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Conforme al art. 1.1 de la Ley 39/2015, la presente Ley tiene por objeto regular: El régimen jurídico del sector público estatal, la organización de sus órganos superiores y directivos y el procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial. Los requisitos de validez y eficacia de los actos y el procedimiento común, incluidos el sancionador y el de responsabilidad, y los principios de la iniciativa legislativa y reglamentaria. El procedimiento administrativo común aplicable a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos, junto con el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico del sector público institucional y local, la organización de las Entidades Locales y el procedimiento administrativo sancionador común.

Según el art. 1.2 de la Ley 39/2015, solo mediante ley podrán incluirse trámites adicionales a los contemplados en la Ley, cuando sean: Eficaces, proporcionados y necesarios para la consecución de los fines del procedimiento, y de manera motivada. Necesarios y motivados para la consecución de los fines del procedimiento, sin necesidad de acreditar su eficacia ni su proporcionalidad. Proporcionados y motivados para la consecución de los fines del procedimiento, sin necesidad de acreditar su eficacia ni su necesidad. Eficaces y proporcionados para la consecución de los fines del procedimiento, sin necesidad de motivación adicional ni de justificación.

Conforme al art. 2.1 de la Ley 39/2015, la presente Ley se aplica al sector público, que comprende: La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, pero no el sector público institucional ni sus organismos dependientes. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas únicamente, con aplicación supletoria a las Entidades Locales y a sus organismos autónomos. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el sector público institucional. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Corporaciones de Derecho Público.

Según el art. 2.2 de la Ley 39/2015, el sector público institucional se integra por: Las Universidades públicas, las Corporaciones de Derecho Público y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la Administración Pública estatal y autonómica. Únicamente los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas y sus organismos autónomos. Las entidades de derecho privado vinculadas a la Administración y las Corporaciones de Derecho Público, exclusivamente, sin incluir otros organismos. Organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, entidades de derecho privado vinculadas y Universidades públicas.

Conforme al art. 2.3 de la Ley 39/2015, tienen la consideración de Administraciones Públicas: La AGE, las CCAA, las Entidades Locales y todas las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de ellas, con exclusión de otras. La AGE, las CCAA, las Entidades Locales y las Universidades públicas que integran el sector público institucional, incluidas las privadas. La AGE, las CCAA y las Entidades Locales, sin incluir los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas en ningún caso. La AGE, las CCAA, las Entidades Locales y los organismos públicos y las entidades de derecho público previstos en el artículo 2.2.a).

Según el art. 2.4 de la Ley 39/2015, las Corporaciones de Derecho Público se regirán: Exclusivamente por la presente Ley en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o por delegación de otra Administración. Por su normativa específica en las funciones públicas atribuidas por Ley o delegadas, y supletoriamente por esta Ley. Por su normativa específica, sin aplicación supletoria de la presente Ley en ningún caso, ni en ningún supuesto, ni por analogía. Por la presente Ley con carácter exclusivo y excluyente, sin aplicación de su normativa específica en ningún caso ni circunstancia.

A los efectos de la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las AAPP: Únicamente las personas físicas y jurídicas con plena capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles y a la legislación administrativa aplicable en cada caso. Las personas jurídicas y los menores emancipados, excluidos los grupos de afectados y las entidades sin personalidad jurídica propia, en todo caso. Las personas físicas o jurídicas con capacidad civil, los menores en ciertos casos y los grupos de afectados cuando la Ley lo declare. Las personas físicas con capacidad civil y los grupos de afectados, pero no los menores de edad en ningún caso ni supuesto legal.

Según el art. 4.1 de la Ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento administrativo, entre otros: Quienes lo promuevan como titulares de derechos subjetivos exclusivamente, sin incluir los intereses legítimos de carácter colectivo ni individual. Quienes lo promuevan como titulares de intereses legítimos colectivos únicamente, con exclusión de los derechos subjetivos. Quienes lo promuevan como titulares de derechos individuales, sin incluir los colectivos ni los intereses legítimos. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos ante la Administración competente.

Conforme al art. 4.1.c de la Ley 39/2015, se consideran interesados: Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen en tanto no haya recaído resolución definitiva en el procedimiento. Aquellos cuyos intereses legítimos resulten afectados y se personen después de recaer resolución definitiva en el procedimiento. Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados, aunque no se personen en el procedimiento en ningún momento. Aquellos cuyos derechos subjetivos puedan resultar afectados y se personen antes del trámite de audiencia.

Según el art. 4.3 de la Ley 39/2015, cuando la condición de interesado derivase de una relación jurídica transmisible: El derecho-habiente sucederá en tal condición solo si el procedimiento no ha comenzado con anterioridad. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. El derecho-habiente sucederá en tal condición solo en la fase de iniciación del procedimiento administrativo. El derecho-habiente no sucederá en tal condición salvo resolución expresa del órgano competente.

Conforme al art. 5.1 de la Ley 39/2015, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas: En todo caso, sin que el interesado pueda oponerse a la actuación por medio de representante ante la Administración. Únicamente cuando el interesado otorgue poder especial notarial ante fedatario público competente para ello. Salvo manifestación expresa en contra del interesado. Salvo que el representante sea letrado colegiado en ejercicio de la profesión ante los tribunales.

Según el art. 5.3 de la Ley 39/2015, deberá acreditarse la representación para: Únicamente formular solicitudes e interponer recursos ante la Administración competente para resolver el procedimiento. Formular solicitudes, interponer recursos y renunciar, pero no para declaraciones responsables o comunicaciones previas. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables y desistir, pero no renunciar a derechos reconocidos. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

Para los actos y gestiones de mero trámite, conforme al art. 5.3 de la Ley 39/2015: Se presumirá la representación. Deberá acreditarse la representación mediante apoderamiento apud acta ante el órgano competente. Se requerirá poder especial notarial para los actos y gestiones de mero trámite ante la Administración. Se exigirá comparecencia personal del interesado ante el órgano instructor del procedimiento.

Según el art. 5.4 de la Ley 39/2015, la representación podrá acreditarse mediante: Únicamente mediante apoderamiento notarial ante fedatario público competente para ello. Cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Únicamente mediante inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración. Únicamente mediante comparecencia personal ante el órgano administrativo competente para tramitar.

Conforme al art. 5.6 de la Ley 39/2015, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte o subsane dentro del plazo de: Quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente. Cinco días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente. Diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente. Veinte días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente.

Conforme al art. 6.1 de la Ley 39/2015, la AGE, las CCAA y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos en el que deberán inscribirse, al menos: Los de carácter especial otorgados únicamente de forma presencial ante el órgano competente para tramitar. Únicamente los poderes notariales de carácter general otorgados ante fedatario público competente. Los de carácter general y los especiales otorgados apud acta ante el órgano competente para tramitar. Los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente.

Según el art. 6.4 de la Ley 39/2015, los poderes inscribibles corresponden a tipologías que incluyen: Poder general, poder para actuar ante una Administración u Organismo concreto y poder para trámites especificados. Poder general y poder especial notarial, únicamente, sin otras tipologías posibles. Poder general y poder para actuar ante una Administración concreta, únicamente, sin otras tipologías. Poder para trámites especificados y poder notarial, únicamente, sin incluir el poder general.

Conforme al art. 6.6 de la Ley 39/2015, los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de: Diez años a contar desde la fecha de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Tres años a contar desde la fecha de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Un año a contar desde la fecha de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.

Según el art. 6.6 de la Ley 39/2015, las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de: Un año a contar desde la fecha de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Diez años a contar desde la fecha de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Tres años a contar desde la fecha de inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.

Cuando en una solicitud figuren varios interesados, conforme al art. 7 de la Ley 39/2015, las actuaciones se efectuarán: Con todos los interesados simultáneamente, sin posibilidad de designación de representante. Con el interesado que designe el órgano administrativo instructor del procedimiento. Con el representante o interesado que figure en último término, salvo designación expresa. Con el representante o interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto con el que figure en primer término.

Según el art. 8 de la Ley 39/2015, si durante la instrucción de un procedimiento sin publicidad se advierte la existencia de personas titulares de derechos o intereses legítimos directos: Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Se archivará el procedimiento hasta la personación de los nuevos interesados. Se les notificará únicamente la resolución definitiva del procedimiento a los nuevos interesados. Se les requerirá para que se personen en el plazo de diez días desde la comunicación.

Conforme al art. 9.1 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados mediante: La consulta al registro electrónico de apoderamientos de la Administración competente para tramitar. La comprobación de su nombre y apellidos o denominación social que consten en el DNI o documento equivalente. La exigencia de comparecencia personal en todo caso para verificar la identidad del interesado. La comprobación de su firma electrónica cualificada exclusivamente, sin otros medios de identificación.

Según el art. 9.2 de la Ley 39/2015, los interesados podrán identificarse electrónicamente a través de sistemas basados en: Únicamente certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, sin admitir otros sistemas alternativos. Únicamente certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, sin admitir otros sistemas alternativos. Certificados electrónicos cualificados de firma, de sello electrónico y cualquier otro sistema válido admitido por las Administraciones. Cualquier sistema que el interesado elija libremente, sin registro previo ni comunicación a la Administración.

Conforme al art. 9.2.c de la Ley 39/2015, los sistemas de identificación de la letra c) requieren: Únicamente comunicación al Ministerio del Interior para su autorización previa. Únicamente registro previo como usuario en la plataforma correspondiente. Autorización del Tribunal Constitucional mediante resolución motivada. Registro previo como usuario y comunicación a la Secretaría General de Administración Digital.

Según el art. 9.2.c de la Ley 39/2015, antes de la eficacia jurídica del sistema de identificación previsto en la letra c), habrán de transcurrir: Dos meses desde la comunicación, durante los cuales el órgano estatal podrá acudir a la vía jurisdiccional. Un mes desde la comunicación, sin posibilidad de recurso jurisdiccional por parte del órgano estatal. Tres meses desde la comunicación, con informe previo del Consejo de Estado sobre la legalidad. Seis meses desde la comunicación, con autorización previa del Gobierno de la Nación.

Conforme al art. 9.3 de la Ley 39/2015, los recursos técnicos para la recogida, almacenamiento y tratamiento de los sistemas de identificación de la letra c) deberán situarse: En territorio español en todo caso, sin excepción alguna por razón de la materia. En territorio de la Unión Europea, y en territorio español para categorías especiales de datos. En cualquier territorio, sin restricción alguna por parte de la normativa aplicable. En territorio de la Unión Europea en todo caso, sin excepción por categorías de datos.

Según el art. 10.1 de la Ley 39/2015, los interesados podrán firmar a través de: Únicamente firma electrónica cualificada, sin admitir otros sistemas alternativos de firma. Únicamente firma electrónica avanzada, sin admitir otros sistemas alternativos de firma. Cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y la integridad e inalterabilidad del documento. Únicamente los sistemas admitidos por cada Administración Pública en su normativa específica.

Conforme al art. 10.2 de la Ley 39/2015, cuando los interesados opten por medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: Únicamente los sistemas de firma electrónica cualificada, sin admitir otros sistemas. Únicamente los sistemas de firma electrónica avanzada, sin admitir otros sistemas. Únicamente los sistemas de sello electrónico cualificado, sin admitir otros sistemas. Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, los de sello electrónico cualificado y avanzado, y cualquier otro sistema válido admitido.

Según el art. 11.1 de la Ley 39/2015, con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento, será suficiente que los interesados: Acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos. Acrediten previamente su firma electrónica cualificada ante la Administración competente. Comparezcan personalmente ante el órgano competente para la tramitación del procedimiento. Acrediten previamente su identidad y su firma electrónica ante la Administración competente.

Conforme al art. 11.2 de la Ley 39/2015, las Administraciones sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Únicamente formular solicitudes y presentar declaraciones responsables ante la Administración. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir y renunciar a derechos. Interponer recursos y desistir, pero no para renunciar a derechos reconocidos por el ordenamiento. Cualquier actuación del procedimiento administrativo, sin excepción por razón de la materia.

Según el art. 12.1 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados: Comparezcan personalmente en todo trámite del procedimiento administrativo. Utilicen exclusivamente la firma electrónica cualificada en sus relaciones con la Administración. Puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, con canales y sistemas necesarios. Puedan relacionarse con la Administración únicamente de forma presencial en las oficinas.

Conforme al art. 12.2 de la Ley 39/2015, si un interesado no incluido en el art. 14 no dispone de medios electrónicos, su identificación o firma electrónica: Deberá ser realizada necesariamente por notario ante fedatario público competente. No podrá realizarse, debiendo comparecer presencialmente ante el órgano competente. Podrá ser realizada por funcionario sin necesidad de consentimiento del interesado. Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, con consentimiento expreso del interesado y constancia de ello.

Conforme al art. 13.a de la Ley 39/2015, las personas con capacidad de obrar son titulares, en sus relaciones con las AAPP, del derecho: A comunicarse con las AAPP a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A comunicarse con las AAPP únicamente de forma presencial en las oficinas públicas. A elegir libremente el medio de comunicación, excluidos los electrónicos por su complejidad. A comunicarse con las AAPP a través del Defensor del Pueblo en todo caso.

Según el art. 13 de la Ley 39/2015, los derechos reconocidos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo: 24, referidos a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. 53, referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. 35, referidos a los interesados en el procedimiento administrativo común. 31, referidos a los principios tributarios y de capacidad económica.

Conforme al art. 14.1 de la Ley 39/2015, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las AAPP a través de medios electrónicos o no: En todo caso, sin excepción alguna por razón de la materia o del procedimiento. Únicamente cuando así lo autorice el órgano competente para la tramitación del procedimiento. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. Salvo en procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Conforme al art. 14.2 de la Ley 39/2015, estarán obligados a relacionarse electrónicamente con las AAPP, al menos: Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica únicamente, sin incluir otros colectivos. Las personas físicas en todo caso y las personas jurídicas, con independencia de su actividad. Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y los menores de edad en todo caso. Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad, quienes ejerzan profesión con colegiación obligatoria, los representantes de obligados y los empleados públicos.

Según el art. 14.2.c de la Ley 39/2015, dentro del colectivo de quienes ejerzan actividad profesional con colegiación obligatoria se entenderán incluidos: Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Los médicos y arquitectos únicamente, sin incluir otros profesionales colegiados. Los abogados y procuradores únicamente, sin incluir otros profesionales colegiados. Los funcionarios públicos en todo caso, con independencia de su titulación.

Conforme al art. 14.2.e de la Ley 39/2015, los empleados de las AAPP están obligados a relacionarse electrónicamente: En todo caso, con independencia de la condición de empleado público y de la materia. Para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Únicamente cuando ejerzan profesión colegiada para la que se exija colegiación obligatoria. Únicamente para los trámites de carácter personal y no para los de su condición de empleado.

Según el art. 14.3 de la Ley 39/2015, las Administraciones podrán establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse electrónicamente para: Cualquier procedimiento y para todas las personas físicas en todo caso, sin excepción. Únicamente para personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica propia. Determinados procedimientos y ciertos colectivos de personas físicas con acceso y disponibilidad acreditados de medios electrónicos. Únicamente para empleados públicos en el ejercicio de sus funciones administrativas.

Conforme al art. 15.1 de la Ley 39/2015, la lengua de los procedimientos tramitados por la AGE será: Únicamente el castellano, sin posibilidad de usar otra lengua cooficial en ningún caso. La lengua cooficial de la CCAA donde tenga sede el órgano, con exclusión del castellano. La lengua elegida por el órgano instructor, sin intervención del interesado en la elección. El castellano, pudiendo los interesados utilizar también la lengua cooficial de la CCAA donde tenga sede el órgano.

Según el art. 15.1 de la Ley 39/2015, si concurrieran varios interesados con discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en: Castellano, expidiéndose los documentos en la lengua elegida por los interesados. La lengua cooficial de la CCAA, sin posibilidad de usar castellano en el procedimiento. La lengua que elija la mayoría de los interesados en el procedimiento administrativo. La lengua que decida el órgano instructor del procedimiento, sin intervención de los interesados.

Conforme al art. 15.3 de la Ley 39/2015, la Administración instructora deberá traducir al castellano los documentos que deban surtir efecto: Dentro del territorio de la CCAA de origen, en todo caso y sin excepción alguna. Fuera del territorio de la CCAA y los dirigidos a interesados que lo soliciten expresamente. Únicamente los dirigidos a la AGE, sin incluir los dirigidos a otras Administraciones. Fuera del territorio nacional, en todo caso, sin excepción por razón de la materia.

Según el art. 16.1 de la Ley 39/2015, cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que se hará asiento de: Únicamente las solicitudes de iniciación del procedimiento administrativo correspondiente. Únicamente los documentos presentados por los interesados en papel ante la Administración. Todo documento que sea presentado o recibido en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculada. Únicamente las notificaciones efectuadas a los interesados en el procedimiento administrativo.

Conforme al art. 16.4 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las AAPP podrán presentarse, entre otros: Únicamente en el registro electrónico de la Administración u Organismo destinatario del escrito. Únicamente en el registro electrónico y en las oficinas de Correos de la localidad. Únicamente en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración. En el registro electrónico, en Correos, en representaciones diplomáticas, en oficinas de asistencia y cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Según el art. 16.5 de la Ley 39/2015, los documentos presentados de manera presencial ante las AAPP deberán ser: Digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros, devolviéndose los originales al interesado. Conservados en papel por la Administración, sin digitalización posterior de los mismos. Devueltos al interesado sin más trámite, sin incorporación al expediente administrativo. Remitidos directamente al archivo histórico sin pasar por el expediente electrónico.

Conforme al art. 17.1 de la Ley 39/2015, cada Administración deberá mantener: Un archivo exclusivamente de los documentos notariales y registrales de la Administración. Un archivo electrónico único de los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados. Un archivo en papel de todos los documentos presentados por los interesados. Un archivo electrónico por cada órgano administrativo, sin carácter único por Administración.

Según el art. 17.3 de la Ley 39/2015, los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con: La Ley de Protección de Datos, únicamente, y sin sujeción a otra normativa. El Reglamento del Registro Civil y la normativa registral aplicable en cada caso. El Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad, únicamente, y sin sujeción al de Seguridad.

Conforme al art. 18.1 de la Ley 39/2015, las personas colaborarán con la Administración facilitando informes e inspecciones, salvo que la revelación de la información: Pudiera causar perjuicio económico a la Administración actuante en el procedimiento. Afectara a intereses de la Administración actuante en el ejercicio de sus competencias. Implicara la comparecencia de testigos en el procedimiento administrativo correspondiente. Atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusiera comunicación de datos confidenciales de terceros.

Según el art. 19.1 de la Ley 39/2015, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas: Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Será obligatoria en todo caso, sin excepción por razón de la materia o procedimiento. Sólo será obligatoria cuando la cite el órgano instructor del procedimiento administrativo. Será obligatoria cuando lo disponga el reglamento de desarrollo de la Ley 39/2015.

Conforme al art. 20.1 de la Ley 39/2015, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las AAPP que tuviesen a su cargo la resolución o despacho de los asuntos: Sólo responderán de los actos dictados por ellos mismos en el ejercicio de sus funciones. Serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas para remover obstáculos. No serán responsables de la tramitación, que corresponde al órgano superior jerárquico. Serán responsables únicamente de la fase de resolución del procedimiento administrativo.

Conforme al art. 21.1 de la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: Únicamente en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado en el procedimiento. Únicamente en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración competente. En todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Únicamente en los procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial.

Según el art. 21.1 de la Ley 39/2015, se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa: Únicamente los supuestos de caducidad del procedimiento administrativo correspondiente. Únicamente los supuestos de desistimiento de la solicitud por parte del interesado. Los supuestos de renuncia del derecho y de prescripción del derecho ejercitado. Los supuestos de terminación por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos al deber de declaración responsable o comunicación.

Conforme al art. 21.2 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa: No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o lo prevea el Derecho de la UE. No podrá exceder de tres meses en ningún caso, sin excepción por razón de la materia. Será el fijado discrecionalmente por el órgano instructor del procedimiento administrativo. No podrá exceder de un año en todo caso, con independencia de la materia del procedimiento.

Según el art. 21.3 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo, éste será de: Seis meses a contar desde el acuerdo de iniciación o desde la solicitud. Tres meses a contar desde el acuerdo de iniciación o desde la solicitud. Un mes a contar desde el acuerdo de iniciación o desde la solicitud. Doce meses a contar desde el acuerdo de iniciación o desde la solicitud.

Conforme al art. 21.3.b de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo se contará desde: La fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo correspondiente. La fecha de la notificación al interesado del acuerdo de iniciación del procedimiento. La fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. La fecha de subsanación de la solicitud por parte del interesado en el procedimiento.

Conforme al art. 21.3.a de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio, el plazo se contará desde: La fecha de publicación en el diario oficial del acuerdo de iniciación del procedimiento. La fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico correspondiente. La fecha de la notificación a los interesados del acuerdo de iniciación del procedimiento. La fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo correspondiente.

Conforme al art. 22.1 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar se podrá suspender, entre otros casos, cuando: Deba requerirse a cualquier interesado para subsanación de deficiencias o aportación de documentos. El interesado solicite la ampliación del plazo máximo para resolver el procedimiento. Se acuerde la tramitación de urgencia del procedimiento por razones de interés público. Se dicte resolución expresa anticipada por el órgano competente para resolver.

Según el art. 22.1.d de la Ley 39/2015, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, el plazo de suspensión: No podrá exceder en ningún caso de seis meses desde la solicitud del informe. No podrá exceder en ningún caso de tres meses desde la solicitud del informe. No podrá exceder en ningún caso de un mes desde la solicitud del informe. No tendrá límite temporal alguno, con independencia de la complejidad del informe.

Conforme al art. 22.2.c de la Ley 39/2015, el plazo máximo para resolver se suspenderá cuando los interesados promuevan: La revisión de oficio del acto administrativo, hasta su resolución definitiva. La recusación, desde que se plantee hasta que sea resuelta por el órgano recusado. La recusación, desde que se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. El recurso de alzada contra el acto de trámite, hasta su resolución definitiva.

Conforme al art. 23.1 de la Ley 39/2015, excepcionalmente, el órgano competente para resolver podrá acordar la ampliación del plazo máximo, no pudiendo ser éste superior: A la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero. A tres meses desde el acuerdo de ampliación del plazo máximo. A seis meses desde el acuerdo de ampliación del plazo máximo. Al establecido para la tramitación del procedimiento.

Según el art. 23.2 de la Ley 39/2015, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos: No cabrá recurso alguno. Cabrá recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó. Cabrá recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó. Cabrá recurso extraordinario de revisión ante el órgano competente.

Conforme al art. 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin notificar resolución expresa: Legitima al interesado para entenderla desestimada en todo caso, sin excepción. Legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo norma con rango de ley o de la UE que establezca lo contrario. Produce la caducidad del procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado. Exime a la Administración de la obligación de resolver el procedimiento administrativo.

Según el art. 24.1 de la Ley 39/2015, el silencio tendrá efecto desestimatorio, entre otros, en los procedimientos: De ejercicio del derecho de petición y los de responsabilidad patrimonial únicamente. De acceso a actividades o su ejercicio en todo caso, sin excepción por razón de la materia. De ejercicio del derecho de petición, los que transfieran facultades relativas al dominio o servicio público, los que dañen el medio ambiente y los de responsabilidad patrimonial. De revisión de oficio iniciados de oficio por la Administración competente para resolver.

Conforme al art. 24.2 de la Ley 39/2015, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de: Resolución administrativa de trámite del procedimiento administrativo correspondiente. Acto nulo de pleno derecho, sin posibilidad de convalidación posterior por la Administración. Acto anulable, sujeto a revisión de oficio por la Administración competente para resolver. Acto administrativo finalizador del procedimiento.

Según el art. 24.2 de la Ley 39/2015, la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de: Permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente. Poner fin al procedimiento administrativo, sin posibilidad de recurso posterior. Exigir la resolución expresa confirmatoria por parte de la Administración competente. Producir acto administrativo finalizador del procedimiento administrativo correspondiente.

Conforme al art. 24.3.a de la Ley 39/2015, en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior: Podrá dictarse en cualquier sentido por el órgano competente para resolver. Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. No podrá dictarse en ningún caso por el órgano competente para resolver. Sólo podrá dictarse de ser desestimatoria de la pretensión del interesado.

Según el art. 24.3.b de la Ley 39/2015, en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración: Con vinculación plena al sentido del silencio administrativo producido. Únicamente de forma confirmatoria del silencio administrativo producido. Sin vinculación alguna al sentido del silencio. Únicamente de forma estimatoria de la pretensión del interesado.

Conforme al art. 24.4 de la Ley 39/2015, los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde: La fecha de la solicitud de iniciación del procedimiento administrativo correspondiente. La fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo correspondiente. La notificación al interesado del acto administrativo producido por silencio. El vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que se haya expedido.

Según el art. 24.4 de la Ley 39/2015, el certificado acreditativo del silencio se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de: Quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Un mes desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Tres meses desde la solicitud del interesado de expedición del certificado.

Conforme al art. 25.1.a de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones favorables, los interesados: Deberán esperar resolución expresa siempre, sin posibilidad de silencio administrativo. Podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Podrán exigir la caducidad del procedimiento administrativo correspondiente. Podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo positivo.

Según el art. 25.1.b de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención: Se producirá la estimación por silencio administrativo positivo de la pretensión. Se producirá la desestimación por silencio administrativo de la pretensión. Se producirá la caducidad. La Administración quedará exenta de resolver el procedimiento administrativo.

Conforme al art. 25.2 de la Ley 39/2015, en los supuestos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado: Se suspenderá el plazo por tiempo indefinido hasta la reanudación del procedimiento. Se producirá la caducidad automática del procedimiento administrativo correspondiente. Se archivarán las actuaciones sin más trámite por parte de la Administración. Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar.

Según el art. 26.1 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos: Por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada. Únicamente en soporte papel, sin posibilidad de emisión por medios electrónicos. Únicamente de forma verbal, con constancia posterior en soporte papel o electrónico. Por escrito, en todo caso, sin posibilidad de otra forma de emisión por la Administración.

Conforme al art. 26.2 de la Ley 39/2015, para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán, entre otros requisitos: Únicamente contener firma electrónica cualificada de la autoridad competente. Contener información archivada en soporte electrónico, disponer de datos de identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firmas electrónicas. Únicamente contener referencia temporal y firma electrónica de la autoridad competente. Únicamente disponer de datos de identificación de la autoridad que los emite.

Según el art. 26.3 de la Ley 39/2015, no requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos: Que formen parte de un expediente electrónico completo y autenticado. Emitidos por la AGE en todo caso, con independencia de su naturaleza y finalidad. Publicados con carácter meramente informativo y los que no formen parte de un expediente administrativo. Recibidos de los interesados en el procedimiento administrativo correspondiente.

Conforme al art. 27.1 de la Ley 39/2015, las copias auténticas de documentos privados: Surten efectos civiles y mercantiles plenos en todo caso. No surten efecto alguno en el ordenamiento jurídico administrativo. Surten efectos en todo orden jurisdiccional, incluido el penal y el civil. Surten únicamente efectos administrativos.

Según el art. 27.2 de la Ley 39/2015, las copias auténticas tendrán: La misma validez y eficacia que los documentos originales. Validez inferior a los originales, sujetas a cotejo posterior por la Administración. Únicamente efectos administrativos, sin validez en el orden jurisdiccional civil. Validez únicamente en la Administración que las expide, sin eficacia general.

Conforme al art. 27.4 de la Ley 39/2015, la solicitud de expedición de copias auténticas se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse en el plazo de: Diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico. Quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico. Un mes a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico. Cinco días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico.

Según el art. 28.2 de la Ley 39/2015, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de: Únicamente la Administración actuante en el procedimiento administrativo correspondiente. Únicamente la Administración General del Estado y sus organismos autónomos dependientes. La Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. Las entidades de derecho privado vinculadas a la Administración Pública correspondiente.

Conforme al art. 28.2 de la Ley 39/2015, no cabrá la oposición del interesado a la consulta de documentos cuando: Se trate de documentos notariales aportados por el interesado en el procedimiento. Se trate de procedimientos iniciados a solicitud del interesado en la Administración. Se trate de procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La aportación se exigiera en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Según el art. 28.3 de la Ley 39/2015, las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales: Salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En todo caso, sin excepción por razón de la materia o del procedimiento. Únicamente en procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial. Salvo en procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

Conforme al art. 28.7 de la Ley 39/2015, las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia: En todos los órdenes jurisdiccionales, incluido el civil y el penal. Exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas. Únicamente ante la Administración actuante en el procedimiento correspondiente. En el ámbito civil y mercantil, sin eficacia en el orden administrativo.

Según el art. 29 de la Ley 39/2015, los términos y plazos establecidos obligan a: Únicamente a las autoridades y personal de las AAPP en el ejercicio de sus funciones. Únicamente a los interesados en el procedimiento administrativo correspondiente. Las autoridades y personal al servicio de las AAPP competentes y a los interesados. Únicamente a los órganos instructores del procedimiento administrativo correspondiente.

Conforme al art. 30.1 de la Ley 39/2015, salvo que por Ley o en el Derecho de la UE se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son: Naturales, en todo caso, con independencia de su carácter hábil o inhábil. Hábiles las 24 horas del día, en todo caso, sin excepción por razón de la materia. Inhábiles, en todo caso, con independencia de su carácter hábil o natural. Hábiles, siendo hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

Según el art. 30.1 de la Ley 39/2015, los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a: Veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. Doce horas, en cuyo caso se expresarán en días. Cuarenta y ocho horas, en cuyo caso se expresarán en días. Seis horas, en cuyo caso se expresarán en días.

Conforme al art. 30.2 de la Ley 39/2015, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles: Excluyéndose únicamente los domingos y festivos del cómputo de plazos. Excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Incluyéndose los sábados, pero excluyendo domingos y festivos del cómputo. Incluyéndose todos los días naturales, sin excepción por razón de la materia.

Según el art. 30.3 de la Ley 39/2015, los plazos expresados en días se contarán a partir de: El mismo día de la notificación o publicación del acto administrativo correspondiente. El día hábil siguiente al de la notificación o publicación del acto administrativo. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto. El día de la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Conforme al art. 30.4 de la Ley 39/2015, si el plazo se fija en meses o años, se computará a partir de: El mismo día de la notificación o publicación del acto administrativo correspondiente. El primer día del mes siguiente al de la notificación o publicación del acto. El día hábil siguiente al de la notificación o publicación del acto administrativo. El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto.

Según el art. 30.4 de la Ley 39/2015, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al de comienzo del cómputo, se entenderá que el plazo expira: El último día del mes. El primer día del mes siguiente al del vencimiento del plazo. El día quince del mes de vencimiento del plazo correspondiente. El día del comienzo del mes siguiente al del vencimiento del plazo.

Conforme al art. 30.5 de la Ley 39/2015, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado a: El día hábil anterior al del vencimiento del plazo correspondiente. El primer día hábil siguiente. El día inhábil siguiente al del vencimiento del plazo correspondiente. El último día hábil del mes de vencimiento del plazo correspondiente.

Según el art. 30.6 de la Ley 39/2015, cuando un día fuese hábil en el municipio o CCAA en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará: Hábil en todo caso, con independencia de la sede del órgano administrativo. Inhábil únicamente para el interesado en el procedimiento administrativo. Inhábil en todo caso. Hábil únicamente para la Administración Pública competente para resolver.

Conforme al art. 30.7 de la Ley 39/2015, el calendario de días inhábiles aprobado por las CCAA: Únicamente se aplicará a la AGE en el ámbito de sus competencias. Únicamente se aplicará a la Administración autonómica correspondiente. No comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales de su ámbito. Comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial.

Según el art. 30.8 de la Ley 39/2015, la declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos: No determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las AAPP. Determina automáticamente el funcionamiento de los centros de trabajo de las AAPP. Fija la jornada laboral del personal al servicio de las AAPP en todo caso. Modifica el régimen de jornada y horarios del personal de las AAPP.

Conforme al art. 31.2.a de la Ley 39/2015, el registro electrónico de cada Administración u Organismo permitirá la presentación de documentos: Únicamente en días hábiles durante el horario de oficina de la Administración. Todos los días del año durante las veinticuatro horas. Únicamente en días hábiles durante las 24 horas del día correspondiente. Únicamente en días naturales en horario de mañana de la Administración.

Según el art. 31.2.b de la Ley 39/2015, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada: En la última hora del día hábil anterior al de la presentación efectiva. En el día inhábil en que se produjo, sin prórroga al día hábil siguiente. En la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. En cualquier momento del día hábil siguiente al de la presentación efectiva.

Conforme al art. 31.3 de la Ley 39/2015, el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos: Es complementario al del artículo 30.6 de la Ley 39/2015 en todo caso. No se aplica a los registros electrónicos de las Administraciones Públicas. Únicamente se aplica a los registros presenciales de las Administraciones Públicas. Es el único aplicable a los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 30.6.

Conforme al art. 32.1 de la Ley 39/2015, la Administración podrá conceder una ampliación de los plazos que no exceda de: La mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero. Un tercio de los mismos, en todo caso, sin necesidad de justificar circunstancias. La totalidad del plazo, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos. Los dos tercios de los mismos, en todo caso, sin necesidad de justificar circunstancias.

Según el art. 32.2 de la Ley 39/2015, la ampliación de plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a: Únicamente los procedimientos sancionadores de la Administración Pública competente. Los procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares y los que exijan trámite en el extranjero o con interesados residentes fuera de España. Únicamente los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Únicamente los procedimientos iniciados de oficio por la Administración competente.

Conforme al art. 32.3 de la Ley 39/2015, la petición de ampliación y la decisión sobre la misma deberán producirse: En cualquier momento del procedimiento administrativo correspondiente, incluso tras el vencimiento. Únicamente después del vencimiento del plazo, con carácter retroactivo para el interesado. Antes del vencimiento del plazo de que se trate, no pudiendo ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Únicamente en la fase de iniciación del procedimiento administrativo correspondiente.

Conforme al art. 33.1 de la Ley 39/2015, cuando razones de interés público lo aconsejen, podrá acordarse la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos del procedimiento ordinario: Incluidos los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Únicamente los plazos de instrucción del procedimiento administrativo correspondiente. Únicamente el plazo de resolución del procedimiento administrativo correspondiente. Salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.