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Conforme al art. 106.1 de la Ley 39/2015, las AAPP, en cualquier momento: Podrán declarar la lesividad de los actos anulables dictados en cualquier materia. Podrán declarar de oficio la nulidad de los actos y disposiciones dictados en cualquier materia. No podrán anular de oficio ningún acto administrativo ni disposición general. Solo podrán declarar la nulidad por resolución judicial firme del órgano competente.

Según el art. 106.1 de la Ley 39/2015, las AAPP: No podrán anular sus actos declarativos de derechos en ningún supuesto. Solo pueden anular actos de gravamen o desfavorables para el interesado. Podrán declarar de oficio la nulidad de los actos y disposiciones dictados en cualquier materia. Únicamente pueden revisar actos desfavorables previa autorización judicial.

Conforme al art. 106.1 de la Ley 39/2015, la declaración de nulidad de oficio: Exige siempre autorización judicial previa del órgano competente. Podrá efectuarse de oficio en cualquier momento por la Administración. Solo procede en el plazo de un mes desde la notificación del acto. Solo procede a solicitud del interesado y previa audiencia del mismo.

Según el art. 106.2 de la Ley 39/2015, el procedimiento para la declaración de nulidad, cuando se trate de disposiciones, se iniciará: Por el órgano que dictó la disposición o su superior jerárquico. Siempre por el Consejo de Ministros o por el órgano equivalente autonómico. Solo por denuncia de los interesados y previa audiencia de los mismos. Por el Tribunal Constitucional mediante cuestión de inconstitucionalidad.

Conforme al art. 106.5 de la Ley 39/2015, cuando el procedimiento de revisión se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá: La prescripción del procedimiento y la extinción de la acción. La caducidad del mismo. La estimación por silencio administrativo del interesado. La nulidad de oficio del acto o disposición revisada.

Según el art. 106.5 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de revisión iniciados de oficio, el transcurso del plazo de seis meses sin dictar resolución produce: La estimación por silencio administrativo del interesado. La desestimación por silencio administrativo del interesado. La caducidad del procedimiento. La nulidad del procedimiento y de los actos dictados en él.

Conforme al art. 106.5 de la Ley 39/2015, si el procedimiento de revisión se hubiera iniciado a solicitud de interesado: Se entenderá estimado por silencio administrativo positivo. Se entenderá desestimado por silencio administrativo. Se producirá la caducidad del procedimiento iniciado. Se archivará sin más trámite por la Administración competente.

Según el art. 106.5 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de revisión iniciados a solicitud del interesado, el silencio es: Estimatorio. Desestimatorio. Caducidad. Nulidad.

Conforme al art. 107.1 de la Ley 39/2015, las AAPP podrán declarar lesivos: Únicamente los actos nulos de pleno derecho dictados por el órgano competente. Los actos anulables que perjudiquen los intereses públicos o de terceros. Los actos firmes en vía administrativa y consentidos por el interesado. Solo los actos desfavorables o de gravamen para el interesado.

Según el art. 107.1 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad: Solo procede para actos nulos de pleno derecho dictados por el órgano competente. Procede para actos anulables que perjudiquen los intereses públicos o de terceros. Procede para todos los actos administrativos sin excepción alguna. Exige siempre autorización judicial previa del órgano jurisdiccional.

Conforme al art. 107.1 de la Ley 39/2015, los actos anulables: No pueden ser declarados lesivos por la Administración en ningún caso. Que perjudiquen los intereses públicos o de terceros podrán ser declarados lesivos. Solo pueden ser anulados por la jurisdicción contencioso-administrativa. No admiten revisión de oficio ni declaración de lesividad.

Según el art. 107.2 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: Cuatro años desde que se notificó el acto administrativo. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Seis meses desde que se dictó el acto administrativo. Un año desde que se notificó el acto administrativo.

Conforme al art. 107.2 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad: No requiere audiencia de los interesados en ningún caso. Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados, en los términos del artículo 82. Solo requiere audiencia del órgano requirente del procedimiento. Exige audiencia del superior jerárquico del órgano competente.

Según el art. 107.2 de la Ley 39/2015, la audiencia previa en el procedimiento de declaración de lesividad se efectúa conforme al artículo: 53. 35. 82. 80.

Conforme al art. 107.3 de la Ley 39/2015, transcurrido el plazo desde la iniciación del procedimiento de declaración de lesividad sin haberse declarado: Se producirá la caducidad del mismo. Se entenderá estimada la lesividad por silencio positivo. Se archivará sin más trámite la solicitud presentada. Se requerirá resolución judicial para continuar el procedimiento.

Según el art. 107.3 de la Ley 39/2015, cuando el procedimiento de declaración de lesividad no se resuelva en el plazo: Se entenderá estimada la lesividad por silencio positivo. Se producirá la caducidad del procedimiento. Se continuará la tramitación ordinaria del procedimiento. Se requerirá autorización judicial para su continuación.

Según el art. 107 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad procede contra: Actos nulos de pleno derecho dictados por el órgano competente. Actos anulables que perjudiquen los intereses públicos o de terceros. Actos firmes consentidos por el interesado en vía administrativa. Actos estimatorios de derechos a favor del interesado.

Conforme al art. 108 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento de revisión de oficio: El órgano competente no podrá suspender la ejecución del acto en ningún caso. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Exige siempre autorización judicial para acordar la suspensión del acto. Solo suspende cuando lo acuerde el interesado mediante solicitud expresa.

Según el art. 108 de la Ley 39/2015, la suspensión de la ejecución del acto en el procedimiento de revisión de oficio: No procede en ningún caso por tratarse de actos firmes. Procede cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Exige resolución judicial previa del órgano jurisdiccional. Solo procede cuando lo autorice el superior jerárquico.

Conforme al art. 108 de la Ley 39/2015, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto: En todo caso, de forma automática y sin necesidad de motivación. Cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Solo cuando lo solicite el interesado mediante escrito motivado. Solo cuando lo autorice el Tribunal Constitucional.

Según el art. 108 de la Ley 39/2015, la suspensión en el procedimiento de revisión de oficio se acuerda: Solo en procedimientos sancionadores y previa audiencia. Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Por ministerio de la ley, sin necesidad de acuerdo expreso. Sin necesidad de motivación ni de audiencia del interesado.

Conforme al art. 108 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento de revisión: La suspensión es automática por ministerio de la ley. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. No procede la suspensión en ningún caso por tratarse de actos firmes. La suspensión exige autorización del Tribunal Supremo.

Conforme al art. 109 de la Ley 39/2015, las AAPP podrán revisar: Únicamente los actos nulos de pleno derecho dictados por el órgano competente. Únicamente los actos anulables que perjudiquen los intereses públicos. Los actos desfavorables o de gravamen para los interesados, cuando éstos no hubieran sido consentidos por el interesado. Solo los actos estimatorios de derechos a favor del interesado.

Según el art. 109 de la Ley 39/2015, la revisión de actos desfavorables o de gravamen: No procede en ningún caso por tratarse de actos firmes. Procede cuando no hubieran sido consentidos por el interesado. Exige autorización judicial previa del órgano jurisdiccional. Solo procede en el plazo de un mes desde su notificación.

Conforme al art. 109 de la Ley 39/2015, las AAPP podrán revisar de oficio: Solo actos nulos de pleno derecho dictados por el órgano competente. Actos desfavorables o de gravamen no consentidos por el interesado. Actos estimatorios de derechos en todo caso y sin excepción. Actos firmes consentidos por el interesado en vía administrativa.

Conforme al art. 110 de la Ley 39/2015, las facultades de revisión: Pueden ejercerse siempre, sin límite temporal ni sustantivo alguno. No podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe y al derecho de los particulares. Solo pueden ejercerse en el plazo de un mes desde la notificación. Solo pueden ejercerse con autorización judicial previa del órgano competente.

Según el art. 110 de la Ley 39/2015, las facultades de revisión no podrán ejercerse cuando su ejercicio resulte contrario a: La equidad, a la buena fe y al derecho de los particulares. Únicamente al orden público y a la seguridad jurídica. A la Constitución exclusivamente y a las leyes orgánicas. Únicamente a la buena fe y a la confianza legítima.

Conforme al art. 110 de la Ley 39/2015, las facultades de revisión no podrán ejercerse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a: La equidad, a la buena fe y al derecho de los particulares. La equidad y al derecho de los particulares únicamente. La buena fe y al derecho de los particulares únicamente. Únicamente a la equidad y a la buena fe.

Según el art. 110 de la Ley 39/2015, las facultades de revisión: No tienen límites temporales ni sustantivos de ningún tipo. Tienen límites temporales y sustantivos. Solo pueden ejercerse una vez por cada acto administrativo. Solo pueden ejercerse con autorización del superior jerárquico.

Conforme al art. 110 de la Ley 39/2015, las facultades de revisión no podrán ejercerse cuando: Lo solicite el interesado mediante escrito motivado. Por prescripción de acciones o por el tiempo transcurrido, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe y al derecho de los particulares. El acto sea de mero trámite o de carácter instrumental. El acto sea estimatorio de derechos a favor del interesado.

Conforme al art. 111 de la Ley 39/2015, el órgano competente para la revisión de oficio de actos nulos es: El superior jerárquico del órgano que dictó el acto. El órgano que dictó el acto o su superior jerárquico. El Tribunal Constitucional mediante cuestión de inconstitucionalidad. El Gobierno de la Nación en todo caso y sin excepción.

Conforme al art. 112 de la Ley 39/2015, contra las resoluciones y actos de la Administración: Solo procede recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción. Podrán interponerse los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. No procede ningún recurso administrativo en ningún caso. Únicamente procede recurso de reposición en todo caso.

Según el art. 112 de la Ley 39/2015, los recursos administrativos son: Alzada, reposición (preceptivo) y revisión. Alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. Alzada, queja y revisión. Reposición, súplica y revisión.

Conforme al art. 113 de la Ley 39/2015, contra las resoluciones y actos dictados en ejercicio de potestades administrativas: No procede recurso en vía administrativa en ningún caso. Cabrán los recursos administrativos previstos en la Ley. Únicamente procede recurso contencioso-administrativo. Exige siempre autorización judicial previa del órgano competente.

Según el art. 113 de la Ley 39/2015, las resoluciones recurribles en vía administrativa: Son únicamente las que ponen fin a la vía administrativa. Son todas, salvo las expresamente exceptuadas. Solo son recurribles las de mero trámite. Únicamente las firmes en vía administrativa.

Conforme al art. 114.1 de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los Directores Generales del Gobierno de La Rioja. Las resoluciones de los órganos instructores del procedimiento. Las resoluciones de los órganos administrativos en general.

Según el art. 114.1.a de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los recursos de reposición preceptivos. Las resoluciones de los órganos superiores jerárquicos. Las resoluciones de los órganos consultivos en todo caso.

Conforme al art. 114.1.c de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las resoluciones de los órganos instructores del procedimiento. Las resoluciones de los Directores Generales del Gobierno.

Según el art. 114.1.d de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de reposición. Las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión. Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos iniciados por denuncia, así como las de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. Las resoluciones de los órganos consultivos en todo caso.

Conforme al art. 114.1.e de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa: Las demás resoluciones de órganos consultivos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Las resoluciones de todos los órganos consultivos en todo caso. Las resoluciones de los órganos superiores jerárquicos. Las resoluciones de los órganos instructores del procedimiento.

Según el art. 114.1 de la Ley 39/2015, NO ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos finalizadores. Las resoluciones de los Directores Generales del Gobierno de La Rioja.

Conforme al art. 114 de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los recursos: De alzada y de reposición. De alzada y extraordinario de revisión. De reposición y queja. De queja y alzada.

Según el art. 114 de la Ley 39/2015, las resoluciones de los recursos de alzada: No ponen fin a la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa. Son recurribles en alzada. Son siempre recurribles en reposición.

Conforme al art. 114 de la Ley 39/2015, los acuerdos, pactos, convenios o contratos finalizadores: No ponen fin a la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa. Son recurribles en alzada. Siempre son recurribles en reposición.

Conforme al art. 115 de la Ley 39/2015, son recurribles en vía administrativa: Únicamente las resoluciones firmes en vía administrativa. Las resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa, así como los que la pongan fin, estos últimos mediante recurso potestativo de reposición o extraordinario de revisión. Únicamente los actos de trámite del procedimiento. Solo las resoluciones del órgano superior jerárquico.

Según el art. 115 de la Ley 39/2015, los actos que pongan fin a la vía administrativa: Solo admiten recurso contencioso-administrativo. Admiten recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. Admiten recurso de alzada. No admiten recurso en vía administrativa.

Conforme al art. 116 de la Ley 39/2015, los actos administrativos: Solo pueden recurrirse mediante recurso preceptivo. Que no pongan fin a la vía administrativa serán recurribles de alzada. Que pongan fin a la vía administrativa solo admiten recurso de alzada. No admiten recurso en vía administrativa.

Conforme al art. 117 de la Ley 39/2015, el recurso de alzada: Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Se interpone ante el órgano superior jerárquico al que dictó el acto recurrido. Se interpone ante el Tribunal Supremo. Se interpone ante el Tribunal Constitucional.

Según el art. 117 de la Ley 39/2015, el recurso de alzada se interpone: Ante el mismo órgano que dictó el acto. Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Ante el Defensor del Pueblo. Ante el Tribunal Supremo.

Conforme al art. 117 de la Ley 39/2015, contra los actos que no pongan fin a la vía administrativa: Procede recurso de reposición. Procede recurso de alzada. Procede recurso extraordinario de revisión. No procede recurso.

Conforme al art. 121 de la Ley 39/2015, la resolución del recurso de alzada: Será siempre estimatoria. Será siempre desestimatoria. Corresponde al órgano superior jerárquico al que dictó el acto recurrido. Corresponde al mismo órgano que dictó el acto.

Según el art. 121 de la Ley 39/2015, el órgano competente para resolver el recurso de alzada es: El mismo órgano que dictó el acto. El órgano superior jerárquico al que dictó el acto recurrido. El Tribunal Supremo. El Defensor del Pueblo.

Conforme al art. 122.1 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso de alzada será: De un mes, si el acto fuera expreso. De tres meses, si el acto fuera expreso. De dos meses, si el acto fuera expreso. De seis meses, si el acto fuera expreso.

Según el art. 122.1 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes: Si el acto fuera presunto. Si el acto fuera expreso. En todo caso. En procedimientos iniciados de oficio.

Conforme al art. 122.1 de la Ley 39/2015, si el acto fuera presunto, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de: Un mes. Tres meses. Dos meses. Seis meses.

Según el art. 122.1 de la Ley 39/2015, transcurrido el plazo para interponer el recurso de alzada sin haberlo hecho: La resolución se entenderá desestimada. La resolución será firme a todos los efectos. La resolución se entenderá anulada. Se abrirá nuevo plazo.

Conforme al art. 122 de la Ley 39/2015, el recurso de alzada: Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Se interpone ante el superior jerárquico, en el plazo de un mes si el acto fuera expreso y de tres meses si fuera presunto. Exige siempre autorización judicial. Solo procede en procedimientos sancionadores.

Según el art. 122 de la Ley 39/2015, el recurso de alzada se interpone en el plazo de: Un mes si el acto fuera expreso, y de tres meses si fuera presunto. Tres meses si el acto fuera expreso, y de un mes si fuera presunto. Dos meses en todo caso. Seis meses en todo caso.

Conforme al art. 123.1 de la Ley 39/2015, los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa: Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el superior jerárquico. Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Solo podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Solo podrán ser recurridos en alzada.

Según el art. 123.1 de la Ley 39/2015, el recurso potestativo de reposición: Se interpone ante el superior jerárquico. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido. Se interpone ante el Tribunal Supremo. Se interpone ante el Defensor del Pueblo.

Conforme al art. 123.1 de la Ley 39/2015, contra los actos que pongan fin a la vía administrativa: Procede únicamente el recurso contencioso-administrativo. Procede el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano o la impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Procede únicamente el recurso de alzada. No procede recurso alguno.

Conforme al art. 123.2 de la Ley 39/2015, el recurso potestativo de reposición: Es preceptivo en todo caso. Interpuesto, excluye toda otra vía administrativa. Es incompatible con el recurso contencioso-administrativo en todo caso. No suspende la ejecución del acto.

Según el art. 123.2 de la Ley 39/2015, cuando el interesado interponga recurso potestativo de reposición: Podrá interponer también recurso de alzada. No podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva aquél. Podrá interponer recurso extraordinario de revisión simultáneamente. Extingue la acción contencioso-administrativa.

Conforme al art. 124.1 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será: De un mes, si el acto fuera expreso. De tres meses, si el acto fuera expreso. De dos meses, si el acto fuera expreso. De seis meses, si el acto fuera expreso.

Según el art. 124.1 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso de reposición es de: Un mes si el acto fuera expreso, y de tres meses si no fuera expreso. Tres meses si el acto fuera expreso, y de un mes si no fuera expreso. Dos meses en todo caso. Seis meses en todo caso.

Conforme al art. 124.2 de la Ley 39/2015, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de: Un mes. Tres meses. Dos meses. Seis meses.

Según el art. 124.2 de la Ley 39/2015, transcurrido el plazo para resolver el recurso de reposición sin haberse notificado la resolución: Se entenderá estimado. Se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. Se entenderá caducado el recurso. Se entenderá firme el acto recurrido.

Conforme al art. 124.2 de la Ley 39/2015, el silencio en el recurso de reposición es: Estimatorio. Desestimatorio. No produce efectos. Caducidad.

Según el art. 124 de la Ley 39/2015, el recurso de reposición: Tiene plazo de interposición de un mes si el acto es expreso y plazo de resolución de un mes. Tiene plazo de interposición de tres meses y plazo de resolución de tres meses. Tiene plazo de interposición de dos meses y plazo de resolución de un mes. No tiene plazo de resolución específico.

Conforme al art. 125.1 de la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión procederá: Contra cualquier acto administrativo. Contra actos firmes en vía administrativa, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo. Únicamente contra actos nulos. Únicamente contra actos anulables.

Según el art. 125.1 de la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión se interpone contra: Actos que no pongan fin a la vía administrativa. Actos firmes en vía administrativa. Actos de mero trámite. Actos recurribles en alzada.

Conforme al art. 125.1.a de la Ley 39/2015, procede el recurso extraordinario de revisión cuando: El acto se hubiera dictado sin audiencia del interesado. Al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. El acto adolezca de vicios de forma. El acto sea estimatorio.

Según el art. 125.1 de la Ley 39/2015, NO procede el recurso extraordinario de revisión: Cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho resultante de los documentos incorporados al expediente. Cuando aparezcan documentos de valor esencial que evidencien el error de la resolución recurrida. Cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de una divergencia de criterios entre órganos administrativos. Cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Conforme al art. 125.2 de la Ley 39/2015, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando aparezcan documentos de valor esencial posteriores que evidencien el error de la resolución recurrida será de: Cuatro meses. Tres meses a contar desde el descubrimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Seis meses. Un mes.

Según el art. 125.2 de la Ley 39/2015, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión en el caso de error de hecho resultante de los propios documentos incorporados al expediente será de: Cuatro años a contar desde la notificación del acto. Cuatro años. Tres meses. Un mes.

Conforme al art. 125.2 de la Ley 39/2015, el plazo de cuatro años para interponer el recurso extraordinario de revisión se cuenta desde: La notificación del acto recurrido. El día en que se dictó el acto recurrido. La firmeza de la resolución. El descubrimiento de documentos.

Según el art. 125.2 de la Ley 39/2015, en el caso de documentos posteriores que evidencien el error de la resolución recurrida, el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión será: Cuatro años desde el descubrimiento. Tres meses desde el descubrimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme. Un mes desde el descubrimiento. Seis meses desde el descubrimiento.

Conforme al art. 125.3 de la Ley 39/2015, el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión es: El superior jerárquico del que dictó el acto. El órgano que dictó el acto recurrido. El Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional.

Según el art. 125 de la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión: Es preceptivo en todo caso. Se interpone contra actos firmes en vía administrativa. Tiene plazo de interposición de un mes en todo caso. Se resuelve por el superior jerárquico.

Conforme al art. 125 de la Ley 39/2015, los plazos del recurso extraordinario de revisión son: Cuatro años y tres meses, según el caso. Un mes y tres meses, según el caso. Seis meses y un año, según el caso. Un año y tres meses, según el caso.

Conforme al art. 129.1 de la Ley 39/2015, las AAPP actuarán en el ejercicio de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de acuerdo con los principios de: Eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y necesidad. Eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y publicidad. Eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y economía. Eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia e igualdad.

Según el art. 129.1 de la Ley 39/2015, los principios de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria incluyen: Eficacia, eficiencia y proporcionalidad, únicamente. Eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y necesidad. Eficacia y eficiencia únicamente. Seguridad jurídica y transparencia únicamente.

Conforme al art. 129.1 de la Ley 39/2015, los principios no incluyen: Publicidad. Necesidad. Seguridad jurídica. Transparencia.

Según el art. 129.1 de la Ley 39/2015, las AAPP, en el ejercicio de la potestad reglamentaria: No están sometidas a principios específicos. Actúan de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y necesidad. Solo aplican el principio de eficacia. Solo aplican el principio de legalidad.

Conforme al art. 129.1 de la Ley 39/2015, el principio de necesidad implica: Que toda iniciativa deba ser aprobada por el Gobierno. Que toda iniciativa normativa deba justificar su necesidad. Que las normas sean necesarias para la Administración. Que los particulares necesiten la norma.

Según el art. 129.1 de la Ley 39/2015, entre los principios de buena regulación se encuentra: El principio de publicidad. El principio de jerarquía normativa. El principio de proporcionalidad. El principio de legalidad.

Conforme al art. 130 de la Ley 39/2015, las propuestas normativas: No requieren memoria. Deberán acompañarse de una memoria que justifique su necesidad y oportunidad. Solo requieren la memoria en normas de rango orgánico. Exigen siempre informe del Consejo de Estado.

Conforme al art. 131 de la Ley 39/2015, los anteproyectos de ley: No requieren informe. Deberán acompañarse de memoria, informe sobre el impacto de la normativa y otros estudios complementarios. Solo requieren memoria. Exigen siempre aprobación del Gobierno.

Conforme al art. 132.1 de la Ley 39/2015, las AAPP harán público un Plan Normativo: Bianualmente. Trimestralmente. Anualmente. Semestralmente.

Según el art. 132.1 de la Ley 39/2015, el Plan Normativo: Se publica anualmente, conteniendo las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación. Se publica bianualmente. No se publica. Solo se publica para las leyes orgánicas.

Conforme al art. 132.1 de la Ley 39/2015, el Plan Normativo contendrá: Únicamente las iniciativas legales. Únicamente las iniciativas reglamentarias. Las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación. Únicamente las iniciativas organizativas.

Según el art. 132.1 de la Ley 39/2015, la periodicidad del Plan Normativo es: Semestral. Trimestral. Anual. Biannual.

Conforme al art. 132.1 de la Ley 39/2015, las AAPP harán público un Plan Normativo: Anualmente. Bianualmente. Cuatrimestralmente. Mensualmente.

Conforme al art. 133.1 de la Ley 39/2015, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o reglamento, se sustanciará: El trámite de audiencia. El trámite de información pública. Una consulta pública. El trámite de prueba.

Según el art. 133.1 de la Ley 39/2015, la consulta pública previa se sustanciará acerca de: Únicamente de los problemas que se pretenden solucionar. Únicamente de la necesidad y oportunidad. De los problemas, necesidad y oportunidad, objetivos de la norma y posibles alternativas. Únicamente de los objetivos de la norma.

Conforme al art. 133.1 de la Ley 39/2015, la consulta pública previa versará, entre otros, sobre: La sanción aplicable. El órgano competente para resolver. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. El plazo de prescripción.

Según el art. 133.1 de la Ley 39/2015, la consulta pública versará sobre la necesidad y oportunidad: De su aprobación. De su publicación. De su sanción. De su derogación.

Conforme al art. 133.4 de la Ley 39/2015, podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información pública: En todo caso. En el caso de normas presupuestarias o de normas organizativas, así como cuando concurran razones graves de interés general. Únicamente en normas presupuestarias. Únicamente en normas organizativas.

Según el art. 133.4 de la Ley 39/2015, podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información pública: En cualquier caso. En el caso de normas presupuestarias y organizativas. En el caso de normas reglamentarias en general. En ningún caso.

Conforme al art. 133.4 de la Ley 39/2015, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica: Será preceptiva la consulta pública. Podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Exigirá siempre audiencia. Exigirá información pública obligatoria.