SIMULACRO 4

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución española, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones, hará falta comunicarlo previamente a la autoridad, la cual sólo podrá prohibirlas cuando: En ningún caso se puede prohibir una manifestación porque es un derecho fundamental. Se considere un peligro para el orden público, por impacto social o político. No respeten los valores o principios fundamentales superiores constitucionales. Haya motivos fundamentados de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

De acuerdo con el artículo 22 de la Constitución española, se reconoce el derecho de asociación. Las actividades de las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas: En virtud de una resolución policial. En virtud de una resolución judicial motivada. En virtud de una sentencia del Tribunal Supremo. En virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Según el artículo 22 de la Constitución española, se prohíben las asociaciones: Secretas y las de carácter paramilitar. De carácter político pero antidemocráticas. Secretas y las de carácter fascista. Secretas, antidemocráticas y las de carácter sectario.

Según el artículo 23 de la Constitución española, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos: a) Mediante votación asamblearia local o electoral a nivel nacional. b) Directamente. c) Por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución española, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a las funciones y a los cargos públicos: Según se indique en una ley orgánica. En condiciones de igualdad y con los requisitos que las leyes señalen. De acuerdo con la normativa sobre incompatibilidad. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que indica la ley.

Según el artículo 24 de la Constitución española, todo el mundo tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y de los tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos: Sin que el individuo haya de pagar por ningún servicio jurídico. Sin que el individuo haya de defenderse sin ninguna ayuda. Sin que pueda haber indefensión. Sin que esto influya en el tratamiento de los jueces hacia el individuo o en la decisión final de los tribunales en un juicio.

¿De qué Ministerio depende el Registro de Fundaciones de competencia estatal?. Ministerio de Justicia. Ministerio de la Presidencia. Ministerio de Cultura. Ministerio de Hacienda.

El Consejo Superior de Fundaciones es: Un órgano representativo de las fundaciones. Un órgano ejecutivo de las fundaciones. Un órgano nominativo de las fundaciones. Un órgano consultivo de las fundaciones.

¿Las fundaciones vinculadas a los partidos políticos se regirán por lo dispuesto en la Ley 50/2002?. Sí. Sí, pero únicamente los partidos políticos con representación nacional. Sí, pero únicamente los partidos políticos con representación autónomica. No.

El Patronato deberá nombrar un Secretario. ¿Podrá recaer el cargo en una persona ajena al propio Patronato?. No, el Secretario debe ser un miembro del Patronato de la fundación. No, a excepción de que el Secretario sea un miembro del Protectorado. Sí, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. Si, en cuyo caso no tendrá ni voz ni voto.

¿Podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general?. No, en ningún caso. Sí, si lo autoriza el Patronato de la fundación. Sí, pero únicamente para aquellas fundaciones cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico español, siempre que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Sí, si lo autoriza el Protectorado.

¿Se pueden establecer en territorio español fundaciones extranjeras?. No, bajo ningún concepto. Sí, siempre y cuando su presidente resida en España. Sí, pero deberá mantener una delegación en territorio español que constituirá su domicilio a los efectos de la Ley 50/2002. Sí, siempre y cuando el Protectorado lo autorice a través de resolución expresa.

¿Qué organismos integran el Sistema Español de Museos?. El Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y la Dirección de Museos Estatales. El Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y el Instituto Cervantes. El Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y el Círculo de Bellas Artes. El Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y el Instituto de Ciencias Naturales.

¿Quién promoverá la cooperación entre los Museos e Institutos que integran el Sistema Español de Museos para la documentación, investigación, conservación y restauración de los fondos, así como para las actividades de difusión cultural y el perfeccionamiento de su personal?. El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, asesorada por la Junta Superior de Museos. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio, asesorada por la Junta Superior de Museos. La Dirección General de Bellas Artes y Archivos, asesorada por la Junta Superior de Museos.

¿Para su reconocimiento a efectos de la Ley 4/2003 de Museos de las Islas Baleares, qué requisito tendrá que reunir una colección museográfica?. Exposición permanente, coherente y ordenada de bienes y/o colecciones. Inventario de los fondos. Apertura al público con carácter fijo, continuado o periódico. Todas las anteriores.

Según la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas Baleares, no son funciones de los museos: La conservación, el inventario, la catalogación, la restauración y la exhibición ordenada de los bienes culturales y de las colecciones a su alcance. La investigación en el ámbito de sus bienes y colecciones, de sus especialidades y de su entorno cultural. El desarrollo de actividades didácticas educativas y actividades de difusión cultural, en relación con sus fondos. La venta sistemática de sus bienes y colecciones para obtener rendimientos económicos.

¿Para su reconocimiento a efectos de la Ley 4/2003 de Museos de las Islas Baleares, qué requisito tendrá que reunir un museo?. Inventario del fondo. Fondos accesibles para la investigación, la consulta, la enseñanza, la divulgación y el goce público. Disponer de un plan anual de actividades. Todos los anteriores.

Según la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas Baleares, cada museo tiene que contar con un protocolo de emergencia, en el cual se especifiquen las responsabilidades y funciones de todo el personal del centro, y se dispongan las acciones a emprender en casos de emergencia. ¿Con qué frecuencia se tiene que actualizar este protocolo?: Los museos no tienen protocolo de emergencia. Cada dos años. Cada año. Cada tres años.

Los reglamentos independientes se caracterizan por ser: Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria. Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. Los que regulan materias sobre las que la Constitución ha previsto expresamente una reserva reglamentaria, así como aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. En España no puede haber reglamentos independientes, dado que la Constitución no ha previsto expresamente una reserva reglamentaria.

Los reglamentos ejecutivos son: Los que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley y que no están protegidas por reserva material de ley. Los que desarrollan y complementan una ley. Los que dicta la Administración para hacer frente a riesgos extraordinarios, suspendiendo la vigencia de las leyes a las cuales contradicen mientras dure la situación de emergencia. Los que regulan materias sobre las que la Constitución española ha previsto una reserva reglamentaria.

Señala la respuesta incorrecta en relación con el reglamento de necesidad: El reglamento de necesidad implica la suspensión de la legalidad establecida. El reglamento de necesidad tiene carácter transitorio en el ordenamiento jurídico. El reglamento de necesidad sólo se puede dictar por razón de la concurrencia de circunstancias extraordinarias. El reglamento de necesidad tiene carácter de permanencia en el ordenamiento jurídico.

Señala la respuesta correcta: El reglamento independiente no puede abordar ni entrar a regular ningún ámbito normativo externo a la Administración. El reglamento de necesidad tiene una extensión temporal ilimitada y precisa de una norma posterior que lo derogue. El reglamento independiente necesita de habilitación normativa. El reglamento ejecutivo se denomina también reglamento praeter legem.

En cuanto a la potestad reglamentaria de las entidades locales: a) La Constitución no prevé ninguna referencia a la potestad reglamentaria de la Administración local, a pesar de que se entiende implícita en el artículo 122, al reconocerle autonomía para la gestión de sus intereses. b) La potestad reglamentaria de los entes locales en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears está recogida en el artículo 106 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, atribuye a los municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

El Reglamento del Parlamento de las Illes Balears: No está subordinado a la ley, sino que está al mismo nivel de la ley. No es susceptible de recurso contencioso administrativo. A pesar de su denominación, no tiene naturaleza de disposición reglamentaria. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con el art. 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora: Debe designar siempre un secretario. Se notificará al inculpado únicamente cuando pueda ser interesado en el procedimiento. Debe contener la identificación de la persona o personas presuntamente responsables. Se notificará al instructor del procedimiento de acuerdo con los artículos 40 a 46 de esta Ley.

Según el art. 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuál es el plazo para presentar alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial?. Diez días, a contar desde que se dicta el acuerdo de iniciación del procedimiento. Quince días, a contar desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Diez días, a contar desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. No hay ningún plazo específico para presentar alegaciones.

Según el art. 75.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicar: En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. En la forma que resulte más conveniente para la Administración y atendiendo al interés público. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con el horario de atención al público. En la forma que resulte más conveniente para el órgano instructor.

Según el art. 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se abrirá un período de prueba: Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija. A petición de los interesados, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. A petición de los interesados, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por éstos o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija.

Según el art. 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el período extraordinario de prueba se abrir·: Cuando el instructor lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días. Cuando el instructor lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a quince días. Cuando el instructor lo considere necesario, por un plazo no superior a diez días. Cuando el instructor lo considere necesario, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el art. 77.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones, relativo a los medios y el período de prueba: El instructor podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a quince días. La duración del período ordinario de prueba será inferior a treinta días. El instructor puede rechazar pruebas propuestas por los interesados. Los hechos declarados probados en actos administrativos firmes vinculan a las Administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

No son derechos laborales de los trabajadores según el Estatuto de los Trabajadores: La libre sindicación. La negociación colectiva. La ocupación efectiva. Cobrar la nómina cada mes.

Según el art. 149.1.7ª de la Constitución española de 1978, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias siguientes: Legislación laboral; sin perjuicio que sea ejecutada por los órganos de las comunidades autónomas. Administración de justicia. Legislación laboral; junto con las Comunidades Autónomas. Legislación laboral; siempre que se refiera a los convenios colectivos.

El art. 34 de la Constitución Española de 1978 dice entre otras cosas: Que todos los españoles tienen el deber de trabajar. Que todos los españoles tienen el derecho al trabajo. Que todos los trabajadores son iguales ante la ley. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Según el art. 6.3 del Estatuto de los trabajadores: Se prohíbe realizar horas extras a los menores de catorce años. Se prohíbe realizar horas extras a los menores de dieciocho años. Se prohíbe realizar horas extras a los menores de dieciséis años. El art. 6.3 habla de la capacidad de contratar, no de horas extras.

Según el art. 6.1 del Estatuto de los trabajadores: Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de quince años. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años. Se prohíbe la admisión de los trabajos a los menores de dieciocho años. Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

Según el art 4.2 del estatuto de los trabajadores, los trabajadores en su relación de trabajo no tienen derecho : A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. A la promoción y formación profesional en el trabajo. A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales. A todos los derechos anteriores y además, a una vivienda digna y gratuita.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica: a) Se firmó en Estambul el 11 de mayo de 2011. b) Fue ratificado por España en marzo del 2014. c) Todavía no está ratificado por España. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Indique la respuesta incorrecta de acuerdo con lo que la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres establece como violencia machista: La violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico. La violencia simbólica, que incluye los iconos, representaciones, narrativas, imágenes, etc., que reproducen o transmiten relaciones de dominación de los hombres respecto de las mujeres, así como desigualdades de poder entre sexos y de segregación. La violencia institucional, producida desde los servicios públicos y que revictimitza las víctimas. El feminicidio, asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, al margen de que haya o haya habido relación de pareja.

La Directiva 2004/113/CE del Consejo de Europa, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a los bienes y servicios y a su suministro: a) Establece la distinción entre discriminación directa y discriminación indirecta. b) Establece la distinción entre discriminación múltiple y orden de discriminar. c) Establece la distinción entre acoso y acoso sexual. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Indique la respuesta incorrecta de acuerdo con el Estatuto de autonomía de las Illes Balears, cuando establece que las administraciones públicas de las Illes Balears se tienen que centrar, primordialmente, en los ámbitos siguientes: La igualdad de derechos de mujeres y hombres en todos los ámbitos. La protección social contra la violencia, especialmente contra la violencia de género. El desarrollo sostenible del turismo. La protección específica y la tutela social del menor.

Según dispone el Estatuto de autonomía de las Illes Balears en el artículo 17 «no discriminación por razón de sexo»: Todas las mujeres y hombres tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal. Todas las mujeres y hombres tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía. Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual. Todas las respuestas son correctas.

Señale la respuesta correcta en relación con el Decreto de traspaso de competencias en materia de políticas de género y mujer: Es el Decreto 26/2004, de 21 de diciembre, de traspaso a los consejos insulares de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estos consejos insulares que actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de políticas de género y mujer. Es el Decreto 46/2018, de 21 de diciembre, de traspaso a los consejos insulares de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estos consejos insulares que actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de políticas de género y mujer. Es el Decreto 46/2018, de 21 de diciembre, de traspaso a los consejos insulares de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estos consejos insulares que actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de políticas de corresponsabilidad. No se han transferido todavía estas competencias a los consejos insulares.

El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: Que cuando se haya producido un daño para la salud (física o psíquica) debe investigarse. Que el empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Que como acción preventiva debe promocionarse la salud. Que debe atenuarse el trabajo monótono y repetitivo.

Señale la respuesta correcta en relación al Plan de Prevención de riesgos laborales: Deben realizarlo aquellas empresas de más de cincuenta trabajadores. Las empresas, según el número de trabajadores y la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, pueden realizar el Plan de prevención de riesgos laborales de forma simplificada. Deben realizarlo aquellas empresas de más de cien trabajadores. Las empresas, según el número de trabajadores y la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, pueden realizar el Plan de prevención de riesgos laborales de forma extensa.

El artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales establece que: El empresario no tendrá en cuenta la capacitación profesional de los trabajadores. Las empresas de más de 150 empleados deben disponer de plan de emergencias. El diseño del puesto de trabajo no se contempla en la prevención de riesgos laborales. El empresario debe aplicar los principios de la acción preventiva.

El principio de sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no comporte ninguno es: Un principio de la acción preventiva. Una acción del estudio inicial. Un caso aplicable a productos químicos. No es un principio de acción preventiva.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, el empresario: Debe realizar un nuevo Plan de Prevención que incluya los daños de los trabajadores. Debe llevar a cabo una investigación sobre el caso, a fin de detectar las causas de los hechos. Debe comunicar los hechos a la fiscalía. Debe llevar a cabo el seguimiento de la actividad preventiva a fin de perfeccionar de forma continua las actividades de identificación.

El artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales dice que: El empresario debe proporcionar a sus empleados sólo equipos de protección individual. El empresario debe velar para que se haga un uso efectivo de los equipos de protección individual. El empresario debe proporcionar a sus empleados equipos de protección individual adecuados para el ejercicio de sus funciones y velar para que se haga un uso efectivo cuando sea necesario. Son necesarios los equipos de trabajo y los equipos de protección individual.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos: se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. se mantendrán hasta cinco años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. se mantendrán hasta tres años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿Qué implica el Derecho de rectificación en Internet?. Que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Que cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Que toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Que los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos.

De acuerdo con el Título V de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos (señala la respuesta incorrecta): Los establecimientos financieros de crédito. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Los colegios profesionales y sus consejos generales. Los centros sanitarios no obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta: De forma obligatoria mediante una declaración, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Mediante una acción de no prohibición, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Necesariamente mediante una declaración de no oposición al tratamiento de datos personales que le conciernen.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), el encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo podrán tratar dichos datos siguiendo instrucciones: del delegado de protección de datos, a no ser que estén obligados a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. del encargado, a no ser que estén obligados a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. del responsable, a no ser que estén obligados a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. de la autoridad de control, a no ser que estén obligados a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679: Cuando así lo prevea exclusivamente una norma con rango de ley. Cuando así lo prevea exclusivamente una norma de Derecho de la Unión Europea. Cuando así lo prevea una norma reglamentaria de desarrollo de esta ley. Cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley.