Sistema Público de Servicios Sociales UNED - Septiembre 23

Las prestaciones económicas previstas en la LAAD. Son gestionadas por las CCAA, que son competentes para la determinación de los requisitos de acceso, dentro del marco general establecido por la Administración General del Estado. Son gestionadas por el IMSERSO en colaboración con las CCAA, dentro del marco general establecido por la Administración General del Estado. Son gestionadas por las entidades locales, que son competentes para la determinación de los requisitos de acceso, dentro del marco general establecido por la Administración General del Estado. Son gestionadas por la administración central, que es competente para la determinación de los requisitos de acceso.

La inmediatez como principio rector en la mediación familiar: Significa que el procedimiento se desarrollará de forma rápida y formalista. Consiste en que las personas en conflicto tienen el deber de asistir personalmente a las sesiones de mediación. Significa que las personas acudirán libremente sin tardanza, siguiendo un procedimiento formalista. Se traduce en que el procedimiento se desarrollará en presencia del mediador imparcial de modo inmediato, no estando prevista legalmente la posibilidad de desistir una vez iniciado.

Los actos administrativos relativos a concesión, denegación, suspensión, extinción y equivalentes de servicios sociales municipales, al tratarse de actuaciones de las administraciones públicas están sujetas al derecho administrativo, además: Tienen carácter subsidiario. Tiene carácter de derecho privado. Tienen carácter complementario. Tienen carácter de derecho subjetivo.

¿Cómo se define el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, que sirve de cauce para la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, a fin de definir y coordinar las políticas públicas?. Consejo Nacional de la Discapacidad. Oficina Atención a la Discapacidad. Observatorio Estatal de la Discapacidad. Dirección General de la Discapacidad interautonómica.

Los derechos reconocidos a la infancia: No tienen carácter de derechos subjetivos, aunque gozan de cierto fundamento constitucional y configuración legal. Tienen el carácter de derechos no garantizados con configuración legal. Adquieren reconocimiento legal a nivel autonómico y local no vinculante. Tienen carácter de derechos subjetivos, con fundamento constitucional y configuración legal.

¿Cuál de las siguientes opciones no se puede considerar un principio que articula el ingreso mínimo vital?. Eficacia. Flexibilidad. Discriminación. Coordinación.

Con motivo del catálogo o cartera de servicios sociales, donde se reflejan las prestaciones exigibles y no exigibles de servicios sociales y los requisitos de acceso a las prestaciones: No todas las nuevas leyes de servicios sociales hacen referencia expresa como norma reglamentaria de desarrollo al catálogo o cartera de servicios sociales. Las nuevas leyes no están obligadas a recoger el catálogo. Se entiende que tienen relación directa con la LAAD. Todas las nuevas leyes de servicios sociales hacen referencia expresa como norma reglamentaria de desarrollo al catálogo o cartera de servicios sociales. El catálogo ya estaba recogido en las leyes de segunda generación y la cartera se relaciona en los reglamentos internos de los servicios sociales de atención primaria.

La Discriminación indirecta: Se trata de medidas específicas a favor de las mujeres adoptadas por los poderes públicos con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad. Disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ponen a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro, salvo que puedan justificarse. La situación en que, por razón del sexo de la persona, sea o pueda ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable. Sirve para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres y han de ser razonables y proporcionadas.

Dentro de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996 se recogen una serie de derechos y principios. ¿Cuál de las siguientes opciones NO ES UN PRINCIPIO que debe regir las actuaciones públicas a favor de la infancia?. Sensibilización de la población ante situaciones de desprotección. La accesibilidad universal de los menores con discapacidad. Carácter educativo de todas las medidas que se adopten. Búsqueda y utilización de la información adecuada a su desarrollo.

La solidaridad como principio rector de los conciertos sociales se traduce en: Participación de las personas que utilizan los servicios. Coordinación y cooperación con las Administraciones públicas competentes. Implicación de las entidades de iniciativa social en la prestación de servicios de carácter social a las personas. Iguales condiciones de acceso a todas las entidades que opten a ellos.

¿Cuál es la mayor novedad de la LAAD?. El reconocimiento de grado incluyendo los niveles de atención a la dependencia. El carácter de derecho subjetivo de sus prestaciones. Los niveles de protección. La coordinación de todas las administraciones en esta materia.

El Modelo Corporativo, con un papel muy significativo del Tercer Sector y en donde los Servicios Sociales se hallan, en gran medida, financiados por el Estado es representativo de: Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. Noruega, Suecia y Finlandia. Reino Unido e Irlanda. Italia, Portugal y España.

¿Cuál de los siguientes servicios que se prestan a los mayores en atención primaria NO se consideran servicios de proximidad?. La comida a domicilio. La prestación de ayudas técnicas. La ayuda domiciliaria. La adecuación de la vivienda.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: La expresión "sistema público de servicios sociales" se utiliza en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Aragón. Entre las competencias de los servicios sociales municipales, se encuentra la evaluación e información de situaciones de necesidad social, cuando tengan una población superior a 30.000 habitantes. Los principios rectores tienen el valor de normas jurídicas. Las LSS de "segunda generación" no contemplan las prestaciones como derechos subjetivos del ciudadano.

La ley principal sobre protección contra la violencia de género fue promulgada en 2004 a pesar de haber sufrido modificaciones posteriores su fundamento se sustenta en: El artículo 15 CE. El artículo 24 CE. El artículo 18 CE. El artículo 49 CE.

Cuál de los siguientes servicios sociales para personas con discapacidad NO es de atención primaria: Apoyo familiar. Prevención e intervención familiar. Centros base. Información, orientación y asesoramiento.

El proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, se entiende por: Vida inclusiva. Envejecimiento saludable. Aprendizaje activo y permanente. Envejecimiento activo.

¿Qué entidades tuvieron encomendada, en un primer momento, por la beneficencia pública, la atención de los niños en situación de desamparo?. La provincia. Las CCAA. El estado. Las entidades locales.

Los Centros de referencia estatal: No se incluyen expresamente dentro de la red de servicios del SAAD. Son centros autonómicos. Se incluyen expresamente dentro de la red de servicios del SAAD tiene carácter polivalente y dependen de las Consejerías autonómicas. Se incluyen expresamente dentro de la red de servicios del SAAD. Son centros estatales dependientes de la Dirección General de Dependencia. Se incluyen expresamente dentro de la red de servicios del SAAD. Son centros estatales propios del IMSERSO.

Los contratos administrativos de concesión de servicios: Son instrumentos por medio de los cuales se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, cuya financiación, acceso y control sean privados. Son aquellos en virtud de los cuales las Administraciones públicas encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación se de su titularidad o competencia. Son instrumentos por medio de los cuales se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, cuya financiación, acceso y control sean públicos. Son aquellos en virtud de los cuales las Administraciones públicas encomiendan a título no gravoso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación se de su titularidad o competencia.