SSM ESP 2026

Según el Artículo 2.2 de la Ley 39/2006, ¿cuál de los siguientes elementos es esencial para definir el estado de dependencia?. A. La situación de vulnerabilidad económica derivada de la edad avanzada o la enfermedad crónica. B. La existencia de una discapacidad física o sensorial que impida la realización de cualquier actividad laboral remunerada. C. La pérdida temporal de autonomía personal que requiere cuidados profesionales de carácter sanitario. D. La necesidad de atención por otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria.

De acuerdo con el Artículo 2.3, ¿cuál de estas tareas NO se considera explícitamente una Actividad Básica de la Vida Diaria (ABVD)?. A. La movilidad esencial. B. Reconocer personas y objetos. C. Entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. D. La gestión de trámites administrativos complejos ante la Administración Pública.

El Artículo 3 establece los principios de la Ley. ¿A cuál de ellos corresponde la garantía de igualdad real mediante la valoración de necesidades con criterios de equidad?. A. Al principio de personalización de la atención (Artículo 3.f). B. Al principio de universalidad en el acceso (Artículo 3.b). C. Al principio de transversalidad de las políticas (Artículo 3.d). D. Al principio de valoración de las necesidades (Artículo 3.e).

Según el Artículo 4.2.c, ¿qué requisito es imprescindible para que los procedimientos aplicados a una persona dependiente se usen en proyectos docentes o de investigación?. A. Autorización previa, expresa y por escrito de la persona o su representante. B. Comunicación previa al Consejo Territorial de Servicios Sociales. C. Que el proyecto cuente con el visto bueno del Ministerio de Sanidad. D. Autorización verbal ante dos testigos o el personal directivo del centro.

En relación con los titulares de derechos (Artículo 5.1.c), ¿cuál es el requisito de residencia para acceder a las prestaciones de la Ley?. A. Residir en territorio español durante cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud. B. Residir en España de forma ininterrumpida durante los diez años previos al cumplimiento de la edad de jubilación. C. Haber residido en España un mínimo de dos años en cualquier momento de la vida del solicitante. D. Acreditar la residencia legal en la misma Comunidad Autónoma durante al menos tres años consecutivos.

Para menores de cinco años que no posean la nacionalidad española, ¿qué normativa rige su derecho según el Artículo 5.2?. A. Las Leyes del Menor vigentes (estatales y autonómicas) y tratados internacionales. B. Exclusivamente la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos de los extranjeros. Aunque se menciona la ley de extranjeria, el Articulo 5.2 hace un hincapié especial en las Leyes del Menor para este colectivo. C. Quedan excluidos del sistema hasta que cumplan los requisitos de residencia del tutor legal. La ley prevé mecanismos de protección para menores, sin exclusión automática, remitiendo a su legislación específica. D. El nivel de protección adicional establecido exclusivamente por la Comunidad Autónoma de residencia. La titularidad del derecho está regulada por ley estatal, independientemente del nivel de protección que se aplique.

Según el Artículo 7, ¿cuántos niveles de protección se establecen para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?. A. Tres niveles: mínimo (Estado), acordado (Estado-CCAA) y adicional (CCAA). B. Un nivel único garantizado por la Administración General del Estado para todos los ciudadanos. C. Dos niveles: el nivel básico estatal y el nivel de gestión autonómica. D. Cuatro niveles, incluyendo el nivel de urgencia vital gestionado por las Entidades Locales.

De acuerdo con el Artículo 8.1, ¿quién ostenta la presidencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?. A. El Presidente del Gobierno o la persona en quien este delegue. B. La persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. C. El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. D. Uno de los Consejeros autonómicos elegido por mayoría simple.

Según el Artículo 9.2, ¿qué administración es responsable de la financiación pública del nivel mínimo de protección?. A. El Consejo Territorial mediante un fondo común de solidaridad interterritorial. B. Las Comunidades Autónomas, con cargo a sus fondos propios de servicios sociales. C. La Administración General del Estado. D. Se financia conjuntamente al 50% entre el Estado y las Entidades Locales.

El Artículo 4.4 establece obligaciones para las personas dependientes. ¿Cuál de las siguientes es una obligación literal según el texto?. A. Contratar obligatoriamente a profesionales del Tercer Sector para cuidados en el hogar. B. Aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas. C. Someterse semestralmente a una revisión médica de oficio por el servicio de salud. D. Mantener una cuenta bancaria especifica para el ingreso de las ayudas.

En el contexto del Artículo 8.1, ¿quién tiene la mayoría en la composición del Consejo Territorial?. A. Se establece una paridad absoluta entre representantes estatales y autonómicos. B. El Tercer Sector y las organizaciones sindicales. C. Los representantes de las Comunidades Autónomas. D. La Administración General del Estado por su capacidad de veto.

Según el Artículo 2.7, ¿cuál es la finalidad primordial del servicio de 'Asistencia personal'?. A. Proveer exclusivamente cuidados de carácter sanitario bajo supervisión médica. B. Sustituir integramente las funciones de los cuidadores no profesionales en el domicilio. C. Fomentar la vida independiente de la persona dependiente, promoviendo su autonomía personal. D. Garantizar la seguridad física del dependiente mediante vigilancia continua 24 horas.

El Artículo 3.q establece una atención preferente para un colectivo específico. ¿Cuál es?. A. Los emigrantes españoles retornados con escasos recursos económicos. B. Las mujeres en situación de dependencia víctimas de violencia de género. C. Los menores de tres años con discapacidad severa. D. Las personas en situación de gran dependencia.

Según el Artículo 6.3, ¿qué efecto tiene la integración de centros privados en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre su titularidad?. A. Los centros pasan a ser de titularidad pública tras un periodo de carencia de cinco años. B. La administración del centro queda bajo la tutela directa del Ministerio de Sanidad. C. La gestión debe ser asumida obligatoriamente por una entidad sin ánimo de lucro del Tercer Sector. D. No supone alteración alguna en el régimen jurídico de su titularidad o gestión.

De acuerdo con el Artículo 4.2.f, ¿qué derecho especial tiene la persona dependiente sobre su propia tutela?. A. Derecho a decidir sobre la tutela de su persona y bienes para el caso de pérdida de autogobierno, si tiene capacidad suficiente. B. Derecho a que la tutela sea ejercida exclusivamente por un familiar de primer grado. C. Derecho a renunciar a cualquier tipo de tutela a pesar de tener reconocida una incapacidad total. D. Derecho a elegir personalmente a su tutor legal sin intervención de la autoridad judicial.

El Artículo 8.2 detalla las funciones del Consejo Territorial. ¿Cuál de estas es competencia de dicho órgano?. A. Dictar sentencias en casos de internamiento involuntario. B. Determinar individualmente la cuantía de la prestación para cada solicitante. C. Acordar el baremo de valoración del grado de dependencia. D. Sancionar a las Comunidades Autónomas que incumplan los plazos de valoración.

Según el Artículo 5.1.c, en el caso de menores de cinco años, ¿a quién se le exige el periodo de residencia en España?. A. A quien ejerza su guarda y custodia. B. Al progenitor que posea la nacionalidad española. C. No se exige requisito de residencia a menores de cinco años por ser un colectivo vulnerable. D. Al propio menor, debiendo acreditar su estancia física desde el nacimiento.

Definido en el Artículo 2.8, el 'Tercer Sector' se caracteriza por: A. Instituciones públicas dependientes de las Administraciones Locales. B. Asociaciones de usuarios que tienen como fin exclusivo la autogestión de sus propias prestaciones. C. Cualquier empresa privada que firme un convenio de colaboración con la Administración Pública. D. Organizaciones privadas de iniciativa ciudadana con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro.

Según el Artículo 3.i, ¿cuál es el criterio preferente respecto al lugar de residencia de la persona dependiente?. A. La residencia en el municipio donde se ubiquen los servicios sociales de referencia. B. La estancia rotatoria en diferentes centros para evitar el aislamiento social. C. El traslado inmediato a un centro residencial especializado para garantizar su seguridad. D. La permanencia en el entorno en el que desarrollan su vida, siempre que sea posible.

De acuerdo con el Artículo 4.2.b, ¿cómo debe ser la información que reciba la persona en situación de dependencia sobre su estado?. A. Estrictamente técnica para garantizar la precisión del diagnóstico médico. B. En términos comprensibles y accesibles, completa y continuada. C. Resumida y simplificada para evitar el impacto emocional negativo. D. Bajo petición previa por escrito y tras abono de las tasas correspondientes.

El Artículo 8.1 menciona que pueden incorporarse otros representantes de la Administración al Consejo Territorial como asesores. ¿Qué condición tienen?. A. Derecho de veto sobre los acuerdos que afecten a su presupuesto ministerial. B. Voz y voto siempre que el Presidente del Consejo así lo autorice expresamente. C. Voz pero sin voto. D. Derecho a voto únicamente en materias de su especialidad técnica.

Según el Artículo 4.2.h, ¿qué se garantiza específicamente en el caso de internamientos involuntarios?. A. La revisión obligatoria de la medida por el Consejo Territorial cada tres meses. B. La supervisión diaria por parte de un asistente personal designado de oficio. C. Un proceso contradictorio y el ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales. D. El derecho a recibir visitas sin limitación horaria o de seguridad.

De acuerdo con el Artículo 6.1, ¿cuál es una de las finalidades del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?. A. Sustituir progresivamente todos los servicios privados por una red 100% pública. B. Optimizar los recursos públicos y privados disponibles. C. Centralizar la gestión de las pensiones de invalidez y gran invalidez. D. Eliminar la participación del Tercer Sector en la prestación de servicios básicos.

El Artículo 4.2.l prohíbe expresamente la discriminación por dos motivos específicos adicionales a los generales. ¿Cuáles son?. A. Afiliación política o creencias religiosas. B. Orientación o identidad sexual. C. Lugar de nacimiento o lengua materna. D. Nivel de renta o patrimonio neto.

Según el Artículo 9.1, ¿qué factor se considera para realizar la asignación del nivel mínimo a las comunidades autónomas?. A. El número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. B. El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de la región solicitante. C. El cumplimiento de los objetivos de déficit fijados por el Ministerio de Hacienda. D. La extensión territorial de la Comunidad Autónoma y su dispersión geográfica.

De acuerdo con el Artículo 2.5, ¿qué define a los 'Cuidados no profesionales'?. A. Servicios prestados por voluntarios de ONGs sin titulación académica específica. B. Cuidados realizados por personal de limpieza contratado por horas sin contrato de asistencia. C. Atención sanitaria básica realizada por el propio dependiente de forma autónoma. D. Atención prestada por familiares o personas del entorno, no vinculadas a un servicio profesionalizado.

Según el Artículo 5.4, ¿quién establece las condiciones de acceso para los emigrantes españoles retornados?. A. Se rigen automáticamente por los mismos plazos de residencia que el resto de españoles (5 años). B. El Ministerio de Asuntos Exteriores en coordinación con la Seguridad Social. C. El Gobierno, previo acuerdo del Consejo Territorial. D. La Comunidad Autónoma de acogida mediante decreto de urgencia.

El Artículo 3.p incluye la perspectiva de género. ¿Qué implica esto literalmente?. A. Dar prioridad en las listas de espera a las mujeres por su mayor esperanza de vida. B. Garantizar que el 50% de los cuidadores profesionales sean varones. C. Tener en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. D. Establecer prestaciones económicas superiores para las cuidadoras familiares.

1. En relación con el Tema 23 y el artículo 3 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, ¿qué periodo de empadronamiento y residencia efectiva se exige con carácter general para ser titular del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales si no se cumple el requisito de residencia legal?. a. 6 meses continuados inmediatamente anteriores a la solicitud. b. 24 meses continuados inmediatamente anteriores a la solicitud. c. 12 meses continuados inmediatamente anteriores a la solicitud. d. 18 meses inmediatamente anteriores, aunque no sean continuados.

2. Según el Tema 23 y el artículo 19 de la Ley 12/2008, ¿en quién recae la responsabilidad de la coordinación del procedimiento básico de intervención en su fase inicial?. a. En un profesional de los Servicios Sociales Forales de la Diputación. b. En un educador social del Servicio de Intervención Socioeducativa. c. En un trabajador social del Servicio Social de Base del Ayuntamiento. d. En el profesional de referencia designado por el Gobierno Vasco.

3. Respecto a la distribución competencial (Tema 23, Art. 40, 41 y 42), ¿cuál de las siguientes funciones es competencia EXCLUSIVA del Gobierno Vasco y no de los Ayuntamientos ni Diputaciones?. a. La creación, organización y gestión de los servicios sociales de base. b. La provisión del servicio de teleasistencia. c. La fijación de los precios públicos de los servicios residenciales para personas mayores. d. La autorización y homologación de centros privados radicados en el territorio histórico.

4. Según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿qué plazo establece la ley para la completa universalización de las prestaciones y servicios contenidos en el catálogo del Sistema Vasco de Servicios Sociales?. a. 4 años a contar desde la entrada en vigor de la ley. b. 10 años a contar desde la aprobación del Plan Estratégico. c. 5 años a contar desde la entrada en vigor de la ley. d. 8 años a contar desde la entrada en vigor de la ley.

5. En el marco del Tema 23 y el artículo 36 de la Ley 12/2008, ¿cuál es el ámbito poblacional que debe abarcar, con carácter general, la zona básica de actuación del Sistema Vasco de Servicios Sociales?. a. 10.000 habitantes. b. 5.000 habitantes (o 3.000 en zonas rurales/desfavorecidas). c. 8.000 habitantes (o 4.000 en zonas rurales/desfavorecidas). d. 3.000 habitantes en todos los casos.

6. De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿qué elemento queda EXCLUIDO de la valoración de recursos económicos de la persona usuaria para determinar su participación económica en el coste del servicio?. a. Los rendimientos del capital mobiliario (intereses bancarios). b. La vivienda que constituya su residencia habitual, salvo valor excepcional. c. Las pensiones no contributivas. d. El patrimonio en el extranjero si no ha sido declarado.

7. Sobre los órganos interinstitucionales (Tema 23, Art. 44), ¿qué característica define la composición del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales?. a. Representación mayoritaria del Gobierno Vasco sobre el resto. b. Representación paritaria entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales exclusivamente. c. Representación paritaria entre el Gobierno Vasco por un lado, y las Diputaciones y Ayuntamientos (vía Eudel) por otro. d. Presidencia rotatoria anual entre los tres niveles de la administración.

8. Según el artículo 16 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿cuándo se pueden otorgar prestaciones económicas vinculadas a servicios personales?. a. Siempre que la persona usuaria prefiera el dinero a la atención directa. b. Solo de forma permanente para sustituir servicios residenciales. c. Con carácter temporal y excepcional, mientras se garantiza el acceso efectivo al servicio dentro del sistema. d. Únicamente si el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no dispone de personal técnico suficiente.

9. En relación con el Tema 23 y el artículo 24 de la Ley 12/2008, ¿con qué periodicidad realizará el Gobierno Vasco una evaluación general de la Cartera de Prestaciones y Servicios?. a. Cada dos años. b. Anualmente. c. Cada cuatro años, en el marco de la evaluación del Plan Estratégico. d. Cada seis años.

10. Atendiendo al artículo 53 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿cuál es un efecto necesario de la inscripción en los registros de servicios sociales?. a. Concede automáticamente la autorización administrativa para operar. b. Tiene efectos constitutivos de la personalidad jurídica de la entidad. c. Es condición previa necesaria para acceder al régimen de subvenciones, ayudas o concertación. d. Garantiza la financiación total del centro por parte de la Diputación.

1. Según el artículo 14 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la naturaleza de las prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales?. a. Tienen carácter contributivo y se basan en la renta del perceptor. b. Tienen carácter universal, garantizando el acceso a los titulares que reúnan los requisitos. c. Son discrecionales en función de la disponibilidad presupuestaria anual del Ayuntamiento. d. Tienen carácter asistencial y solo se otorgan a personas en riesgo de exclusión grave.

2. En relación con el procedimiento básico de intervención (Tema 23, Art. 19), si un caso requiere una alta intensidad de apoyo, ¿qué puede ocurrir con la responsabilidad de la coordinación?. a. Debe permanecer siempre en el Servicio Social de Base municipal por ser el primer punto de acceso. b. Puede ser transferida por el profesional referente a un profesional de los servicios sociales de atención secundaria. c. Se transfiere automáticamente al Alcalde del municipio correspondiente. d. La asume directamente la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno Vasco.

3. Según el artículo 16.3 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿qué tipo de prestaciones prevalecerán siempre sobre las prestaciones económicas para la adquisición de prestaciones tecnológicas o vinculadas a servicios personales?. a. Las prestaciones económicas para la integración social. b. Las prestaciones técnicas o tecnológicas. c. Las subvenciones directas a entidades del tercer sector. d. No existe prevalencia, son todas del mismo rango jerárquico.

4. Respecto al Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma (Tema 23, Art. 36), ¿qué ámbito poblacional sirve de marco territorial para los servicios sociales de base en una zona rural?. a. 5.000 habitantes. b. 1.000 habitantes. c. 3.000 habitantes. d. 10.000 habitantes.

5. Atendiendo al artículo 57.8 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿cuándo será gratuita una prestación para la persona usuaria?. a. Siempre que la persona lo solicite por escrito alegando desempleo. b. Cuando sus recursos económicos sean inferiores o iguales a la cantidad mínima anual de libre disposición. c. Cuando la persona sea mayor de 65 años, independientemente de su renta. d. Solo en el caso del servicio de información y valoración inicial.

6. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a las Diputaciones Forales según el artículo 41 de la Ley 12/2008 (Tema 23)?. a. La provisión del servicio de teleasistencia en todo su territorio. b. La creación y gestión de los servicios sociales de base. c. La provisión de los servicios sociales de atención secundaria, salvo los de acción directa del Gobierno Vasco. d. La fijación de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos.

7. Según el artículo 9 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿cuándo es obligatorio que el consentimiento para una intervención sea otorgado por escrito?. a. En todas las intervenciones del trabajador social de base. b. Cuando la intervención implique ingreso en un servicio de alojamiento o en un centro residencial. c. Solo cuando la persona usuaria tenga una incapacidad judicial declarada. d. Únicamente para el acceso a las prestaciones económicas vinculadas al servicio.

8. En cuanto a la financiación (Tema 23, Art. 56.4), ¿a qué pueden acceder los Ayuntamientos y Diputaciones para instalar alternativas residenciales en pisos ordinarios?. a. A un fondo de emergencia estatal no reembolsable. b. A la reserva de viviendas de protección oficial de las administraciones competentes en vivienda. c. Únicamente a la compra de vivienda en el mercado libre con fondos propios. d. A la expropiación forzosa de inmuebles vacíos de entidades bancarias.

9. Según el artículo 33.6 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿qué requisito indispensable deben cumplir todos los planes (estratégicos, sectoriales o especiales)?. a. Deben ser aprobados por mayoría de dos tercios del Parlamento Vasco. b. Deben contar con una memoria económica que garantice su aplicación. c. Deben ser renovados obligatoriamente cada dos años naturales. d. Deben ser validados por una auditoría externa privada.

10. Atendiendo al artículo 57.6 de la Ley 12/2008 (Tema 23), ¿quiénes están obligados al pago del precio público además de la persona usuaria?. a. Los hijos de la persona usuaria, independientemente de su situación económica. b. Quienes se hayan favorecido por transmisiones patrimoniales gratuitas de la persona usuaria en los 5 años anteriores. c. El Ayuntamiento donde resida la persona usuaria de forma subsidiaria. d. Los herederos legales de forma solidaria desde el inicio del servicio.

1. Según el artículo 2 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿qué define la Cartera de Prestaciones y Servicios en relación con el derecho subjetivo?. a. Identifica exclusivamente las prestaciones económicas que son siempre de derecho subjetivo. b. Determina qué prestaciones y servicios tienen la naturaleza de derecho subjetivo y cuáles no tienen tal carácter. c. Establece que todas las prestaciones del Catálogo son de derecho subjetivo tras la entrada en vigor del Decreto. d. Define que el derecho subjetivo solo nace si existe partida presupuestaria específica en el Ayuntamiento.

2. En virtud del artículo 6 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿qué requisito es indispensable para el acceso a las prestaciones y servicios de derecho subjetivo?. a. Únicamente el empadronamiento de la persona usuaria. b. La existencia de una plaza vacante en el centro residencial solicitado. c. La previa valoración de necesidades y la correspondiente prescripción técnica. d. Que la persona usuaria no supere el nivel de renta media de la Comunidad Autónoma.

3. Respecto a las prestaciones de derecho NO subjetivo, ¿cómo se realiza la concesión según el artículo 7 del Decreto 185/2015 (Tema 24)?. a. Se conceden automáticamente al cumplir los requisitos de perfil. b. Están sujetas a la disponibilidad de recursos y a la prioridad resultante de la valoración de la urgencia o gravedad. c. Son competencia exclusiva del Gobierno Vasco en régimen de acción directa. d. Se otorgan siempre por orden de llegada, sin valorar la gravedad de la situación.

4. Según el artículo 15 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución en el procedimiento ordinario de reconocimiento del derecho?. a. 3 meses. b. 6 meses. c. 15 días hábiles. d. 1 mes.

5. En el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 16 (Tema 24), ¿en qué plazo máximo debe dictarse la resolución desde la recepción de la solicitud?. a. 1 mes. b. 48 horas. c. 15 días. d. Una semana.

6. De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿qué ocurre si la Administración no dicta resolución expresa en el plazo de 6 meses en un procedimiento de derecho subjetivo?. a. Se entiende desestimada por silencio administrativo negativo. b. Se entiende estimada por silencio administrativo positivo. c. El procedimiento caduca y debe iniciarse de nuevo de oficio. d. La competencia pasa automáticamente al Órgano Interinstitucional.

7. Sobre la participación económica (Tema 24, Art. 28), ¿qué garantiza el Decreto respecto a la capacidad económica de la persona usuaria?. a. Que todas las prestaciones de atención primaria sean totalmente gratuitas. b. Que la persona disponga siempre de una cantidad mínima para gastos personales (dinero de bolsillo). c. Que el copago nunca supere el 10% del coste real del servicio. d. Que las personas sin recursos solo accedan a servicios de baja intensidad.

8. En cuanto a la gestión y provisión (Tema 24, Art. 24), ¿qué administración es responsable de garantizar la provisión del Servicio de Teleasistencia?. a. Los Ayuntamientos como servicio de atención primaria. b. Las Diputaciones Forales como servicio especializado. c. El Gobierno Vasco, en régimen de acción directa. d. Las mancomunidades de municipios mediante convenio con el Servicio Vasco de Salud.

9. Según el Anexo I del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿cuál es la naturaleza del "Servicio de Ayuda a Domicilio" (SAD) para personas con dependencia reconocida?. a. Derecho no subjetivo, sujeto a presupuesto municipal. b. Derecho subjetivo de provisión obligatoria por el Ayuntamiento. c. Derecho subjetivo de provisión obligatoria por la Diputación Foral. d. Es una prestación técnica de carácter opcional según el Mapa de Servicios Sociales.

10. Atendiendo al artículo 31 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿cuál es la función del Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales?. a. Publicar únicamente las sanciones impuestas a las residencias privadas. b. Garantizar el conocimiento actualizado de las magnitudes del sistema y facilitar el seguimiento de las prestaciones y servicios. c. Sustituir al Registro General de Servicios Sociales en sus funciones de publicidad. d. Servir como plataforma de quejas y sugerencias para las personas usuarias.

1. Según el artículo 4 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿cuál es el carácter del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales?. a. Es un catálogo meramente indicativo y orientativo para los Ayuntamientos. b. Tiene carácter de mínimos y su provisión es obligatoria para las administraciones competentes. c. Es un registro cerrado que no admite actualizaciones ni modificaciones cuatrienales. d. Solo es obligatorio para las entidades privadas que tengan concierto con la administración.

2. En relación con el artículo 19 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿qué profesional tiene la consideración de "profesional de referencia" de forma general en la fase inicial del procedimiento?. a. El trabajador social del Servicio de Atención Primaria (Servicio Social de Base). b. El psicólogo del equipo de atención secundaria de la Diputación Foral. c. El técnico de administración general del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. d. El gestor de casos del servicio de teleasistencia del Gobierno Vasco.

3. Según el artículo 8 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿qué implica que una prestación sea considerada de "Derecho Subjetivo"?. a. Que su concesión depende exclusivamente de que el interesado esté en situación de pobreza. b. Que la Administración tiene la obligación de proveerla si el solicitante cumple los requisitos, siendo reclamable judicialmente. c. Que es una prestación que solo se otorga a través de entidades del tercer sector sin ánimo de lucro. d. Que el solicitante puede elegir el centro residencial de su preferencia sin seguir la prescripción técnica.

4. Respecto a la "Atención Domiciliaria", según la estructura del Catálogo en el Anexo I (Tema 24), ¿qué tipo de prestación técnica se considera?. a. Prestación económica vinculada al servicio personal. b. Prestación técnica integrada en el Servicio de Ayuda a Domicilio. c. Prestación tecnológica de soporte a la autonomía. d. Prestación de atención secundaria de responsabilidad foral.

5. Atendiendo al artículo 18 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿qué sucede con la prestación de un servicio si el titular traslada su residencia fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco?. a. El servicio se mantiene durante un periodo de gracia de 6 meses. b. Es causa de extinción del derecho a la prestación o servicio. c. La competencia de pago se traslada automáticamente a la nueva comunidad autónoma. d. El servicio queda en suspensión temporal hasta que el titular regrese al municipio de origen.

6. ¿Qué administración pública tiene la competencia para regular los "Instrumentos Técnicos Comunes" de valoración y diagnóstico según el artículo 20 (Tema 24)?. a. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para su propio término municipal. b. La Diputación Foral de Álava para los municipios del territorio histórico. c. El Gobierno Vasco, con carácter reglamentario, para todas las administraciones vascas. d. El Ministerio competente en materia de servicios sociales a nivel estatal.

7. Según el Anexo I del Decreto 185/2015 (Tema 24), los "Servicios de Acogida Nocturna" se clasifican como: a. Servicios sociales de atención primaria. b. Servicios sociales de atención secundaria exclusivamente. c. Una modalidad de prestación económica de emergencia social. d. Un servicio de acción directa del Gobierno Vasco.

8. En cuanto a la "Ficha Social" mencionada en el artículo 20 (Tema 24), ¿quién tiene la obligación de cumplimentarla obligatoriamente?. a. Solo los centros residenciales de titularidad privada. b. Todos los Servicios Sociales de Base (atención primaria). c. Únicamente el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales. d. El personal médico del Servicio Vasco de Salud en coordinación sociosanitaria.

9. Según el artículo 14 de la Ley y el desarrollo del Decreto (Tema 24), las "ayudas técnicas recuperables" se facilitarán preferentemente mediante: a. La entrega de una subvención económica para su compra. b. Un servicio de suministro en préstamo o cesión temporal. c. El pago directo por parte de la persona usuaria con derecho a devolución posterior. d. La fabricación a medida por parte de los servicios municipales.

10. ¿Cuál es el objetivo esencial del "Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial" según el Anexo I (Tema 24)?. a. Garantizar ingresos mínimos a las familias sin recursos. b. Prevenir y atender necesidades originadas por situaciones de desprotección, exclusión o dependencia. c. Facilitar exclusivamente el transporte adaptado a centros de día. d. Realizar la alta inspección de los centros de servicios sociales.

1. Según el artículo 15 del Decreto 185/2015 (Tema 24), el plazo máximo de 6 meses para dictar y notificar la resolución del procedimiento ordinario se computará: a. Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOTHA. b. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Administración competente. c. A partir de la fecha de la prescripción técnica del trabajador social de base. d. Desde que el expediente esté completo tras la fase de valoración y diagnóstico.

2. En el Anexo I del Decreto (Tema 24), el "Servicio de Teleasistencia" se define como un servicio de atención primaria, pero ¿quién es el responsable de su provisión según el artículo 24.2?. a. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para sus residentes. b. La Diputación Foral de Álava para todo el territorio histórico. c. El Gobierno Vasco. d. Es una competencia compartida al 50% entre Ayuntamiento y Diputación.

3. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está incluido en el apartado de "Servicios sociales de atención primaria" del Catálogo (Tema 24, Anexo I)?. a. Servicio de ayuda a domicilio. b. Centros residenciales para personas mayores. c. Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial. d. Servicios de atención diurna.

4. Según el artículo 16 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿qué circunstancia permite habilitar el procedimiento de urgencia para el acceso a las prestaciones?. a. La simple petición del interesado alegando necesidad económica. b. Una situación de riesgo inminente de desprotección o exclusión social debidamente motivada. c. Que el solicitante sea mayor de 80 años de edad. d. Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz disponga de plazas libres en ese momento.

5. Respecto a la vigencia del derecho al servicio (Tema 24, Art. 17), el incumplimiento de las condiciones o requisitos que dieron lugar al reconocimiento del derecho podrá dar lugar a: a. La extinción o suspensión del derecho reconocido. b. Una multa coercitiva equivalente al coste del servicio durante un año. c. La inhabilitación del solicitante para pedir otros servicios durante 5 años. d. La transferencia automática del caso a la autoridad judicial penal.

6. El artículo 5 del Decreto 185/2015 (Tema 24) establece que el Sistema Vasco de Servicios Sociales se estructura en dos niveles de atención. ¿Cuál es el criterio principal para derivar a una persona a la atención secundaria?. a. El nivel de ingresos de la unidad de convivencia. b. El domicilio de residencia del solicitante. c. La mayor intensidad o especialización del apoyo requerido según la valoración técnica. d. La voluntad expresa de la persona usuaria de ser atendida en un centro foral.

7. Según el Anexo I (Tema 24), el "Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación" tiene la naturaleza de: a. Derecho no subjetivo y sujeto a copago. b. Derecho subjetivo y carácter gratuito. c. Derecho no subjetivo y carácter gratuito. d. Prestación económica de pago único.

8. Atendiendo al artículo 30 del Decreto 185/2015 (Tema 24), ¿cuál es el objetivo del Registro General de Servicios Sociales?. a. Sustituir la labor de inspección de las Diputaciones Forales. b. Dar publicidad a las entidades, centros y servicios y garantizar la ordenación del sistema. c. Gestionar el pago de las nóminas de los trabajadores sociales. d. Recoger las firmas para las Iniciativas Legislativas Populares.

9. En cuanto a las "Prestaciones Económicas" del Catálogo (Tema 24, Anexo I), ¿cuál de estas es específica para el apoyo social informal?. a. Prestación vinculada a servicios personales. b. Prestación para la adquisición de prestaciones tecnológicas. c. Prestación para apoyar y compensar a las personas que ofrecen apoyo social informal (PECEE). d. Prestación para cubrir situaciones de emergencia social.

10. Según el artículo 19 del Decreto 185/2015 (Tema 24), el silencio administrativo en procedimientos de derecho subjetivo tiene efecto estimatorio, pero ¿qué condición debe cumplirse siempre?. a. Que el solicitante haya presentado una queja formal ante el Ararteko. b. Que la persona solicitante reúna los requisitos establecidos en la normativa para el acceso al derecho. c. Que el Ayuntamiento no haya respondido en un plazo de 15 días hábiles. d. Que exista un informe favorable previo de la Diputación Foral.

1. Según el artículo 2 del Decreto 64/2004 (Tema 25), ¿a quiénes se aplica la Carta de Derechos y Obligaciones contenida en esta norma?. a. Exclusivamente a las personas usuarias de centros de titularidad pública del Ayuntamiento. b. A las personas usuarias y profesionales de todos los servicios sociales, sean de titularidad pública o privada. c. Solo a los profesionales con contrato laboral fijo en las administraciones públicas vascas. d. Únicamente a las personas menores de edad o incapacitadas que residan en el País Vasco.

2. En relación con el derecho a la confidencialidad (Tema 25, Art. 4), ¿cuál es el límite principal a la reserva de datos de la persona usuaria?. a. El interés estadístico del Ayuntamiento para planificar nuevos servicios. b. El consentimiento previo y por escrito de la persona usuaria o el imperativo legal. c. La petición verbal de cualquier familiar directo de la persona atendida. d. El criterio libre del profesional de referencia si considera que es beneficioso para el caso.

3. Según el artículo 6 del Decreto 64/2004 (Tema 25), ¿en qué casos el consentimiento para una intervención debe otorgarse obligatoriamente por escrito?. a. En cualquier entrevista realizada en el Servicio Social de Base. b. Cuando la intervención implique el ingreso en un centro de alojamiento o residencial. c. Siempre que la persona usuaria sea mayor de 65 años de edad. d. Solo si existe una contraprestación económica por parte del Ayuntamiento.

4. Respecto a los deberes de las personas usuarias (Tema 25, Art. 12), ¿qué obligación tienen en relación con las prestaciones económicas recibidas?. a. Devolver el 10% del importe al finalizar el año fiscal. b. Destinarlas exclusivamente a la finalidad para la que fueron concedidas. c. Invertirlas en el mercado de valores para aumentar su patrimonio personal. d. Compartirlas con otros miembros de su unidad de convivencia que carezcan de ingresos.

5. Atendiendo al artículo 16 del Decreto 64/2004 (Tema 25), ¿cuál es un derecho específico de los profesionales de los servicios sociales?. a. Derecho a decidir qué personas usuarias atender según su afinidad personal. b. Derecho a recibir formación continua para garantizar la calidad de la atención. c. Derecho a modificar el plan de atención personalizada sin consultar a la persona usuaria. d. Derecho a la gratuidad total de todos los servicios sociales para sus familiares directos.

6. Según el régimen de sugerencias y quejas (Tema 25, Art. 24), ¿qué debe existir obligatoriamente en todos los centros y servicios sociales?. a. Un buzón físico custodiado por la Policía Local. b. Hojas de reclamaciones o sugerencias a disposición de las personas usuarias. c. Un terminal informático conectado directamente con el Gobierno Vasco. d. Un tablón de anuncios con las fotografías de todos los profesionales del centro.

7. En cuanto a la tramitación de las quejas (Tema 25, Art. 26), ¿cuál es el plazo máximo para que la Administración responda por escrito a una reclamación?. a. 15 días hábiles. b. 1 mes. c. 3 meses. d. 48 horas en casos de extrema gravedad.

8. El artículo 9 del Decreto 64/2004 (Tema 25) regula el derecho a la autonomía. ¿Qué implica este derecho para una persona con plena capacidad de obrar?. a. Que puede rechazar cualquier tratamiento médico recomendado por el centro. b. Que tiene derecho a actuar y pensar de forma independiente y asumir riesgos calculados. c. Que el Ayuntamiento no puede supervisar el uso de las ayudas económicas concedidas. d. Que el profesional de referencia no puede realizar visitas a su domicilio sin orden judicial.

9. Según el artículo 19 del Decreto 64/2004 (Tema 25), ¿cuál es un deber del profesional si observa una irregularidad grave en el funcionamiento del servicio?. a. Ignorarlo para no generar conflictos con sus compañeros de equipo. b. Ponerlo en conocimiento de la persona responsable del servicio o de la inspección. c. Publicarlo de forma anónima en redes sociales para alertar a la ciudadanía. d. Detener inmediatamente su actividad profesional hasta que se solucione la anomalía.

10. En relación con las personas menores de edad (Tema 25, Art. 11), ¿cómo se garantiza el ejercicio de sus derechos en el Sistema Vasco de Servicios Sociales?. a. Mediante la asignación directa de un tutor legal del Gobierno Vasco. b. A través de sus representantes legales, según la normativa vigente. c. Solo mediante la intervención directa de la Fiscalía de Menores. d. Los menores no tienen derechos propios hasta alcanzar la mayoría de edad.

1. Según el artículo 4 del Decreto 64/2004 (Tema 25), el derecho a la confidencialidad de los datos de la persona usuaria vincula: a. Solo a los funcionarios de carrera que tengan acceso al expediente digital. b. Únicamente a los profesionales de la red pública, quedando exentos los de centros privados. c. A todos los profesionales de los servicios sociales que, por su intervención, tengan conocimiento de dicha información. d. Exclusivamente al trabajador social de referencia asignado al caso.

2. Atendiendo al artículo 10 (Tema 25), ¿qué derecho garantiza la norma a las personas usuarias en relación con su propio expediente individual?. a. Derecho a destruirlo si consideran que la información es errónea. b. Derecho a acceder al mismo en cualquier momento, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. c. Derecho a modificar las anotaciones técnicas de los profesionales si no están de acuerdo. d. Derecho a que el expediente sea custodiado exclusivamente en su propio domicilio.

3. En virtud del artículo 12 (Tema 25), ¿cuál de los siguientes es un DEBER de la persona usuaria respecto a la organización de los servicios?. a. Colaborar en la limpieza y mantenimiento de las instalaciones municipales. b. Participar obligatoriamente en todas las actividades lúdicas programadas. c. Conocer y cumplir las normas de organización y funcionamiento de las prestaciones y servicios. d. Evaluar trimestralmente el desempeño laboral de su profesional de referencia.

4. Según el régimen de sugerencias y quejas (Tema 25, Art. 28), si una queja no es contestada en el plazo de un mes, ¿qué puede hacer la persona interesada?. a. Interponer directamente un recurso contencioso-administrativo sin más trámites. b. Dirigirse al órgano que dictó el acto o a la instancia superior para reiterar su petición. c. Solicitar una indemnización económica por silencio administrativo positivo. d. Nada, el silencio administrativo en quejas siempre implica la desestimación definitiva.

5. El artículo 7 del Decreto 64/2004 (Tema 25) regula el derecho a la información. ¿Cómo debe ser esta información para que se considere válida?. a. Exclusivamente en formato digital para garantizar la transparencia. b. Suficiente, veraz y fácilmente comprensible para la persona usuaria. c. Emitida siempre por la Alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. d. Breve y concisa, evitando tecnicismos legales en cualquier circunstancia.

6. Respecto al deber de no discriminación (Tema 25, Art. 13), este comportamiento se exige: a. Únicamente de los profesionales hacia las personas usuarias. b. De las administraciones hacia las entidades del tercer sector exclusivamente. c. De la persona usuaria tanto hacia otras personas usuarias como hacia los profesionales. d. Solo en los centros residenciales, no siendo aplicable en la atención primaria.

7. Según el artículo 15 del Decreto 64/2004 (Tema 25), el derecho a la privacidad implica que las personas usuarias deben ser atendidas: a. En un despacho compartido con otros profesionales para garantizar la seguridad. b. Únicamente en su domicilio particular para evitar la exposición pública. c. En condiciones de dignidad y con respeto absoluto a su esfera íntima. d. Siempre acompañadas por un testigo legal si son mayores de 80 años.

8. Atendiendo al artículo 18 (Tema 25), ¿qué deber tiene el profesional respecto a las opiniones y decisiones de la persona usuaria?. a. Respetarlas, siempre que la persona las tome por sí misma o a través de su representante legal. b. Ignorarlas si el profesional considera que la decisión es técnicamente incorrecta. c. Modificarlas obligatoriamente para que encajen en el plan de atención personalizada. d. Someterlas a votación en el Consejo Local de Servicios Sociales.

9. En relación con el derecho a las instrucciones previas (Tema 25, Art. 5), la persona usuaria puede: a. Nombrar a una persona que ejerza la tutela sobre sus bienes en caso de pérdida de capacidad. b. Decidir el reparto de su herencia antes de ingresar en un centro residencial. c. Exigir la concesión inmediata de una prestación económica sin cumplir los requisitos. d. Delegar su derecho al voto en las elecciones municipales en su trabajador social.

10. Según el artículo 21 (Tema 25), en caso de derivación a otro servicio, el profesional debe hacerlo: a. De la manera más rápida posible para liberar plazas en el servicio de origen. b. Únicamente si la persona usuaria paga la tasa de traslado correspondiente. c. De la manera más favorable para la persona usuaria, procurando la continuidad de la intervención. d. Solo si existe un informe favorable previo de la Diputación Foral de Álava.

1. ¿Cuál es el horizonte temporal exacto del II Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV objeto de estudio?. a. 2022-2025. b. 2023-2026. c. 2024-2027. d. 2023-2030.

2. Según el marco de planificación (Tema 26), ¿quién es el órgano responsable de elaborar el Plan Estratégico de Servicios Sociales?. a. El Parlamento Vasco por mayoría absoluta. b. El Consejo Vasco de Bienestar Social. c. El Gobierno Vasco, en coordinación con las diputaciones y ayuntamientos. d. El Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales exclusivamente.

3. El Plan Estratégico debe integrar obligatoriamente un instrumento fundamental para el despliegue de recursos, ¿cuál es?. a. El Manual de Buenas Prácticas Profesionales. b. El Mapa de Servicios Sociales de la CAPV. c. El Registro de Entidades de Iniciativa Privada. d. El Estatuto del Trabajador Social de Base.

4. ¿Qué periodicidad de actualización general establece la Ley 12/2008 para este Plan Estratégico?. a. Bienal. b. Trienal. c. Cuatrienal. d. Quinquenal.

5. Uno de los principios rectores de la planificación estratégica es la "Proximidad". ¿Qué implica este concepto según el texto legal?. a. Que todos los servicios deben estar a menos de 10 km del domicilio. b. La implantación de servicios en zonas geográficas cercanas al lugar de vida habitual. c. La atención telefónica obligatoria las 24 horas del día. d. Que el profesional de referencia debe vivir en el mismo municipio que la persona usuaria.

6. El II Plan Estratégico busca alcanzar la "máxima eficacia y eficiencia". Para ello, debe ir acompañado necesariamente de: a. Una memoria económica que defina las previsiones de coste. b. Un informe de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). c. Una auditoría externa de una empresa de consultoría internacional. d. Un decreto de urgencia firmado por el Lehendakari.

7. ¿Qué función tiene el "Mapa de Servicios Sociales" integrado en el Plan?. a. Identificar los nombres de todos los centros privados de la CAPV. b. Establecer el despliegue del sistema definiendo criterios poblacionales de implantación. c. Listar las subvenciones otorgadas a los ayuntamientos el año anterior. d. Dibujar las rutas de transporte adaptado de cada Territorio Histórico.

8. En la elaboración del Plan Estratégico, ¿qué informe es preceptivo antes de su aprobación definitiva?. a. El informe del Órgano Interinstitucional y del Consejo Vasco de Servicios Sociales. b. El informe del Tribunal de Cuentas Público. c. El dictamen del Consejo Escolar de Euskadi. d. El informe de impacto de género de Emakunde exclusivamente.

9. El Plan Estratégico orienta sobre la participación de los sectores público y privado. ¿Qué se garantiza en todo caso respecto a la gestión pública?. a. Que todos los centros residenciales sean de gestión pública directa. b. La gestión pública directa de las prestaciones de acceso, valoración y diagnóstico. c. Que el 100% del personal del sistema sea funcionario de carrera. d. Que no existan conciertos con entidades con ánimo de lucro.

10. Según el principio de "Equilibrio y homogeneidad territorial", el Plan debe regular: a. Que cada municipio tenga exactamente los mismos servicios que la capital. b. Unos requisitos de acceso y participación económica comunes a todo el territorio. c. Que los sueldos de los profesionales sean idénticos en los tres Territorios Históricos. d. La obligatoriedad de que todas las oficinas sean de color verde institucional.

11. ¿Cuál es el objetivo final de articular la red pública de servicios sociales según el modelo del Plan?. a. Sustituir totalmente el apoyo de las familias por servicios profesionales. b. Favorecer la integración social, la autonomía y el bienestar de todas las personas. c. Reducir el gasto público en prestaciones económicas de emergencia. d. Centralizar toda la gestión en el Gobierno Vasco.

12. En la zona básica de actuación (3.000 o 5.000 habitantes), el Plan prevé que sea el marco territorial de: a. Los centros residenciales de media estancia. b. Los servicios sociales de base. c. Las oficinas de inspección foral. d. Los centros de valoración de dependencia de la Diputación.

13. El Plan Estratégico 2023-2026 debe integrar la perspectiva de género conforme a: a. La Constitución Española de 1978. b. La Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres. c. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. d. El Código Civil vigente.

14. Una vez aprobado el Plan Estratégico por el Gobierno Vasco, ¿qué trámite posterior es necesario?. a. Su ratificación mediante referéndum vinculante. b. Una comunicación del Ejecutivo autonómico al Parlamento Vasco. c. Su envío a la Comisión Europea para validación de fondos. d. La firma presencial de los tres Diputados Generales.

15. ¿Qué instrumento se utiliza para adaptar las coberturas mínimas a las especificidades de los diferentes ámbitos geográficos?. a. Un indicador sintético que considere variables poblacionales y sociológicas. b. Una encuesta de satisfacción anual a las personas usuarias. c. El criterio discrecional del Alcalde de cada municipio. d. El número de quejas recibidas en el año anterior.

16. ¿Qué prevalencia de gestión busca promover el Plan en la provisión de servicios del catálogo?. a. Prevalencia de la gestión privada para ahorrar costes. b. Prevalencia de la gestión pública y de la iniciativa social (sin ánimo de lucro). c. Prevalencia de la gestión mixta obligatoria en todos los servicios. d. Prevalencia del voluntariado sobre el personal profesional.

17. El Plan Estratégico es la herramienta para cumplir el "derecho subjetivo" declarado en la ley. Esto significa que: a. El servicio se presta solo si hay "buena voluntad" política. b. El acceso es una facultad discrecional de la Administración. c. Se garantiza el derecho a las prestaciones mediante una red universal y exigible. d. El derecho solo existe para quienes pagan el copago íntegro.

18. En relación con la zonificación, el Mapa de Servicios Sociales debe buscar la concordancia con: a. Las zonas de patrullaje de la Ertzaintza. b. Las demarcaciones judiciales de los juzgados de paz. c. Los servicios de salud (Osakidetza), dada su imbricación sociosanitaria. d. Las zonas de transporte escolar establecidas por Educación.

19. Los planes sectoriales, que complementan al Estratégico, se centran en: a. La regulación de los sueldos del personal de limpieza. b. Materias específicas en razón de necesidades o problemas sociales detectados. c. La compra de suministros de oficina para el Gobierno Vasco. d. La organización de eventos promocionales en el extranjero.

20. ¿Qué debe incluir el Plan Estratégico respecto a la calidad del sistema?. a. El diseño de uniformes para los profesionales. b. Los instrumentos y procedimientos del Observatorio Vasco de Servicios Sociales. c. El listado de empresas de catering recomendadas. d. Un ranking de ayuntamientos según su rapidez de respuesta.

1. Según el Tema 27 y el artículo 2 del Decreto 353/2013, ¿qué es exactamente la Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales?. a. Un cuestionario de satisfacción que la persona usuaria rellena al finalizar la intervención. b. El soporte documental e informático básico y común de la historia social de cada persona usuaria. c. Una base de datos exclusiva de las Diputaciones Forales para el control de subvenciones. d. El documento donde se anotan únicamente las sanciones impuestas a las personas usuarias.

2. En relación con el Tema 27 y el Decreto 353/2013, ¿cuál es el objetivo primordial de la Ficha Social?. a. Garantizar que todos los trabajadores sociales cobren el mismo salario. b. Posibilitar el intercambio de información básica entre los diferentes servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. c. Sustituir a los registros de la propiedad en la valoración del patrimonio. d. Facilitar el control policial de las personas en situación de exclusión.

3. Según el Tema 27 y el artículo 3 del Decreto 353/2013, ¿qué permite el Instrumento de Diagnóstico Social?. a. Determinar la cuantía exacta de la Renta de Garantía de Ingresos. b. Identificar y valorar las necesidades de atención social de las personas desde una perspectiva técnica y común. c. Decidir qué hospital debe atender a la persona usuaria en caso de enfermedad física. d. Sancionar a los profesionales que no cumplan con los plazos de atención.

4. Respecto al Tema 27 y el Decreto 353/2013, ¿quién tiene la obligación de aplicar estos instrumentos técnicos comunes?. a. Solo el personal administrativo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. b. Todas las administraciones públicas vascas en el ejercicio de sus competencias en servicios sociales. c. Únicamente las entidades privadas sin ánimo de lucro. d. Los servicios sanitarios de Osakidetza en exclusividad.

5. Según el Tema 27 y el Decreto 385/2013, ¿cuál es el objeto del Instrumento de Valoración de la Exclusión Social?. a. Realizar un seguimiento de los antecedentes penales de los extranjeros. b. Proporcionar criterios comunes para determinar la existencia de exclusión social y su intensidad. c. Asignar viviendas de protección oficial de forma aleatoria entre los solicitantes. d. Validar los títulos universitarios de los trabajadores sociales.

6. En el marco del Tema 27 y el Decreto 385/2013, ¿qué tres ámbitos de exclusión valora principalmente este instrumento?. a. Salud, Educación y Vivienda. b. Ámbito económico, ámbito convivencial y ámbito de integración personal. c. Edad, Sexo y Nacionalidad. d. Nivel de euskera, años de empadronamiento y número de hijos.

7. Según el Tema 27 y el Decreto 353/2013, la Ficha Social debe garantizar el cumplimiento de: a. Las normas de protocolo del Gobierno Vasco. b. La normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. c. Los horarios de apertura de los Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz. d. El código de vestimenta de los profesionales de servicios sociales.

8. Respecto al Tema 27 y el Decreto 385/2013, ¿para qué es indispensable la aplicación del Instrumento de Valoración de la Exclusión?. a. Para el acceso a plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. b. Para determinar el acceso a determinadas prestaciones y servicios de derecho subjetivo destinados a la inclusión social. c. Para obtener el carnet de biblioteca municipal. d. Para solicitar la exención de impuestos municipales de tracción mecánica.

9. Según el Tema 27 y el Decreto 353/2013, ¿qué administración es responsable de actualizar informáticamente los soportes de la Ficha Social?. a. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por ser el más cercano al ciudadano. b. El Gobierno Vasco, en su función de coordinación del Sistema Vasco de Servicios Sociales. c. Cada Diputación Foral de forma independiente y sin conexión entre ellas. d. Una empresa externa privada mediante contrato de mantenimiento anual.

10. En el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social (Tema 27, Decreto 385/2013), ¿qué permite la cuantificación de las variables?. a. Establecer un ranking de las personas más pobres de la ciudad. b. Clasificar la exclusión en niveles (exclusión leve, moderada o grave). c. Decidir quién tiene derecho a voto en las juntas generales. d. Automatizar las respuestas para no necesitar trabajadores sociales.

11. Según el Tema 27 y el Decreto 353/2013, ¿qué profesional es el encargado principal de cumplimentar la Ficha Social en la atención primaria?. a. El administrativo de recepción. b. El trabajador o trabajadora social de referencia. c. El psicólogo clínico del centro de salud. d. El concejal de políticas sociales del Ayuntamiento.

12. Respecto al Tema 27 y el Decreto 385/2013, el instrumento de valoración de la exclusión social se basa en un enfoque: a. Meramente económico y de falta de ingresos. b. Multidimensional, analizando diversas variables de la vida de la persona. c. Basado exclusivamente en la opinión subjetiva del profesional sin datos externos. d. Centrado solo en el estado de salud física de la persona usuaria.

13. Según el Tema 27 y el Decreto 353/2013, los datos contenidos en la Ficha Social se integrarán en: a. Un archivo físico guardado bajo llave en el ayuntamiento. b. El Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales. c. El boletín oficial del País Vasco (BOPV). d. La base de datos central de la Seguridad Social estatal.

14. En relación con el Tema 27 y el Decreto 385/2013, ¿qué valor tiene el resultado obtenido tras aplicar el instrumento de valoración de la exclusión?. a. Es una simple sugerencia que el político puede ignorar. b. Constituye la base para la prescripción técnica y la elaboración del Plan de Atención Personalizada. c. Es una sentencia judicial firme que no admite recurso. d. Es un dato estadístico que se borra automáticamente tras su uso.

15. Según el Tema 27 y el Decreto 353/2013, ¿qué debe asegurar la Ficha Social en caso de traslado de la persona usuaria a otro municipio de la CAPV?. a. Que la persona deba empezar el expediente desde cero para evitar fraudes. b. La continuidad de la atención mediante la transmisión de la información social básica. c. Que los datos sean borrados permanentemente por razones de privacidad. d. Que el nuevo ayuntamiento cobre una tasa de apertura de expediente.

16. Respecto al Tema 27 y el Decreto 385/2013, ¿qué dimensión analiza la variable "falta de red de apoyo social"?. a. El ámbito económico. b. El ámbito de integración personal y social. c. El ámbito convivencial. d. El ámbito de salud mental.

17. Según el Tema 27 y el Decreto 353/2013, el Instrumento de Diagnóstico Social sirve para detectar: a. Enfermedades infectocontagiosas. b. Situaciones de dependencia, desprotección o exclusión. c. Intentos de fraude fiscal. d. Aptitudes laborales para la empresa privada.

18. En el Instrumento de Valoración de la Exclusión (Tema 27, Decreto 385/2013), la valoración se realiza mediante: a. Una entrevista personal y la aplicación de baremos técnicos baremados. b. Una llamada telefónica de 5 minutos. c. El análisis exclusivo del extracto bancario de los últimos 10 años. d. Un sorteo público ante notario.

19. Según el Tema 27 y el Decreto 353/2013, la estructura de la Ficha Social es: a. Diferente en cada municipio para respetar la autonomía local. b. Unificada y común para todo el Sistema Vasco de Servicios Sociales. c. Secreta y solo accesible para el Gobierno Vasco. d. Opcional hasta el año 2030.

20. Respecto al Tema 27 y el Decreto 385/2013, ¿quién aprobó el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social?. a. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. b. El Gobierno Vasco mediante Decreto. c. El Congreso de los Diputados. d. El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Álava.

1. Según el Tema 28 y la Ley 14/2022, ¿cuál es el plazo general de empadronamiento y residencia efectiva en la CAPV para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)?. a) 1 año de antelación a la solicitud. b) 3 años de antelación a la solicitud. c) 5 años si no se puede acreditar periodos laborales previos. d) No se exige plazo previo si se tiene residencia legal.

2. En relación con el Tema 28 y el Decreto 173/2023, ¿cuál es la edad mínima general para ser titular de la RGI, salvo excepciones específicas?. a) 18 años. b) 25 años. c) 23 años. d) 21 años.

3. Según el Tema 28 y la Ley 14/2022, ¿qué se entiende por "unidad de convivencia" a efectos de la prestación?. a) El conjunto de personas que residen en el mismo municipio. b) La persona sola o el grupo de personas que residen de forma habitual en un mismo domicilio, unidas por vínculos familiares o análogos. c) Únicamente los matrimonios con hijos menores de edad. d) Cualquier grupo de personas que compartan gastos de alquiler sin necesidad de vínculos.

4. Respecto al Tema 28 y el Decreto 4/2011, ¿qué administración es responsable de la tramitación y concesión de las Ayudas de Emergencia Social (AES)?. a) Lanbide - Servicio Vasco de Empleo. b) El Gobierno Vasco directamente. c) Los Ayuntamientos (Servicios Sociales de Base). d) Las Diputaciones Forales exclusivamente.

5. Según el Tema 28 y la Ley 14/2022, el derecho a la RGI tiene carácter: a) Discrecional según el presupuesto del año. b) Derecho subjetivo y carácter universal. c) Gratuito solo para personas mayores de 65 años. d) Temporal, con una duración máxima de 2 años no prorrogables.

6. En el marco del Tema 28 y el Decreto 173/2023, ¿qué sucede si un titular de la RGI no comunica un cambio en sus ingresos en el plazo establecido?. a) Se le impone una multa de 3.000 euros de forma inmediata. b) Puede ser causa de suspensión o extinción de la prestación. c) No ocurre nada si la diferencia es inferior a 100 euros. d) Se le obliga a realizar trabajos comunitarios durante un mes.

7. Según el Tema 28 y el Decreto 4/2011, ¿cuál es uno de los gastos específicos que pueden cubrir las AES?. a) La compra de un vehículo para desplazamientos laborales. b) Gastos relativos a la vivienda o alojamiento habitual (alquiler, energía, mantenimiento). c) Viajes de vacaciones por motivos terapéuticos. d) Pago de multas de tráfico pendientes.

8. Atendiendo al Tema 28 y la Ley 14/2022, ¿qué organismo gestiona la Renta de Garantía de Ingresos?. a) Los Servicios Sociales Forales. b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social. c) Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. d) El Banco de España.

9. Según el Tema 28 y el Decreto 16/2017 (que modifica el 4/2011), para acceder a las AES se requiere estar empadronado en un municipio de la CAPV con una antigüedad de: a) Al menos 6 meses. b) Al menos 12 meses. c) Al menos 2 años. d) No se requiere antigüedad mínima si se es víctima de violencia de género.

10. En relación con el Tema 28 y la Ley 14/2022, ¿cuál es el límite máximo de unidades de convivencia que pueden residir en un mismo domicilio para percibir la RGI?. a) No hay límite mientras cumplan los requisitos. b) Máximo dos unidades de convivencia, salvo excepciones. c) Solo una unidad de convivencia por vivienda. d) Máximo tres unidades si el domicilio es superior a 100 metros cuadrados.

11. Según el Tema 28 y el Decreto 173/2023, la RGI es compatible con los ingresos procedentes de un trabajo remunerado: a) No, es totalmente incompatible. b) Sí, mediante la aplicación de estímulos al empleo que incentiven la incorporación laboral. c) Solo durante los primeros 3 meses de trabajo. d) Solo si el trabajo es a tiempo parcial inferior a 10 horas semanales.

12. Respecto al Tema 28 y el Decreto 4/2011, las AES tienen una naturaleza: a) De derecho subjetivo exigible ante los tribunales. b) Prestación no periódica, destinada a paliar situaciones de necesidad puntual. c) Subvención para la creación de empresas de economía social. d) Ayuda directa para el pago de la cuota de autónomos.

13. Según el Tema 28 y la Ley 14/2022, el patrimonio máximo permitido para acceder a la RGI se calcula: a) Sin tener en cuenta en ningún caso la vivienda habitual. b) Teniendo en cuenta la vivienda habitual si supera un valor excepcional. c) Sumando únicamente el dinero en efectivo en cuentas corrientes. d) Excluyendo los vehículos de alta gama si son necesarios para el trabajo.

14. En el marco del Tema 28 y el Decreto 4/2011, ¿quién establece anualmente las cuantías máximas para cada concepto de las AES?. a) El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de forma autónoma. b) El Gobierno Vasco, mediante resolución del órgano competente. c) El Ministerio de Asuntos Sociales del Estado. d) La Unión Europea para toda la zona euro.

15. Según el Tema 28 y el Decreto 173/2023, ¿cuál es el plazo de resolución para una solicitud de RGI?. a) 15 días hábiles. b) 1 mes. c) 2 meses. d) 3 meses.

16. Respecto al Tema 28 y el Decreto 4/2011, ¿pueden las AES cubrir deudas de alquiler contraídas anteriormente?. a) Sí, dentro de los límites y condiciones establecidos para el concepto de vivienda. b) No, solo cubren gastos futuros. c) Solo si la deuda es superior a 2.000 euros. d) Solo si la vivienda pertenece a una entidad pública de alquiler.

17. Según el Tema 28 y la Ley 14/2022, las personas perceptoras de RGI tienen la obligación de: a) Presentarse a todas las ofertas de empleo adecuadas que les proponga Lanbide. b) Realizar un curso de formación cada mes obligatoriamente. c) Ceder el 5% de su prestación a fines benéficos. d) No viajar fuera de la CAPV en ningún momento del año.

18. Atendiendo al Tema 28 y el Decreto 173/2023, la cuantía de la RGI se determina en función de: a) El número de miembros de la unidad de convivencia y sus recursos económicos. b) Únicamente la edad del titular. c) Los años totales cotizados a la Seguridad Social. d) El precio del alquiler en la zona donde resida.

19. Según el Tema 28 y el Decreto 16/2017, la modificación de las AES busca principalmente: a) Reducir el número de beneficiarios para ahorrar presupuesto. b) Adaptar la normativa a las nuevas realidades de emergencia y agilizar la gestión municipal. c) Eliminar la ayuda para el pago de la luz y el gas. d) Obligar a los solicitantes a estar inscritos como demandantes de empleo.

20. En relación con el Tema 28 y la Ley 14/2022, ¿qué ocurre si una persona percibe la RGI de forma indebida por falsear datos?. a) Solo debe devolver el dinero sin más consecuencias. b) Debe reintegrar las cantidades y puede ser sancionada con la imposibilidad de solicitar la ayuda en el futuro por un tiempo determinado. c) Se le impone una pena de prisión de 6 meses. d) El Ayuntamiento le retira el empadronamiento de forma definitiva.

1. Según el Tema 29 y el artículo 1 de la Ordenanza de las PEM, ¿cuál es el objeto principal de estas prestaciones municipales?. a) Sustituir de forma permanente a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). b) Prevenir, paliar o resolver situaciones de emergencia social o exclusión, apoyando procesos de inclusión social. c) Financiar exclusivamente actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes del municipio. d) Pagar las nóminas de los trabajadores de los Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz.

2. En relación con el Tema 29 y el artículo 6 de la Ordenanza de las PEM, ¿qué requisito de residencia se exige con carácter general para ser beneficiario?. a) Estar empadronado en cualquier municipio de la CAPV desde hace 3 años. b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en el municipio de Vitoria-Gasteiz con una antigüedad mínima de 6 meses. c) Basta con encontrarse físicamente en el municipio en el momento de la solicitud, sin necesidad de padrón. d) Estar empadronado en Vitoria-Gasteiz desde hace al menos 2 años ininterrumpidos.

3. Según el Tema 29 y la Ordenanza de las PEM, las prestaciones económicas municipales tienen una naturaleza: a) De derecho subjetivo exigible en todo caso sin límite presupuestario. b) Subvencional, de carácter no periódico y sujetas a la existencia de consignación presupuestaria. c) De préstamo reintegrable con intereses bancarios de mercado. d) Únicamente para personas con nacionalidad española o de la Unión Europea.

4. Respecto al Tema 29 y la Ordenanza de las PEVS, ¿qué son las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio?. a) Ayudas para que la persona usuaria adquiera un vehículo adaptado de su propiedad. b) Prestaciones destinadas a facilitar el acceso a servicios de competencia municipal cuando no sea posible la provisión directa por falta de plazas. c) Pagos directos a familiares por cuidar a personas dependientes en el domicilio. d) Subvenciones para que los trabajadores sociales municipales realicen cursos de formación.

5. Según el Tema 29 y el artículo 14 de la Ordenanza de las PEM, ¿cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de una solicitud ordinaria?. a) 15 días naturales. b) 3 meses desde la fecha de entrada en el registro municipal. c) 1 mes desde la fecha de la solicitud. d) 6 meses como marca la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

6. En el marco del Tema 29 y la Ordenanza de las PEM, ¿qué tipo de gastos se consideran "gastos específicos" para la inclusión social?. a) Gastos de peluquería y estética para mejorar la imagen personal. b) Gastos derivados de formación, inserción laboral o salud no cubiertos por otros sistemas. c) Pago de multas judiciales por delitos contra el patrimonio. d) Compra de décimos de lotería para intentar mejorar la situación económica.

7. Según el Tema 29 y la Ordenanza de las PEVS, para acceder a estas prestaciones vinculadas es requisito imprescindible: a) Haber sido rechazado previamente por todos los bancos privados. b) Tener reconocida la idoneidad del servicio mediante prescripción técnica y no existir plaza disponible en el servicio público. c) Tener una renta mensual superior al salario mínimo interprofesional. d) Renunciar por escrito a cualquier otra ayuda del Gobierno Vasco.

8. Atendiendo al Tema 29 y la Ordenanza de las PEM, ¿pueden concederse estas ayudas a personas que no cumplan el requisito de antigüedad en el padrón?. a) No, bajo ninguna circunstancia según la ordenanza. b) Sí, excepcionalmente en situaciones de extrema urgencia o desprotección grave, previo informe técnico motivado. c) Sí, siempre que el solicitante sea menor de 25 años. d) Solo si la persona solicita menos de 100 euros.

9. Según el Tema 29 y el artículo 18 de la Ordenanza de las PEM, el pago de la prestación se realizará preferentemente a: a) La cuenta bancaria personal del trabajador social de referencia. b) La persona beneficiaria o, si se estima necesario para garantizar el fin de la ayuda, al proveedor del servicio o acreedor. c) A cualquier familiar que lo solicite en nombre del interesado. d) Siempre en metálico en la ventanilla del Ayuntamiento.

10. En relación con el Tema 29 y la Ordenanza de las PEVS, ¿cuál es el periodo máximo de duración de la prestación vinculada?. a) Vitalicia, mientras la persona viva en el municipio. b) Temporal, mientras se mantenga la situación de falta de plaza en el servicio público y persistan los requisitos. c) Siempre 6 meses, improrrogables. d) 1 año, debiendo esperar otro año para volver a solicitarla.

11. Según el Tema 29 y la Ordenanza de las PEM, el incumplimiento de la obligación de aplicar la cuantía a la finalidad concedida conlleva: a) Únicamente una amonestación verbal del profesional de referencia. b) La obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente y la posible pérdida del derecho a futuras ayudas. c) La realización de 100 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. d) El ingreso automático en un centro residencial foral.

12. Respecto al Tema 29 y la Ordenanza de las PEVS, la cuantía de la ayuda se calcula en función de: a) El número de hijos que tenga la persona usuaria. b) El coste del servicio privado y la capacidad económica de la persona usuaria, según los baremos establecidos. c) El precio de la vivienda en el mercado de Vitoria-Gasteiz. d) Una cantidad fija de 300 euros para todos los solicitantes por igual.

13. Según el Tema 29 y el artículo 21 de la Ordenanza de las PEM, contra la resolución que deniegue la ayuda cabe interponer: a) Recurso de casación ante el Tribunal Supremo directamente. b) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano o directamente recurso contencioso-administrativo. c) Solo cabe presentar una queja ante el Ararteko. d) No cabe recurso alguno al ser una ayuda discrecional municipal.

14. En el marco del Tema 29 y la Ordenanza de las PEM, las ayudas para gastos de vivienda incluyen: a) El pago de la hipoteca de una segunda residencia de vacaciones. b) Gastos de alquiler, suministros energéticos (luz, gas) y reparaciones básicas de la vivienda habitual. c) Compra de electrodomésticos de lujo y mobiliario de jardín. d) Gastos de comunidad si el edificio tiene piscina y gimnasio.

15. Según el Tema 29 y la Ordenanza de las PEVS, ¿qué administración realiza el seguimiento técnico de la calidad del servicio privado al que se vincula la prestación?. a) El Gobierno Central a través del Ministerio de Sanidad. b) El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante su servicio de inspección o el profesional de referencia. c) Ninguna, al ser un servicio privado la administración no puede intervenir. d) La asociación de consumidores más representativa de Álava.

16. Respecto al Tema 29 y la Ordenanza de las PEM, la unidad de convivencia se define según: a) El criterio del profesional de referencia en cada visita. b) Lo establecido en la normativa autonómica de servicios sociales y garantía de ingresos vigente. c) El número de personas que aparezcan en el contrato de alquiler únicamente. d) El criterio de la Agencia Tributaria para la declaración conjunta.

17. Según el Tema 29 y el artículo 8 de la Ordenanza de las PEM, el límite máximo de ingresos para acceder a la ayuda se fija tomando como referencia: a) El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Vitoria-Gasteiz. b) El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o las cuantías de la RGI según el caso. c) El sueldo del Alcalde del Ayuntamiento. d) La media de ingresos de los países de la Unión Europea.

18. Atendiendo al Tema 29 y la Ordenanza de las PEVS, si se produce una vacante en el servicio público correspondiente: a) La persona puede elegir seguir recibiendo la PEVS y quedarse en el servicio privado. b) La persona deberá ocupar la plaza pública y cesará el derecho a la prestación económica vinculada. c) Se le reducirá la cuantía de la PEVS al 50% pero podrá mantener el servicio privado. d) Se le cobrará una multa por haber ocupado una plaza privada.

19. Según el Tema 29 y la Ordenanza de las PEM, ¿es compatible recibir una PEM y una AES (Ayuda de Emergencia Social) para el mismo gasto?. a) Sí, se pueden sumar ambas hasta duplicar el coste del gasto. b) No, son incompatibles para un mismo concepto si la suma supera el coste real del gasto. c) Sí, siempre que el solicitante sea mayor de 65 años. d) No, solo se puede solicitar una ayuda municipal cada 5 años.

20. En relación con el Tema 29 y la Ordenanza de las PEM, ¿quién firma la resolución final de concesión o denegación?. a) El Secretario General del Ayuntamiento. b) El Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales o el órgano en quien delegue. c) El pleno del Ayuntamiento por mayoría simple. d) El trabajador social de base que realizó la entrevista.

1. Según el Tema 30 y el artículo 1 de la LOPIVI, ¿cuál es el objeto principal de esta ley orgánica?. a) Regular exclusivamente las penas de prisión para agresores de menores. c) Establecer el calendario escolar obligatorio para todo el territorio nacional. b) Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia. d) Organizar las competencias de las juntas generales en materia de juventud.

2. En relación con el Tema 30 y el artículo 13 de la Ley Vasca 2/2024, el principio de "Garantía de derechos como eje central" implica: a) Que el menor solo tiene derechos si cumple primero con todas sus obligaciones escolares. b) Que el respeto, promoción y defensa de sus derechos individuales y colectivos deben situarse en el centro de todas las actuaciones y decisiones. c) Que la opinión de los progenitores siempre prevalece sobre la del menor en casos de conflicto. d) Que las administraciones solo intervendrán si hay una denuncia judicial previa.

3. Según el Tema 30 y el artículo 2 de la LOPIVI, ¿qué se entiende por violencia a efectos de esta ley?. a) Únicamente el maltrato físico que deje marcas visibles en el cuerpo del menor. b) Toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, o amenaza su desarrollo. c) Solo aquellas agresiones cometidas por personas ajenas al núcleo familiar. d) Cualquier castigo físico, siempre que no sea considerado "corrección razonable" por los padres.

4. Respecto al Tema 30 y la Ley Vasca 2/2024, ¿cuál es el órgano competente en Euskadi para declarar la situación de desamparo y asumir la tutela de un menor?. a) Los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. b) Las Diputaciones Forales (Servicios Sociales Territoriales). c) El Gobierno Vasco a través de la Consejería de Educación. d) El Ministerio de Justicia exclusivamente.

5. Según el Tema 27 y el artículo 15 de la LOPIVI, ¿quién tiene el deber de comunicación de situaciones de violencia sobre menores?. a) Solo el personal médico y docente. b) Únicamente los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. c) Toda persona que tenga conocimiento de un indicio de violencia, aunque no sea profesional. d) Nadie tiene la obligación si no tiene pruebas irrefutables de la agresión.

6. En el marco del Tema 30 y la Ley Vasca 2/2024, la situación de riesgo se diferencia del desamparo porque: a) En el riesgo no es necesaria la separación del menor de su núcleo familiar, interviniendo los Servicios Sociales de Base. b) El riesgo solo lo valoran los jueces y el desamparo los trabajadores sociales. c) El desamparo es siempre voluntario por parte de los padres y el riesgo no. d) No hay diferencia técnica, son términos sinónimos en la ley vasca.

7. Según el Tema 30 y el artículo 5 de la LOPIVI, los poderes públicos deben garantizar formación especializada en materia de infancia a: a) Exclusivamente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. b) Todos los profesionales que tengan contacto habitual con personas menores de edad. c) Únicamente a los jueces y fiscales de menores. d) A los padres y madres antes de la inscripción del menor en el registro civil.

8. Atendiendo al Tema 30 y el artículo 149 de la Ley Vasca 2/2024, ¿con qué periodicidad mínima debe visitar el Ministerio Fiscal los centros de protección de menores?. a) Una vez al año. b) Mensualmente. c) Cuatrimestralmente. d) Solo cuando haya una denuncia interna por parte de un educador.

9. Según el Tema 30 y la LOPIVI, ¿qué se entiende por "entorno seguro"?. a) Un domicilio que cuente con medidas de seguridad física (alarmas, rejas). b) Aquel que respete los derechos de los menores y promueva un ambiente físico, psicológico y social de protección. c) Únicamente los centros escolares con certificación de calidad europea. d) Un espacio donde el menor esté siempre bajo la supervisión directa de dos adultos.

10. En relación con el Tema 30 y la Ley Vasca 2/2024, el interés superior del menor se considera: a) Un principio jurídico que puede ser ignorado si los padres no están de acuerdo. b) Un concepto primordial que debe prevalecer en cualquier decisión que le afecte. c) Una recomendación que solo se aplica en procesos de adopción internacional. d) El derecho del menor a recibir una herencia de sus progenitores.

11. Según el Tema 30 y el artículo 16 de la LOPIVI, los profesionales de servicios sociales tienen un "deber cualificado" de comunicación. Esto significa que: a) Deben comunicar la situación solo si el agresor es un cargo público. b) Tienen una obligación especial de denuncia inmediata por razón de su cargo o profesión. c) Solo deben comunicar casos si el menor tiene una discapacidad reconocida. d) Pueden elegir no comunicar si consideran que el secreto profesional es superior.

12. Respecto al Tema 30 y la Ley Vasca 2/2024, el acogimiento residencial se define como: a) Una medida de último recurso, priorizando siempre el acogimiento familiar. b) La primera opción que deben tomar las instituciones ante cualquier duda de maltrato. c) Un servicio de pago obligatorio para las familias con recursos. d) Una sanción impuesta al menor por conductas disruptivas en la escuela.

13. Según el Tema 30 y el artículo 26 de la LOPIVI, las administraciones deben proporcionar apoyo a las familias para: a) Financiar la compra de dispositivos electrónicos de última generación. b) Fortalecer factores de protección y apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores. c) Sustituir totalmente la labor de los padres mediante educadores municipales. d) Garantizar el acceso prioritario a espectáculos deportivos.

14. En el marco del Tema 30 y la Ley Vasca 2/2024, el derecho a ser escuchado implica que: a) El menor siempre tiene razón en lo que dice frente al adulto. b) Se debe garantizar su participación en los procedimientos que le afecten, de forma adaptada a su edad y madurez. c) Solo se escucha al menor si tiene más de 12 años. d) La escucha debe hacerse siempre en presencia del presunto agresor para confrontar versiones.

15. Según el Tema 30 y la LOPIVI, la "reparación del daño" incluye: a) Únicamente una compensación económica directa al menor. b) Medidas asistenciales, terapéuticas y sociales para que el menor recupere su bienestar integral. c) El traslado obligatorio de toda la familia a otra comunidad autónoma. d) La eliminación de los antecedentes escolares del menor.

16. Respecto al Tema 30 y la Ley Vasca 2/2024, la prevención primaria en infancia se dirige a: a) Los menores que ya han sufrido abusos graves. b) Toda la población infantil para sensibilizar y evitar que se produzcan situaciones de riesgo. c) Exclusivamente a los menores que residen en centros de protección. d) Los agresores que ya han cumplido su condena.

17. Según el Tema 30 y el artículo 6 de la LOPIVI, los menores tienen derecho a: a) Elegir el colegio que deseen sin intervención de sus padres. b) Acceder a mecanismos de denuncia adaptados, accesibles y seguros. c) Percibir un sueldo mensual por parte del Estado desde los 14 años. d) No ser evaluados en sus competencias académicas.

18. Atendiendo al Tema 30 y la Ley Vasca 2/2024, las "unidades convivenciales en grupo educativo" son: a) Cárceles de máxima seguridad para menores de 12 años. b) Recursos residenciales orientados a la educación y socialización de menores con medidas judiciales. c) Campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento de Vitoria. d) Escuelas especiales para menores con altas capacidades.

19. Según el Tema 30 y la LOPIVI, el maltrato prenatal se considera: a) Un delito que no existe en la legislación española. b) Una forma de violencia que las administraciones deben prevenir y detectar. c) Un asunto privado de la mujer embarazada donde la administración no puede entrar. d) Solo es maltrato si la mujer consume alcohol en el último mes de gestación.

20. En relación con el Tema 30 y la Ley Vasca 2/2024, la especialización de los equipos de intervención social es: a) Un requisito obligatorio para garantizar la calidad y el respeto a los derechos del menor. b) Algo opcional que solo se aplica en las capitales de provincia. c) Una sugerencia del Parlamento Vasco sin carácter vinculante. d) Únicamente para el personal administrativo de las Diputaciones.