SIMULACRO - 39/2015, 40/2015, CE, 3/2006, 5/2015, OFFICE,...

Según el artículo 59 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique la respuesta correcta: Las Direcciones Generales se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Las Secretarías Generales Técnicas se crean, modifican y suprimen por Ley ordinaria, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Las Secretarías Generales, se crean, modifican y suprimen por Orden del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Las Subdirecciones Generales, se crean, modifican y suprimen por Decreto-Ley del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según el artículo 60 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique la respuesta INCORRECTA: Los Ministros son los jefes superiores del Departamento. Los órganos directivos dependen, entre otros, de los Ministros y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario. Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Subdirector general.

Según el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a los Secretarios de Estado les corresponde, entre otras: Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes. Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia. Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.

Según el artículo 79 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales: Existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por su Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados pero no los no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno. Existirá una Comisión interministerial de coordinación al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno. Existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales no existe Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, pero sí en las pluriprovinciales.

Según el artículo 76 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno: Contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados del Gobierno, como órgano de ejecución de los servicios comunes. Contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de ejecución de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma. Contarán con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno. Se fijará por Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo: Ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Ejercerá conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente del Comité. Ejercerá conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión. Ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente del Comité.

Según el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, relativo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, indique la respuesta correcta: Se pronunciará, de conformidad con los Tratados, sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas. La Unión Europea establecerá las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General Central Europeo y los tribunales especializados. El Tribunal General Central dispondrá al menos de dos jueces por Estado miembro.

Según el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, relativo al Consejo Europeo, indique la respuesta correcta: Se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro y, en el caso del Presidente de la Comisión, con la de un miembro del Parlamento Europeo. Dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales, y ejercerá su función legislativa. Se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro y, en el caso del Presidente de la Comisión, con la de un miembro de la Comisión. Se pronunciará por mayorías, excepto cuando los Tratados dispongan otra.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, sector público institucional se integra por: Las Entidades que integran la Administración Local. Organismos públicos dependientes de las Administraciones Públicas. Corporaciones de Derecho Público. La Administración General del Estado.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: Un poder general para que el poderdante pueda actuar en nombre del apoderado en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. Un poder para que el poderdante pueda actuar en nombre del apoderado únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. Un poder para que el poderdante pueda actuar en nombre del apoderado en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, están regulados en el artículo: 14. 15. 13. 16.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, en lo relativo a las normas generales de actuación de la Actividad de las Administraciones Públicas, indique la respuesta INCORRECTA: Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, las entidades sin personalidad jurídica. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Las Administraciones exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá, entre otros, en los siguientes casos: Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta después de resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 97, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 49 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, este plazo: No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. No podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Decreto establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. No podrá exceder de cuatro meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, en lo relativo a las disposiciones del procedimiento administrativo común, indique la respuesta INCORRECTA: Los interesados en un procedimiento administrativo, tiene, entre otros, derecho actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. Contra el acuerdo de acumulación de procedimientos podrá interponerse recurso de reposición. Los procedimientos podrán iniciarse a solicitud del interesado.

Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, relativo a los medios y periodo de prueba del procedimiento administrativo común, indique la respuesta correcta: En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. El instructor del procedimiento no podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, no deberá incluirse en la propuesta de resolución.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, en lo relativo a la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, indique la respuesta INCORRECTA: Son nulos de pleno derecho los actos que tengan un contenido imposible. Son nulos de pleno derecho los actos presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo que incurran en la desviación de poder. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

El artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, relativo a la publicación de los actos administrativos, establece que: En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, no podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 140.2 exige respecto de las notificaciones. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, no podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.

El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, relativo a la inderogabilidad singular de los actos administrativos, establece que: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, incluso cuando aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria.

El artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, relativo a la notificación infructuosa de los actos administrativos, establece que: Las Administraciones Públicas no podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Las Administraciones Públicas no podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos y se ignore el lugar de la notificación, ésta se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, relativo a la declaración de lesividad de actos anulables, establece que: Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Transcurrido el plazo de un mes desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean nulos conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.

Según el artículo 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. El Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los Ministros. Los Directores Generales, respecto de los actos y disposiciones dictados por los Subsecretarios de Estado de ellos dependientes. Los Directores Generales, respecto de los actos y disposiciones dictados por los Secretarios de Estado de ellos dependientes.

Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, referido al recurso de alzada, se establece que: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. El plazo para la interposición del recurso será de tres meses, si el acto fuera expreso. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo de reposición. El plazo para la interposición del recurso será de un mes, si el acto fuera expreso.

Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, referido al recurso de reposición, se establece que: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. El plazo para la interposición del recurso será de tres meses, si el acto fuera expreso. Contra la resolución de un recurso de reposición no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso de alzada. El plazo para la interposición del recurso será de un mes, si el acto fuera expreso.

El artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, regula el recurso extraordinario de revisión, señale la respuesta correcta: Dicho recurso se interpondrá ante el órgano administrativo superior al que dictó el acto firme en vía administrativa. Cuando el acto firme en vía administrativa hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el recurso se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, el recurso se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Cuando el acto firme en vía administrativa hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el recurso se interpondrá dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

De conformidad con la Constitución Española, España de constituye en un Estado: Social de derecho. Democrático de derecho. Social y democrático de derecho. Plural de derecho.

Según el artículo 3.3 de la Constitución Española, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España: Es un bien con valor histórico que deberá ser objeto de protección por las Comunidades Autónomas. Es un patrimonio histórico cuya gestión corresponde a la Unión Europea. Es un patrimonio natural que deberá ser objeto de protección por la UNESCO. Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Según el artículo 18.2 de la Constitución Española, el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él: Sin consentimiento del ministerio fiscal, en todos los casos. Sin consentimiento del Presidente de la Comunidad Autónoma respectiva. Sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Sin resolución judicial motivada, en todos los casos.

Según el artículo 20 de la Constitución Española, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información sólo podrá acordarse: En virtud de resolución judicial. Por orden del Delegado del Gobierno. Por orden del Ministerio de Justicia. Por Real Decreto Ley.

Según el artículo 53.2 de la Constitución Española, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del: Recurso de súplica ante el Ministerio de Justicia. Recurso de inconstitucionalidad. Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Recurso de apelación.

Conforme al artículo 56 de la Constitución, el Jefe del Estado es símbolo de: Unidad e integridad. Unidad y permanencia. Soberanía nacional e independencia. Integridad y soberanía.

Conforme al artículo 68 de la Constitución, el Congreso de los diputados se compone de: 350 diputados. 300 diputados. Un mínimo 300 y un máximo de 375 diputados. Un mínimo 300 y un máximo de 400 diputados.

De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Española, el número de senadores que se elegirán en cada provincia será de: Cuatro en cada una de las islas mayores. Tres. Cuatro. Dos.

Conforme al artículo 81 de la Constitución, la aprobación de las leyes orgánicas exigirá la siguiente mayoría: Mayoría simple del Congreso. Mayoría absoluta del Congreso. Mayoría simple del Congreso y dos tercios en el Senado. Mayoría simple del Congreso y mayoría simple del Senado.

Conforme al artículo 167 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de: Tres quintos de cada una de las Cámaras. Dos tercios de cada una de las Cámaras. Dos tercios del Senado y mayoría absoluta del Congreso. Dos tercios del Senado.

Según el artículo 101 de la Constitución, el Gobierno cesa: Con la convocatoria de elecciones generales. Por fallecimiento de su Presidente. El día siguiente a la disolución de las Cortes Generales. Con la presentación de una moción de censura.

Conforme al artículo 113 de la Constitución, y en cuanto a la moción de censura: El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la undécima parte de los Diputados. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría de dos tercios de la Cámara de la moción de censura. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Conforme al artículo 116 de la Constitución, el estado de alarma: Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. Requiere mayoría de tres quintos del Congreso.

Conforme al artículo 116 de la Constitución, los estados de alarma, de excepción y de sitio se regularán mediante: Ley ordinaria. Alarma y excepción mediante ley ordinaria y sitio mediante ley orgánica. Real Decreto Legislativo. Ley orgánica.

Conforme al artículo 123 de la Constitución, el Presidente del Tribunal Supremo. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados. Será nombrado por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno.

Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para que una empresa tenga la obligación de elaborar un Plan de igualdad, deberá contar con: Más de 400 trabajadores. Más de 300 trabajadores. 50 o más trabajadores. Todas las empresas tienen la referida obligación independientemente de su personal.

Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias no tienen obligación del fomentar la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En el ámbito de la educación infantil, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la investigación sobre la evolución de la igualdad entre mujeres y hombres. No se aplica a la educación superior.

Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en cuanto al nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración del Estado: No existe regulación alguna. El número de hombres no puede ser superior al 60%. El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. El Gobierno no tiene obligación de atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo: La empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. La empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, si no ha finalizado el año natural al que correspondan. La empleada pública tendrá derecho a disfrutar un tercio de sus vacaciones en fecha distinta. La empleada pública perderá sus vacaciones.

Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: Contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. No tienen obligación de contemplar el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. Establecerán necesariamente un supuesto práctico sobre igualdad de género. Deberán recoger un mínimo de tres temas de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

En Excel señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta para la función DIAS(): Devuelve los días del mes. Calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 365 días. Devuelve el número de días entre dos fechas. Devuelve el día de la semana.

Siguiendo con Excel señale cuál de estas categorías de funciones NO existe: Estadísticas. Financieras. Cubo. Formación.

En Excel un gráfico de barras se utiliza para: Mostrar visualmente valores entre algunas categorías. Mostrar tendencias de tiempo. Mostrar proporciones del Total. Mostrar mapas.

En Excel dentro de una Tabla dinámica > Analizar tabla > campos, elementos y conjuntos puede: Insertar un gráfico calculado. Introducir el editor de Word. Insertar un campo calculado. Insertar una modulación de un gráfico de tipo texto.

En Word en cuál de estos formatos NO es posible guardar un documento: Página web de un solo archivo (*mht, *mhtl). Plantilla de Word (*.dotx). Plantilla de Word (*.docm). Texto de OpenDocument (*.odt).

En Outlook si hace clic derecho en un mensaje de la Bandeja de entrada > Reglas > Crear Regla cuál de estas opciones no se ofrecen para crear una regla: Enviado a mi solamente. De. El Asunto contiene. Enviado a.

En Outlook antes de enviar un correo electrónico puede seleccionar (indique la opción correcta). Asignar una directiva CSV. Asignar una directiva de supresión. Asignar una directiva de retención. Asignar una directiva de codificación.

En Outlook el método abreviado para crear un nuevo mensaje es (indique la opción correcta): Control+N. Control+A. Control+M. Control+U.

En Outlook las categorías de color le permiten identificar fácilmente y agrupar elementos asociados en Microsoft Outlook (indique la correcta).: A notas, contactos, citas y mensajes de correo electrónico. A mensajes exclusivamente. A notas y mensajes exclusivamente. A citas exclusivamente.

En Outlook cuál de estas funciones hace la tecla F7 al ser pulsada (indique la correcta). Acepta provisionalmente una invitación a una reunión. Marcar un mensaje como no leído. Revisa la ortografía al redactar un mensaje. Reenvía el mensaje actual.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante TREBEP, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad: No inferior al cinco por ciento. No inferior al seis por ciento. No inferior al siete por ciento. No inferior al ocho por ciento.

De conformidad con el TREBEP, los sistemas selectivos de funcionarios de carrera, que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, son: El concurso. El concurso interno y externo. La oposición. La oposición y concurso oposición.

De conformidad con el TREBEP, las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser: A tiempo completo. A tiempo parcial. A tiempo completo o a tiempo parcial. No aparece regulada la jornada de trabajo en el TREBEP.

De conformidad con el TREBEP, la provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por: El procedimiento de concurso de méritos general con convocatoria pública. El procedimiento de concurso de méritos específico con convocatoria pública. El procedimiento de libre designación con convocatoria pública. Los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.

De conformidad con el TREBEP, los empleados públicos actuarán: De acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. De acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. De acuerdo con los principios de economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. De acuerdo con los principios de eficacia y economía, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.