SIMULACRO - CE, 7/1985, 39/2015, 40/2015, 9/2017

El Capítulo II del Título VIII de la Constitución lleva por rúbrica: Principios Generales. De la Administración Local. De la Organización territorial. De las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con la Constitución española: Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Concejos. Las tres son correctas.

Uno de los siguientes principios no está garantizado por la Constitución: El de jerarquía reglamentaria. El de irretroactividad. El de publicidad de las normas. El de legalidad.

Con respecto a la nacionalidad de los españoles: Nunca podrá ser privado de ella ningún español que lo sea por carta de naturaleza. Nunca podrá ser privado de ella ningún español de origen. Nunca podrá ser privado de ella quien la haya adquirido por residencia. Podrá ser privado de ella cualquier español.

De las siguientes Instituciones, cual no pertenece a la Unión Europea: El Parlamento Europeo. La Comisión Europea. El Banco Central Europeo. La Cámara de Comercio Europeo.

Según señala el Art. 3, de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de las siguientes respuestas cual no es una Entidad Local Territorial: El Municipio. La Provincia. La isla en los Archipiélagos Balear y canario. Los grupos de Acción Local.

La Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su Art, 11, señala que son elementos del Municipio, marca la opción incorrectas: El territorio. La población. La organización. La comarca.

La Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, señala en su Art. 23, que la Junta de Gobierno Local está integrada, entre otros Órganos por: El Alcalde. De un número de Concejales superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. Por el Secretario. Por el Interventor.

Se presumirá la representación para: formular solicitudes. los actos y gestiones de mero trámite. presentar declaraciones responsables o comunicaciones. interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar: la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento. la integridad del documento. la inalterabilidad del documento. todas son correctas.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados: procederá recurso de alzada. procederá el recurso potestativo de reposición. procederá el recurso extraordinario de revisión. no cabrá recurso alguno.

El interesado podrá pedir certificado acreditativo del silencio producido: en cualquier momento. a los 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. al día siguiente desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. ninguna es correcta.

Como regla general, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderlo: estimado por silencio administrativo. desestimado por silencio administrativo. caducado por silencio administrativo. ninguna es correcta.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: por medios electrónicos. por medios no electrónicos. por el medio señalado al efecto por aquel. por el medio señalado al efecto por la Administración.

Según lo establecido en el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y en relación a las actuaciones complementarias, el plazo para resolver el procedimiento hasta la terminación de las mismas: Se suspenderá. Puede quedar suspendido. Puede quedar interrumpido. La ley de procedimiento no hace ninguna referencia a dichas actuaciones.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: En el plazo máximo de un año. En el plazo máximo de seis meses. En el plazo máximo de cuatro años. En cualquier momento.

Conforme a lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para dictar y notificar resolución en el recurso de alzada será de: 1 mes. 2 meses. No hay establecido un plazo máximo. 3 meses.

Conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por “portal de internet”, se entiende: El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Privado que permite el acceso a través de internet a la información pendiente de publicar y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública.

Según lo indicado en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los requisitos de validez y eficacia de los convenios suscritos entre la Administración General del Estado y la Administración de una Comunidad Autónoma, ¿qué carácter tendría la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma firmante?: Previo. Preceptivo. Vinculante. Facultativo.

Según la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, es un motivo de abstención: Tener cualquier tipo de interés en el asunto de que se trate. Tener amistad manifiesta o enemistad íntima con cualquiera de los interesados en el procedimiento. Haber prestado en los tres últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

La Ley 39/2015 establece con respecto a la caducidad de los procedimientos administrativos que: Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso alguno. La caducidad, producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. Se acordará en todo caso, la caducidad del procedimiento por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general.

Conforme con el artículo 3.1, e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con anterioridad a su constitución. Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 80 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. Que la mitad de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público y la otra mitad de derechos a votos a personas físicas o jurídicas privadas.

El artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, determina que los contratos de obras se referirán a: Un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. Aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

Según el artículo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo la siguiente cuestión: El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior del artículo 27. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

El artículo 100.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, determina que se entiende por presupuesto base de licitación: El límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido más la cuantía de la garantía provisional. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, no incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, más la cuantía de la garantía definitiva. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, no incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El artículo 106.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considera que en los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el: 1 por 100 del valor estimado del contrato. 2 por 100 del valor estimado del contrato. 3 por 100 del valor estimado del contrato. 4 por 100 del valor estimado del contrato.

Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma es competencia exclusiva de: El Estado. La Comunidad Autónoma. El Estado, en coordinación con la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma, en colaboración con el Estado.

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá: Mayoría simple del Congreso,. Mayoría de los 3/5 del Congreso. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría absoluta conjunta del senado y el congreso.

Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. los que tengan un contenido imposible. todas son correctas.

Según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con relación al principio de la potestad sancionadora, cuando decimos que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad, estamos haciendo referencia al principio de: Proporcionalidad. Tipicidad. Responsabilidad. Prescripción.