A efectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y según lo señalado por el artículo 2 de dicha ley, ¿cuál de las siguientes entidades no forma parte del sector público institucional?: Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas. Las entidades que integran la Administración local. Las universidades públicas. . Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las entidades de derecho privado dependientes de las administraciones públicas quedarán sujetas a lo dispuesto en esta ley: Solo cuando ejerzan potestades administrativas. Cando las normas de esta ley se refieran específicamente a estas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Cando las normas de esta ley se refieran específicamente a estas, pero no cuando ejerzan potestades administrativas. . ¿En qué supuestos tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas los grupos de afectados según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?: Cuando la ley así lo declare expresamente. Únicamente en los casos previstos por la propia ley de procedimiento administrativo común. En ningún caso, salvo que una norma con rango de ley diga lo contrario. . A tenor de la regulación contenida en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes supuestos no encaja con la definición de interesado?: El que promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. El que, sin iniciar el procedimiento, tenga derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en él se adopte. El que, sin iniciar el procedimiento, tenga cualquier tipo de interés en él. . La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de (artículo 5 de la LPAC): Cinco días o de un plazo inferior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Diez días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Siete días o de un plazo inferior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. . Conforme al artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, ¿quién podrá actuar en representación de otra persona ante las administraciones públicas?: Las personas jurídicas en todo caso. Las personas físicas en todo caso. Las personas físicas con capacidad de obrar. . Dispone el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las administraciones deberán ser: Accesibles al público que acredite un derecho o interés legítimo. Auténticos y transparentes. Plenamente interoperables entre sí. . De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes datos no está previsto que forme parte de la información mínima que debe de constar en los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos?: Período de tiempo por el cual se otorga el poder. Objeto del apoderamiento. Fecha de inscripción. . Señala el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de: Cinco años contados desde la fecha de inscripción. Dos años contados desde la fecha de inscripción. Tres años contados desde la fecha de presentación de las solicitudes de inscripción del poder. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con el que figure en primer término, en cualquier caso. Con el que decida discrecionalmente la Administración. Con el representante o con el interesado que expresamente se señalase. . Se les comunicará la tramitación de un procedimiento a las personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte (artículo 8 de la LPAC): En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad. Durante la tramitación de cualquier clase de procedimiento. . Según el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar: La autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, aunque no acredite la integridad y la inalterabilidad del documento. La autenticidad de la expresión de su voluntad o la integridad. La autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. . Señala el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que las administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para una serie de actuaciones, entre las cuales no se encuentra una de las siguientes. Señálese cuál: Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Desistir de acciones. Presentar documentación en el registro. . La Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas (artículo 12 de la LPAC): A efectos de comprobar la validez de dichas habilitaciones. A efectos de agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos. A efectos de garantizar los principios de transparencia y cercanía al ciudadano. Uno de los derechos reconocidos a quien tiene capacidad de obrar ante las administraciones públicas en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es el de comunicarse con las administraciones públicas a través de: Un punto de contacto electrónico de la Administración. Un punto de acceso general electrónico de la Administración. Un punto de comunicación electrónico de la Administración. . ¿Qué dice el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas acerca de las comunicaciones a través de medios electrónicos entre la Administración y los administrados?: Que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas a través de dichos medios o no. Que las personas jurídicas podrán elegir si se comunican con las administraciones públicas a través de dichos medios o no, salvo que ejerzan una actividad profesional. Que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas a través de dichos medios o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. . Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si concurren varios interesados en el procedimiento y existiese discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en: Gallego. Castellano. En ambas por duplicado. El registro electrónico de cada Administración u organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello (artículo 16 de la LPAC): Se generará una clave que podrá ser utilizada por el ciudadano para acceder a su expediente. Se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate. El ciudadano podrá solicitar que le sea entregado un documento que acredite la presentación por él realizada. . Señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas: Deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico. Deberán ser digitalizados por los interesados para su incorporación al expediente administrativo electrónico. Deberán ser certificados por alguna de las entidades prestadoras de servicios de certificación. . Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta, con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. La eliminación de dichos documentos (artículo 17 de la LPAC): Deberá ser autorizada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Deberá ser comunicada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Deberá ser justificada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. . Según el artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no compareciesen en él tienen: El deber de proporcionárselos a la Administración actuante. El deber de comunicárselo a esa persona. El derecho a no declararlo a la Administración actuante. . Señala el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria: En supuestos excepcionales debidamente acreditados. Cuando sea necesario para la correcta tramitación del expediente. Cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. . Aclara el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia: Cuando así lo solicite. Únicamente cuando esta comparecencia fuese presencial. En todo caso. . La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, excepto (artículo 21 de la LPAC): Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Los procedimientos sancionadores. . Las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de sus plazos máximos de duración, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo (artículo 21 de la LPAC): A efectos legales. A efectos que se determinen en cada caso. A efectos informativos. . En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado (artículo 21 de la LPAC): Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro del órgano competente para resolver. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro de la Administración a la que pertenezca el órgano competente u organismo para su tramitación. . Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un pronunciamiento previo por parte de un órgano jurisdiccional (artículo 22 de la LPAC): Se podrá suspender la ejecución de la resolución siempre y cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Se suspenderá el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución. Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución. . Excepcionalmente, cuando se agoten los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, sin que pueda ser este con carácter general (artículo 23 de la LPAC): Superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Superior a tres meses. Superior a seis meses. . El plazo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas para que la Administración expida un certificado acreditativo del silencio producido es de: Quince días contados desde que se solicitó. Diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. . ¿En cuál de los siguientes supuestos el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se dictase y notificase resolución expresa no conllevará necesariamente que se produzca la caducidad del procedimiento? (artículo 25 de la LPAC): Procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras. Procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos. Procedimientos en que la Administración ejercite potestades de intervención susceptibles de producir efectos de gravamen. .
