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Según el artículo 1.1 de la Ley 4/2005, la presente Ley tiene por objeto regular: El funcionamiento y régimen jurídico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El régimen jurídico del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El procedimiento administrativo común de la Administración General de La Rioja. La organización territorial y competencial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Conforme al artículo 1.2 de la Ley 4/2005, los organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a la Administración General de La Rioja sujetarán su actividad a la presente Ley: En todo caso y con carácter general, sin excepción alguna. Cuando ejerzan potestades administrativas. Únicamente cuando gestionen servicios públicos esenciales. Solo cuando así lo prevean sus estatutos de creación.

Según el artículo 1.2 de la Ley 4/2005, en el resto de su actividad no sujeta a esta Ley, los organismos públicos se regirán por: La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Lo que dispongan sus normas de creación. La Ley 4/2005, en todo caso y sin excepciones.

Conforme al artículo 2.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja gozará de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento reconoce a la Administración General del Estado: De acuerdo con el artículo 31 del Estatuto de Autonomía. De acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Española. De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Según el artículo 2.2 de la Ley 4/2005, las potestades administrativas de los organismos públicos se ejercerán en los términos que prevean: La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sus estatutos de creación. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. El Estatuto de Autonomía de La Rioja.

Según el artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja y sus organismos públicos ajustarán su actividad al principio de colaboración mutua y lealtad institucional en sus relaciones con: Los ciudadanos y las entidades privadas que se relacionen con la Administración. Los demás Poderes y Administraciones Públicas. Los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las organizaciones sindicales y empresariales del territorio riojano.

Conforme al artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja ajustará su actividad al principio de colaboración y coordinación entre: Sus distintos órganos y organismos públicos. Las distintas Administraciones Públicas territoriales existentes. Los sectores económicos y sociales de la Comunidad Autónoma. Los poderes públicos estatales y autonómicos entre sí.

Según el artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja ajustará su actividad al principio de eficacia en: La asignación y utilización de los recursos públicos disponibles. El cumplimiento de los objetivos institucionales fijados. La tramitación de los procedimientos administrativos comunes. La selección del personal al servicio de la Administración.

Conforme al artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja ajustará su actividad al principio de eficiencia en: El cumplimiento de los objetivos institucionales fijados. La tramitación de los procedimientos administrativos comunes. La asignación y utilización de los recursos públicos disponibles. La selección del personal al servicio de la Administración.

Según el artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja ajustará su actividad al principio de planificación, gestión por objetivos y: Control de los resultados obtenidos. Evaluación del desempeño del personal. Supervisión de los órganos jerárquicos. Inspección de los servicios públicos.

Conforme al artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja ajustará su actividad al principio de responsabilidad por: Los daños causados a los ciudadanos en sus bienes y derechos. La gestión pública desarrollada por sus órganos y organismos. El cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. La correcta utilización de los bienes de dominio público.

Según el artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja ajustará su actividad al principio de racionalización de: Los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. Las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo. Los recursos humanos y materiales disponibles en cada ejercicio. Los servicios públicos prestados a los ciudadanos.

Conforme al artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja ajustará su actividad al principio de servicio efectivo y: Eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Proximidad de la Administración a los ciudadanos. Calidad en la atención al ciudadano. Accesibilidad universal a los servicios públicos.

Según el artículo 3.1 de la Ley 4/2005, el principio de transparencia y publicidad debe garantizar la efectividad de: Los derechos reconocidos a los ciudadanos, con las excepciones que la Ley establezca. Las potestades administrativas de los órganos y organismos públicos. Los procedimientos administrativos de la Administración autonómica. Los servicios públicos prestados a los ciudadanos riojanos.

Conforme al artículo 3.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja ajustará su actividad al principio de: Jerarquía y subordinación de los órganos administrativos inferiores. Buena fe y confianza legítima en sus relaciones con los ciudadanos. Coordinación y cooperación con las entidades locales del territorio. Descentralización y desconcentración de funciones administrativas.

Según el artículo 3.2 de la Ley 4/2005, la Administración General de La Rioja impulsará de manera especial la prestación de servicios de asistencia y cooperación a: Las entidades locales menores del territorio riojano. Las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma. Los municipios de su ámbito territorial. Las comarcas y mancomunidades constituidas en La Rioja.

Conforme al artículo 3.2 de la Ley 4/2005, los municipios son considerados en la Ley como: Administraciones con autonomía plena para la gestión de sus intereses. Administraciones más próximas a los ciudadanos. Entidades locales de carácter territorial y representativo. Administraciones con competencias exclusivas en servicios sociales.

Según el artículo 4 de la Ley 4/2005, los ciudadanos gozarán en sus relaciones con la Administración General de La Rioja de los derechos reconocidos con carácter general en: La legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. El Estatuto de Autonomía de La Rioja. La Ley 4/2005, de funcionamiento y régimen jurídico. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Conforme al artículo 4 de la Ley 4/2005, los ciudadanos gozarán también de cuantos derechos estén establecidos en: Los reglamentos de desarrollo de la Ley 4/2005. Las disposiciones aplicables en cada caso. Las instrucciones y órdenes de servicio dictadas al efecto. Los convenios suscritos por la Administración autonómica.

Según el artículo 5.1 de la Ley 4/2005, sin perjuicio del derecho de los interesados a conocer el estado de tramitación del procedimiento, la Administración contará con: Los instrumentos de información que garanticen el efectivo conocimiento del procedimiento a seguir. Las oficinas de atención al ciudadano como único cauce de información administrativa. Los servicios de información telefónica como canal preferente de información. Los portales de internet como instrumento exclusivo de información al ciudadano.

Conforme al artículo 5.1 de la Ley 4/2005, la articulación de los instrumentos de información se determinará: Mediante ley del Parlamento de La Rioja. Reglamentariamente. Por orden del Consejero competente en la materia. Por instrucción de la Secretaría General Técnica correspondiente.

Según el artículo 5.2 de la Ley 4/2005, la información sobre el estado o contenido de los procedimientos en tramitación sólo podrá facilitarse a: Los ciudadanos que lo soliciten por escrito y acrediten su identidad. Quienes tengan la condición de interesado en el procedimiento o sus representantes acreditados. Los diputados del Parlamento de La Rioja que lo soliciten formalmente. Las organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector.

Conforme al artículo 5.2 de la Ley 4/2005, la acreditación de la representación del interesado podrá realizarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante: Comparecencia personal del interesado con exhibición del DNI. Declaración en comparecencia personal del interesado. Poder notarial otorgado ante notario del territorio riojano. Certificado electrónico cualificado del representante.

Según el artículo 5.2 de la Ley 4/2005, corresponderá facilitar la información sobre el estado de los procedimientos a: Las distintas unidades de gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma. La Oficina de Atención al Ciudadano del Gobierno de La Rioja. La Secretaría General Técnica de cada Consejería. La Dirección General de Transparencia y Participación.

Conforme al artículo 5.3 de la Ley 4/2005, los órganos administrativos establecerán las garantías necesarias respecto a: La esfera privada de los administrados y el tratamiento de los datos obtenidos. La confidencialidad de las deliberaciones de los órganos colegiados. La reserva de las actuaciones de los servicios de inspección. La protección de los datos de los funcionarios intervinientes.

Según el artículo 6.1 de la Ley 4/2005, la Administración General de la Comunidad Autónoma establecerá programas: Anuales exclusivamente, con objetivos y actividades definidos. Plurianuales y anuales, con objetivos, actividades, medios y tiempo estimado. Bianuales, con objetivos y medios definidos por el Gobierno de La Rioja. Cuatrienales, con objetivos y plazos fijados por el Parlamento de La Rioja.

Conforme al artículo 6.1 de la Ley 4/2005, los programas de la Administración General se basarán en: Los objetivos políticos y los plazos fijados por el Gobierno de La Rioja. Las directrices del Parlamento de La Rioja y del Consejo de Gobierno. Los objetivos fijados por la Consejería competente en organización administrativa. Las previsiones del Estatuto de Autonomía y de la Ley 4/2005.

Según el artículo 6.1 de la Ley 4/2005, los programas determinarán: Los responsables de su ejecución. Los medios económicos disponibles en cada ejercicio. Los indicadores de evaluación del cumplimiento. Las unidades administrativas encargadas de su control.

Conforme al artículo 6.2 de la Ley 4/2005, el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en los programas será evaluado periódicamente por: La Intervención General de la Comunidad Autónoma. Los órganos con competencia específica para ello en el ámbito de la Administración General. El Consejo de Gobierno de La Rioja a propuesta del Presidente. El Parlamento de La Rioja mediante comisión de investigación.

Según el artículo 7 de la Ley 4/2005, la racionalización y simplificación de los procedimientos y actividades de gestión corresponde a: La Consejería competente en materia de organización administrativa. Los órganos competentes de cada Consejería y organismos públicos. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. La Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja.

Conforme al artículo 7 de la Ley 4/2005, la racionalización y simplificación de procedimientos podrá realizarse: Bien a iniciativa propia, bien a propuesta de la Consejería competente en organización administrativa. Únicamente a propuesta de la Consejería competente en organización administrativa. Exclusivamente por iniciativa del Consejo de Gobierno de La Rioja. Solo mediante instrucción del Presidente del Gobierno de La Rioja.

Según el artículo 8.1 de la Ley 4/2005, la tramitación de los procedimientos administrativos se apoyará en la utilización de: Medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Plataformas digitales de gestión documental exclusivamente. Sistemas de información corporativos de la Administración autonómica. Herramientas ofimáticas y de comunicación electrónica disponibles.

Conforme al artículo 8.1 de la Ley 4/2005, la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos se realizará con respeto de: Las garantías y el cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso por el ordenamiento jurídico. Las directrices y criterios técnicos de la Consejería competente en tecnologías de la información. Las previsiones del Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. Las instrucciones de la Secretaría General Técnica de cada Consejería.

Según el artículo 8.2 de la Ley 4/2005, la introducción de medios informáticos y telemáticos en la gestión administrativa estará presidida por los principios de: Eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Eficiencia y proporcionalidad de las inversiones realizadas. Economía y celeridad en la tramitación de los procedimientos. Transparencia y participación ciudadana en la gestión pública.

Conforme al artículo 8.2 de la Ley 4/2005, la introducción de medios informáticos se ajustará a los criterios establecidos por: La Consejería competente en materia de Tecnologías de la Información. La Consejería competente en materia de organización administrativa. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. El Consejo de Gobierno de La Rioja en sus acuerdos ordinarios.

Según el artículo 9.1 de la Ley 4/2005, los órganos administrativos de la Administración General se someterán periódicamente a: Controles, auditorías o inspecciones para evaluar su eficacia y eficiencia. Evaluaciones del desempeño de los funcionarios públicos intervinientes. Procedimientos de revisión de oficio de sus actos administrativos. Informes de la Intervención General sobre la gestión económica realizada.

Conforme al artículo 9.1 de la Ley 4/2005, el control de eficacia se refiere a: La utilización de los recursos disponibles por los órganos administrativos. El cumplimiento de los objetivos asignados a los órganos administrativos. La tramitación de los procedimientos administrativos iniciados. La atención prestada a los ciudadanos por los servicios públicos.

Según el artículo 9.1 de la Ley 4/2005, el control de eficiencia se refiere a: El cumplimiento de los objetivos asignados a los órganos administrativos. La utilización de los recursos disponibles por los órganos administrativos. La tramitación de los procedimientos administrativos iniciados. La atención prestada a los ciudadanos por los servicios públicos.

Conforme al artículo 9.2 de la Ley 4/2005, el control de eficacia y eficiencia se realizará con arreglo a los criterios y directrices que dicte: La Consejería competente en materia de organización administrativa. La Intervención General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El Consejo de Gobierno de La Rioja a propuesta del Presidente. El Parlamento de La Rioja mediante ley de evaluación de políticas.

Según el artículo 9.2 de la Ley 4/2005, el control de eficacia y eficiencia se entenderá sin perjuicio del control que corresponde a: La Intervención General de la Comunidad Autónoma. El Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El Consejo Consultivo de La Rioja en su función de asesoramiento. El Parlamento de La Rioja mediante comisión de investigación.

Conforme al artículo 10 de la Ley 4/2005, para hacer efectivos los principios generales que rigen las relaciones interadministrativas, la Administración autonómica utilizará: Los instrumentos y técnicas de colaboración y cooperación previstos en la legislación básica del Estado y en el resto del ordenamiento. Los convenios y acuerdos de cooperación previstos en la Ley 40/2015 y en la Ley 4/2005. Los mecanismos de coordinación previstos en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución. Los procedimientos de colaboración previstos en la normativa de régimen local.

Según el artículo 11.1 de la Ley 4/2005, la Administración General y sus organismos públicos podrán celebrar convenios con otros sujetos de derecho público para: La gestión compartida de servicios de interés general y la realización de obras públicas. Fines de interés común en el ejercicio de competencias propias o delegadas. La prestación de servicios propios de los contratos administrativos. La encomienda de gestión de actividades materiales o técnicas.

Conforme al artículo 11.1 de la Ley 4/2005, la Administración General podrá celebrar convenios con entidades privadas para: La consecución de fines de interés público. La gestión de servicios públicos de titularidad autonómica. La realización de actividades comerciales o industriales. La prestación de servicios propios de los contratos del sector público.

Según el artículo 11.2 de la Ley 4/2005, la Administración General podrá celebrar convenios con: Sus organismos públicos y otros entes integrantes de su sector público. Exclusivamente con sus organismos públicos y entidades de derecho público. Únicamente con las entidades locales de su ámbito territorial. Solo con otras Administraciones Públicas de ámbito estatal.

Conforme al artículo 11.3 de la Ley 4/2005, la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá celebrar convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas o territorios de régimen foral para: La gestión y prestación de los servicios propios de su competencia. La realización de obras públicas de interés general del Estado. La coordinación de las políticas estatales en el territorio riojano. La gestión compartida de los tributos cedidos por el Estado.

Conforme al artículo 11.3 de la Ley 4/2005, los convenios y acuerdos con otras comunidades autónomas se celebrarán de acuerdo con lo establecido por: La Constitución y el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de La Rioja. La Constitución y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Estatuto de Autonomía y la Ley 4/2005, de funcionamiento y régimen jurídico. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.

Según el artículo 12.a de la Ley 4/2005, los instrumentos de formalización de los convenios incluirán: Los sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada parte. Los antecedentes y motivación del convenio y el importe total comprometido. La referencia a la normativa aplicable y a los procedimientos de resolución de conflictos. La identificación de los representantes legales y sus poderes de representación.

Conforme al artículo 12.b de la Ley 4/2005, los instrumentos de formalización incluirán: La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública. La normativa aplicable al convenio y a las partes firmantes del mismo. La referencia al procedimiento de resolución de conflictos entre las partes. La identificación de los responsables del seguimiento del convenio.

Según el artículo 12.c de la Ley 4/2005, los convenios no podrán tener por objeto: Prestaciones propias de los contratos. Actividades de utilidad pública o interés social. La realización conjunta de obras o servicios públicos. La gestión compartida de servicios de titularidad pública.

Conforme al artículo 12.c de la Ley 4/2005, el instrumento de formalización del convenio deberá indicar, en su caso, la titularidad de: Los resultados obtenidos por cada sujeto en la ejecución del convenio. Los bienes y derechos aportados por cada una de las partes firmantes. Los medios personales y materiales comprometidos por cada parte. Los servicios y obras ejecutados en virtud del convenio suscrito.

Según el artículo 12.d de la Ley 4/2005, los instrumentos de formalización incluirán las obligaciones y compromisos económicos asumidos, indicando: Su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto. Su importe total y las anualidades previstas para su ejecución material. La partida presupuestaria y el órgano competente para su autorización. La forma de pago y el plazo de abono a cada una de las partes firmantes.

Conforme al artículo 12.e de la Ley 4/2005, los instrumentos de formalización incluirán: Las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento y los criterios de indemnización. Las causas de resolución del convenio y los efectos de la extinción del mismo. Las garantías exigidas a las partes para el cumplimiento de sus obligaciones. Las penalidades aplicables en caso de retraso en la ejecución del convenio.

Según el artículo 12.f de la Ley 4/2005, los instrumentos de formalización incluirán mecanismos de seguimiento, vigilancia y control que resolverán: Los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Las controversias sobre la titularidad de los resultados obtenidos. Las diferencias sobre la distribución de las aportaciones económicas. Los conflictos sobre la competencia de los órganos intervinientes.

Conforme al artículo 12.g de la Ley 4/2005, a falta de regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá: Acuerdo unánime de los firmantes del convenio. Acuerdo mayoritario de los firmantes del convenio. Autorización previa del Consejo de Gobierno de La Rioja. Informe favorable de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

Según el artículo 12.h).1º de la Ley 4/2005, los convenios deberán tener una duración determinada que no podrá ser superior a: Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Dos años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Tres años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

Conforme al artículo 12.h).2º de la Ley 4/2005, los firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio por un periodo de hasta: Cuatro años adicionales, o su extinción. Dos años adicionales, o su extinción. Tres años adicionales, o su extinción. Cinco años adicionales, o su extinción.

Según el artículo 12.h).2º de la Ley 4/2005, la prórroga del convenio deberá ser comunicada a: El Registro Electrónico de Convenios. El Boletín Oficial de La Rioja. El Portal de la Transparencia del Gobierno de La Rioja. El Parlamento de La Rioja para su conocimiento.

Conforme al artículo 13.1 de la Ley 4/2005, la suscripción de convenios con sujetos de derecho público y privado no podrá suponer: Cesión de la titularidad de la competencia. Alteración del ejercicio de las competencias propias. Modificación de la organización administrativa de las partes. Delegación de funciones entre las Administraciones intervinientes.

Según el artículo 13.2 de la Ley 4/2005, la suscripción de convenios deberá: Mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos. Incrementar los recursos económicos disponibles por las partes firmantes del convenio. Reducir los costes de tramitación de los procedimientos administrativos comunes. Simplificar la estructura orgánica de las Administraciones intervinientes.

Conforme al artículo 13.2 de la Ley 4/2005, la suscripción de convenios deberá contribuir a la realización de: Actividades de utilidad pública. Obras públicas de interés general. Servicios públicos de titularidad estatal. Infraestructuras de interés autonómico.

Según el artículo 13.3 de la Ley 4/2005, la gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios se ajustarán a lo dispuesto en: La legislación presupuestaria. La Ley 38/2003, General de Subvenciones. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Conforme al artículo 13.4 de la Ley 4/2005, los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser: Financieramente sostenibles. Económicamente viables. Presupuestariamente equilibrados. Contablemente fiscalizables.

Según el artículo 13.5 de la Ley 4/2005, las aportaciones financieras comprometidas por los firmantes no podrán ser: Superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. Inferiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. Superiores a los ingresos previstos por las partes firmantes. Inferiores a las previsiones presupuestarias inicialmente aprobadas.

Conforme al artículo 13.6 de la Ley 4/2005, cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en: La Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en el Decreto 14/2006. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y sus reglamentos. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y sus reglamentos. La Ley 4/2005, de funcionamiento y régimen jurídico, y sus reglamentos.

Según el artículo 13.6 de la Ley 4/2005, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una entidad local, deberá cumplir con lo dispuesto en: La legislación de régimen local. La legislación de estabilidad presupuestaria. La legislación de subvenciones públicas. La legislación de contratos del sector público.

Conforme al artículo 13.7 de la Ley 4/2005, los convenios tendrán efecto entre las partes: A partir de la firma, salvo que en ellos se disponga otra cosa. A partir de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. A partir de su inscripción en el Registro Electrónico de Convenios. A partir de su aprobación por el Consejo de Gobierno de La Rioja.

Según el artículo 13.7 de la Ley 4/2005, en el caso de los convenios firmados con la Administración General del Estado, se estará a lo dispuesto en: El artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 48.9 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 47.8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Conforme al artículo 13.8 de la Ley 4/2005, las normas del capítulo no serán de aplicación a: Las encomiendas de gestión ni a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. Los convenios con entidades privadas ni a los acuerdos de colaboración con las mismas. Los convenios con otras comunidades autónomas ni a los acuerdos de cooperación. Los convenios con entidades locales ni a los acuerdos de delegación de competencias.

Según el artículo 14 de la Ley 4/2005, cuando la gestión de un convenio haga necesario crear una organización común, ésta podrá adoptar la forma de: Consorcio con personalidad jurídica propia o sociedad mercantil. Consorcio sin personalidad jurídica o sociedad mercantil pública. Organismo autónomo o sociedad mercantil de titularidad pública. Entidad pública empresarial o sociedad mercantil de capital mixto.

Conforme al artículo 15 de la Ley 4/2005, todos los convenios que se suscriban deberán ser: Inscritos en el Registro Electrónico de Convenios. Publicados en el Boletín Oficial de La Rioja. Comunicados al Parlamento de La Rioja. Publicados en el Portal de la Transparencia.

Según el artículo 15 de la Ley 4/2005, el Registro Electrónico de Convenios dependerá de: La Consejería con competencias en materia de Secretariado de Gobierno. La Consejería competente en materia de organización administrativa. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana.

Conforme al artículo 15 de la Ley 4/2005, el Registro Electrónico de Convenios se declara de: Acceso público y gratuito a través del Portal del Gobierno de La Rioja. Acceso restringido a las Administraciones Públicas intervinientes. Acceso público previa solicitud al órgano competente en la materia. Acceso reservado a los órganos judiciales y al Parlamento de La Rioja.

Según el artículo 15 de la Ley 4/2005, además de la inscripción en el Registro Electrónico de Convenios, se dará publicidad de los mismos en: El Boletín Oficial de La Rioja. El Diario Oficial de la Unión Europea. El Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial de la Provincia.

Conforme al artículo 15 de la Ley 4/2005, los convenios serán publicados en: El Portal de la Transparencia. El Portal de la Sede Electrónica del Gobierno de La Rioja. El Portal de Datos Abiertos de la Comunidad Autónoma. El Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de La Rioja.

Según el artículo 15 de la Ley 4/2005, los convenios se comunicarán a: El Parlamento de La Rioja. El Consejo de Gobierno de La Rioja. El Consejo Consultivo de La Rioja. El Tribunal de Cuentas de La Rioja.

Conforme al artículo 16 de la Ley 4/2005, los protocolos generales de actuación que apruebe la Administración de la Comunidad Autónoma se regirán por: La normativa básica del Estado y, en lo aplicable, por establecido para los convenios. La Ley 4/2005, de funcionamiento y régimen jurídico, y sus reglamentos de desarrollo. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y sus reglamentos. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y sus reglamentos.

Según el artículo 16 de la Ley 4/2005, los protocolos generales de actuación se regirán, en lo referente a su contenido y efectos, por: La normativa básica del Estado. La normativa autonómica de desarrollo. La normativa de régimen local aplicable. La normativa de contratos del sector público.

Conforme al artículo 16 de la Ley 4/2005, a los protocolos generales de actuación les será de aplicación lo establecido para los convenios en: Todo aquello que les sea de aplicación. Únicamente lo relativo a su plazo de vigencia. Solo lo referente a su régimen de publicidad. Exclusivamente lo relativo a su régimen de modificación.

Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 15 de la Ley 4/2005, todos los convenios que se suscriban se comunicarán al: Parlamento de La Rioja, para su conocimiento por la Cámara autonómica. Registro Electrónico de Convenios, dependiente de la Consejería competente. Boletín Oficial de La Rioja, para su publicación oficial y conocimiento general. Portal de la Transparencia, a efectos de publicidad y acceso ciudadano.

Indique la respuesta CORRECTA en relación con el ejercicio de sus competencias por los órganos de la Administración de la CCAA: Podrá renunciarse a una competencia otorgada por el ordenamiento si otro órgano de igual rango decide asumirla. La desconcentración afectará al ejercicio de una competencia, pero no a su titularidad. Las competencias desconcentradas podrán ser delegadas de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Contra el acuerdo de avocación cabe recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.

Indique la respuesta FALSA en relación con la Ley 4/2005: La delegación de firma no precisa publicación oficial para su validez. La encomienda de gestión solo cabe entre órganos de una misma Administración. La suplencia no supone alteración de la competencia del órgano suplido. La revocación de una delegación de competencias deberá publicarse en el BOR.

Indique la respuesta FALSA en relación con la potestad sancionadora según la Ley 4/2005: El órgano competente para el inicio del procedimiento sancionador lo será también para designar instructor. El denunciante no tendrá por sí solo la condición de interesado ni derecho a recibir comunicación sobre la apertura. El acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador deberá contener, entre otros extremos, las sanciones que puedan imponerse. La persona presuntamente responsable dispondrá de quince días para presentar alegaciones al acuerdo de iniciación.

El artículo 12.h).1º de la Ley 4/2005 establece que los convenios deberán tener una duración determinada que no podrá ser superior a: Cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Dos años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Tres años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

De acuerdo con el artículo 18.2 de la Ley 4/2005, las instrucciones: Establecen pautas o criterios de actuación por los que han de regirse los órganos dependientes del que las dicta. Son reglas de actuación o normas específicas dadas a un órgano o unidades jerárquicamente dependientes, para un supuesto determinado. Tienen como finalidad recordar la aplicación de disposiciones legales o establecer la interpretación adecuada al espíritu de tales disposiciones. Solo pueden afectar a cuestiones de carácter sancionador y a los procedimientos de esa naturaleza.

El artículo 22.4 de la Ley 4/2005 determina que las resoluciones administrativas adoptadas por delegación de competencias se considerarán dictadas: Por el órgano delegado que las firma materialmente. Por el órgano inferior jerárquico del delegante. Por el órgano delegante que ostenta la competencia. Por el órgano fiscalizador de la gestión económica.

El artículo 26.3 de la Ley 4/2005 establece que la suplencia: Puede delegarse en otro órgano de la misma Consejería. Puede desconcentrarse en un órgano inferior jerárquico. Supone alteración de la competencia del órgano suplido. No supone alteración de la competencia del órgano suplido.

El artículo 27.2 de la Ley 4/2005 establece que los conflictos de atribuciones entre órganos de una Consejería no relacionados jerárquicamente los resolverá: El titular de la Consejería correspondiente. El titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. La Comisión Delegada competente por razón de la materia.

El artículo 33.1 de la Ley 4/2005 determina que el procedimiento para la elaboración de las leyes se iniciará siempre mediante resolución: Del Presidente del Gobierno de La Rioja. Del Consejero competente por razón de la materia. Del Director General competente por razón de la materia. Del Secretario General Técnico de la Consejería competente.

El artículo 53.1 de la Ley 4/2005 establece que, tratándose de actos dictados por delegación, el recurso de reposición se resolverá: Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por el órgano delegante que confirió la delegación. Por el órgano delegado que dictó el acto recurrido. Por el órgano inferior jerárquico del delegado.

El artículo 64.9 de la Ley 4/2005 establece que el plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores será de: Seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa. Tres meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa. Un año a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa. Ocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa.

Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 4/2005, la Administración y sus organismos públicos ajustarán su actividad a los siguientes principios: Principio de responsabilidad por la gestión pública desarrollada. Colaboración y coordinación entre sus distintos órganos y organismos públicos. Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Colaboración mutua y lealtad institucional con los demás Poderes y Administraciones.

De acuerdo con el artículo 12.h).1º de la Ley 4/2005, ¿cuál es la duración máxima determinada para los convenios que celebre la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja?. Indefinida, siempre que exista interés mutuo entre las partes firmantes. Dos años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior al indicado. Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior al indicado. Cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior al indicado.

Según el artículo 3 de la Ley 4/2005, la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos públicos ajustarán su actividad a los siguientes principios: Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales fijados. Transparencia y publicidad, con las excepciones que los reglamentos establezcan. Eficacia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos. Colaboración mutua y lealtad institucional en sus relaciones con los demás Poderes y Administraciones Públicas.

De acuerdo con el artículo 12.c) de la Ley 4/2005, ¿qué no podrán tener por objeto los convenios que celebre la Administración de la Comunidad Autónoma?. La definición de objetivos concretos y de las actividades a realizar. Las actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento. Las prestaciones propias de los contratos administrativos. Las obligaciones y compromisos económicos asumidos por las partes.

Según el artículo 3.1 de la Ley 4/2005, el principio de transparencia y publicidad debe garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos: Sin excepción de ningún tipo y con carácter absoluto en todo caso. Con las excepciones que la Ley establezca. Con las excepciones que establezcan los reglamentos de desarrollo. Con las limitaciones que fije el Consejo de Gobierno de La Rioja.

Conforme al artículo 5.2 de la Ley 4/2005, la información sobre el estado de los procedimientos en tramitación sólo podrá facilitarse a: Cualquier ciudadano que lo solicite por escrito y acredite su identidad. Los interesados en el procedimiento o sus representantes acreditados. Los diputados del Parlamento de La Rioja que lo soliciten formalmente. Las organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector.

Según el artículo 6.1 de la Ley 4/2005, los programas plurianuales y anuales definirán: Los objetivos concretos, las actividades, los medios necesarios y el tiempo estimado para su consecución. Las prioridades políticas del Gobierno de La Rioja y los recursos asignados a cada Consejería. Los indicadores de evaluación del cumplimiento y los responsables de su seguimiento. Las directrices del Parlamento de La Rioja y los plazos para su ejecución material.

Conforme al artículo 12.h).2º de la Ley 4/2005, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción: En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto. Solo durante el último año de vigencia del convenio suscrito. Únicamente transcurridos dos años desde la firma del convenio. Exclusivamente a petición de una de las partes firmantes del convenio.

Según el artículo 13.2 de la Ley 4/2005, la suscripción de convenios deberá cumplir con la legislación de: Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Contratos del sector público y régimen jurídico del sector público. Subvenciones públicas y procedimiento administrativo común. Régimen local y organización territorial de la Administración.