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T14 Gemi
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Título del Test:
T14 Gemi

Descripción:
Ley 40/15

Fecha de Creación: 2026/11/19

Categoría: Otros

Número Preguntas: 50

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Según el artículo 5.1 de la Ley 40/2015, tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que: Tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Exclusivamente posean carácter consultivo sin vinculación jurídica. Sean de naturaleza estrictamente material o técnica sin transcendencia externa. Carezcan por completo de dotación presupuestaria inicial.

Conforme al artículo 5.2 de la Ley 40/2015, ¿a quién corresponde delimitar las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios?. Al Gobierno de la Nación mediante real decreto. A cada Administración Pública en su respectivo ámbito competencial. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública de forma centralizada. A los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma.

De acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 40/2015, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos: La aprobación por mayoría absoluta en las Cortes Generales. La determinación de su integración y dependencia jerárquica, delimitación de funciones y dotación de créditos. Un informe preceptivo y vinculante del Consejo de Estado. La ratificación previa por parte de los sindicatos más representativos.

Según el artículo 5.4 de la Ley 40/2015, ¿qué condición se exige para evitar la duplicidad en la creación de nuevos órganos administrativos?. Que se suprima o restrinja debidamente la competencia de otros ya existentes que desarrollen igual función. Que el nuevo órgano cuente con financiación procedente de fondos europeos. Que transcurran al menos cinco años desde la creación del órgano anterior. Que no afecte a municipios de más de 50.000 habitantes.

De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley 40/2015, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: Circulares informativas y decretos de alcaldía. Instrucciones y órdenes de servicio. Acuerdos marco de carácter vinculante. Resoluciones de delegación de firma.

Según el artículo 6.2 de la Ley 40/2015, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio: Determina la nulidad de pleno derecho de todos los actos dictados. No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria. Conlleva la anulación automática y la suspensión cautelar del procedimiento. Implica la inhabilitación profesional del funcionario infractor.

Conforme al artículo 7 de la Ley 40/2015, la Administración consultiva podrá articularse mediante: Órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional o a través de servicios de asistencia jurídica que actúen de forma colegiada. Órganos dependientes jerárquicamente de los ministerios instructores. Comisiones delegadas del Gobierno de carácter temporal. Gabinetes técnicos adscritos directamente a las secretarías de estado.

Según el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, la competencia es: Delegable de forma indefinida y transmisible por acuerdo de los interesados. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo delegación o avocación. Modificable por los titulares de las unidades administrativas inferiores. Renunciable cuando existan razones de eficacia económica.

De acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 40/2015, si una disposición atribuye la competencia a una Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla: Se entenderá atribuida al Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno. Quedará en suspenso hasta que se apruebe un reglamento de desarrollo. Corresponderá a los órganos inferiores competentes por razón de materia y territorio. Se entenderá delegada automáticamente en el secretario general técnico.

Según el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de sus competencias: En otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en sus organismos públicos y entidades vinculadas. Únicamente en órganos de rango superior y jerárquicamente vinculados. Exclusivamente en personas físicas ajenas a la administración pública. En cualquier órgano de distinta administración sin necesidad de convenio previo.

Conforme al artículo 9.2 de la Ley 40/2015, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: La gestión ordinaria de subvenciones y ayudas públicas. La adopción de disposiciones de carácter general. La incoación de expedientes disciplinarios de carácter leve. La resolución de contratos menores de obras y servicios.

De acuerdo con el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse: En los tablones de anuncios internos de cada consejería. En el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según proceda. Exclusivamente en el portal de transparencia institucional. Mediante comunicación postal a todos los interesados empadronados.

Según el artículo 9.5 de la Ley 40/2015, salvo autorización expresa de una Ley: Podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. No podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. Podrá realizarse una subdelegación indefinida en los órganos inferiores. Quedará prohibida la delegación de firma en cualquier supuesto.

Conforme al artículo 10.1 de la Ley 40/2015, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuando concurran circunstancias de índole: Exclusivamente presupuestaria o financiera. Técnica, económica, social, jurídica o territorial. Política y de oportunidad gubernamental. Electoral o de representación institucional.

Según el artículo 10.2 de la Ley 40/2015, contra el acuerdo de avocación: Cabrá recurso de alzada en el plazo de un mes. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que se interponga contra la resolución del procedimiento. Cabrá recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano. Procederá recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado.

Según el artículo 11.1 de la Ley 40/2015, la realización de actividades de carácter material o técnico podrá ser encomendada: A otros órganos o Entidades de Derecho Público por razones de eficacia o falta de medios técnicos idóneos. A empresas privadas mediante contratos de suministro mayor. A cualquier particular que disponga de medios informáticos avanzados. A los propios interesados en el procedimiento administrativo.

De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, la encomienda de gestión: Supone una cesión de la titularidad de la competencia. No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Traslada la responsabilidad jurídica íntegra al órgano encomendado. Modifica automáticamente el órgano competente para resolver.

Conforme al artículo 12.1 de la Ley 40/2015, los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos en: Los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. Cualquier autoridad de distinta administración pública. Los miembros de los órganos colegiados consultivos. Los particulares colaboradores con la administración.

Según el artículo 12.2 de la Ley 40/2015, la delegación de firma: Alterará la competencia del órgano delegante y requerirá publicación oficial. No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. Requerirá la aprobación previa del superior jerárquico común. Se extinguirá automáticamente a los seis meses de su adopción.

De acuerdo con el artículo 13.1 de la Ley 40/2015, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de: Vacante, ausencia o enfermedad, así como abstención o recusación. Cese definitivo por pérdida de confianza política. Modificación de la estructura orgánica básica del ministerio. Jubilación voluntaria anticipada del titular.

Según el artículo 13.2 de la Ley 40/2015, la suplencia: Implicará alteración de la competencia y requerirá publicación obligatoria. No implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. Requerirá la aceptación expresa del funcionario suplente. Deberá notificarse a los interesados en el plazo de cuarenta y ocho horas.

Conforme al artículo 14.1 de la Ley 40/2015, el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto: Dictará una resolución de archivo provisional del expediente. Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, notificándolo a los interesados. Devolverá la solicitud al ciudadano para que la presente ante el órgano correcto. Requerirá de inhibición al órgano superior jerárquico.

Según el artículo 14.3 de la Ley 40/2015, los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse: Entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, sobre asuntos no finalizados. Entre diferentes Administraciones Públicas con competencias concurrentes. Entre los tribunales de justicia y los órganos administrativos centrales. Una vez que haya recaído resolución firme en vía administrativa.

De acuerdo con el artículo 15.3 de la Ley 40/2015, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones con efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en: El Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Un diario de gran tirada de la provincia correspondiente. El tablón de edictos del ayuntamiento donde tenga la sede. La intranet corporativa de acceso restringido.

Según el artículo 16.2 de la Ley 40/2015, corresponde al Secretario de un órgano colegiado: Presidir las sesiones y dirimir los empates con su voto de calidad. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones, certificar las mismas y garantizar las reglas de constitución. Elaborar los presupuestos anuales y gestionar la caja fija del órgano. Representar legalmente al órgano ante los juzgados y tribunales.

Conforme al artículo 17.1 de la Ley 40/2015, los órganos colegiados podrán celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos: Exclusivamente de forma presencial en la sede oficial de la administración. Tanto de forma presencial como a distancia mediante medios electrónicos válidos. Mediante escrito firmado individualmente sin necesidad de reunión simultánea. Por videoconferencia únicamente cuando se declare el estado de alarma.

Según el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, para la válida constitución del órgano colegiado a efectos de sesiones y acuerdos se requerirá la asistencia: De la totalidad de los miembros titulares sin excepciones. Del Presidente y Secretario (o suplentes) y al menos la mitad de sus miembros. De un tercio de los miembros y el representante del ministerio fiscal. Exclusivamente del Presidente y de dos vocales designados.

De acuerdo con el artículo 17.4 de la Ley 39/2015 y 40/2015, no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo: Que lo autorice el Consejo de Ministros de forma excepcional. Que asistan todos los miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría. Que se trate de un expediente de contratación menor. Que no existan alegaciones por parte de los interesados.

Según el artículo 17.5 de la Ley 40/2015, los acuerdos de los órganos colegiados se adoptarán: Por unanimidad de todos los componentes asistentes. Por mayoría de votos. Por mayoría cualificada de dos tercios en todo caso. Mediante votación secreta obligatoria.

Conforme al artículo 17.6 de la Ley 40/2015, cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan: Quedarán exentos de la responsabilidad que pueda derivarse de los acuerdos. Perderán su condición de miembros natos del órgano colegiado. Deberán abonar una multa coercitiva fijada por el presidente. Se considerará su voto como favorable por aplicación del silencio positivo.

De acuerdo con el artículo 18.1 de la Ley 40/2015, de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, especificando: El desglose de los votos particulares de cada uno de los asesores jurídicos. Los asistentes, el orden del día, lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y acuerdos adoptados. Las retribuciones económicas percibidas por los asistentes a la reunión. La transcripción taquigráfica literal de todas las intervenciones.

Según el artículo 19.3.a) de la Ley 40/2015, los miembros de los órganos colegiados de la AGE deberán recibir la convocatoria con una antelación mínima de: Veinticuatro horas naturales. Dos días. Tres días hábiles. Una semana completa.

Conforme al artículo 19.3.c) de la Ley 40/2015, no podrán abstenerse en las votaciones: Los vocales representantes de las organizaciones sindicales. Quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros natos en virtud del cargo. Los expertos independientes designados por su especial cualificación. Los secretarios generales técnicos de los ministerios.

Según el artículo 20.1 de la Ley 40/2015, son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por: Dos o más personas. Tres o más personas. Cuatro o más personas. Cinco o más personas.

De acuerdo con el artículo 20.2 de la Ley 40/2015, la constitución de un órgano colegiado en la AGE requiere determinar en su norma de creación: Sus fines u objetivos, integración administrativa, composición, funciones y dotación de créditos. El plan de pensiones de sus miembros y su régimen fiscal. La sede social permanente en Madrid y sus delegaciones territoriales. El calendario laboral anual y los horarios de apertura.

Conforme al artículo 21.1 de la Ley 40/2015, los órganos colegiados de la AGE y sus organismos públicos, por su composición, se clasifican en: Centrales y periféricos. Interministeriales y ministeriales. Superiores y directivos. Consultivos y decisorios.

Según el artículo 22.2 de la Ley 40/2015, la norma de creación de un órgano colegiado interministerial cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general revestirá la forma de: Orden ministerial conjunta. Real Decreto. Acuerdo del Consejo de Ministros publicado en la intranet. Resolución de la Secretaría de Estado.

De acuerdo con el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, en los supuestos no comprendidos en el apartado 1, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y sus acuerdos: No podrán tener efectos directos frente a terceros. Tendrán fuerza ejecutiva inmediata en todo el territorio nacional. Requerirán la homologación previa del Tribunal Supremo. Modificarán directamente las disposiciones reglamentarias vigentes.

Según el artículo 23.1 de la Ley 40/2015, las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den motivos de abstención: Solicitarán su cese definitivo en el puesto de trabajo. Se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato. Continuarán tramitando el expediente bajo la supervisión de un fedatario. Podrán decidir libremente si participan o no en función del asunto.

Conforme al artículo 23.2 de la Ley 40/2015, es motivo de abstención: Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas. Haber emitido opiniones críticas sobre la administración en redes sociales. Pertenecer al mismo partido político que el titular del órgano superior. Poseer la misma titulación académica que el solicitante del expediente.

De acuerdo con el artículo 23.2.e) de la Ley 40/2015, constituye motivo de abstención haber prestado servicios profesionales a persona interesada en: Los últimos cinco años. Los dos últimos años. El último año natural. Cualquier momento de su carrera profesional.

Según el artículo 23.4 de la Ley 40/2015, la actuación de autoridades y personal en quienes concurran motivos de abstención: Implicará siempre la nulidad radical de todo lo actuado. No implicará, necesariamente y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Determinará la retroacción automática de las actuaciones al inicio. Provocará la destitución inmediata del funcionario responsable.

Según el artículo 24.1 de la Ley 40/2015, la recusación podrá promoverse por los interesados: Únicamente en el trámite de audiencia previa a la resolución. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Solo una vez dictada la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Exclusivamente en el escrito de interposición de recursos.

Conforme al artículo 24.2 de la Ley 40/2015, la recusación se planteará: Mediante comparecencia verbal ante el registro general. Por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. A través de correo electrónico certificado sin firma electrónica. Mediante llamada telefónica urgente al órgano superior jerárquico.

De acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 40/2015, en el día siguiente a la presentación de la recusación, el recusado manifestará a su superior inmediato: Si se da o no en él la causa alegada. Su dimisión irrevocable del puesto desempeñado. La lista de testigos que avalan su imparcialidad. Su disconformidad con el instructor del expediente.

Según el artículo 24.4 de la Ley 40/2015, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de: Dos días. Tres días, previos los informes y comprobaciones oportunos. Cinco días hábiles. Diez días naturales.

Conforme al artículo 24.5 de la Ley 40/2015, contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación: Cabrá recurso de alzada ante el ministerio competente. No cabrá recurso, sin perjuicio de alegarla al interponer el recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento. Podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo. Procederá recurso extraordinario de revisión en todo caso.

En relación con la delegación de competencias del artículo 9 de la Ley 40/2015, cuando se trate de órganos de la Administración General del Estado, la delegación deberá ser aprobada previamente por: El órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. El Consejo de Ministros en pleno. La Abogacía General del Estado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Repasando el régimen de los órganos colegiados del artículo 17.3 de la Ley 40/2015, las convocatorias serán remitidas a los miembros preferentemente a través de: Correo postal certificado con acuse de recibo. Medios electrónicos, haciendo constar el orden del día y la documentación necesaria. Publicación en el boletín oficial correspondiente con diez días de antelación. Anuncio en el tablón físico de la sede principal.

Finalizando el bloque del artículo 22 de la Ley 40/2015, la modificación y supresión de los órganos colegiados y grupos de trabajo de la AGE se llevará a cabo: Mediante acuerdo de la mayoría sindical de la función pública. En la misma forma dispuesta para su creación, salvo plazo fijado para su extinción. Por real decreto ley en periodo de sesiones parlamentarias. A propuesta exclusiva del ministro de administraciones públicas.

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