se expresarán en días. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

67. El valor estimado de un contrato de obras, adjudicado mediante un procedimiento abierto simplificado del artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, será: Igual o inferior a 2.000.000 de euros. Igual o inferior a 3.000.000 de euros. Igual o inferior a 1.000.000 de euros. Igual o inferior a 2.500.000 de euros.

68. El valor estimado en el procedimiento abierto “hipersimplificado” o “supersimplificado”, del artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público será: Inferior a 70.000 euros en contratos de obras, e inferior a 50.000 euros en contratos de suministros y de servicios. Inferior a 80.000 euros en contratos de obras, e inferior a 60.000 euros en contratos de suministros y de servicios. Inferior a 90.000 euros en contratos de obras, e inferior a 70.000 euros en contratos de suministros y de servicios. Inferior a 100.000 euros en contratos de obras, e inferior a 40.000 euros en contratos de suministros y de servicios.

74. Los contratos del Sector Público, basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan, según lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Con su adjudicación. Con su formalización. De conformidad con la legislación por la que se rijan. Con la notificación de su formalización a las partes contratantes.

75. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, según la fase temporal de la política pública en la que se realice, la evaluación será: Intermedia, durante la implementación de la política pública objeto de evaluación. Ex post, con posterioridad a la finalización de la ejecución. Ex ante, cuando la política pública se encuentre en la fase de planificación, formulación o diseño. Predictiva, cuando la política pública se encuentre en la fase de consulta.

89. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el incumplimiento de la obligación de informar a la persona afectada, cuando así lo haya solicitado, de las personas destinatarias a las que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de las que se ha limitado el tratamiento, se considera una falta: Muy grave. Grave. Leve. No tiene la consideración de falta.

90. Para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables dictados por los Secretarios de Estado, es competente: El Consejo de Ministros. El Ministro titular del Departamento. El Subsecretario del Departamento. No es posible la revisión de oficio de las disposiciones y actos administrativos nulos y anulables dictados por los Secretarios de Estado.

91. Conforme establece el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos de trámite que no deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos: No cabe recurso. Cabe interponer recurso de revisión. Se interpondrá en todo caso recurso de alzada o potestativo de reposición. Podrá interponerse recurso de alzada y potestativo de reposición.

92. El informe final de Evaluación elaborado por el equipo evaluador se publicará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado en el plazo de: Seis meses desde su recepción, en el portal temático de evaluación de políticas públicas. Tres meses desde su recepción, en el Portal de Transparencia de la AGE. Dos meses desde su recepción, en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Un mes desde su recepción, en el portal temático de evaluación de políticas públicas.

94. Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, según el artículo 164 de la Constitución Española, tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente: De su dictado y tienen plenos efectos frente a todos. De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos salvo las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho. De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho. De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la inconstitucionalidad de una norma que no tenga fuerza de Ley.

95. Conforme al artículo 601.2 de la LOPJ, la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estará compuesta por: El/la Presidente/a del Tribunal Supremo y 7 vocales, 4 de los/as nombrados/as por el turno judicial y 3 de los/as designados/as por el turno de juristas de reconocida competencia. El/la Presidente/a del Tribunal Supremo y Presidente/a del CGPJ y 7 vocales, 3 de los/as nombrados/as por el turno judicial y 4 de los/as designados/as por el turno de juristas de reconocida competencia. El/la Presidente/a del Tribunal Supremo y Presidente/a del CGPJ y 5 vocales, 3 de los/as nombrados/as por el turno judicial y 2 de los/as designados/as por el turno de juristas de reconocida competencia. El/la Presidente/a del CGPJ y 5 vocales, 2 de los/as nombrados/as por el turno judicial y 3 de los/as designados/as por el turno de juristas de reconocida competencia.

98. El Plan de Igualdad será obligatorio, según el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de junio: En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores. En el caso de las empresas de ciento cincuenta o más trabajadores. En el caso de las empresas de más de cincuenta trabajadores. En el caso de las empresas de más de ciento cincuenta trabajadores.

103. No es un principio de conducta del artículo 54 TREBEP: Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores en todo caso. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

104. Señale la respuesta incorrecta. El artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, determina que el sector público deberá respetar los siguientes principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas: El principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos. El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio. El principio de personalización y proactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos. El principio de interoperabilidad, para garantizar tanto la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las personas interesadas y por el propio sector público, como la libertad para desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado.

105. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones: Se relaciona con las Cortes Generales a través del Ministerio de Justicia. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia. Se relaciona con las Cortes Generales a través del Ministerio de la Presidencia. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

108. De conformidad con el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, la Comunidad Autónoma del País Vasco asume, en el ámbito de sus competencias: El seguimiento, análisis e inspección de los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria. La determinación de los criterios de normalización de los datos de carácter penitenciario para homogeneizar la documentación básica penitenciaria en el tratamiento de internos. El establecimiento de los criterios de coordinación necesarios que puedan coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria. La legislación y el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia penitenciaria.

109. Señale la respuesta incorrecta. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

110. Señale la respuesta incorrecta respecto a los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones, conforme a lo dispuesto la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. Se entenderán siempre incluidos en el estado de ingresos de sus Presupuestos. No podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 13% de su Producto Interior Bruto regional.

111. Señale la respuesta incorrecta respecto a la moción de censura regulada en el artículo 113 de la Constitución Española: Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cuatro días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

113. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, según el artículo 21 de la Ley 39/2015,. Será de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Será de tres meses. Será de tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

115. Determina el artículo 7 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que la reutilización de los documentos: Será gratuita, en todo caso. Será pecuniaria, aplicándose una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización. Será pecuniaria. No obstante, podrá ser gratuita por el suministro de determinados documentos para su reutilización. Será gratuita. No obstante, podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización.

116. Señale la respuesta incorrecta: El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el TREBEP. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por el TREBEP y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Al personal retribuido por arancelsólo se aplicarán directamente las disposiciones del TREBEP cuando así lo disponga su legislación específica.

119. Señale la respuesta incorrecta respecto a la ampliación de plazos prevista en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar la ampliación del plazo concreto por el que se haya visto afectado el procedimiento administrativo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.