T13 Seguridad Privada

¿Qué ley regula la seguridad privada en España?. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley 4/2015, de 30 de marzo.

El actual modelo español de seguridad privada se caracteriza por ser: Independiente, autónomo y no sometido a control público. Exclusivo, preventivo y subordinado a la seguridad militar. Complementario, subordinado, colaborador y controlado por la seguridad pública.

¿Cuál de los siguientes colectivos tiene la consideración de personal acreditado?. Profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas previstas legalmente, así como operadores de seguridad. Únicamente los vigilantes de seguridad y los escoltas privados. Solo los detectives privados habilitados por el Ministerio del Interior.

¿Quién puede realizar investigaciones privadas en relación con personas, hechos o delitos?. Cualquier empresa de seguridad privada autorizada. Únicamente los despachos de detectives y los detectives privados habilitados. Cualquier persona que disponga de autorización administrativa general.

La investigación privada en relación con personas, hechos o delitos se realizará: Siempre de oficio cuando exista sospecha de delito. A instancia de parte y exclusivamente por los despachos de detectives. A instancia del Ministerio Fiscal en todos los casos.

Los despachos de detectives y los detectives privados: Podrán investigar cualquier delito, aunque sea perseguible de oficio. No podrán celebrar contratos cuyo objeto sea la investigación de delitos perseguibles de oficio. Solo podrán investigar delitos perseguibles de oficio con autorización judicial previa.

Con carácter general, constituye una infracción en materia de seguridad privada: La prestación de servicios de seguridad privada sin la autorización correspondiente o sin declaración responsable cuando proceda. La colaboración de las empresas de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La comunicación de los contratos al Ministerio del Interior.

También constituye una infracción, con carácter general: El empleo de personal acreditado. El ejercicio de funciones por personas físicas carentes de la habilitación correspondiente. La contratación escrita de servicios de seguridad privada.

¿Qué conducta está prohibida con carácter general en materia de seguridad privada?. La utilización de medios o medidas de seguridad no homologados. La utilización de medios homologados. La prestación de servicios previamente contratados.

Uno de los principios rectores de la seguridad privada es: La ausencia de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La especial obligación de colaboración de las empresas de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por empresas privadas.

La colaboración de las empresas de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estará sometida: Al principio de oportunidad exclusivamente. Al principio de autonomía empresarial. Al principio de legalidad.

Las empresas de seguridad privada: Podrán intervenir libremente en reuniones y manifestaciones. No podrán intervenir ni interferir en reuniones y manifestaciones. Solo podrán interferir en manifestaciones autorizadas.

En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, se constituirán: Comisiones mixtas de seguridad privada. Únicamente comisiones judiciales de seguridad privada. Consejos privados de investigación criminal.

Las comisiones mixtas de seguridad privada podrán ser: Solo nacionales. Nacionales, autonómicas o provinciales. Exclusivamente provinciales y municipales.

Las comisiones mixtas de seguridad privada tienen carácter: Jurisdiccional y sancionador. Ejecutivo y policial. Consultivo y de colaboración.

Las comisiones mixtas de seguridad privada actúan como órganos de colaboración entre: Las administraciones públicas y los representantes del sector. Los órganos judiciales y las empresas de transporte. Las Fuerzas Armadas y los partidos políticos.

¿Podrá prestarse un servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado?. Sí, siempre que sea urgente. No, no podrá prestarse ningún servicio que no haya sido previamente contratado. Sí, cuando lo autorice verbalmente el cliente.

Además de haber sido previamente contratado, el servicio de seguridad privada deberá: Ser autorizado cuando corresponda. Ser aprobado por todos los trabajadores de la empresa. Contar siempre con autorización judicial.

Con carácter general, los contratos de prestación de servicios de seguridad privada: Podrán formalizarse verbalmente. Deberán formalizarse por escrito. Solo deberán constar en una comunicación telefónica.

La celebración de los contratos de servicios de seguridad privada deberá comunicarse: Al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente. Exclusivamente a la autoridad judicial. Únicamente a la Policía Local del municipio.

La comunicación de la celebración de los contratos de seguridad privada deberá realizarse: Después de iniciarse el servicio. Con antelación a la iniciación de los servicios. Solo cuando finalice el contrato.

¿Cuál es el plazo general de antelación para comunicar la celebración de los contratos de seguridad privada?. Tres días. Cinco días. Diez días.

En la comunicación de la celebración de los contratos de seguridad privada: Se incluirán siempre todos los datos de carácter personal sin excepción. Quedarán excluidos los datos de carácter personal. Solo se incluirán datos personales de los vigilantes de seguridad.

Las empresas de seguridad privada podrán revestir la forma de: Únicamente sociedad anónima. Únicamente cooperativa. Sociedad o empresario individual.

El empresario individual que ejerza actividades de seguridad privada tendrá la consideración de: Administración institucional. Sector público. Sector económico.

La prestación de servicios de seguridad privada requiere, con carácter general: Autorización administrativa. Autorización judicial. Autorización municipal exclusivamente.

En el caso de los despachos de detectives, la autorización administrativa se sustituirá por: Una declaración responsable. Una comunicación verbal. Una licencia judicial.

La validez de la autorización o de la declaración responsable será: Indefinida. De cinco años. De diez años.

Entre los requisitos exigidos a las empresas de seguridad privada se encuentra: No haber sido condenadas mediante sentencia firme por intromisión ilegítima en los cinco años anteriores a la solicitud. No haber recibido ninguna sanción administrativa durante los diez años anteriores. No haber tenido trabajadores dados de alta durante los cinco años anteriores.

El incumplimiento de los requisitos establecidos para las empresas de seguridad privada dará lugar a: La extinción de la autorización o al cierre de la empresa y, en ambos casos, la cancelación de oficio de la inscripción. Una simple advertencia administrativa. La suspensión automática durante un mes.

Una obligación general de las empresas de seguridad privada es presentar anualmente: Un informe exclusivamente sobre sus trabajadores. Un informe sobre sus actividades y un resumen de las cuentas anuales. Una relación de todos sus clientes particulares con sus datos personales.

El informe anual de actividades de las empresas de seguridad privada se presenta ante: El Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente. El Ministerio de Justicia exclusivamente. La autoridad judicial del lugar donde radique la empresa.

Se consideran representantes legales de las empresas de seguridad privada quienes: Sean únicamente accionistas de la empresa. Presten servicios como vigilantes de seguridad. Realicen tareas de dirección, administración, gestión o representación en nombre de aquellas.

Los representantes legales de las empresas de seguridad privada deberán ser: Exclusivamente ciudadanos españoles. Personas físicas residentes en algún Estado miembro de la Unión Europea. Personas jurídicas residentes en cualquier Estado del mundo.

Los representantes legales deberán carecer de antecedentes penales por: Delitos dolosos. Cualquier infracción administrativa. Únicamente delitos leves.

Los representantes legales no deberán haber sido sancionados, en los periodos establecidos, por infracciones: Exclusivamente tributarias. Únicamente laborales. En materia de seguridad privada.

Los representantes legales no deberán haber sido separados de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los: Diez años anteriores. Dos años anteriores. Cuatro años anteriores.

No podrá ser representante legal quien haya sido administrador o apoderado general, durante los diez años anteriores, de una empresa: Declarada en concurso calificado como culpable. Que hubiera cambiado de domicilio social. Que hubiera reducido su plantilla.

Los despachos de detectives privados podrán constituirse como: Cualquier sociedad mercantil sin requisitos especiales. Únicamente organismos autónomos. Personas físicas habilitadas como tales y personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados.

Los despachos de detectives privados: Solo podrán investigar delitos militares. Podrán investigar delitos perseguibles de oficio. No podrán investigar delitos perseguibles de oficio.

La validez de la declaración responsable para la apertura de despachos de detectives y sus sucursales será: Indefinida. De cuatro años. De seis meses.

Una obligación general de los despachos de detectives es: Formalizar únicamente contratos verbales. No conservar documentación de los servicios. Formalizar por escrito un contrato por cada servicio.

Los despachos de detectives deberán llevar un libro registro en el que se anote: Únicamente los servicios solicitados por organismos públicos. Cada servicio de investigación contratado o subcontratado. Solo los servicios que hayan terminado con éxito.

Los despachos de detectives deberán comunicar al Ministerio del Interior: Todo cambio que afecte a su forma jurídica. Únicamente el cambio de uniforme. Solo los cambios de domicilio de los investigados.

La memoria anual de actividades de los despachos de detectives: Deberá incluir todos los datos personales de contratantes e investigados. Solo podrá contener datos de los detectives. No podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados.

En caso de cierre del despacho, la documentación deberá depositarse: En el ayuntamiento correspondiente. En las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o del cuerpo de policía autonómico competente. En cualquier empresa privada de seguridad.

Los informes elaborados por los detectives deberán conservarse durante: Un año. Tres años. Cinco años.

Las imágenes y sonidos grabados durante las investigaciones se destruirán: A los seis meses en todos los casos. Inmediatamente después de elaborar el informe. Tres años después de la finalización de la investigación, salvo excepciones.

Las imágenes y sonidos no se destruirán cuando estén relacionados con: Una campaña publicitaria. Un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. Una actividad comercial ordinaria.

El personal de seguridad privada estará integrado, entre otros, por: Vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados. Únicamente vigilantes de seguridad. Solo funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La tarjeta de identidad profesional constituye: Una licencia de armas exclusivamente. Un documento privado sin valor acreditativo. El documento público de acreditación del personal de seguridad privada durante el ejercicio de sus funciones.

La habilitación del personal de seguridad privada corresponde, con carácter general, a: La Dirección General de Instituciones Penitenciarias. La Dirección General de la Policía. La Dirección General de Tráfico.

La habilitación de los guardas rurales y sus especialidades corresponde a: La Dirección General de la Guardia Civil. La Dirección General de la Policía. El Ministerio de Justicia.

Los vigilantes de seguridad: Pueden retener cualquier documentación indefinidamente. Pueden interrogar a las personas detenidas. En ningún caso pueden retener la documentación de las personas.

Los vigilantes de seguridad podrán detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a una persona, pero: Podrán imponerle una sanción penal. No podrán proceder a su interrogatorio. Deberán interrogarla antes de entregarla.

Los escoltas privados no podrán: Realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, salvo en el supuesto previsto legalmente. Proteger a las personas asignadas. Prestar servicios de protección personal.

Los guardas rurales ejercen funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en: Cualquier dependencia judicial. Exclusivamente centros penitenciarios. Fincas rústicas.

Los guardas rurales podrán proceder a la retirada u ocupación de: Solo vehículos particulares. Las piezas cobradas y los medios de caza y pesca, incluidas las armas. Únicamente documentos personales.

Entre las funciones de los jefes de seguridad se encuentra: El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y realización de servicios de seguridad privada. La dirección de procedimientos judiciales. La imposición de penas privativas de libertad.

Los jefes de seguridad tienen encomendada la función de: Expedir sentencias judiciales. Autorizar leyes estatales. Organizar, dirigir e inspeccionar el personal y los servicios de seguridad privada.

Los jefes de seguridad deben controlar: La actividad de los órganos judiciales. La formación permanente del personal de seguridad. La política exterior del Estado.

Los jefes de seguridad deberán coordinarse en situaciones de: Emergencia, catástrofe o calamidad. Únicamente vacaciones del personal. Solo cambios de domicilio.

Entre las funciones de los directores de seguridad se encuentra: La investigación de delitos perseguibles de oficio como detectives. La dirección de las Fuerzas Armadas. La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.

Los directores de seguridad planifican, organizan y controlan actuaciones para: La gestión de órganos jurisdiccionales. La implantación de medidas de seguridad en los planes aplicables. La elaboración de presupuestos generales del Estado.

Los directores de seguridad controlan: El funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada. La actividad legislativa de las Cortes. La política penitenciaria internacional.

Los directores de seguridad actúan como interlocución y enlace con: Exclusivamente con empresas extranjeras. Solo con órganos judiciales internacionales. La Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los usuarios de seguridad privada situarán al frente un director de seguridad cuando: Se trate siempre de un servicio de duración inferior a un mes. Así lo exija la normativa, se acuerde por decisión gubernativa o lo apruebe una disposición especial. Lo solicite cualquier trabajador.

El director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de: Jefe de seguridad. Detective privado sin habilitación. Agente de la autoridad judicial.

El personal de seguridad privada deberá prestar sus servicios: Siempre de paisano. Sin ningún elemento identificativo. Obligatoriamente uniformado, cuando así corresponda.

Entre los servicios de empresas de seguridad privada que pueden prestarse con armas de fuego se encuentra: La investigación de delitos de oficio. El transporte de dinero y objetos valiosos. La vigilancia de cualquier reunión privada sin excepción.

También podrán prestarse con armas de fuego servicios en: Fábricas y depósitos de cartuchería, armas y explosivos. Centros comerciales sin autorización. Oficinas administrativas ordinarias.

Podrán prestarse servicios armados en buques mercantes que naveguen bajo bandera española: En cualquier agua sin requisito alguno. Solo en aguas interiores. En aguas en las que exista grave riesgo.

Entre los centros en los que pueden prestarse determinados servicios armados se encuentran: Solo instalaciones deportivas. Centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros, militares e infraestructuras críticas. Únicamente oficinas bancarias.

El ejercicio de tiro del personal obligado será: Obligatorio cada semestre, sin que puedan transcurrir más de ocho meses entre ejercicios. Obligatorio cada dos años. Voluntario y sin periodicidad.

El servicio de vigilancia mediante sistemas de cámaras fijas o móviles será prestado necesariamente por: Detectives privados sin habilitación. Cualquier trabajador de la empresa. Vigilantes de seguridad o, en su caso, guardas rurales.

La instalación de sistemas de cámaras de vigilancia: Solo podrá realizarse por detectives privados. No requerirá autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. Requerirá siempre autorización judicial.

La instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas será ejecutada por: Técnicos acreditados, previa elaboración del proyecto por ingenieros acreditados. Cualquier trabajador sin acreditación. Exclusivamente agentes de policía.

Los servicios de investigación privada consisten en averiguaciones para obtener y aportar, por cuenta de terceros legitimados: Pruebas sobre cualquier delito perseguible de oficio. Únicamente información de carácter público. Información y pruebas sobre conductas o hechos privados que no sean delitos perseguibles de oficio.

Entre los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad se encuentran: Únicamente edificios públicos. Bancos, cajas de ahorro y demás entidades de crédito. Todas las viviendas particulares sin excepción.

También están obligadas a adoptar medidas de seguridad: Joyerías, platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades. Todas las oficinas administrativas. Solo los centros educativos.

Entre los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad figuran: Exclusivamente los parques públicos. Solo los gimnasios. Estaciones de servicio.

También deben adoptar medidas de seguridad: Solo las bibliotecas públicas. Oficinas de farmacia, administraciones de lotería, despachos de apuestas y establecimientos de juego. Únicamente los restaurantes.

El personal de seguridad privada está integrado por: Vigilantes de seguridad (y su especialidad de vigilantes de explosivos), escoltas privados, guardas rurales (y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados. Vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad y detectives privados. Vigilantes de seguridad (y su especialidad de vigilantes de explosivos), guardas rurales (y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados.

Según la vigente Ley de Seguridad Privada, ¿quién tiene la consideración de personal acreditado?. Las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada. Las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada. Los profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad.

¿En qué consiste el Plan “Red Azul” de la Policía Nacional?. Es un proyecto de colaboración entre Policía Nacional y Guardia Civil en materia de seguridad privada. Es un plan integral de colaboración entre Policía Nacional y seguridad privada. Es un plan integral de colaboración entre Policía Nacional y las policías locales.

Según la Ley de Seguridad Privada, las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones realizadas por los despachos de detectives privados se destruirán: Cinco años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. Tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. Dos años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador.

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, tiene como fines: Reducir el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso interno de la seguridad pública. Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones. Restar al monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso interno de la seguridad pública.

Según establece el artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en su caso, transmisión de alarmas: Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. No requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización, a excepción de las entidades bancarias.

¿Quién puede ejercer funciones de Seguridad Privada?. Porteros de discotecas. Policías Municipales. Guardapescas Marítimos.

Para habilitarse como vigilante de explosivos, ¿será preceptivo haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de seguridad?. No, ya que es una figura independiente de la del vigilante de seguridad. Sí, por ser una especialidad del vigilante de seguridad. Sí, al igual que es necesario para el escolta privado, por ser ambas especialidades del vigilante de seguridad.

Según el art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada: Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Dirección General de la Policía o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Acorde a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, “la planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos…” son actividades: Compatibles y reservadas para los Jefes y Directores de Seguridad. Compatibles, pudiendo desarrollarse por empresas de seguridad privada. Que exceden del ámbito de competencia de las empresas de seguridad privada.

Los requisitos generales para la obtención de la habilitación profesional para el personal de seguridad privada, señale la respuesta correcta: No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los dos años anteriores. Ninguna es correcta.

Según lo recogido en la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, a tal efecto, se entiende por prestadores de servicios de seguridad privada: El personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada. El personal acreditado que desarrollen las tareas que les asigna esta ley. Profesores acreditados de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asigna esta ley.

Según la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, ¿cuál es un servicio a ejercer con arma de fuego?. Protección de buques pesqueros de bandera española. Vigilancia perimetral de centros penitenciarios, militares y policiales. Protección de eventos deportivos o multitudinarios.

Según lo recogido en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, en relación a la habilitación profesional, es correcto afirmar que: La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía, excepto la de los vigilantes de explosivos que corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil.

Los despachos de detectives privados y sus sucursales deberán cumplir las siguientes obligaciones generales: Llevar un libro-registro, con formato propio, en el que se anotará cada servicio de investigación contratado o subcontratado. Facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieran conocimiento en relación con su trabajo o con las investigaciones que éstos estén llevando a cabo. Comunicar a la Dirección General de la Policía o, en su caso, al órgano autonómico competente todo cambio que afecte a su forma jurídica, denominación, composición, domicilio y sucursales en la forma que reglamentariamente se determine.

La función de ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión corresponde a: Detectives privados. Vigilantes de seguridad. Escoltas privados.

Indique la función que es específica de los jefes de seguridad, en el ámbito de la empresa de seguridad en cuya plantilla están integrados: La supervisión de la observancia de la normativa de la seguridad privada aplicable. La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes. La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y el patrimonio.

No es un establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad: Las farmacias. Las gasolineras. Los estancos.

Dentro de una empresa de seguridad, en cuya plantilla están integrados, ¿quién realiza las funciones de organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada?. Directores de seguridad. Jefes de seguridad. Vigilantes de seguridad.

Los informes de investigación elaborados por un detective privado deberán conservarse: Por un periodo máximo de cinco años. Durante al menos tres años. Hasta su entrega al cliente que los hubiera solicitado.

¿Qué competencias, respecto al control y servicios privados de seguridad, de las expuestas pueden ser desarrolladas en la comunidad autónoma de Cataluña por su policía autonómica?. Ninguna, ya que el control y servicios privados de seguridad es competencia exclusiva de la Policía Nacional. La habilitación de la uniformidad, distintivos y medios de defensa del personal de seguridad. La inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada que tengan su sede en la comunidad autónoma de Cataluña.

Las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa para la prestación de servicios de seguridad privada, que tendrá una validez de: Cinco años. Diez años. Indefinida.

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, regula las obligaciones generales de los despachos de detectives privados, entre las que se encuentra: Facilitar de forma inmediata a la autoridad gubernativa o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informaciones sobre hechos administrativos de que tuvieran conocimiento en relación con su trabajo. No informar a sus clientes sobre las incidencias relativas a los asuntos que les hubieren encargado. Formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado, comunicando su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente en la forma que reglamentariamente se determine.