Simulacro examen 2. Trabajo Social. Gobierno de Canarias.

Conforme al artículo 63.3 de la Ley 39/2015, no se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto: En cuanto se le aplica el derecho a la presunción de inocencia. No haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. El infractor no deje de cometer dichas conductas tipificadas como infracciones. Se reconoce el derecho a recabar la información y a resolver las dudas que puedan surgir de cara a la presentación de una solicitud o la preparación de un procedimiento futuro por parte del infractor.

En materia de empleo y relaciones laborales, corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la legislación del Estado: Las competencias exclusivas. El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación estatal. Las participaciones en las decisiones del Estado. Las competencias ejecutivas.

Todos los ficheros de datos personales y tratamientos de datos personales sobre comisión de infracciones administrativas o penales, prestación de servicios de solvencia patrimonial o de crédito, estarán en el nivel de medidas de seguridad sobre dichos datos considerado: Bajo. Medio. Alto. Extremo.

Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte: Más cómoda para la Administración y dándole prioridad ante las obligaciones laborales o profesionales del interesado. Menos costosa a efectos temporales. Menos costosa a efectos económicos. Más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, en la que supuestamente se ha producido la discriminación: Durante el desarrollo de la actividad laboral . Incluso tras la terminación de la relación laboral. Siempre que se produzca dentro del ámbito laboral. En su puesto de trabajo.

El acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Concediéndoles un plazo de: 15 días. 1 año. 5 días. 10 días.

Según el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). ¿El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados?: Si. Pero solo con relación a los criterios de eficacia y eficiencia. No. Si. Si. Pero solo con relación al control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

El Centro Directivo competente en materia de información y atención ciudadana, a través de la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana, llevará a cabo la necesaria coordinación del servicio de información y atención ciudadana, en colaboración con: Las Consejerías. Los responsables de cada una de las Consejerías y la Comisión para la Coordinación de la Información y Atención Ciudadana. La Sede Electrónica y la Atención Ciudadana . La Oficina Canaria del Perfil del Ciudadano.

Todo funcionario posee un grado personal que corresponderá a alguno de los niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante: Dos años continuados o tres con interrupción. Cinco con interrupción. Tres años continuados o cinco con interrupción. Dos años continuados.

Iniciado un procedimiento de revisión de oficio, ¿El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución de acto sometido a revisión?: No una vez iniciado, pero puede que sí en su resolución final. Si. Siempre. Es la primera decisión a tomar por el órgano competente tras su admisión a trámite. Si. Cuando aquélla pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. No.

El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de: Seis meses . Seis semanas. Seis años. Seis días.

Podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la Ley Orgánica 3/2.018, de Protección de Datos Personales: El interesado. Los padres. La Administración Pública. Los titulares de la patria potestad.

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, las Comunidades Autónomas y las entidades locales podrán: Generar voluntariamente sus propios contenidos digitales para la difusión y publicación de apoderamientos, representaciones y personaciones en cualquier medio digital existente. Generar obligatoriamente con sus propios medios, soportes electrónicos o sus propias plataformas y registros, que deberán estar conectados a su vez con los establecidos por la Administración General del Estado. Adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas digitales y redes sociales. A fin y efecto de lograr la mayor difusión y eficacia. Adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado.

Todas tendrán forma de tríptico y unas mismas características, con el objeto de su presentación unificada, a los efectos de una cómoda y clara identificación por los usuarios, distinguiéndose unas de otras, exclusivamente, por el contenido de las mismas. Son documentos que tienen por objeto informar al ciudadano acerca de las cualidades con que se proveen las prestaciones y servicios públicos, así como de sus derechos en relación con estos servicios. Nos referimos a: Las Infografías Públicas. Los Informes a la Ciudadanía. Las Cartas de Servicios. Los Sistemas de Evaluación de la Calidad.

La delegación de competencias es, en términos de naturaleza jurídica, un acto administrativo que requiere su publicación, debiendo ser igualmente publicada la revocación de la delegación para general conocimiento. ¿Dónde?: En el Boletín Oficial del Estado. En medios de amplia difusión: prensa escrita, radio o televisión. En el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de Canarias y en medios de amplia difusión; prensa escrita, radio o televisión . En el diario oficial correspondiente, el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Canarias para el caso de nuestra Comunidad Autónoma y de sus Ayuntamientos.

Esta fase, la implementación, supone la realización y ejecución de las acciones previstas en el Plan de Igualdad. El primer paso para una correcta implantación es: El acuerdo entre la Comisión de Igualdad y el Comité de Empresa . Su impulso por parte de la alta dirección de la empresa. El acuerdo entre la Comisión de Igualdad y el Comité Negociador. Su registro público.

El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, se conocen como: Las Condiciones de trabajo. Los Daños derivados del trabajo. El Riesgo laboral. La Prevención .

La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas ¿Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan?: Si. El personal al servicio de las Administraciones Públicas nunca podrá tener responsabilidad penal ejerciendo su labor. Si, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial . No, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

Aquél que está formado por varias personas físicas, que a través de la manifestación de su voluntad y de unas normas de funcionamiento conforman la voluntad del órgano, lo definiremos como órgano: Colegiado. Constitucional. Complejo. Competente.

En los municipios de gran población definidos por el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es competente para contratar: El Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. La Junta de Contratación. La Junta de Gobierno Local. El Pleno.

 Contra un acto en vía administrativa puede interponerse recurso extraordinario de revisión siempre que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; ¿en qué plazo puede interponerse?: (art 125). Dentro del plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos. Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de tres años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de seis meses a contar desde el conocimiento de los documentos.

Iniciado un procedimiento de revisión de oficio de un acto administrativo, el órgano competente podrá acordar la suspensión de la ejecución del acto: (art 108). Únicamente si se trata de actos no declarativos de derecho. Cuando la ejecución del acto puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Cuando la resolución no haya sido publicada en el "Boletín Oficial del Estado". Unicamente, cuando en el acto sometido a revisión se detecten errores materiales o aritméticos.

Conforme al Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. No procede interponer recurso administrativo.

Un interesado presenta en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir una solicitud de suspensión de la ejecución de un acto impugnado. ¿Qué plazo debe transcurrir sin que el órgano competente haya dictado y notificado resolución expresa al respecto para que la ejecución del acto se entienda como suspendida? (art 117). 1 mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el órgano competente para decidir sobre ella. 2 meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entra en el órgano competente para decidir sobre ella. 3 meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entra en el órgano competente para decidir sobre ella. No hay plazo. La no resolución expresa por el órgano competente para decidir sobre la suspensión supondrá siempre la desestimación de la solicitud.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 112 establece que se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica: (art 112). Los procedimientos de conciliación. Los procedimientos de arbitraje. Las reclamaciones económico-administrativas. Los procedimientos de mediación.

Los actos administrativos de trámite podrán ser recurridos: En todo caso. Únicamente en vía contencioso-administrativa. En caso de que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. En ningún caso pueden ser objeto de impugnación.

¿Puede una ley, cuando la especificidad de la materia y en ámbitos sectoriales determinados, sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación? (art 112). No es posible en el recurso de alzada, sólo en el de reposición. No es posible en ningún caso. Si, siempre que se respeten los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015 reconoce en todo procedimiento administrativo. Si, pero solamente en el ámbito de la Administración Local.

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, ¿en qué circunstancias se aplica el plazo de cuatro años para la interposición del recurso administrativo extraordinario de revisión?: (art 125). Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto es expreso: (art 122). 1 mes. 3 meses. 20 dias. 15 días.

Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para interponer recurso de alzada contra las resoluciones y actos de los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional: (art 121). Se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. Se considerarán independientes, y los recursos de alzada contra sus resoluciones deberán sustanciarse ante los mismos. Sus decisiones agotarán la vía administrativa y quedará abierta la vía contencioso-administrativa. Cabe recurso de alzada, pero su resolución competerá directamente al Titular del Ministerio en cuya organización se inserta. Cabe recurso de alzada, pero su resolución competerá directamente al Subsecretario, por ser el máximo responsable en materia de de personal de los Centros Directivos que conforman el Ministerio en cuya organización se inserta el Tribunal u órgano de selección de personal.

Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 122.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la resolución de un recurso de alzada: (art 122). No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso de súplica ante el mismo órgano en los casos establecidos en el artículo 27. No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1. En ningún caso habrá recurso administrativo al haberse puesto a la vía administrativa y quedar abierta la vía contencioso-administrativa. Cabe recurso de reforma y potestativo de súplica.

 De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso: (art 117). Podrá suspender la ejecución del acto impugnado previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Podrá suspender la ejecución del acto impugnado que habrá de solicitarse en pieza separada ante la jurisdicción contenciosa administrativa. No suspende la ejecución del acto impugnado salvo que una disposición establezca lo contrario. En ningún caso suspenderá la ejecución del acto impugnado.

 Respecto a la interposición y resolución del recurso potestativo de reposición, la Ley 39/2015 determina que: (art 123). Podrán ser recurridos potestativamente en reposición los actos que no pongan fin a la vía administrativa. Podrá interponerse recurso ante el mismo órgano que dictó el acto o ser impugnados directamente ante el orden contencioso-administrativo. Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse nuevamente dicho recurso. Si el acto no fuera expreso, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá: (art 126). Desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Estimado por silencio administrativo. No existe posibilidad de silencio en estos recursos. Desestimado, quedando expedita la vía administrativa.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá: (art 126). Desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Estimado por silencio administrativo. No existe posibilidad de silencio en estos recursos. Desestimado, quedando expedita la vía administrativa.

Señale la respuesta correcta en relación con el recurso extraordinario de revisión, regulado en los artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015: (art 125). Podrá interponerse contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. El órgano competente para conocerlo será el superior jerárquico del que dictó el acto recurrido. Podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando no se funde en alguna de las causas previstas en el artículo 125.1 o se hubieren desestimado en cuanto al fondo otros sustancialmente iguales. Podrá interponerse en el plazo de cuatro años a contar desde la fecha en que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto.

De acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: (art 109). De oficio, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Únicamente de oficio, en cualquier momento. De oficio o a instancia de los interesados, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Indíquese cuál de los siguientes enunciados no se corresponde con la relación de actos que ponen fin a la vía administrativa que contiene el artículo 114 de la ley 39/2015. (art 114). Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Las resoluciones de los órganos colegiados. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

Indíquese la respuesta correcta a la luz de la ley 39/2015. (art 113). Contra las disposiciones administrativas de carácter general sólo cabrá el recurso potestativo de reposición. Contra los actos firmes en vía administrativa, no cabe interponer recurso administrativo alguno, salvo el recurso extraordinario de revisión. Contra los actos de trámite no cabrá recurso en vía administrativa. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente será causa de inadmisión.

Conforme al artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso extraordinario de revisión: (art 125). Ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Ante el órgano administrativo que los dictó. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ante el Consejo de Estado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra una Resolución expresa que no pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso de alzada en el plazo de: (art 122). Seis meses. Un mes. 20 días. 1 año.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el recurso de alzada se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado: (art 121). Éste deberá remitirlo al órgano competente para su resolución en el plazo de quince días. Éste deberá resolver en el plazo de diez días. Éste deberá remitirlo al órgano competente para su resolución en el plazo de diez días. Éste deberá resolver en el plazo de quince días.

Conforme al artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de reposición: (art 124). En cualquier momento a partir del mismo día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto expreso. En cualquier momento a partir del mismo día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto expreso. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos: (art 106). Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la estimación del mismo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición contra: (art 112). Actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Actos de trámite que producen indefensión. Actos de trámite que producen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Todas las anteriores son correctas.

Según los artículos 115 y 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (art 115). El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente será obstáculo para su tramitación. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. La interposición de cualquier recurso, en todo caso, suspenderá la ejecución del acto impugnado. Ninguna de las anteriores es correcta.

Señale el recurso administrativo que cabe interponer contra las disposiciones administrativas de carácter general: (art 112). Recurso potestativo de reposición. Recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano autor de la disposición. Recurso extraordinario de revisión, en los supuestos tasados previstos en la ley. No cabrá recurso en vía administrativa.

¿Cuál es el plazo para dictar y notificar la resolución de un recurso administrativo? (art 124). Tres meses en los recursos de reposición y revisión. Un mes en el recurso de revisión y tres meses en el recurso de alzada. Tres meses en los recursos de alzada y reposición. Tres meses en el recurso de revisión y un mes en el recurso de reposición.

No cabe interponer recurso administrativo contra: (art 112). Las disposiciones administrativas de carácter general. Los actos definitivos. Los actos de trámite si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. de los Estados miembros. Los actos de trámite si producen indefensión.

La resolución del recurso de alzada: (art 122). Pone fin a la vía administrativa y excluye la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisión. No pone fin a la vía administrativa. Deja expedita la vía judicial, dejando a salvo la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisión. Ninguna de las anteriores.