simulacro 20-05

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Española, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación: a) En todo caso, dentro de los quince días siguientes a su aprobación. b) Cuando así lo soliciten, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una tercera parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. c) En todo caso, dentro del mes siguiente a su aprobación. d) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

2. Según lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución Española, el rey: a) Recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad fija para el sostenimiento de sus actividades, con arreglo a lo que le marca el Gobierno. b) Recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. c) Recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de sus actividades. con arreglo a las directrices que le mercan la Constitución y las leyes. d) Percibe de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad fija para el sostenimiento de sus actividades, y distribuye libremente la misma salvo en materia de garantías constitucionales.

3. Según la Constitución Española, cuando una proposición de Ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor: a) El Gobierno debe oponerse a su tramitación. b) El Presidente del Congreso está facultado para oponerse a su tramitación. c) El Presidente del Gobierno debe oponerse a su tramitación. d) El Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación.

4. Señale cuál de las siguientes afirmaciones pertenece a la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I de la CE relativa a los derechos fundamentales y libertades públicas: a) Se reconoce el derecho a la protección de la salud. b) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. d) Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

5. Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, las Comisiones Delegadas del Gobierno: a) Se crean por Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. b) Se crean por Real Decreto del Presidente del Gobierno. c) Se crean por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. d) Se crean por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

6. En los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la suspensión automática a que se refiere el artículo 161.2 de la Constitución y el artículo 62 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional se refiere a: a) Los conflictos positivos de competencia planteados por el Gobierno de la Nación. b) Los conflictos negativos de competencia planteados por el Gobierno de la Nación. c) Los conflictos de competencia planteados por el órgano ejecutivo superior de las Comunidades Autónomas. d) Los conflictos de competencia planteados por el Gobierno de la Nación, por el órgano ejecutivo superior de las Comunidades autónomas o por las Entidades Locales, en su caso.

7. El plazo máximo para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo es de: a) Un año contado a partir del momento en que se produzcan los hechos objeto de la misma. b) Cinco años contados a partir del momento en que se produzcan los hechos objeto de la misma. c) Un año contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. d) Cinco años contados a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.

8. Dentro de la jurisdicción contable atribuida al Tribunal de Cuentas, se incluyen los procedimientos de reintegro por alcance. ¿Qué debe entenderse por alcance según el artículo 72 de la Ley 7/88, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas?: a) La sustracción de caudales o efectos públicos, o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo. b) El saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. c) La falta de justificación, por parte de personas o Entidades perceptoras, de la aplicación de subvenciones, créditos, avales o ayudas procedentes del sector público. d) La infracción de precepto legal regulador del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable.

9. En relación con los derechos fundamentales y de las libertades públicas a que se refiere la Constitución Española, indique la respuesta incorrecta: a) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. b) La ley limitará el acceso de la informática a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c) Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones. d) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

10. La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, determina que los consejeros electivos del mismo: a) En número de siete, serán nombrados por Resolución del Presidente del Consejo de Estado, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos que determina el artículo 9 de la propia Ley Orgánica. b) En número de siete, serán nombrados por Real Decreto, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos que determina el artículo 9 de la propia Ley Orgánica. c) En número de diez, serán nombrados por Real Decreto, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos que determina el artículo 9 de la propia Ley Orgánica. d) En número de diez, serán nombrados por Resolución del Presidente del Consejo de Estado, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos que determina el artículo 9 de la propia Ley Orgánica.

11. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo, la LOPJ establece como requisitos que: a) Será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 20 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. b) Será necesario ser Magistrado o Fiscal, Profesor de Universidad, funcionario público o Abogado, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 25 años de ejercicio profesional. c) Será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. d) Será necesario ser Magistrado o Fiscal, Profesor de Universidad, funcionario público o Abogado, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 20 años de ejercicio profesional.

12. El artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público contempla como un motivo de abstención de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones: a) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los tres últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. b) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los cuatro últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. c) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. d) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos meses servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los subdirectores generales: a) Serán nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. b) Serán nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública. c) Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A2, salvo que el real decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la subdirección general, su titular no reúna dicha condición de funcionario. d) Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al subgrupo A1.

14. Según el art. 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, las personas incluidas en su ámbito de aplicación deberán, durante un período de dos años posteriores a su cese: a) Solicitar la compatibilidad ante la Oficina de Conflicto de Intereses sólo cuando la empresa o sociedad privada donde vaya a prestar servicios pueda estar relacionada directamente con las competencias del cargo desempeñado. c) Informar a la Oficina de Conflicto de Intereses sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio, que solo si aprecia incompatibilidad emitirá informe. d) Solicitar compatibilidad ante la Oficina de Conflicto de Intereses sobre las actividades que vayan a realizar, salvo que con anterioridad a ocupar el cargo hubieran ejercido su actividad profesional en la empresa privada a la cual quisiera reincorporarse. b) Efectuar declaración ante la Oficina de Conflicto de Intereses sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio, debiendo esta pronunciarse sobre la compatibilidad.

15. De conformidad con lo que se establece en la Ley 40/2015, la creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada: a) Por orden del Ministerio de la Presidencia, que establecerá sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación. b) Mediante norma reglamentaria que deberá ser acompañada de una memoria y un plan de actuación. c) Mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes en la sociedad mercantil estatal, o su modificación. d) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación.

16. La sede electrónica, según la Ley 40/2015, es:16 38. a) Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. b) Es un sistema de firma electrónica. c) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. d) Es el medio o soporte en el que se almacenan los documentos utilizados en actuaciones administrativas.

17. De acuerdo con el art. 104 de la Ley 40/2015, las entidades públicas empresariales: a) Son Organismos públicos que se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. b) Son Organismos públicos que se rigen por el Derecho privado, excepto en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. c) Son Organismos públicos que se rigen por el Derecho administrativo, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria, que se regirán por el Derecho privado. d) Son Organismos públicos que se rigen por el Derecho administrativo, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria, y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.

18. El art. 23 de la Constitución española reconoce a los ciudadanos los siguientes derechos: a) El derecho de asociación. b) El derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, así como el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. c) El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19. Entre las materias sobre las que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias según el art. 148 de la Constitución española, no se encuentran: a) Las ferias interiores. b) La sanidad e higiene. c) La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. d) Los montes y aprovechamientos forestales.

20. Tendrán la consideración de "municipios de gran población" a la luz de lo dispuesto en el art. 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: a) Todos los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. b) Todos los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. c) Todos los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, siempre que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. d) Todos los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

21. El art. 20.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, define las reglas a las que responde la Organización Municipal, señale cual no se encuentra entre ellas: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116. d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios.

22. ¿En qué año se firma el Tratado de Entrada en la UE de la Republica Checa?. a) 2004. b) 1999. c) 1972. d) 2003.

23. ¿En qué año adquiere el Tribunal de Cuenta el rango de Institución de la UE?. a) 1992. b) 1994. c) 1975. d) 2001.

24. ¿Con cuántos Bancos Centrales conforma el SEBC?. a) 19 Bancos Centrales. b) 25 Bancos Centrales. c) 27 Bancos Centrales. d) 21 Bancos Centrales.

25. ¿Qué Sentencia del TJUE declara el Principio de Primacía del Derecho Europeo?. a) Costa vs Enel. b) Van Duyn. c) Demirel. d) Politi.

26. ¿Qué política se considera de competencia compartida?: a) Energía. b) Política Comercial Común. c) Conservación de los recursos biológicos marinos. d) Cultura.

27. ¿Qué fondo de la Unión Europea tiene el siguiente objetivo: “promover la eficacia de la gestión de los flujos migratorios, así como el fortalecimiento y desarrollo de una política común en materia de asilo y de inmigración, respetando plenamente los derechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.”?. a) Fondo de Cohesión. b) Fondo para la gestión integrada de las fronteras. c) FAMI. d) Fondo de Seguridad Interior.

28. ¿Qué país miembro de la UE ha notificado en el año 2022, que quería participar en la PDSC?. a) Croacia. b) Dinamarca. c) Ucrania. d) Letonia.

29. La ordenación del Sistema Español de Intermediación en el Mercado de Trabajo se caracteriza por: a) El monopolio que ejerce el Servicio Público de Empleo Estatal. b) El monopolio que ejercen el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos. c) La coexistencia de Servicios Públicos de Empleo Estatal, Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, Servicios Públicos de Empleo Locales y Agencias Privadas de Colocación. d) La coexistencia de Servicios Públicos de Empleo Estatal, Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y Agencias Privadas de Colocación.

30. La Agencia Española de Protección de Datos:23. a) Está sujeta al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus competencias y sus cuentas están sometidas al control presupuestario del Banco de España. b) Está sujeta al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus competencias y su presupuesto se somete al control externo de la Intervención General del Estado. c) Está sujeta al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus competencias, y por el Derecho Privado en su régimen patrimonial y de contratación. d) Está sujeta al Derecho Administrativo tanto en el ejercicio de sus competencias como en su régimen patrimonial y de contratación.

31. En cuanto a la evaluación de la calidad de los servicios: a) La Inspección General de Servicios no podrá realizar actuaciones de evaluación de la calidad de los servicios prestados por los órganos gestores. b) Las evaluaciones de la calidad se realizarán obligatoriamente mediante un sistema de cartas de servicios que fomenten la mejora continua en la prestación de los servicios públicos. c) La autoevaluación se desarrollará mediante sistemas homologados, tales como cartas de servicios u otros modelos de gestión de calidad reconocidos, tales como EFQM sector público, CAF o EVAM. d) Las evaluaciones pueden ser internas, cuando la Inspección General de Servicios inicie las actuaciones de oficio, o externas denominadas autoevaluación.

32. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está incluido en el Catálogo de servicios sociales de promoción de la autonomía y de atención a la dependencia de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (art 15) continuidad a: a) Centro de Día para menores de 60 años. b) Residencia de personas mayores en situación de dependencia. c) Servicio de Ayuda a domicilio para cuidados personales. d) Servicio de teleasistencia.

33. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dan continuidad a: a) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. b) La Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social. c) Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. d) La Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

34. De conformidad con el artículo 42 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, de los siguientes supuestos NO cesarán en la condición de refugiados quiénes: a) Expresamente así lo soliciten. b) Hayan abandonado temporalmente el territorio español sin fijar su residencia en otro país. c) Se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección de su país de nacionalidad. d) Habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recuperado voluntariamente.

35. Conforme a los límites de acceso que establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno, en el caso de que una solicitud de acceso a información pública suponga un perjuicio para el secreto profesional: a) Será necesario ponderar la aplicación del límite en función del caso concreto, de modo justificado y proporcionado. b) Se aplicará el límite directamente y se denegará el acceso. c) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial no se encuentran entre los límites al derecho de acceso. d) Se aplicará el límite directamente y se denegará el acceso solo si la información contiene datos personales.

36. Según el Reglamento UE 2016/679 ¿cuál será la base de la licitud o legitimación del tratamiento encaminado a la publicación de los miembros que forman parte de la mesa de contratación?: a) El supuesto del 6.1.a: el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. b) El supuesto del 6.1.b: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. c) El supuesto del 6.1.c: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. d) El supuesto del 6.1.d: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física.

37. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, para la resolución de las reclamaciones presentadas por los operadores económicos que entiendan vulnerados sus derechos o intereses legítimos en los términos previstos en esa Ley, las autoridades competentes actuarán y cooperarán a través de una red de puntos de contacto para la unidad de mercado y solución de diferencias; de entre los puntos de contacto que se establecen, señale el correcto: a) En el ámbito de la Administración General del Estado, habrá un punto de contacto único, que actualmente ostenta el Ministerio de Política Territorial. b) En el ámbito de las Comunidades Autónomas, será la autoridad que designe el Ministro de Política Territorial. c) La Comisión Nacional del Mercado de Valores. d) La Secretaría para la Unidad de Mercado.

38. De conformidad con el artículo 6 de Ley 30/2014, para que espacio para que pueda ser declarado parque nacional, debe tener una superficie continua, no fragmentada y sin estrangulamientos de al menos: a) 5.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres insulares y 20.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares y en parques nacionales en aguas marinas. b) 5.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres insulares y 15.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares y en parques nacionales en aguas marinas. c) 5.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres insulares y 10.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares y en parques nacionales en aguas marinas. d) 10.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres insulares y 20.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares y en parques nacionales en aguas marinas.

39. De conformidad al artículo 10.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ¿Qué regímenes especiales se regirán por las leyes específicas que se dicten al efecto?. a) Los relativos a los trabajadores del mar y a los funcionarios públicos. b) Los relativos a los trabajadores del mar y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. c) Los relativos a los estudiantes y a los funcionarios públicos. d) Todos los regímenes especiales.

40. De conformidad Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres constituye acoso por razón de sexo: a) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b) Todo trato desfavorable para las mujeres por razón de embarazo o maternidad. c) Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. d) Todas las respuestas son correctas.

41. Conforme al artículo 13 de la Ley 3/2023 de Empleo, NO será uno de los ejes del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno: a) Mejora del marco institucional. b) Emprendimiento. c) Oportunidades de empleo para personas con discapacidad. d) Formación.

42. Según el artículo 7 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas se denomina: a) Comisión sectorial para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. b) Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. d) Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. c) Consejo Español para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

43. Señale la respuesta correcta en relación al Servicio Exterior del Estado, regulado en el Título III de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. a) La creación y supresión de las Oficinas Consulares honorarias se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. b) Los Embajadores serán designados y cesarán por orden del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. c) La creación y supresión de las Oficinas Consulares de Carrera y agencias consulares se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del que dependen orgánica y funcionalmente, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. d) Todos son correctas.

44. De conformidad al artículo 7 de Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, relativo al Punto de Acceso General electrónico: a) El PAGe de la Administración General del Estado deberá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea. b) El PAGe de la Administración General del Estado y su sede electrónica serán gestionados por el Ministerio de la Presidencia en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. c) En dicha sede electrónica está alojada la Dirección Electrónica Habilitada. d) El PAGe de la Administración General del Estado, a través de su sede, permitirá la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos facilitados por el sector público estatal a través del sistema Clave.

45. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. a) Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. b) Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. c) Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 80 por 100 del salario mínimo interprofesional, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. d) Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 80 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de las Comunidades Autónomas de conformidad con la CE?:29 149. a) El Gobierno, en materias de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. b) Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. c) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, sustituir la iniciativa de las Comunidades Autónomas a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. d) Las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 150 de la CE, podrán aprobar leyes de transferencias.

47. Señale la afirmación correcta en relación con la competencia de los órganos administrativos: a) Es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. b) Es irrevocable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, avocación o delegación de firma. c) Es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, avocación o delegación de firma. d) Es irrevocable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.

48. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, con respecto a la denuncia: a) La presentación de una denuncia confiere por si sola la condición de interesado en el procedimiento. b) Es una forma de iniciación del procedimiento de oficio por la administración. c) No será necesario expresar la identidad de la persona o personas que la presentan. d) No pueden presentarse si se ha participado en la comisión de la infracción.

49. Según el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de realización de actuaciones complementarias: a) Se adoptará por el órgano instructor. b) Se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de cinco días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. c) Se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. d) No provocará la suspensión del plazo para resolver el procedimiento.

51. De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendientes: a) No se transmitirán a los socios o partícipes en el capital. b) Se transmitirán a los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, que no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan. c) Se transmitirán a los socios o partícipes en el capital que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado. d) No se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, salvo que no hubiesen realizado los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen los acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan.

52. Según el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, se consignará la cantidad a que asciende el justo precio en los casos siguientes: a) Cuando concurra al acto del pago una persona en representación del titular interesado. b) Cuando fueren varios los interesados. c) Cuando tratándose de bienes inmuebles, existan cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

53. Dentro del Catálogo de Servicios de la Administración digital de la Secretaría General de Administración digital, ¿cuál de los siguientes servicios se incluyen dentro del apartado "Atención al ciudadano y empresas"?:36 G. a) @Firma. b) FACE. c) GEISER. d) SIA.

50. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, señale cuál de estas obligaciones corresponde a las Entidades Colaboradoras: a) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. b) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones. c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios. d) Iniciar el procedimiento de reintegro cuando el beneficiario incumple la obligación de ejecutar el proyecto objeto de la subvención.

54. Conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento de investigación correspondiente, cuando se considere suficientemente acreditada en el mismo la titularidad de la Administración General del Estado sobre un bien o derecho: a) Se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad. b) Se instará la declaración del derecho ante el Juzgado civil competente por la Dirección General de Patrimonio del Estado. c) Se instarán del Juez competente las medidas cautelares necesarias para asegurar la conservación del bien o derecho y el reconocimiento del mismo mediante sentencia judicial. d) Se formulará interdicto posesorio ante el juzgado competente.

55. En relación con la potestad de desahucio recogida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, indique la respuesta correcta: a) La competencia para el desahucio corresponde al Secretario de Estado del ministerio que tenga afectados los bienes. b) La resolución de desahucio es ejecutiva y se dará un plazo de 15 días para que el detentador abandone el bien. c) Es necesaria la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho a utilizar el bien de dominio público. d) Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo de la Administración.

56. En los procedimientos restringidos, el órgano de contratación: a) Podrá negociar los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. b) Deberá fijar el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. c) Podrá establecer los criterios objetivos de solvencia una vez anunciada la licitación. d) Seleccionara aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, podrán presentar proposiciones.

57. Las obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble, se denominan: a) Obras de restauración. b) Obras de rehabilitación. c) Obras de regeneración. d) Obras de conservación.

58. La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a celebrar por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como por otros entes, organismos y entidades dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos: (artículo 333.3 de la LCSP). a) En las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros. b) En las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el concesionario, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros. c) Las concesiones de obras y concesiones de servicios en las que la tarifa sea asumida totalmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento supere o sea igual a un millón de euros. d) Cuando se realicen aportaciones privadas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación privada del concesionario.

59. 6. En lo que se refiera a la información relativa a los contratos, deberá publicarse en el perfil del contratante (señale la respuesta incorrecta): a) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas publicaciones. b) Número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento. c) El informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas. d) La resolución de los recursos que, en su caso, se hayan interpuesto durante la tramitación del procedimiento.

60. En los casos de tramitación urgente de los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público, una vez formalizado, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a: a) 15 días hábiles. b) 20 días naturales. c) 1 mes. d) 2 meses.

61. 30. El Ministerio de Fomento se suscribe a una base de datos por un importe de 100.000 euros al año. Indique qué tipo de contrato es según la Ley de Contratos del Sector Público: a) Contrato sujeto a regulación armonizada. b) Contrato de colaboración entre el sector público y privado. c) Contrato administrativo. d) Contrato privado.

62. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del cómputo de plazos: a) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. b) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. c) Los plazos expresados en días se contarán a partir de aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. d) El plazo concluirá al día siguiente de producirse la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento.

63. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto al recurso extraordinario de revisión: a) Se interpone contra actos firmes en vía administrativa. b) Se resuelve por el órgano que dictó el acto objeto del recurso. c) Una de las posibles circunstancias es que aparezcan documentos de valor esencial que evidencien el error de la resolución recurrida. d) Una de las posibles circunstancias es que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, aunque no resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

64. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece como principios generales de los recursos administrativos:112. a) Que únicamente se pueden interponer contra las resoluciones, y nunca contra actos de trámite. b) Que las leyes no pueden sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación. c) Que las leyes no pueden sustituir el recurso de reposición por otros procedimientos de impugnación. d) Que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa.

65. De acuerdo con el art. 107 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas podrán: a) Declarar lesivos para el interés público los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. b) Declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley, a fin de proceder a declarar su nulidad. c) Declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. d) Declarar, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2.

66. En relación al procedimiento general de responsabilidad patrimonial, señale la respuesta incorrecta: a) El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. b) El órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. c) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte de añadirles un período extraordinario de prueba, sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que se estima la solicitud de indemnización formulada. d) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.

67. De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con la cuantía del recurso contencioso administrativo:44 41. a) La fija el Secretario judicial una vez formulado el escrito de demanda. b) Cuando el demandado no esté de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, lo expondrá por escrito en el plazo de diez días, resolviendo el Juez lo procedente mediante auto. c) Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos. d) El Secretario judicial podrá requerir al demandante para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un plazo no superior a quince días, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el Secretario judicial.

68. En el procedimiento Contencioso-Administrativo los funcionarios públicos que actúen en defensa de sus derechos estatutarios y se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles:45 23. a) Deben comparecer asistidos de abogado. b) Pueden comparecer por sí mismos. c) Deben comparecer asistidos de abogado y procurador. d) No puede comparecer, al no estar legitimados ante el orden jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

69. El Reglamento del Registro Central de Personal (RD 2073/1999, de 30 de diciembre) en su art. 10 establece que las anotaciones registrales podrán ser: a) Ordinarias, extraordinarias y marginales. b) Ordinarias, provisionales y temporales. c) Definitivas, temporales y marginales. d) Ordinarias, provisionales y marginales.

70. Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), la Oferta de Empleo Público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de: a) 1 año. b) 2 años. c) 3 años. d) 4 años.

71. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera que se prevén en el art. 61.6 del TREBEP serán: a) La oposición, el concurso-oposición y, sólo en virtud de ley y con carácter excepcional, el concurso. b) La oposición y el concurso como sistemas ordinarios, y si las funciones a desarrollar lo aconsejan, el concurso-oposición. c) La oposición, el concurso-oposición y, excepcionalmente, si el Órgano Selectivo lo considera adecuado a las funciones a desempeñar, el concurso. d) La oposición y el concurso-oposición y, por decisión excepcional del órgano convocante, el concurso.

72. En las Ofertas de Empleo Público, según el TREBEP, se reservará para ser cubierto con personas con discapacidad: 59. a) Un cupo no inferior al 5%, de modo que al menos un 2% de las plazas ofertadas sean para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el resto para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. b) Un cupo no inferior al 9%, de modo que al menos un 2% de las plazas ofertadas sean para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual y un 7% para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. c) Un cupo no inferior al 3% de modo que al menos un 2% de las plazas ofertadas sean para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el resto para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. d) Un cupo no inferior al 7%, de modo que al menos un 2% de las plazas ofertadas sean para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el resto para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

73. De conformidad con el TREBEP, La suspensión de funciones del funcionario determina la pérdida del puesto de trabajo: 90.1. a) Cuando exceda de seis meses. b) En ningún caso supone la pérdida de puesto de trabajo. c) Cuando sea con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial. d) Cuando exceda de tres meses.

74. De acuerdo con el TREBEP, señale en qué situación administrativa es declarado un funcionario de carrera en la Administración General del Estado cuando es designado miembro del órgano de gobierno de una Comunidad Autónoma: 87. a) Servicio en otras Administraciones Públicas. b) Servicios especiales. c) Servicio activo. d) Servicio en Comunidades Autónomas.

75. Según el TREBEP, el tiempo de permanencia en situación de excedencia por interés particular: 89.2. a) Será computable a efectos de trienios. b) Será computable a efectos de derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. c) Será computable a efectos de ascensos. d) No será computable a efectos de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social.

76. Señale la respuesta correcta de acuerdo con lo previsto en el TREBEP respecto a la carrera profesional de los funcionarios: 16. a) La carrera horizontal consiste en el ascenso a través de la estructura de puestos de trabajo. b) La promoción interna vertical consiste en el acceso a Cuerpos o Escalas de un mismo Subgrupo profesional. c) La carrera horizontal consiste en la progresión de grado, categoría o escalón, u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. d) La carrera vertical consiste en el ascenso desde un Cuerpo o Escala de un Subgrupo profesional a otro superior.

77. Según el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ¿cuál es el plazo de toma de posesión de un puesto en comisión de servicios? 64.4. a) Si la comisión de servicios no implica cambio de residencia del funcionario, la toma de posesión deberá producirse en el plazo de tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios; si implica cambio de residencia, el plazo será de diez días en las comisiones de servicio de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso. b) Si la comisión de servicios no implica cambio de residencia del funcionario, la toma de posesión deberá producirse en el plazo de tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios; si implica cambio de residencia, el plazo será de ocho días en las comisiones de servicio de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso. c) Si la comisión de servicios no implica cambio de residencia del funcionario, la toma de posesión deberá producirse en el plazo de ocho días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios; si implica cambio de residencia, el plazo será de diez días en las comisiones de servicio de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso. d) Si la comisión de servicios no implica cambio de residencia del funcionario la toma de posesión deberá producirse en el plazo de ocho días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios; si implica cambio de residencia, el plazo será de quince días en las comisiones de servicios de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso.

78. En el marco del derecho a la negociación colectiva establecido por el TREBEP, se consideran materias objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso: 37. a) La determinación de todas las retribuciones de los funcionarios y laborales. b) Las que afecten a las retribuciones de los funcionarios cuya regulación exija norma con rango de ley. c) La determinación y aplicación de las retribuciones de los funcionarios en aquellos aspectos que afecten a las condiciones de trabajo. d) Las retribuciones del personal funcionario y laboral cuando no se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

79. Según el EBEP, la formación y actualización de los empleados públicos se configura como: 14 y 54. a) Sólo como un derecho de los empleados y, por tanto, un deber de la Administración. b) Un derecho y un deber o principio de conducta de los empleados públicos. c) No aparece recogido en la relación de derechos y deberes. d) Sólo como un deber o principio de conducta de los empleados.

80. Según el Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, tendrán la consideración de estados o situaciones determinantes de la incapacidad temporal: 18. a) Enfermedad, parto, accidente y los periodos de observación en caso de enfermedad profesional. b) Enfermedad, parto, adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, accidente y los periodos de observación en caso de enfermedad profesional. c) Enfermedad, accidente y los periodos de observación en caso de enfermedad profesional. d) Enfermedad, adopción y los periodos de observación en caso de enfermedad profesional.

81. Según el TREBEP, las faltas graves de los funcionarios públicos: 95. a) Están establecidas en el propio EBEP, que tipifica todas las faltas disciplinarias. b) Serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma. c) Se establecen por las diferentes Administraciones Públicas en uso de su potestad de autoorganización. d) Se establecen por Real Decreto del Consejo de Ministros, en desarrollo del EBEP.

82. De acuerdo con el TREBEP, las sanciones impuestas por faltas disciplinarias prescribirán: 97. a) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves a los 6 meses. b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los 6 meses. c) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. d) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los 3 meses.

83. De conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, la autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el Sector Público corresponde, en el ámbito de la Administración General del Estado: 9. a) Al Consejo de Ministros. b) Al Ministerio donde esté desempeñando sus funciones el empleado público. c) Al Ministerio de Hacienda y Función Pública. d) No requiere autorización.

84. El artículo 98 del EBEP regula el procedimiento disciplinario, estableciendo que la suspensión provisional como medida cautelar podrá ser: a) Como máximo de 6 meses en caso de expediente disciplinario y de 1 año en caso de tramitación de procedimiento judicial si hay prisión provisional. b) Como máximo de 6 meses tanto en expediente disciplinario como en caso de tramitación de procedimiento judicial. c) Por el tiempo que dure la tramitación del expediente disciplinario o el procedimiento judicial si hay prisión provisional. d) No podrá exceder de 6 meses en el expediente disciplinario, y en la tramitación de un procedimiento judicial se extenderá por el tiempo que dure la prisión provisional.

85. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de: a) Equilibrio o superávit presupuestario. b) Superávit estructural. c) Superávit presupuestario. d) Equilibrio financiero.

86. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), se entenderá por sostenibilidad financiera: a) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la LOEPSF, en la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. b) La ausencia de endeudamiento. c) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la LOEPSF y en la normativa europea. d) La ausencia de déficit presupuestario, endeudamiento y morosidad de la deuda comercial La ley, los negocios jurídicos, los actos y los procedimientos administrativos.

87. De acuerdo con la Regla de Gasto a la que hace referencia el artículo 12 de LOEPSF, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: a) La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del P.I.B. de medio plazo de la economía española. b) Los intereses de la deuda no forman parte del gasto computable. c) Corresponde al actual Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. d) Las transferencias a la Unión Europea vinculadas a su sistema de financiación no forman parte del gasto computable.

88. La neutralidad impositiva es un principio : a) Del presupuesto compensatorio. b) Del presupuesto clásico. c) Del presupuesto por programas. d) Del presupuesto cíclico.

89. La técnica presupuestaria que exige a cada responsable la justificación de sus peticiones presupuestarias, probando la necesidad de todas las cantidades a gastar, se denomina: a) Presupuesto en Base Cero. b) Presupuesto clásico. c) Presupuesto por programas. d) Presupuesto equilibrado económicamente.

90. El principio que hace referencia a la centralización de todos los fondos y valores de la Hacienda Pública en el Tesoro Público es: a) El principio de Unidad. b) El principio de Integridad. c) El principio de Unidad de Patrimonio. d) El principio de Unidad de Caja.

91. Según la estructura de programas vigente, éstos se agregarán en: a) Políticas de Gasto, Concepto de Gasto, Grupos de Programas y Programas. b) Áreas de Gasto, Políticas de Gasto, Concepto de gasto y Programas. c) Áreas de Gasto, Políticas de Gasto, Grupos de Programas y Programas. d) Todas son falsas.

92. Según la Ley 47/2003 General Presupuestaria, cada una de las asignaciones individuales de gasto que figuran en los presupuestos, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados se denomina: a) Aplicación presupuestaria. b) Programa presupuestario. c) Crédito inicial. d) Crédito presupuestario.

93. Según la Ley 47/2003 General Presupuestaria, en el Presupuesto del Estado los créditos para gastos corrientes en bienes y servicios asignados a un centro gestor y a un programa se especificarán: a) A nivel de concepto. b) A nivel de artículo. c) A nivel de capítulo. d) A nivel de subconcepto.

94. De acuerdo con la estructura económica vigente del presupuesto de ingresos gastos señale la afirmación correcta: a) Los ingresos por el I.V.A. se imputan al capítulo 1. b) Los ingresos por préstamos recibidos se imputan al capítulo 9. c) Los ingresos por venta de bienes corrientes se imputan al capítulo 3. d) Los ingresos por arrendamientos se imputan al capítulo 5.

95. Según el artículo 37 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria ,el proyecto de Ley de PGE: a) Será remitido a las Cortes Generales antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera. b) Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales. c) El informe de impacto de género. d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores.

96. Según lo dispuesto por la Ley General Presupuestaria, se podrán autorizar transferencias de crédito entre programas correspondientes a servicios de diferentes secciones: a) Cuando lo autorice el titular del departamento ministerial previo informe favorable del Interventor delegado. b) En ningún caso. c) Como consecuencia de reorganizaciones administrativas siendo competencia del Consejo de Ministros su autorización. d) Como consecuencia de convenios de colaboración suscritos entre departamentos ministeriales correspondiendo su autorización al Consejo de Ministros.

97. Los gastos derivados de la concesión de becas de estudio a estudiantes se imputan: a) Al artículo 48 “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro”. b) Al artículo 16 como gastos de acción social. c) Al concepto 227 “Gastos diversos”. d) Al artículo 78 “Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro”.

98. En el ejercicio actual, la cuantía de cada paga extraordinaria será: a) Una mensualidad de sueldo, trienios y complemento de destino. b) Una mensualidad de sueldo, trienios, complemento de destino y complemento específico. c) Una mensualidad de sueldo y trienios. d) La cuantía que en concepto de sueldo y trienios se haya fijado en la LPGE para cada grupo o subgrupo y una mensualidad de complemento de destino.

99. La exclusión en la nómina de un perceptor que figuraba el mes anterior se considera: a) Una modificación de la nómina de carácter permanente. b) Una modificación temporal si se debe a una licencia concedida al perceptor. c) Una baja en nómina. d) Ninguna respuesta anterior es correcta.

100. ¿A qué modalidad de control están sujetas las Entidades Públicas Empresariales?: a) Sólo a auditoría pública. b) A control financiero permanente y a auditoría pública. c) A función interventora, a control financiero permanente y a auditoría pública. d) Sólo a control financiero permanente.

101. Según el art. 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, señale la respuesta correcta en relación con la declaración del estado de sitio:46 4. a) La declaración del estado de sitio no interrumpirá el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. b) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados y del Senado. c) La Autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. d) El decreto de declaración del estado de sitio podrá establecer la práctica de requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

102. Respecto los actos jurídicos de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea dispone que:47 G. a) Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones y recomendaciones. b) La directiva obligará a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. c) La decisión será obligatoria en todos sus elementos básicos, estableciéndose un margen discrecional de actuación a los Estados miembros en su parte disponible. d) Las recomendaciones y los dictámenes son preceptivos y vinculantes.

103. Señale la respuesta correcta en relación al artículo 17 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sobre los Informes sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto. a) Antes del 15 de octubre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hará público, para general conocimiento, el informe elaborado sobre la adecuación a los objetivos de estabilidad, de deuda y a la regla de gasto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. b) Antes del 15 de abril de cada año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas. c) Antes del 1 de abril de cada año, el Ministro de Hacienda y Función Pública elevará al Gobierno un primer informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior. d) Todas las respuestas son correctas.

104. Podrán poner fin al procedimiento administrativo, según el art. 84 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común:48 84. a) Toda renuncia al derecho en que se funde la solicitud, siempre que sea planteada por el interesado. b) Todo acuerdo, pacto, convenio o contrato celebrado entre Administraciones Públicas. c) Todas las respuestas anteriores son correctas. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

105. Son impuestos directos: a) Aquellos que tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo para determinar la deuda. b) Aquellos que gravan exclusivamente la fuente de la capacidad económica de las personas. c) Aquellos cuyo hecho imponible se define en relación a una persona determinada. d) Ninguna es correcta.