SIMULACRO 5

De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución española, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas: a) A la reeducación. b) Al castigo. c) A la reinserción social. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Según el artículo 26 de la Constitución española, se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de: a) En el ámbito de la Administración civil. b) En el ámbito de la Administración pública y las organizaciones privadas. c) En el ámbito de las organizaciones profesionales. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución española, para los españoles la defensa de España: Solo es un deber. No es obligatoria. Es un derecho y un deber. Solo es un derecho.

Según el artículo 28 de la Constitución española, la huelga forma parte: Del derecho a la libertad de expresión y manifestación. Del derecho del trabajo. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Del derecho a la libertad sindical.

Según el artículo 27 de la Constitución española, la educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto: A los principios democráticos de convivencia y a los derechos y a las libertades fundamentales. A los principios democráticos y a los derechos humanos. A los derechos fundamentales de la Constitución y a los derechos humanos y de la infancia reconocidos en los tratados internacionales. A los principios constitucionales de convivencia y a los derechos fundamentales.

Según el artículo 28 de la Constitución española, la obligatoriedad de afiliación a un Sindicato de los trabajadores es posible: Cuando lo acuerda la mayoría de los trabajadores. En ningún caso. Cuando así venga dispuesto por razón del trabajo que se realice. Cuando así se imponga en el convenio laboral.

¿Pueden aceptar herencias las fundaciones?. Sí, la aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. Sí, La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio contable. No, no pueden aceptar herencias. No, mientras la fundación esté en funcionamiento.

¿Cuál es el tipo de gravamen para la base imponible positiva que corresponde a las rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas?. 20 %. 70%. 10%. 50%.

¿Qué tributos locales están exentos de pago siempre y cuando se cumplan los preceptos del artículo 15 de la Ley 49/2002?. El impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de actividades económicas. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Todas las anteriores son correctas.

Según el artículo 16 de la Ley 49/2002, ¿Qué entidades pueden ser beneficiarias del mecenazgo?. Las sociedades anónimas. Las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el Título II de esta Ley. Las universidades privadas y los colegios mayores adscritos a las mismas. Los Organismos privados de Investigación.

¿Qué porcentaje tendrán derecho a deducir los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción para importes de hasta 150€?. 60%. 70%. 75%. 80%.

¿Qué porcentaje tendrán derecho a deducir los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción para el resto de base de deducción?. 25%. 30%. 35%. 50%.

Según la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas Baleares, el documento del centro museístico que, de una forma razonada y ordenada, planifica y prevé todas las actividades de investigación, conservación, adquisición, divulgación y administración que el museo tiene que desarrollar a lo largo de un año se denomina: Plan de mantenimiento. Plan anual de actividades. Plan de residuos. Plan total.

El documento que, de manera detallada, establece las líneas maestras del futuro del museo respecto de sus necesidades se denomina: Plan Director. Plan de Gerencia. Plan de Administración. Plan de Administración y Gerencia.

Los museos y las colecciones pueden ser de titularidad: Pública. Pública y general. Pública o privada. Privada.

¿Tendrán participación en la red de museos de cada ámbito insular?. Los museos y las colecciones museográficas de titularidad pública. Los museos y las colecciones museográficas reconocidos, de titularidad pública o privada, que sean de interés cultural notable y que lo soliciten y obtengan su integración suscribiendo un convenio de carácter administrativo por el cual se comprometen a asumir las obligaciones que se deriven. Los Fondos de Arte de las administraciones públicas del territorio, que tienen que organizarse como colección. Todas las anteriores.

Se accederá en condiciones de gratuidad a los museos y a las colecciones museográficas integrados en las redes insulares de museos, al menos: Un día al mes. Un día a la semana. Dos días a la semana. Tres días al mes.

¿Quién está afectado de incompatibilidad específica para la actividad de comercialización de bienes culturales de naturaleza similar a los custodiados en el museo respectivo?. El personal dependiente de los museos integrados en las redes insulares. El personal externo de los museos integrados en las redes insulares. El personal dependiente del Govern Balear . El personal dependiente del Consell de Mallorca.

Se entiende por potestad reglamentaria: La facultad del Gobierno y de la Administración de crear normas jurídicas, incluidas las de carácter singular. La facultad del Gobierno y de la Administración de dictar disposiciones administrativas. La facultad del Gobierno y de la Administración de crear de normas jurídicas de carácter general, sometidas a la Constitución y a la ley. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Señala la respuesta incorrecta. Tradicionalmente, los reglamentos se clasifican: a) Por el sujeto del cual proceden: estatales, autonómicos y locales. b) Por sus efectos: jurídicos y normativos. c) Por su relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española: El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía. El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, los estatutos de autonomía y el resto de leyes. El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria con carácter exclusivo.

A quien corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?. Al Gobierno de la nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos de gobierno locales. Al Gobierno de la nación. Al Gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector público institucional.

El Estatuto de autonomía de las Illes Balears atribuye potestad reglamentaria: Al Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 57. A los consejeros. A los Consejos Insulares, de acuerdo con el artículo 58. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿A qué se refiere el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de febrero de 1998, cuando dice que la ley, por sí misma, es insuficiente para regular la convivencia de la sociedad y la gestión de los intereses de la comunidad?. Al fundamento de la función ejecutiva. Al fundamento de la potestad reglamentaria. Al fundamento de la Administración pública. Al fundamento de la función organizativa.

Según el art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos: Harán prueba de éstos. Harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. No harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. No harán prueba de éstos.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el art. 78.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a la práctica de la prueba: La Administración comunicará a los interesados, con una antelación no inferior a diez días ni superior a quince, el inicio del período de prueba. El interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. Las pruebas cuya realización implique gastos para la Administración serán pagadas por el interesado. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad siempre harán prueba de su contenido.

Según el art. 78.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué casos la Administración podrá exigir el pago de los gastos de la práctica de pruebas?. En los casos en que deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que deba soportar la Administración. En los casos en que deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que deba soportar la Administración.

Según el art. 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿en qué plazo serán emitidos los informes?. En el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. En el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. En un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.

Según el art. 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de no emitirse el informe en el plazo señalado: Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se debe suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver. Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver. Se podrán proseguir las actuaciones cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se debe suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver. No se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se debe suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver.

Según el art. 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el informe emitido fuera de plazo por una Administración pública distinta de la que tramita el procedimiento: Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. No podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Deberá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. No podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución, salvo lo dispuesto en la normativa sectorial específica.

Según el art. 6.1 del Estatuto de los trabajadores: Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de catorce años. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años. Se prohíbe la admisión de los trabajos a los menores de dieciocho años. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Según el art. 4.2 del estatuto de los trabajadores , los trabajadores en su relación de trabajo no tienen derecho: A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales. A una vivienda digna y gratuita.

Según el arte. 149.1.7ª de la Constitución española de 1978, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias siguientes: Legislación laboral; sin perjuicio que sea ejecutada por los órganos de las comunidades autónomas. Administración de justicia. Relaciones internacionales. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

El derecho a la huelga constitucionalmente previsto, se reguló por Ley Orgánica del año : 1.982. 1.981. 1.991. Nunca se ha regulado por Ley Orgánica el derecho a la huelga.

La Constitución Española de 1978 reconoce a los trabajadores el derecho a la huelga para la defensa de sus intereses al art. : 28.2. 29.2. 28.1. 29.3.

Según el art. 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, se excluye del ámbito regulador de esta ley: a) La realización del servicio militar obligatorio hasta el año 2001. b) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena relación vecinal. c) Las dos respuestas anteriores (a y b) son ciertas. d) Las dos respuestas primeras (a y b) son falsas.

Señale cuál de las normas de ámbito estatal siguientes se ha aprobado recientemente en materia de no discriminación: La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La Ley 15/2022, de 12 de julio, para la discriminación y la igualdad de trato. La Ley 16/2022, de 18 de noviembre, para combatir la desigualdad de género y la no discriminación. La Ley 17/2021, de 20 de diciembre, para atender las desigualdades y las discriminaciones.

Indique la respuesta correcta en relación con la definición de perspectiva de género que establece la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: a) Es la toma en consideración de las diferencias entre mujeres y hombres en un ámbito o una actividad para el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de políticas. b) Es la toma en consideración de las similitudes entre hombres y mujeres para la ejecución de las políticas. c) Es tener en cuenta la manera en que las diversas actuaciones, situaciones y necesidades afectan a los hombres. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Señale la respuesta correcta en relación con el informe de evaluación de impacto de género, regulado por la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres: La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene que aprobar las directrices en que se establezcan las pautas que se deben seguir para realizar el informe de evaluación de impacto de género. La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a propuesta del Instituto Balear de la Mujer, tiene que aprobar las directrices en que se establezcan las pautas que se deben seguir para realizar el informe de evaluación de impacto de género. La Comisión de Paridad tiene que aprobar las pautas que se deben seguir para realizar el informe de evaluación de impacto de género. El Observatorio para la Equidad tiene que aprobar las directrices que se deben seguir para realizar el informe de evaluación de impacto de género.

El órgano colegiado encargado de coordinar las políticas y los programas que realizan las administraciones autonómica, insular y local en materia de igualdad de mujeres y hombres, es: La Comisión de Igualdad. El Observatorio para la Igualdad. La Comisión para la Igualdad de Géneros. La Comisión para la Igualdad de Sexos.

El Observatorio para la Igualdad, regulado por el Decreto 1/2018, de 2 de febrero, tiene, entre otras, las funciones siguientes: Proponer un sistema de indicadores para tomar conocimiento de manera actualizada de la evolución de las desigualdades entre hombres y mujeres y la violencia machista, y para realizar su seguimiento y su evaluación. Analizar la evolución y los motivos de la persistencia de las desigualdades entre sexos y sexualidades y la violencia machista. Promover la elaboración de estudios, informes técnicos y evaluaciones comparables. Todas las respuestas son correctas.

Señale la respuesta incorrecta en relación con cuáles son las áreas de intervención del Observatorio para la Igualdad, regulado por el Decreto 1/2018, de 2 de febrero: La violencia machista. El techo de cristal en el acceso al mercado de trabajo. La imagen pública de las mujeres. La sexualidad y la salud de las mujeres.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario debe adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: Los derechos laborales que les corresponden. Las obligaciones en referencia a la prevención de riesgos laborales. Los riesgos, las medidas y las actividades de protección y prevención y las medidas adoptadas. El empresario no tiene ninguna obligación de informar a los trabajadores.

En relación a la información a la que se refiere el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que: Si hay representantes de los trabajadores, debe proporcionarlo el empresario a los trabajadores a través de los representantes; no obstante, se informará directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a los riesgos. El empresario únicamente debe darlo a los representantes de los trabajadores que la harán llegar a los trabajadores. El empresario siempre debe darlo a los trabajadores sin la intermediación de los representantes de los trabajadores. La información se establece en el artículo 23 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

La formación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales debe ser: Voluntaria para el empresario, pero obligatoria por el personal. Voluntaria para el empresario y voluntaria por el personal. El empresario debe garantizar para todo el personal la formación teórica y práctica en materia preventiva. La formación no debe centrarse específicamente en el puesto de trabajo o la función del personal.

Cuando el personal esté o puedan estar expuesto a un riesgo grave e inminente a causa de su trabajo, el empresario está obligado a: A dar aviso a la Inspección de trabajo y a la seguridad social. Informar de esta situación a todo el personal afectado lo antes posible, adoptar las medidas para que se pueda interrumpir la actividad laboral inmediatamente y disponer de lo necesario para adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Precintar el centro de trabajo. Dar aviso con el tiempo suficiente para aplicar las medidas preventivas necesarias.

En referencia a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la vigilancia de la salud, señale la respuesta incorrecta: Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no se pueden realizar servir con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El empresario debe garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Los resultados de la vigilancia se comunicarán a los trabajadores afectados, al empresario ya los representantes de los trabajadores. Las medidas de vigilancia y control de la salud deben llevarse a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

En relación al derecho a la vigilancia de la salud: Siempre debe prolongarse más allá de la finalización de la relación laboral. Se prolongará más allá de la finalización de la relación laboral sólo cuando el trabajador lo solicite expresamente. En ningún caso debe prolongarse más allá de la finalización de la relación laboral. Se debe prolongar en los supuestos en los que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), ¿cuál de las siguientes condiciones no suponen la licitud del tratamiento de datos personales?. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que el particular sea un niño. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

De acuerdo con el Título V de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando los responsables y encargados del tratamiento no estén obligados a designar un delegado de protección de datos: No podrán designarlo de manera voluntaria. Podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. Podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que no quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. Podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en la presente ley orgánica pero no al Reglamento (UE) 2016/679.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos), cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, la retirada del consentimiento: Afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, suponiendo este tratamiento una infracción leve. No afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, suponiendo una infracción grave. Afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, suponiendo una infracción muy grave.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal: De las previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa bajo las órdenes de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. De las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa bajo las órdenes de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. De las previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. De las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos: Elaborará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para su aprobación e integración en los Presupuestos Generales del Estado. Propondrá su presupuesto al Gobierno para que sea elaborado, aprobado e integrado en los Presupuestos Generales del Estado. Propondrá su presupuesto al Ministerio de Justicia para que sea elaborado, aprobado e integrado en los Presupuestos Generales del Estado. Elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿Qué implica el Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral?. Que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Que los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Que se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. Que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.