Simulacro 8

El principio de seguridad jurídica implica: Aplicación discrecional de la norma. Previsibilidad y estabilidad del ordenamiento. Supremacía del poder ejecutivo. Interpretación libre de la Administración.

El Consejo de la Unión Europea está compuesto por: Representantes parlamentarios. Ministros de los Estados miembros. Jueces europeos. Presidentes autonómicos.

En municipios de gran población, la aprobación de proyectos normativos corresponde a: Pleno. Alcalde. Junta de Gobierno Local. Secretaría.

Un acto administrativo es válido cuando: Está firmado por cualquier empleado público. Cumple requisitos formales y materiales. Se publica siempre. Lo solicita el ciudadano.

El recurso de reposición es: Obligatorio. Previo al contencioso. Potestativo. Solo para sanciones.

El principio de jerarquía normativa implica que: Todas las normas valen igual. La ley prevalece sobre reglamento. El reglamento puede modificar leyes. El ciudadano elige norma.

El presupuesto municipal tiene carácter: Opcional. Normativo y anual. Permanente. Privado.

La tasa se exige cuando: El servicio es voluntario. Existe obligatoriedad o monopolio público. Es un servicio privado. Es gratuito.

El personal funcionario se rige por: Código Civil. TREBEP. Estatuto de trabajadores. Código penal.

El silencio administrativo positivo implica: Denegación automática. Estimación. Suspensión. Archivo.

El contrato de servicios se diferencia por: Entrega de bienes. Prestación de actividades. Construcción. Cesión de terrenos.

El principio de eficacia administrativa implica: Formalismo extremo. Logro de resultados. Lentitud garantista. Ausencia de control.

El sistema valenciano de servicios sociales tiene carácter: Asistencial. Esencial. Privado. Voluntario.

La atención primaria se caracteriza por: Especialización. Proximidad y acceso. Hospitalización. Judicialización.

El profesional de referencia garantiza: Control económico. Continuidad e intervención global. Sanción. Alta médica.

El mapa de servicios sociales sirve para: Controlar gasto. Planificar territorialmente. Gestionar personal. Registrar usuarios.

La historia social única permite: Archivo físico. Compartición de información. Uso individual. Eliminación de datos.

El trabajo interdisciplinar implica: Actuación individual. Coordinación profesional. Jerarquía rígida. Aislamiento técnico.

Las prestaciones garantizadas implican: Dependencia presupuestaria. Derecho exigible. Subvención voluntaria. Ayuda discrecional.

La atención primaria básica incluye: Residencias. Diagnóstico social. Hospitalización. Internamiento.

La intervención social se basa en: Improvisación. Planificación. Automatización. Exclusión.

El diagnóstico social consiste en: Recoger datos. Interpretar información. Archivar expedientes. Validar ingresos.

El catálogo de prestaciones: Detalla condiciones. Ordena prestaciones. Define presupuesto. Regula sanciones.

La cartera de prestaciones: Enumera. Desarrolla condiciones. Elimina servicios. Regula empleo.

El sistema se basa en: Beneficencia. Derechos subjetivos. Voluntariedad. Privacidad.

La RVI es: Subvención. Derecho subjetivo. Temporal. Discrecional.

La unidad de convivencia sirve para: Empadronamiento. Evaluación socioeconómica. Registro. Control fiscal.

El acuerdo de inclusión implica: Sanción. Compromiso de intervención. Pago obligatorio. Control judicial.

El itinerario de inclusión es: Fijo. Flexible y revisable. Económico. Automático.

El IMV tiene como objetivo: Cotización. Garantizar ingresos mínimos. Empleo público. Fiscalidad.

RVI e IMV: Son incompatibles. Pueden complementarse. Se excluyen siempre. Son iguales.

Las prestaciones profesionales: Son accesorias. Forman parte del derecho. No obligan. Son voluntarias.

Las PEI son: Periódicas. Urgentes. Permanentes. Sustitutivas.

La exclusión social severa implica: Un problema. Acumulación de factores. Solo pobreza. Solo desempleo.

El FSE+ se orienta a: Infraestructuras. Inclusión social. Defensa. Turismo.

La dependencia se valora según: Edad. ABVD. Ingresos. Vivienda.

El PIA sirve para: Diagnosticar. Asignar recursos. Sancionar. Evaluar renta.

Los servicios son: Secundarios. Prioritarios. Opcionales. Inexistentes.

La PECEF es: Prioritaria. Excepcional. Obligatoria. Permanente.

La discapacidad se valora mediante: Modelo médico. Modelo biopsicosocial. Modelo económico. Modelo legal.

La accesibilidad universal implica: Solo barreras físicas. Eliminación de barreras múltiples. Solo ayudas económicas. Exclusión.

Centro de día: Internamiento. Atención diurna. Hospital. Residencia.

Recursos convivenciales: Institucionales. Normalizados. Cerrados. Sanitarios.

La LOPIVI establece: Deber general de comunicación. Solo para profesionales. Solo en colegios. Solo en delitos.

El acompañamiento social es: Control. Apoyo continuado. Sanción. Supervisión.

El sinhogarismo moderno aborda: Albergues. Housing First. Expulsión. Control.

La intervención comunitaria busca: Individualizar. Fortalecer redes. Centralizar. Reducir servicios.

El principio de equidad implica: Igualdad absoluta. Adaptación a necesidades. Uniformidad. Exclusión.

El código deontológico se basa en: Jerarquía. Dignidad y justicia social. Control. Sanción.

La ética profesional implica: Neutralidad absoluta. Compromiso con la persona. Obediencia. Formalismo.