SS para Eva 13

Según el artículo 24 de la Ley 50/19978, del Gobierno, la elaboración de los reglamentos se ajustará al siguiente procedimiento. En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo. Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia durante un plazo razonable y no inferior a 30 días. Ambas son correctas.

Conforme al artículo 59 de la Ley 40/205, los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen. Por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y función Pública. Por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. Por Resolución del Ministro respectivo.

Conforme al artículo 55 de la Ley 40/205, en la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos. Los embajadores y representantes ente las organizaciones internacionales. Los embajadores y los cónsules. Los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.

Según el artículo 106 de la Ley 40/2015, el personal de las entidades públicas empresariales se rige. Por el Estatuto Básico del Empleado Público, con las especificaciones dispuestas en este ala Ley 40/2015. Por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado. Ninguna es correcta.

Según el artículo 120 de la Ley 40/2015, los estatutos de cada consorcio determinarán. El ministerio que ejercerá la tutela de dicho consorcio. La Administración Pública a la que estará adscrito. La Administración Pública que designará los órganos de gobierno.

Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, en el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. Por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección. Ambas son correctas.

Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a. La resolución de recursos administrativos. La adopción de disposiciones de carácter general. Al ejercicio de la potestad sancionadora.

Según el artículo 86 de la Ley 40/2015, las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes. Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. Resulte necesario por razones de utilidad en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. Sea una opción más eficaz para la prestación del servicio público y financieramente sea más rentable que el resto de opciones.

De acuerdo con el artículo 173 del TRLGSS, en la situación especial de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria prevista en el párrafo segundo del artículo 169.1.a) el subsidio. Se abonará a cargo de la Seguridad Social desde el día de la baja en el trabajo. Se abonará a cargo de la Seguridad Social desde el cuarto día de la baja en el trabajo. Se abonará a cargo del empresario desde el cuarto día de la baja en el trabajo hasta el decimoquinto.

De acuerdo con el artículo 169.1 a) del TRLGSS, tendrán la consideración de situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquellas en que pueda encontrarse la mujer. En caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la debida a la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo. En caso de gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena y aquella en la que se encuentre la persona trabajadora donante de órganos o tejidos para su trasplante. Ambas son correctas.

De acuerdo con el artículo 174.5 del TRLGSS, en caso de extinción de la incapacidad temporal anterior al agotamiento de los quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración de la misma sin que exista ulterior declaración de incapacidad permanente. Subsistirá la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral o hasta la extinción del citado plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia de incapacidad permanente. No subsistirá la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral o hasta la extinción del citado plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia de incapacidad permanente. Subsistirá la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral o hasta la extinción del citado plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales, de producirse con posterioridad dicha declaración de existencia de incapacidad permanente.

La colaboración obligatoria en el pago de la prestación de incapacidad temporal cesará: Hasta como máximo el día 730 a contar desde la baja médica. Hasta como máximo el día 545 a contar desde la baja médica. Hasta como máximo el día 365 a contar desde la baja médica.

Según el art. 13 del Decreto 1646/1972, la base reguladora del subsidio de IT será: Para las situaciones determinantes de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la base de cotización del mes anterior a aquél en que se produzca dicha situación, dividido por el número de días a que corresponda dicha cotización. Para las situaciones determinantes de incapacidad temporal por enfermedad común, o accidente no laboral, la base de cotización del mes anterior a aquél en que se produzca dicha situación, dividido por el número de días a que corresponda dicha cotización. Para las situaciones determinantes de incapacidad temporal por enfermedad común, o accidente no laboral, la base de cotización de los dos meses anteriores a aquél en que se produzca dicha situación, dividido por el número de días a que corresponda dicha cotización.

Según el art. 169.2 del TRLGSS, se considerará que existe recaída de un nuevo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los: 180 días hábiles siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior salvo los procesos por bajas médicas por menstruación incapacitante secundaria. 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos de alta médica anterior, salvo los procesos por bajas médicas por menstruación incapacitante secundaria en los que cada proceso se considerará nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, y de su posible prórroga. 180 días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente a la notificación del alta médica.

Según lo dispuesto en el artículo 174 del TRLGSS, el derecho al subsidio de incapacidad temporal podrá extinguirse por (Señale la respuesta incorrecta): Alta médica con propuesta de incapacidad permanente solo si se expide antes de que el proceso hubiera alcanzado los 365 días de duración. Incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias para los exámenes y reconocimientos de los médicos adscritos al INSS o Mutua colaboradora. Jubilación del trabajador.

Según el art. 174 del TRLGSS, cuando el derecho a casuar la prestación se extingue por transcurrir el plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días, el plazo máximo para el examen del estado del incapacitado es de: Tres meses. 90 días naturales. 30 días naturales.

Si la IT se debe a contingencias profesionales, se aplicará a la base reguladora el siguiente porcentaje: 100% a partir del día siguiente al de la baja. 75% a partir del día de la baja. 75% a partir del día siguiente al de la baja.

A partir de qué día de la baja, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, la cuantía de la prestación económica será del 75% de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias comunes: 18. 21. 20.

Según el art. 48 del TRET, en los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días. El periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. El periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de doce semanas adicionales. El periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de doce semanas adicionales, salvo para el padre que no podrá acceder a la ampliación.

En virtud del artículo 7 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave se reconocerá: Por un periodo de dos meses, prorrogable por periodos de igual duración. Por un periodo de tres meses, prorrogable por periodos de igual duración. Por un periodo de un mes, prorrogable inicialmente por un periodo de dos meses y sucesivos de cuatro meses.

Según el artículo 186 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo: En los supuestos en que riesgos o patologías de diversa índole puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, no estando relacionados los mismos con agentes, procedimientos o condiciones del puesto de trabajo desempeñado. En los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. En los supuestos en que, debiendo el progenitor distinto de la madre biológica cambiar de puesto de trabajo por otro compatible, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

Según el artículo 189 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural reconocida a la mujer trabajadora se extinguirá: En el momento en que el hijo cumpla 12 meses, salvo que la beneficiaría se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación, en cuyo caso se extinguirá el día anterior al de dicha reincorporación. Únicamente, en el momento en que el hijo cumpla 5 meses. En el momento en que el hijo cumpla 9 meses, salvo que la beneficiaría se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación, en cuyo caso se extinguirá el día anterior al de dicha reincorporación.

El periodo mínimo de cotización exigido para el subsidio por nacimiento y cuidado de menor regulado en el art. 178 del TRLGSS (RD leg 8/2015), en el caso de que la persona trabajadora tenga cumplidos 21 años de edad y sea menor de 26 en la fecha del nacimiento, será de: 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o, alternativamente, 360 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a esa fecha. 90 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o, alternativamente, 365 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a esa fecha. 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o, alternativamente, 180 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a esa fecha.

La cuantía de la pensión vitalicia correspondiente a la gran invalidez se incrementará con un complemento destinado a que la persona con discapacidad pueda remunerar a la persona que le atienda. El importe de dicho complemento será equivalente al resultado de sumar: El 40% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 35% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. (artículo 196.4 TRLGSS). El 35% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 40% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. (artículo 196.4 TRLGSS). El 45% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. (artículo 196.4 TRLGSS).

Según el artículo 195 del TRLGSS, en caso de accidente no laboral, a efectos de la prestación e IP, si el interesado se encuentra en alta o situación asimilada. Se precisa la misma carencia que para enfermedad común. No se precisa carencia. Se precisa la cuarta de la carencia que para enfermedad común.

El Sr x de 50 años es declarado en situación de incapacidad permanente por enfermedad común ¿Cuál es el periodo de cotización exigible para causar derecho a la prestación?. La cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. La quinta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de ocho años.

Según el artículo 195.1, párrafo segundo, del TRLGSS, cuando en la fecha del hecho causante, se tenga la edad prevista en el artículo 205.1.a). Es posible, en todo caso, acceder a las pensiones de incapacidad permanente, aun cuando el interesado reúna los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación. Es posible, en todo caso, acceder a las pensiones de incapacidad permanente, siempre y cuando el interesado no reúna los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación. No es posible acceder a las pensiones de incapacidad permanente, si el interesado reúne los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación.

Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado. Sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. Que puedan suponer cesión de la titularidad de la competencia. Sin que ello pueda suponer la transferencia del ejercicio de competencias.

Según el artículo 52 de la Ley 40/2015, los convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda. Dentro de los treinta días siguientes a la suscripción. Dentro de los veinte días siguientes a la suscripción Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción.

Según el artículo 32 de la Ley 9/2017, requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de ministros las modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de ministros. Cuando superen el 30 por cien del importe del encargo. Cuando superen el 20 por cien del importe del encargo. Cuando superen el 50 por cien del importe del encargo.

Según el artículo 9.2 del TREBEP, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. Corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos. Corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, pero pueden ser objeto de encomienda de gestión con autorización del Consejo de Ministros. Ninguna es totalmente correcta.

Según el artículo 14 de la Ley 9/2017, la explotación de las obras por parte del concesionario deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando. El riesgo de oferta. El riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. El riesgo de explotación.

Según el artículo 29,6 de la LCSP, los contratos de concesión de servicios tendrán un plazo. El cual se calculará en función del tiempo de amortización de las inversiones que haya hecho el contratista. El cual se calculará en función de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El cual se calculará en función de la recuperación de los ingresos esperados para hacer rentable la concesión, sin perjuicio del riesgo y ventura.

Según el artículo 29,6 de la LCSP, si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima de la misma no podrá. Exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. Exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre los ingresos estimados, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. Exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere el beneficio estimado en función de las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios.

El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que corresponden a la Administración. Prestar el servicio según su leal saber y entender. Calcular los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio para su comunicación a la Administración, a efectos de su pago.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de. Quince días desde que se dictó el acto. Diez días desde que se dictó el acto. Veinte días desde que se dictó el acto.

Según el artículo 48.2 de la LPAC, el defecto de forma del acto administrativo. Sólo determinará la nulidad del acto cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar un fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar un fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Constituye una mera irregularidad no invalidante.

Según el artículo 40.3 de la LPAC, las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto. A partir de los 15 días siguientes a la notificación. A partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto. No producen efecto hasta que se notifiquen correctamente.

Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos. Cuando el acto pudiera afecta a más de un interesado. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. Cuando la Administración lo considere conveniente.

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que sigan el criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga. Cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Cuando menos, el texto íntegro de la resolución y el intento de notificación dejado en el buzón de correo. El intento de notificación debidamente acreditado.

El contenido del acto administrativo, según el artículo 34.2 de la LPAC,. Se ajustará a los fines que se persigan en cada caso por el acto administrativo. Se ajustará a lo dispuesto en el real decreto que regule dichos actos. Se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquel.

Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, as resoluciones administrativas de carácter particular. Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, en el caso de que aquéllas procedan de un órgano de inferior jerarquía al que dictó la disposición general. Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, en el caso de que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de seis meses. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano no jurisdiccional.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando. Se dicten en sustitución de actos anulados. Se produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que. Se produzca la eficacia retroactiva del acto por entender la administración que podrá causar perjuicios de difícil reparación. Se produzca la suspensión del plazo de notificación del acto por casusas debidamente justificada por el interesado ante los perjuicios de difícil reparación, que podría acarrearles. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.

Según el artículo 49 de la Ley 39/2015, la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo. Implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, incluso cuando la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. No implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. En ningún caso, No implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla.

Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones. Dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido no cause perjuicios al interesado. Dispondrá la anulación total del acto, debiendo iniciarse el procedimiento de nuevo. Dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Según el artículo 106.2 de la LPACAP, las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior,. En cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio o a instancia de parte y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. En cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. En cualquier momento, previa declaración de lesividad y siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde la fecha en que se dictaron.

Según el artículo 30.2 de la LPACAP, la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos. Si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación podrá ser notificado a los interesados. Ambas son correctas.

Según el artículo 109 de la LPACAP, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables. Siempre que tal revocación sea favorable al interesado y así quede documentado en el expediente, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y legalidad, consagrados en la constitución. Siempre que tal revocación no perjudique a tercero. Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Según el artículo 110 de la LPACAP, las facultades de revisión establecidas en este Capítulo no podrán ser ejercidas. Cuando perjudique a tercero, con arreglo a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. En aquellos casos en que la revisión afecte a actos declarativos de derechos y los intereses de terceros de buenas puedan resultar perjudicados.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. Siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Siempre que aquella se aporte en el plazo que establezca el órgano administrativo.

Según el artículo 53.6 de la Ley 39/2015, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. A la presunción de no existencia de responsabilidad penal mientras no se demuestre lo contrario. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se instruya el procedimiento.

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento. De oficio, a instancia de orden motivada dictada por el superior jerárquico. De oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. A instancia de parte, cuando la continuidad de las mismas pueda causar perjuicios al interesado.

Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable. Las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se presentó presencialmente. Las Administraciones Públicas podrán requerir al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Según el artículo 10.2 de la ley 39/2015, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma, cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, si bien. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de quince días desde su solicitud. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de veinte días desde su solicitud. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.

Según el artículo 12 de la ley 39/2015, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios. Su identificación o firma electrónica en el procedimiento requerirá autorización al funcionario competente para que en el momento le dote de los mecanismos necesario para disponer de firma electrónica. Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por cualquier funcionario público que tengan competencia en el procedimiento. Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima. De cinco años a contar desde la fecha de otorgamiento del poder. De cinco años a contar desde la fecha de inscripción. De cuatro años a contar desde la fecha de otorgamiento del poder.

Según el artículo 59 de la Ley 39/2015, se entiende Inicio del procedimiento por propia iniciativa, la actuación derivada. De la petición razonada de otros órganos de la propia Administración. Del conocimiento directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. Del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

Según el art. 6 del RD 1300/1995, la solicitud de IP se entenderá denegada por silencio administrativo. Cuando la resolución no se dicte en el plazo de ciento treinta y cinco días. Cuando la resolución no se dicte en el plazo de noventa y cinco días. Cuando la resolución no se dicte en el plazo de ciento cinco días.

Según el artículo 4 del RD 1300/1995, el procedimiento para evaluar la incapacidad en orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas por invalidez permanente y a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, no invalidantes, se podrá iniciar. A instancia del trabajador o su representante legal. A instancia de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente. Ambas son correctas.

Según la disposición adicional primera del RD 1300/1995, en los procedimientos de evaluación o revisión de las situaciones de incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social, cuando afecten a las personas trabajadoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que hayan sido objeto de un reconocimiento médico de aptitud, formará parte como vocal del Equipo de Valoración de Incapacidades, en aquellas provincias en cuyo territorio tenga su sede una dirección provincial de dicho Instituto. El personal médico de sanidad marítima designado por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. El personal médico de sanidad marítima designado por el Instituto Social de la Marina. El Inspector médico del ISM designado por el director Provincial del INSS a propuesta del ISM.

Según el artículo 5 del Real Decreto 1300/1995, la instrucción de los procedimientos para la evaluación de la incapacidad en orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas a que se refiere el artículo anterior requerirá los siguientes actos e informes preceptivos: Aportación de la baja médica de asistencia sanitaria y del historial clínico, previo consentimiento del interesado o de su representante legal, remitido por el Servicio de Salud o, en su caso, por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o empresa colaboradora, cuando se trate de afiliados que tengan cubierta la incapacidad temporal por dichas entidades o, en su defecto, informe de la Inspección Médica de dicho Servicio de Salud. Aportación del alta médica de asistencia sanitaria y del historial clínico, previo consentimiento del interesado o de su representante legal, remitido por el Servicio de Salud o, en su caso, por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o empresa colaboradora, cuando se trate de afiliados que tengan cubierta la incapacidad temporal por dichas entidades o, en su defecto, informe de la Inspección Médica de dicho Servicio de Salud. Formulación del dictamen-propuesta por la Subdirección provincial de incapacidad permanente, que estará acompañado de un informe médico consolidado en forma de síntesis, comprensivo de todo lo referido o acreditado en el expediente, un informe de antecedentes profesionales y los informes de alta y cotización que condicionan el acceso al derecho.

Según el art. 3 del RD 3.1 1300/1995, serán funciones de los Equipos de Valoración de Incapacidades. Formular al director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social los dictámenes-propuesta, preceptivos y vinculantes. Formular al director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social los dictámenes-propuesta, preceptivos y no vinculantes. Formular al director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social declaraciones de Incapacidad Permanente.

Según el artículo 202 del TRLGSS, serán beneficiarios de las indemnizaciones por las lesiones permanentes no incapacitantes, los trabajadores integrados en este Régimen General que reúnan la condición general de estar en alta y. Tengan un accidente no laboral que les impida el trabajo de forma parcial. Hayan sido dados de alta médica. Hayan sido objeto de dictamen propuesta por parte del EVI.

Según la disposición transitoria octava del TRLGSS, la base reguladora de la pensión de jubilación a partir de 2022. Será el resultado de dividir por 350 las bases de cotización durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Será el resultado de dividir por 336 las bases de cotización durante los 276 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Será el resultado de dividir por 336 las bases de cotización durante los 288 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

Según la disposición transitoria novena del TRLGSS, los porcentajes a atribuir a los años cotizados para calcular la pensión de jubilación, durante los años 2023 a 2026 serán. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21 por ciento y por cada uno de los 209 meses siguientes, el 0,19 por ciento. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 59, el 0,21 por ciento y por cada uno de los 209 meses siguientes, el 0,19 por ciento. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0,19 por ciento y por cada uno de los 146 meses siguientes, el 0,21 por ciento.

Según el artículo 210 del TRLGSS, cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión. Siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización establecido. Siempre que al cumplir esta edad se hubiera cotizado durante 38 años y medio. Siempre que se tuvieran 65 años.

Según el artículo 214 del TRLGSS, relativo a la pensión de jubilación y envejecimiento activo, el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos. Se tengan 65 años y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por ciento. Se tenga la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado y se reúna el periodo mínimo de cotización. El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar al menos un año después de haber cumplido la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1.a), y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por ciento.

Según el artículo 214 del TRLGSS, relativo a la pensión de jubilación y envejecimiento activo, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente. Al 100 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. Al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. Al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, antes de haber aplicado el límite máximo de pensión pública, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.

Según el artículo 213 del TRLGSS, el percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual y en esta situación. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Quienes realicen estas actividades económicas estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social en materia de Incapacidad temporal y contingencias profesionales.

Según el artículo 215 del TRLGSS, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los, entre otros, siguientes requisitos. Tener cumplida en la fecha del hecho causante una edad de sesenta y cinco años, o de sesenta y tres cuando se acrediten treinta y seis años y seis meses de cotización, sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado. Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 50 por ciento, o del 75 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. Ambas son correctas.

Según el artículo 215 del TRLGSS, durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador. Cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa. Cotizarán por la base de cotización que corresponda al trabajador por su jornada parcial con el límite de la base de cotización del trabajador relevista. Cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa, siempre que se igual o equivalente a la del trabajador relevista y equivalente a la de este en caso contrario.

Según el art. 205 del TRLGSS, en los casos en los que se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o alta asimilada sin obligación de cotizar (como, por ejemplo, en la situación de huelga), el periodo de los 2 años de carencia específica deberá estar comprendido. Dentro de los 25 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Dentro de los 15 años anteriores a la fecha del hecho causante. Ninguna es correcta.

De conformidad con el art. 209 del TRLGSS, para el cálculo de la BR de la pensión de jubilación en el régimen general, si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo apareciesen meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar: Las primeras 48 mensualidades se integrarán con la base mínima del régimen general correspondiente al grupo de cotización al que perteneciera el trabajador, y el resto de las mensualidades con el 50% de dicha base mínima. Las primeras 24 mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de las mensualidades con el 50% de dicha base mínima. Las primeras 48 mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de las mensualidades con el 50% de dicha base mínima.

Según el art. 3 del RD 453/2022, la pensión de jubilación en su modalidad contributiva se entenderá causada. En la fecha indicada a tal efecto por la persona interesada al formalizar la correspondiente solicitud, siempre que dicha fecha esté comprendida dentro de los tres meses anteriores o posteriores al día de presentación de la solicitud, o coincidir con dicho día. En la fecha de la solicitud, siempre que en la misma reúna los requisitos establecidos para ello. En la fecha indicada a tal efecto por la persona interesada al formalizar la correspondiente solicitud, siempre que en la misma reúna los requisitos establecidos para ello.

Según el art. 210.2 del TRLGSS, en el supuesto de la jubilación anticipada si el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los meses de cotización acreditados fuese superior al límite de la cuantía inicial de las pensiones. Los coeficientes reductores por edad se aplicarán sobre el indicado límite de la pensión máxima. No se aplicarán los coeficientes correctores. Los coeficientes reductores por edad se aplicarán sobre el importe que resulte de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los meses de cotización acreditados.

Según el artículo 119 de la Ley 39/2015, cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo. Se ordenará el archivo de las actuaciones, comunicándose a los interesados a los efectos procedentes. Se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido. Se comunicará a los recurrentes para que subsanen el vicio de forma y, una vez subsanado este, la administración deberá resolver el expediente.

Según el artículo 118 de la Ley 39/2015, no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos. Hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Hechos, documentos o alegaciones no planteados por del recurrente. La solicitud de pruebas cuando no solicitadas en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida.

Según el artículo 123 de la Ley 39/2015, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo. Hasta que sea resuelto expresamente. Hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Hasta que se obtenga la certificación de acto presunto, en los términos que establézcala normativa vigente.

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de cinco años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de tres años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Según el artículo 126 de la Ley 39/2015, el órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse. Sobre la procedencia del recurso. Sobre la procedencia del recurso y también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Sobre todas las cuestiones de fondo y forma alegadas por las partes.

Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida. Si transcurridos tres meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Si transcurridos quince días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, cuando de la suspensión del acto impugnado puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza. Aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos más un 5 % en concepto de costas, en los términos establecidos reglamentariamente. Aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. El órgano administrativo competente para resolver el recurso podrá denegar la suspensión del acto impugnado.

Según el artículo 119 de la Ley 39/2015, el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento. Hayan sido o no alegadas por los interesados. Siempre que hayan sido alegadas por el recurrente. Si no han sido alegadas por el recurrente no deben producir perjuicios a terceros interesados en el procedimiento.

Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, contra la resolución de un recurso de alzada. Cabe recurso de reposición, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión. No cabrá recurso alguno, salvo el recurso extraordinario de revisión. No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión.

Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, cuando de la suspensión del acto impugnado puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza. Aquella sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos más un 5 % en concepto de costas, en los términos establecidos reglamentariamente. Aquella sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. El órgano administrativo competente para resolver el recurso podrá denegar la suspensión del acto impugnado.

Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de cinco años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de tres años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Según el artículo 126 de la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución. Transcurrido el plazo de seis meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución.