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¿Qué orientación pueden obtener los interesados acerca de los proyectos o solicitudes que se propongan realizar?. Un dictamen previo que sustituya los informes preceptivos del procedimiento correspondiente. Información sobre los requisitos jurídicos o técnicos exigidos por las disposiciones vigentes. Una valoración vinculante sobre las probabilidades de estimación de la futura solicitud. Una autorización provisional para actuar mientras se comprueba el cumplimiento de los requisitos.

¿Qué pueden conocer los interesados sobre el silencio administrativo en su procedimiento?. La caducidad automática del expediente cuando transcurra el plazo máximo de resolución. La fecha en que el órgano resolverá expresamente una vez vencido el plazo máximo. La estimación de la solicitud siempre que no se haya notificado resolución en plazo. El sentido que corresponda si no se dicta ni notifica resolución expresa en plazo.

¿Qué documentación tienen derecho a no presentar los interesados?. Los documentos privados exigidos cuando no hayan sido emitidos por un órgano público. Los documentos exigibles que sean difíciles de conseguir. Los datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento. Los justificantes necesarios que solo posea el solicitante.

¿A quiénes tienen derecho a identificar los interesados?. A los empleados de cualquier expediente de esa Administración. A las autoridades y al personal responsables de tramitar el procedimiento. A los representantes de quienes consulten asuntos similares. A los órganos que fiscalicen el presupuesto administrativo.

¿Hasta qué momento reconoce este apartado el derecho a formular alegaciones y aportar documentos?. Hasta el traslado al instructor. Hasta antes del trámite de audiencia. Hasta el cierre de la prueba. Hasta el acuerdo de iniciación del procedimiento.

¿Cómo pueden iniciarse los procedimientos administrativos?. Por información pública o declaración pericial. Por orden superior o decisión del denunciante. Por denuncia o acuerdo instructor. De oficio o a solicitud del interesado.

¿Cuál de estas circunstancias puede dar lugar a la iniciación de oficio?. La conformidad con la propuesta de resolución. La petición razonada de otros órganos. La impugnación de una disposición de carácter general. La solicitud de copias de un expediente concluido.

¿Qué exige este precepto respecto de la voluntad del solicitante?. Su firma o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Su firma manuscrita y la posterior confirmación electrónica de la petición presentada. Su firma electrónica cualificada o la ratificación presencial ante el órgano instructor. Su firma legitimada notarialmente o una autorización previa del órgano que deba resolver.

¿Qué se entiende por orden superior a efectos de iniciar un procedimiento?. La emitida por un superior jerárquico del órgano competente para iniciarlo. La emitida por el órgano consultivo que informa la resolución. La emitida por cualquier órgano de otra Administración. La emitida por el órgano que registra la solicitud.

¿Quién formula una petición razonada de iniciación?. Un representante que actúa mediante poder inscrito en el registro electrónico general. Un órgano competente para iniciar que ordena a su subordinado la incoación del expediente. Un órgano sin competencia para iniciar que haya conocido los hechos objeto del procedimiento. Un interesado que solicita al instructor una resolución anticipada de sus pretensiones.

En un procedimiento sancionador, ¿qué debe expresar la orden superior, en la medida de lo posible?. Los responsables definitivos, la sanción firme y su importe, así como el plazo de pago en período voluntario. Los denunciantes y sus domicilios, junto con los recursos contra la resolución definitiva. Los instructores y sus informes, junto con el calendario de publicación de los acuerdos. Los presuntos responsables, los hechos y su tipificación, así como el lugar y el tiempo de su producción.

¿Qué debe identificar el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador?. Al secretario y al denunciante, con el plazo de ejecución de la sanción. Al instructor y a su superior, con los recursos contra la futura resolución. Al instructor y, en su caso, al secretario, indicando expresamente su régimen de recusación. Al denunciante y a su representante, con la sustitución del órgano decisor.

¿A quién se comunica y notifica el acuerdo de iniciación sancionador?. Se comunica al órgano judicial y se notifica a los testigos antes del traslado al instructor. Se comunica al denunciante y se notifica al instructor, sin notificar inicialmente al inculpado. Se comunica al instructor y se notifica a los interesados, incluido en todo caso el inculpado. Se comunica al secretario y se notifica al órgano consultivo antes de informar al inculpado.

Iniciado el procedimiento, ¿quién puede adoptar medidas provisionales conforme a este apartado?. El encargado del registro general. El órgano consultivo del expediente. El órgano competente para resolver. El superior jerárquico que no deba resolver.

¿Qué principios rigen la adopción de las medidas provisionales?. Jerarquía, concentración y publicidad registral. Coordinación, desconcentración y exclusividad competencial. Objetividad, descentralización y unidad presupuestaria. Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Las medidas provisionales anteriores al inicio deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación. ¿En qué plazo debe efectuarse ese inicio?. Dentro de los quince días siguientes a su adopción. Dentro de los veinte días siguientes a la comunicación al instructor. Dentro de los diez días siguientes a la audiencia del interesado. En un mes desde que se reciba el primer informe preceptivo.

¿Qué diferencia existe entre los modelos del artículo 66.4 y los específicos del artículo 66.6?. Los primeros vinculan a las personas físicas; los segundos vinculan exclusivamente a las personas jurídicas y a sus representantes. Los primeros son voluntarios; los segundos son obligatorios cuando se establecen expresamente para un procedimiento concreto. Los primeros requieren aprobación judicial; los segundos requieren conformidad previa de todos los solicitantes del procedimiento. Los primeros son obligatorios; los segundos son voluntarios cuando se ofrecen por la sede electrónica de la Administración.

¿Qué debe indicarse respecto del destinatario de una solicitud de iniciación?. La autoridad que resolverá el recurso y el número de su puesto de trabajo. El funcionario de registro y su código de habilitación. El departamento del interesado y su anterior expediente. El órgano, centro o unidad administrativa y su código de identificación.

¿En qué registros electrónicos pueden presentarse documentos dirigidos a órganos administrativos?. En el del destinatario y en los de entidades privadas colaboradoras. En el del destinatario y en los restantes de los sujetos del artículo 2.1. En el del instructor y en los de los colegios profesionales. En el del resolutor y en los registros mercantiles provinciales.

Si un interesado desconoce el código de identificación del órgano destinatario, ¿qué deben hacer las oficinas de asistencia en materia de registros?. Devolverle el escrito para que lo complete antes de admitirlo. Exigir una consulta previa al órgano que deba resolver el procedimiento. Facilitarle el código de identificación del órgano destinatario. Remitirlo al colegio profesional para que determine el destinatario.

¿Qué pueden exigir los interesados al presentar solicitudes, comunicaciones o escritos por las vías previstas en este apartado?. Una resolución de admisión de todas las pretensiones. Un certificado sobre el sentido de la futura resolución. Un informe de competencia definitiva del destinatario. Un recibo que acredite la fecha y la hora de presentación.

En una petición razonada sancionadora, ¿cómo se exige la identificación de los presuntos responsables?. Debe identificarse cuando sea posible. Debe sustituirse por la identidad del denunciante. Debe probarse mediante sentencia penal firme previa. Debe posponerse hasta la propuesta de resolución.

¿Qué dato temporal debe recoger, en la medida de lo posible, la petición razonada sancionadora?. El mes estimado para ingresar la sanción antes de concluir la instrucción. La fecha, fechas o período continuado de producción de los hechos. El plazo judicial para confirmar la infracción administrativa. El día previsto para notificar la resolución definitiva.

¿Vincula la petición razonada al órgano competente para iniciar?. No; si no inicia, debe comunicar al órgano peticionario los motivos. Sí; debe iniciar y remitir las actuaciones al órgano judicial. Sí; debe iniciar salvo oposición del interesado en diez días. No; basta archivar la petición sin informar al órgano que la formuló.

En una petición razonada de responsabilidad patrimonial, ¿cómo se exige la evaluación económica de la lesión?. Debe fijarse mediante una tasación judicial firme anterior a la petición. Debe sustituirse por la cuantía de la sanción impuesta al empleado responsable. Debe incluirse si resulta posible evaluar económicamente la lesión. Debe omitirse hasta que haya concluido el trámite de audiencia del reclamante.

¿Qué deben expresar las denuncias conforme a la regla general de este precepto?. La identidad de quienes las presentan y el relato de los hechos. La identidad del instructor y la sanción definitiva propuesta. La identidad de todos los responsables y una pericial concluyente. La identidad de los testigos y el acuerdo de inicio notificado.

¿Cuál es la exigencia general del artículo 62.2 respecto de la identidad del denunciante?. Puede sustituirse por la identificación de cualquiera de los testigos. Puede omitirse si el órgano estima verosímiles los hechos relatados. La denuncia debe expresar la identidad de la persona o personas que la presentan. Debe comunicarse después de dictarse la resolución del procedimiento.

¿Qué efecto tiene, por sí sola, la presentación de una denuncia sobre la condición de interesado?. La confiere si el procedimiento tiene naturaleza sancionadora. La confiere cuando los hechos afectan al patrimonio público. No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. La confiere desde la admisión a trámite de la denuncia.

Si la denuncia invoca un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, ¿qué debe notificarse al denunciante?. Las sanciones firmes impuestas por hechos similares. La identidad de los interesados antes de iniciar. La propuesta íntegra antes de trasladarla al inculpado. La decisión sobre si se ha iniciado o no el procedimiento.

¿Cómo se inician los procedimientos de naturaleza sancionadora?. A solicitud del perjudicado, mediante escrito dirigido al instructor. Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Por denuncia, sin posterior acuerdo de iniciación. Por aceptación de responsabilidad previa al inicio.

¿Cómo deben encomendarse la fase instructora y la sancionadora?. Al mismo órgano, con intervención de dos funcionarios diferentes. Al denunciante y al instructor si son empleados públicos. A órganos distintos, con la debida separación entre ambas fases. Al mismo instructor, siempre que cuente con asesoramiento jurídico.

¿Qué carácter tienen los modelos específicos expresamente establecidos para un procedimiento concreto?. Son de uso obligatorio exclusivamente para las personas jurídicas. Son voluntarios para las solicitudes en papel. Son voluntarios si se aporta otro formato equivalente. Son obligatorios para los interesados.

¿Qué pueden ofrecer los sistemas normalizados de solicitud?. Una resolución provisional que dispense de verificar los datos incorporados. El formulario cumplimentado total o parcialmente para su verificación por el interesado. Una declaración que sustituya la firma y la identificación del solicitante. El formulario validado sin posibilidad de modificar los datos preincorporados.

¿Cómo deben tratarse los elementos que el solicitante acompaña para precisar o completar los datos del modelo?. Deben rechazarse si no figuran expresamente entre las casillas del modelo. Deben reservarse hasta que el interesado interponga un recurso administrativo. Deben devolverse si no cuentan con autorización previa del órgano instructor. Deben admitirse y tenerse en cuenta por el órgano al que se dirige la solicitud.

Si no se subsana una solicitud en el plazo concedido, ¿qué consecuencia prevé este apartado?. Tener al interesado por desistido, previa resolución. Desestimar el fondo sin notificar al interesado. Declarar la renuncia sin resolución expresa. Declarar la caducidad desde la solicitud.

Fuera de procedimientos selectivos o competitivos, ¿qué permite ampliar hasta cinco días el plazo de subsanación?. Que existan dificultades especiales para aportar los documentos requeridos. Que el órgano instructor no haya emitido todavía la propuesta de resolución. Que haya transcurrido el plazo concedido sin formular petición de ampliación. Que el interesado prefiera presentar conjuntamente los documentos y el recurso.

¿Se aplica la ampliación especial de hasta cinco días a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva?. Sí, siempre que se mantenga la fecha prevista para publicar los resultados. No, salvo concesión por dificultades documentales. Sí, cuando la soliciten conjuntamente todos los aspirantes admitidos. No, esos procedimientos quedan excluidos.

¿Cuál es el plazo inicial de subsanación del artículo 68.1, antes de la eventual ampliación del apartado 2?. Cinco días. Quince días. Treinta días. Diez días.

¿Qué puede recabar el órgano competente en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado?. La renuncia obligatoria a pretensiones difíciles de probar. La sustitución forzosa de la solicitud por una denuncia. La modificación o mejora voluntarias de aquella. La aceptación anticipada de cualquier resolución que se dicte después.

¿Cómo se documenta la modificación o mejora voluntaria recabada del solicitante?. Mediante resolución que sustituya la solicitud inicial. Mediante acta sucinta incorporada al procedimiento. Mediante anuncio obligatorio en el diario oficial. Mediante diligencia reservada que se conserve fuera del expediente.

¿Qué integra el concepto de expediente administrativo?. Documentos aportados para iniciar el expediente, excluidas las actuaciones posteriores. Documentos y actuaciones que fundamentan la resolución, así como diligencias para ejecutarla. Documentos publicados en diarios oficiales sobre la materia, aunque no pertenezcan al procedimiento. Documentos y notas auxiliares que preparan la resolución, excluidas las diligencias de ejecución.

¿Qué formato tendrán los expedientes administrativos?. Formato elegido por el instructor según el número de interesados. Formato papel si intervienen personas físicas no obligadas a usar medios electrónicos. Formato electrónico, mediante la agregación ordenada de los documentos y actuaciones. Formato mixto con resolución obligatoriamente en papel.

Cuando deba remitirse el expediente electrónico, ¿cómo debe enviarse?. Completo y numerado, sin índice si todos los documentos están firmados. Resumido y autentificado, sin documentos aportados por terceros. Completo, foliado y autentificado, con índice también autentificado. Completo y foliado, con índice pendiente de autenticación por el receptor.

¿Qué cuestión incidental constituye la excepción a la regla de no suspensión de la tramitación?. La recusación promovida durante la tramitación del procedimiento. La alegación de nulidad de las actuaciones practicadas. La petición de acceso a los documentos que integran el expediente. La identificación del personal responsable.

¿Suspenden la tramitación las cuestiones incidentales referidas a la nulidad de actuaciones?. No, salvo que las promueva quien inició el expediente. No, exceptuada la recusación. Sí, hasta que se resuelva la nulidad alegada. Sí, si se plantean antes de la propuesta de resolución.

¿En qué capítulo del título IV se regula la cuestión incidental del artículo 74?. En el de garantías de los interesados en el procedimiento. En el de iniciación a solicitud del interesado. En el de ejecución de las resoluciones. En el de ordenación del procedimiento.

¿Qué pueden aportar los interesados antes del trámite de audiencia?. Documentos y otros elementos de juicio. Solo los documentos emitidos por una Administración Pública. Solo documentos adjuntos a la solicitud inicial. Solo las periciales que haya autorizado el instructor.

¿Cuándo pueden alegarse defectos de tramitación, como una paralización o la infracción de plazos?. Dentro de los diez días posteriores al acuerdo de iniciación. Exclusivamente durante el período de práctica de las pruebas admitidas. Solo después de la notificación de la resolución que finaliza el procedimiento. En todo momento, respecto de los defectos de tramitación del procedimiento.

¿Cómo pueden acreditarse los hechos relevantes para decidir el procedimiento?. Por periciales propuestas exclusivamente por el instructor. Por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Por pruebas penales autorizadas judicialmente. Por documentos elaborados por la Administración actuante.

¿Cuándo debe el instructor abrir un período de prueba?. Cuando haya vencido el plazo máximo de resolución o se haya declarado caducado el procedimiento. Cuando no tenga por ciertos los hechos alegados o lo exija la naturaleza del procedimiento. Cuando se solicite después de resolver o lo ordene el órgano de recaudación. Cuando exista una denuncia anónima o se haya omitido la identificación del órgano destinatario.

¿Qué puede el instructor rechazar las pruebas propuestas por los interesados?. Cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Cuando no coincidan con las propuestas de oficio, mediante una comunicación sin motivación. Cuando impliquen intervención del interesado, mediante acuerdo previo del superior jerárquico. Cuando contradigan la denuncia inicial, mediante informe vinculante del órgano que debe resolver.

¿Cuál es la duración del período ordinario de prueba?. Entre quince y cincuenta días. Entre veinte y cuarenta días. Entre treinta y sesenta días hábiles. Entre diez y treinta días.

Si la prueba consiste en un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, ¿qué carácter tiene?. Tiene carácter preceptivo, sin que ello lo convierta necesariamente en vinculante. Tiene carácter facultativo y vincula al órgano competente para la resolución. Tiene carácter vinculante para resolver, sin que sea obligatorio pedirlo. Tiene carácter potestativo y depende de la aceptación del órgano que lo emite.

¿Cuándo se pone de manifiesto el procedimiento a los interesados para la audiencia?. Una vez iniciado e inmediatamente antes de comunicar el nombramiento del instructor. Una vez resuelto y antes de notificar el contenido íntegro de la decisión. Una vez instruido e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. Una vez recurrido y antes de remitir el expediente al órgano jurisdiccional.

¿Qué plazo se concede en el trámite de audiencia para alegar y presentar documentos y justificaciones?. Entre cinco y diez días. Entre veinte y treinta días. Entre diez y quince días. Entre quince y veinte días.

Si forman parte del procedimiento, ¿qué relación temporal tiene la audiencia con el informe jurídico y el dictamen consultivo?. La audiencia se pospone hasta aceptar el informe. La audiencia es posterior a ambos informes. La audiencia coincide con el plazo del dictamen. La audiencia precede a su solicitud.

Si el interesado manifiesta antes del vencimiento que no alegará ni aportará nuevos documentos o justificaciones, ¿qué sucede?. Se tiene por realizado el trámite de audiencia antes de que venza su plazo. Se declara el desistimiento de la solicitud iniciadora del procedimiento. Se abre otro plazo para ratificar la manifestación. Se suspende el plazo hasta recibir la propuesta.

¿Cuándo puede prescindirse del trámite de audiencia conforme a este apartado?. Cuando no exista representante, aunque haya documentos nuevos de terceros. Cuando no figuren ni se consideren otros hechos, alegaciones o pruebas que los del interesado. Cuando se inicie de oficio, aunque haya informes desfavorables desconocidos. Cuando la denuncia parezca suficiente, aunque existan pruebas nuevas de oficio.

En la responsabilidad patrimonial del artículo 32.9 de la Ley 40/2015, ¿a quién debe darse audiencia en todo caso?. Al funcionario del registro en que se presentó la reclamación inicial. Al órgano jurisdiccional encargado de revisar la resolución administrativa. Al denunciante que comunique el funcionamiento defectuoso del servicio. Al contratista, notificándole las actuaciones realizadas en el procedimiento.

En la tramitación simplificada, ¿cuándo se incluye el trámite de audiencia?. Cuando se proponga resolver tras las alegaciones iniciales. Cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. Cuando solicite la iniciación una persona jurídica. Cuando sea favorable y lo solicite el órgano consultivo.

¿Quién puede acordar un período de información pública cuando lo requiera la naturaleza del procedimiento?. El secretario, por delegación automática de todos los interesados comparecidos. El órgano registral que haya recibido la solicitud de iniciación del procedimiento. El instructor, aunque la resolución corresponda a otro órgano administrativo. El órgano competente para resolver el procedimiento.

¿Qué duración mínima tiene el plazo para formular alegaciones en información pública?. Veinte días. Diez días. Treinta días. Dieciocho días.

¿Qué efecto tiene no comparecer en el trámite de información pública?. No impide recurrir si se acredita fuerza mayor para no comparecer. Impide los recursos administrativos, pero no el contencioso-administrativo. No impide interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva. Impide discutir el fondo, pero permite recurrir los defectos formales.

¿Dónde debe publicarse el anuncio de apertura de información pública?. En el registro electrónico general como único medio de difusión. En el portal de transparencia, en sustitución de cualquier diario oficial. En el tablón de la unidad instructora, sin publicación adicional. En el diario oficial correspondiente.

¿Qué alcance pueden tener los acuerdos, pactos, convenios o contratos del artículo 86?. Deben finalizarlo y sustituir los recursos posteriores. Pueden finalizar el procedimiento o insertarse antes de su resolución. Deben incorporarse tras resolver y sustituir la notificación. Pueden finalizarlo si transfieren la competencia al interesado.

¿Qué materias quedan excluidas de la terminación convencional?. Las que requieran intervención de una persona privada. Las no susceptibles de transacción. Las que permitan reconocer derechos a varios interesados. Las que den lugar a indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

¿Cuándo requieren estos acuerdos aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano autonómico equivalente?. Cuando el acuerdo se inserte sin finalizar el procedimiento. Cuando intervenga una persona jurídica privada. Cuando versen sobre materias de su competencia directa. Cuando hayan solicitado el inicio varios interesados.

¿Qué debe justificar el acuerdo que ordena actuaciones complementarias antes de resolver?. Que las actuaciones evitan notificar a los interesados la futura resolución administrativa. Que sustituyen la identificación inicial del solicitante. Que eximen al instructor de valorar las pruebas practicadas. Que las actuaciones son indispensables para resolver el procedimiento.

¿Qué no se considera actuación complementaria a los efectos de este artículo?. Las diligencias indispensables acordadas por el órgano resolutor. Las comprobaciones técnicas indispensables acordadas por el resolutor. Las actuaciones necesarias para aclarar los hechos antes de resolver. Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final.

Tras finalizar las actuaciones complementarias, ¿qué plazo se concede para formular alegaciones?. Treinta días. Siete días. Quince días. Diez días.

¿Qué debe incluir específicamente la resolución sancionadora sobre la prueba practicada?. Su exclusión del texto, siempre que se incorpore una referencia al acuerdo de iniciación. Su enumeración, sin incorporar la valoración que haya servido para decidir la sanción. La valoración de las pruebas, especialmente las que fundamentan la decisión. Su reproducción íntegra, sin necesidad de determinar los hechos que se consideran probados.

Además de la decisión, ¿qué información sobre impugnación debe contener la resolución?. Los recursos aconsejados, el ponente judicial y el plazo para sentenciar. Los recursos anteriores, los recurrentes y el resultado de otros expedientes. Los recursos previsibles, el criterio del órgano consultivo y el coste estimado de la defensa. Los recursos procedentes, el órgano ante el que se presentan y el plazo para interponerlos.

En un procedimiento a solicitud del interesado, ¿qué límite tiene la resolución respecto de su situación inicial?. Puede agravarla si lo propone el instructor después de la audiencia. Debe agravarla si se descubren hechos que justificarían otro procedimiento. No puede agravar la situación inicial del interesado que presentó la solicitud. Puede agravarla cuando se motive la existencia de un interés público.

¿Produce la caducidad, por sí sola, la prescripción de las acciones?. Sí, solo las del particular que inició el expediente. No, ni las del particular ni las de la Administración. No, salvo que se haya ordenado expresamente el archivo. Sí, pero solo las de la Administración que dejó transcurrir el plazo.

¿Qué ocurre con el plazo de prescripción en los procedimientos caducados?. Los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción de las acciones. Lo interrumpen desde el acuerdo inicial hasta la notificación del archivo. Lo reinician íntegramente desde que se notifica la declaración de caducidad. Lo suspenden hasta que el órgano competente decida iniciar otro expediente.

Si cabe iniciar otro procedimiento por no haber prescrito la acción, ¿qué trámites deben cumplirse en todo caso en el nuevo?. Información pública, dictamen consultivo y ratificación del denunciante. Iniciación, publicación íntegra y aprobación judicial. Alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. Subsanación, mediación y aceptación de la propuesta final.

Si el interesado omite un trámite no indispensable para resolver, ¿qué efecto prevé este artículo?. La suspensión indefinida hasta que el interesado complete la actuación omitida. La caducidad inmediata de todo el procedimiento iniciado a su solicitud. La pérdida del derecho a cumplimentar el trámite que no resulta indispensable. La prescripción de la pretensión deducida en el escrito de iniciación.

Tras la advertencia por paralización imputable al interesado, ¿qué plazo sin reanudar la tramitación determina la caducidad?. Quince días. Tres meses. Cuatro meses. Un mes.

¿Qué puede justificar la tramitación simplificada?. La pluralidad de interesados o la presentación de documentos en papel. La caducidad de un expediente anterior o el vencimiento del plazo para recurrir. Razones de interés público o falta de complejidad del procedimiento. La conveniencia del instructor o la ausencia de representante.

¿Hasta cuándo puede acordarse continuar por la tramitación ordinaria un procedimiento simplificado?. En cualquier momento anterior a su resolución. Solo antes de notificar el acuerdo de simplificación. Solo en los cinco días de alegaciones iniciales. Después de resolver y antes de ejecutar materialmente.

¿Cuándo comienza a contarse el plazo de treinta días de la tramitación simplificada?. El día siguiente a la notificación del acuerdo al interesado. El día en que el instructor firma la propuesta de simplificación. El día siguiente a la recepción por el servicio jurídico. El día en que se publica la resolución que finaliza el expediente.

¿Qué sucede si se requiere un trámite no previsto para el procedimiento simplificado?. Debe practicarse sin modificar la vía simplificada. Debe suprimirse el trámite para mantener los treinta días. Debe cerrarse el expediente y comenzar otro desde el inicio. Debe tramitarse de manera ordinaria.

Fuera de la especialidad sancionadora del apartado 5, ¿qué efecto tiene la oposición expresa de un interesado a la simplificación acordada de oficio?. Obliga a la Administración a continuar el procedimiento por la tramitación ordinaria. Obliga a suspender el expediente hasta que se alcance unanimidad entre los interesados. Permite archivar si no se propone una vía alternativa. Permite mantenerla si la oposición parece infundada.

Si no se contesta en cinco días la solicitud de tramitación simplificada, ¿qué debe entender el interesado?. Que debe reiterar la petición ante el superior jerárquico del instructor. Que la solicitud de tramitación simplificada ha sido desestimada por silencio. Que se suspende el plazo máximo hasta recibir una respuesta expresa. Que el procedimiento pasa automáticamente a la tramitación simplificada.

En materia sancionadora, ¿qué calificación permite adoptar la tramitación simplificada si existen elementos de juicio suficientes?. La de infracción muy grave sin perjuicio económico para la Administración. La de infracción leve, apreciada por el órgano competente para iniciar. La de infracción grave con reconocimiento voluntario de responsabilidad. La de infracción grave si el interesado renuncia al trámite de audiencia.

En la simplificación sancionadora por infracción leve, ¿cabe la oposición expresa del interesado prevista en el apartado 2?. No cabe la oposición expresa del interesado prevista para la regla general. Cabe si se formula dentro de los cinco días de alegaciones iniciales. No cabe salvo que la sanción propuesta tenga exclusivamente carácter pecuniario. Cabe si el infractor actúa mediante representante.

¿En qué momento se formulan las alegaciones previstas en la letra c) del procedimiento simplificado?. Al inicio del procedimiento, durante el plazo de cinco días previsto para alegar. Tras vencer el plazo máximo para notificar la resolución del expediente. Una vez firmada la resolución por el órgano administrativo competente. Después de recibirse el dictamen preceptivo del órgano consultivo.

¿Qué plazo tienen las alegaciones iniciales de la tramitación simplificada?. Quince días. Treinta días. Tres días. Cinco días.

Salvo que reste menos para la tramitación ordinaria, ¿en qué plazo deben resolverse los procedimientos simplificados?. Cuarenta días. Quince días. Treinta días. Diez días.

¿Qué sucede con el plazo para resolver desde que se solicita el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente hasta que se emite?. Se suspende automáticamente hasta que se emite el dictamen solicitado. Se amplía por quince días desde la petición del dictamen consultivo. Se reinicia íntegramente desde la recepción de la solicitud por el órgano consultivo. Sigue transcurriendo hasta que el interesado solicite expresamente su suspensión.

¿En qué plazo puede emitirse el dictamen si así lo solicita el órgano competente?. En quince días. En cinco días. En treinta días. En diez días.

Si el dictamen es contrario al fondo de la propuesta de resolución, ¿cómo debe continuar el procedimiento?. Por la tramitación ordinaria, se atienda o no el criterio del dictamen. Por la tramitación ordinaria, únicamente cuando el dictamen sea vinculante para resolver. Por la simplificada, si el interesado acepta la propuesta inicial. Por la simplificada, si el órgano resolutor discrepa motivadamente del dictamen consultivo.

Al pasar a tramitación ordinaria por dictamen contrario al fondo de la propuesta, ¿qué actuación queda exceptuada de la convalidación prevista?. El acuerdo de iniciación que se notificó a todos los interesados. El informe del servicio de asesoramiento jurídico. El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Las alegaciones iniciales de los interesados.

¿Qué cuestiones debe decidir la resolución que pone fin al procedimiento?. Las planteadas en la audiencia y las demás autorizadas por el órgano consultivo competente. Las planteadas por los interesados y las demás derivadas del procedimiento. Las planteadas en la solicitud inicial y las demás aceptadas expresamente por el instructor. Las de la Administración y las reservadas para un recurso posterior.

Antes de resolver cuestiones conexas no planteadas por los interesados, ¿qué plazo máximo se les concede para alegar y aportar prueba?. Treinta días. Quince días. Cinco días. Diez días.

¿Qué circunstancia constituye una excepción a la ejecutividad inmediata del acto?. La presentación de la solicitud mediante representante. La existencia de varios interesados que discrepen sobre la motivación de la resolución. La intervención instructora de una entidad de Derecho público. Necesitar aprobación o autorización superior.

¿Qué efecto tiene la suspensión de la ejecución del acto sobre su ejecutividad inmediata?. Impide ejecutarlo solo si la suspensión es judicial. Permite ejecutarlo al incorporar la suspensión al expediente. Permite ejecutarlo si se avisa antes al interesado. Impide ejecutarlo mientras subsista la suspensión.

¿Qué posibilidad de recurso excluye la ejecutividad inmediata de una resolución sancionadora conforme a este apartado?. Que quepa recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Que quepa solicitar copia auténtica del expediente después de notificarse la resolución. Que quepa acudir al Defensor del Pueblo antes de recaudar la sanción. Que solo quepa recurso contencioso contra una resolución firme en vía administrativa.

Antes de una actuación material de ejecución que limite derechos, ¿qué debe existir?. Una resolución que le sirva de fundamento jurídico. Una denuncia que identifique al particular afectado. Una propuesta pendiente de aprobación por el resolutor. Una instrucción verbal del empleado ejecutor.

Cuando una resolución origine una obligación de pago a la Hacienda pública, ¿cómo debe efectuarse el pago según este apartado?. Preferentemente por cheque, salvo en procedimientos sancionadores. Exclusivamente por transferencia, aunque se pruebe su imposibilidad. Preferentemente por medios electrónicos, salvo imposibilidad justificada. Exclusivamente en efectivo, salvo que el interesado obtenga una autorización judicial.