SIMULACRO 2

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), cuando el responsable del tratamiento esté obligado a suprimir unos datos y los haya hecho públicos: Adoptará cualquier medida posible, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos objeto de supresión. Adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos objeto de supresión. Adoptará cualquier medida posible, incluidas medidas técnicas, con miras a informar al delegado de protección de datos que esté tratando los datos objeto de supresión. Adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, con miras a informar al delegado de protección de datos que esté tratando los datos objeto de supresión.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, no procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso: Deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su correcta destrucción. Deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. Deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación por el plazo de un año. Deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su envío a la Autoridad de Control.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿Qué significa que los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet?. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta neutral de servicios sin discriminación por motivos políticos. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), ¿En qué consiste el derecho de acceso del interesado?. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la información indicada en el artículo 15 del reglamento indicado. El interesado ya debe conocer si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en todo caso, tiene derecho de acceso a los datos personales y a la información indicada en el artículo 15 del reglamento indicado. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en este caso, puede solicitar el acceso a la Agencia Española de protección de datos. El interesado ya debe conocer si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en todo caso, tiene derecho de acceso a los datos personales y a la información indicada en el artículo 16 del reglamento indicado.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿Qué implica el Derecho a la educación digital en el ámbito del acceso a la función pública?. La Constitución Española debe reflejar que el acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y protección de datos. Las Administraciones Públicas incorporarán cursos de formación continua en el acceso a datos personales i materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y con la protección de datos. Las Administraciones Públicas incorporarán protocolos para no incluir en sus registros de personal datos personales de especial protección. Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes (indica la respuesta incorrecta - Impugnable): El tratamiento sea lícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. El responsable necesita los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado no los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable la supresión de los mismos.

¿Cuál es la definición de prevención según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales?. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. El conjunto de medios disponibles para ayudar en el desarrollo de la labor laboral. El conjunto de medios auxiliares y equipos de protección individual. Los procedimientos de trabajo y normativas derivadas.

¿Cuál es la definición de riesgo laboral según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales?. Es el foco de emisión de gases y vapores. Es la casualidad de que una persona trabajadora sufra un accidente. Es la gravedad de un daño en la salud. Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

Para calificar un riesgo laboral desde el punto de vista de su gravedad debe valorarse conjuntamente: El grado de afectación a la persona trabajadora. La probabilidad de que se produzca el daño y su severidad. Sólo se valora la severidad. La probabilidad de que haya sufrimiento físico y no psicológico.

¿Cuál es la definición de riesgo laboral grave e inminente según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales?. Es aquél en el que las consecuencias y el daño tienen lugar a corto plazo. Es el hecho en el que la gravedad hace que el riesgo sea imposible prevenir. Es aquel que racionalmente se materializa en un futuro inmediato y pueda suponer un grave daño para la salud de la persona trabajadora. Es la situación inesperada que tiene graves consecuencias para la seguridad y salud de los trabajadores.

¿Cuál es la definición de condición de trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?. Son todas las circunstancias derivadas del trabajo. Es la situación más habitual en el entorno laboral. Son las características inherentes al desarrollo de la labor diaria. Es cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador o trabajadora.

¿Cuál es la definición de equipo de trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales?. Es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Es todo aparato con el que se desarrolla el trabajo diario. Es todo sistema con el que se desarrolla el trabajo. Son las instalaciones de los centros de trabajo.

Diseñar los procedimientos básicos que permiten poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género regulados por la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, es una competencia que corresponde: Al Gobierno central. A las administraciones autonómicas. A las comisiones de igualdad de cada administración autonómica. Al Gobierno central y a las comunidades autónomas, de mutuo acuerdo, en el marco de la conferencia sectorial de igualdad.

De acuerdo con la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Constituye discriminación directa por razón de sexo cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad. Constituye discriminación indirecta por razón de sexo cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad. Constituye acción directa cualquier trato favorable relacionado con el embarazo o la maternidad. El embarazo y la maternidad no tienen nada que ver con la discriminación por razón de sexo.

Según la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: a) Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas de protección oficial. b) Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a residencias públicas por gente mayor. c) Las mujeres víctimas de violencia de género solo tendrán prioridad para acceder a residencias privadas. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Según la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, ¿Cuál es el máximo órgano de participación de carácter autonómico que tiene la finalidad de favorecer el asociacionismo y la participación de las mujeres en los temas que les puedan afectar?. El Consejo de Participación de la Mujer Trabajadora. El Consejo de Participación de la Mujer. El Observatorio de Participación de las Mujeres. La Comisión de Participación de la Mujer.

De acuerdo con la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: Las administraciones públicas de las Illes Balears tienen que tomar medidas con el objeto de fomentar la corresponsabilidad en la vida laboral, la familiar y la personal de las mujeres y los hombres. Las administraciones públicas de las Illes Balears tienen que tomar medidas con el objeto de fomentar la corresponsabilidad en la vida laboral, la familiar y la personal de las mujeres y los hombres, teniendo en cuenta los nuevos modelos de familia. Las administraciones públicas tienen que tomar medidas de conciliación solo en casos de familias numerosas. Las administraciones públicas tienen que tomar medidas de conciliación solo en casos de familias mono parentales.

Indique la respuesta correcta en relación con el V Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de las Illes Balears (2021-2023): El Instituto Balear de la Mujer es el órgano encargado de elaborarlo, con la colaboración de las consejerías correspondientes. Tienen que participar en él los consejos insulares y las entidades sociales. Tienen que participar en él los agentes sociales y económicos y las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres de las Illes Balears. Todas las respuestas son correctas.

No son derechos laborales de los trabajadores según el Estatuto de los Trabajadores: La libre sindicación. La negociación colectiva. La ocupación efectiva. Contribuir a la mejora de la productividad.

Según el art. 3 del Estatuto de los Trabajadores los usos y costumbres locales y profesionales: a) No son fuentes de derecho en ningún caso. b) Son fuentes de derecho por encima de las disposiciones legales. c) Las dos respuestas anteriores (a y b) son ciertas. d) Las dos respuestas primeras (a y b) son falsas.

El art. 34 de la Constitución Española de 1978 dice entre otras cosas: Que todos los españoles tienen el deber de trabajar. Que la ley regulará un estatuto de los trabajadores. Que todos los españoles tienen el derecho al trabajo. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Según el art. 6.3 del Estatuto de los trabajadores: Se prohíbe realizar horas extras a los menores de dieciséis años. Se prohíbe realizar horas extras a los menores de dieciocho años. Se prohíbe realizar horas extras a los menores de veinte años. El art. 6.3 habla de la capacidad de contratar, no de horas extras.

La Constitución Española de 1978 reconoce a los trabajadores el derecho a la huelga para la defensa de sus intereses al art.: 28.2. 29.1. 28.1. 25.3.

En virtud del principio de inderogabilidad singular consagrado en el art. 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Los actos administrativos del Consejo de Gobierno pueden vulnerar lo establecido en un decreto del propio Consejo de Gobierno. Las resoluciones dictadas por los consejeros deben aplicar los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno. Las resoluciones dictadas por los consejeros únicamente deben aplicar los decretos emanados por los órganos de igual o superior jerarquía. Las resoluciones dictadas por los consejeros pueden vulnerar los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno.

Según el art. 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo, se presumirán válidos y producirán efectos: Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde la fecha en que se dicten, cuando se indique expresamente. Desde la fecha en que se notifiquen, cuando se indique expresamente.

De acuerdo con el art. 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, excepci1nalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos: Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. Cuando se dicten en sustitución de actos nulos o anulables, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado. Cuando se dicten en sustitución de actos nulos o anulables, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia únicamente vinculan a los órganos de la misma administración. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha de la notificación, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando lo soliciten los interesados o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

Según el art. 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal: No debe aplicar el acto administrativo y simultáneamente debe interponer un recurso contencioso administrativo. Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. Podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, suspenderá la aplicación del acto. Podrá suspender la aplicación del acto administrativo y simultáneamente debe interponer un recurso contencioso administrativo.

Según el art. 40.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos: El texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial. Un extracto de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial. El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. El texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

El derecho a la huelga constitucionalmente previsto, se reguló por Ley Orgánica el año : 1.983. 1.984. 1.991. Nunca se ha regulado por Ley Orgánica el derecho a la huelga.

El ejercicio de la delegación normativa la controlan: Los tribunales. Los sistemas de control que prevé la misma ley de delegación. Los sistemas de control que prevé la misma ley de delegación y, si no hay, los tribunales. Los tribunales y los sistemas de control que prevean la misma ley de delegación.

La autorización para refundir textos legales: Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación. Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la autorización para aclarar los textos legales que tienen que ser refundidos. Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que tienen que ser refundidos. Determinará el ámbito normativo al cual se refiere el contenido de la delegación, y tendrá que especificar qué normas concretas serán refundidas y si la autorización se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que tienen que ser refundidos.

La Constitución española dispone también que tienen el carácter de ley orgánica: Las que aprueben el régimen electoral general. Las que aprueben el régimen electoral general y las otras que prevé la Constitución. Las que aprueben el régimen electoral general, las otras que prevé la Constitución y las que prevean otras leyes orgánicas. Las que aprueben el régimen electoral general, las otras que prevé la Constitución, expresa o implícitamente, y las que prevean otras leyes orgánicas.

Los reglamentos pueden definirse: Como cualquier disposición jurídica de carácter singular dictada por la Administración pública y subordinada a la ley. Como cualquier disposición jurídica dictada por el Gobierno y la Administración en virtud de la delegación normativa efectuada a su favor por las Cortes Generales. Como cualquier disposición jurídica de carácter general dictada por el Gobierno y la Administración pública, subordinada a la ley. Como cualquier disposición administrativa dictada en el seno de un procedimiento, con efectos erga omnes.

La modificación de las leyes orgánicas exige: Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna sobre el conjunto del proyecto. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final comuna después de sesión compartida sobre el conjunto del proyecto.

¿Cómo se instrumenta el depósito de bienes asignados a los Museos de titularidad estatal en Instituciones de titularidad no estatal?. Se realizará mediante Real Decreto. Se realizará mediante contrato jurídico. Se realizará mediante contrato que tendrá el carácter de administrativo especial y se formalizará en documento administrativo. No se pueden depositar bienes asignados a Museos de titularidad estatal en ninguna institución no estatal.

Los Museos adscritos al Ministerio de Cultura deberán llevar los siguientes Registros: De la colección estable del Museo, en el que se inscribirán los fondos que la integran. De depósitos de fondos pertenecientes a la Administración del Estado y a sus Organismos autónomos, en el que se inscribirán los de esa titularidad que ingresen por dicho concepto en el Museo. De otros depósitos, en el que se inscribirán los fondos de cualquier otra titularidad que se ingresen en el Museo. Todas las anteriores son correctas.

Todos los fondos que por cualquier concepto ingresen en los Museos adscritos al Ministerio de Cultura, deberán: Ser marcados con su número de inscripción en el registro correspondiente mediante la impresión de aquél por el procedimiento más adecuado a la naturaleza de los fondos. Ser identificados mediante tarjeta especial pero nunca ser marcados con su número de inscripción en el registro correspondiente mediante la impresión de aquél por el procedimiento más adecuado a la naturaleza de los fondos. Ser marcados con su número de inscripción en el registro correspondiente mediante elementos no permanentes. En ningún caso puede ser marcado ningún fondo independientemente de su naturaleza.

Todos los Museos de titularidad estatal deberán elaborar, separadamente: El inventario y las fichas de registro. Las fichas de registro y el catálogo. El inventario y el catálogo. El Catálogo y el registro de fondos.

¿Quién elabora Las estadísticas sobre prestación de servicios en relación a la sistematización de datos, tal y como establece el artículo 13 del RD 620/1987, de 10 de abril). El Instituto Nacional de Estadística. El Director de Museos de titularidad estatal. El Ministerio de Cultura. El Director de Patrimonio Nacional.

¿Quién determina la estructura orgánica de la Dirección y de las áreas básicas de los Museos de titularidad estatal?. La Administración gestora del Museo. El Ministerio de Cultura. El Director de Patrimonio Nacional. El Director de Museos de titularidad estatal.

La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales y se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los: 3.000 euros. 20.000 euros. 30.000 euros. 15.000 euros.

En los Estatutos de la fundación se hará constar: La denominación de la entidad. Los fines fundacionales. El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Debe una Fundación figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio?. No. Sí. Únicamente cuanto se trate de bienes inmuebles. Únicamente cuando se trata de bienes muebles e inmuebles.

¿Cuál es el plazo máximo para la aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas?. 5 días. 3 días. 7 días. 10 días.

Las fundaciones están obligadas a: Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la presente Ley y los Estatutos de la fundación, a sus fines fundacionales. Dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios. todas las anteriores son correctas.

¿Qué actividades económicas puedes desarrollar las Fundaciones?. Todas aquellas actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia. Únicamente aquellas actividades económicas cuyo objeto no esté relacionado con los fines fundacionales y no sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia. Todas aquellas actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, sin sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia. No pueden desarrollar actividades económicas.

Según el artículo 16 de la Constitución española, en cuanto a la obligación a declarar sobre la propia ideología, religión o creencias: Será obligatorio cuando el Estado mayor lo considere necesario. Será obligatorio declarar cuando aquella información se considere de vital importancia ante un peligro para el Estado. Nadie podrá ser obligado a declarar en cuanto a su ideología, religión o creencias. Sólo los extranjeros podrán ser obligados a declarar en tiempo den guerra.

Según el artículo 16 de la Constitución española, la confesión oficial del Estado español es: La religión católica. La religión cristiana. Aquella confesión que sea mayoritaria entre las creencias de la sociedad española. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Según el artículo 17 de la Constitución española, toda persona detenida tiene derecho: a) A ser informada inmediatamente de sus derechos y de las razones de la detención. b) A no ser obligada a declarar. c) A la asistencia de abogado. d) Las respuestas a) b) y c) son correctas.

Según el artículo 18 de la Constitución española, se garantiza el derecho: a) Al honor. b) A la propiedad privada. c) A la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Según el artículo 18 de la Constitución española, el domicilio es inviolable. No se podrá entrar ni hacer ningún registro sin el consentimiento del titular o: a) O sin resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. b) O sin resolución policial, salvo en el caso de flagrante delito. c) Sin una orden de registro, salvo en el caso de posesión de armas. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Según el artículo 18 de la Constitución española, se garantiza el secreto de las comunicaciones y, especialmente, de las postales, telegráficas y telefónicas, excepto en caso de: En caso de declaración del estado de excepción. En caso de resolución militar en tiempo de guerra. En caso de resolución judicial. En caso de interés general del Estado.

Las leyes de bases: Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa. Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa, con previsión genérica de los principios y los criterios que tienen que seguirse en su ejercicio. Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que tienen que seguirse en su ejercicio. Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, con la posibilidad de prever los principios y los criterios que tienen que seguirse en su ejercicio.