T15b1

De conformidad con la Ley de Régimen Jurídico Régimen Jurídico del Sector Público que regula los principios de la responsabilidad patrimonial, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley: a. Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. b. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. c. Administraciones intervinientes responderán frente al particular de forma proporcional. d. A y B son correctas.

En cuanto a la Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, indica la respuesta correcta: a. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derecho, excepto en caso de fuerza mayor, siempre que la lesión no sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. b. El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. c. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones lo coordinará el médico forense. d. La excepción de contemplar la responsabilidad extracontractual por una negligencia de un profesional sanitario, se corresponde con la omisión de la acción que produce el daño.

Si el S.A,S, deriva a un Hospital concertado para una intervención quirúrgica a un paciente y sufre un daño, al ser una entidad privada, la responsabilidad será, indica la respuesta correcta: a. Responsabilidad contractual. b. Responsabilidad ordinaria. c. Responsabilidad extracontractual. d. Responsabilidad de derecho privado.

¿Cuál es el órgano competente en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud en cuanto a la responsabilidad patrimonial?. a. La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del S.A.S. b. El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. c. Consejo de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. d. El Interventor del Servicio Andaluz de Salud.

Qué normativa de Andalucía señala a quien le corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la gestión y evaluación de los riesgos riesgos sanitarios derivados de la responsabilidad patrimonial y su impacto en el Servicio Andaluz de Salud, indica la correcta. a. La Ley 39/2015 del Procedimiento administrativo común de las responsabilidades públicas. b. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. c. Decreto 168/2025, de 5 de noviembre por el que se establece la estructura orgánica de la nueva Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Andalucía. d. El código civil en su artículo 365.

Con respecto a la indemnización en responsabilidad patrimonial, indica la correcta: a. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables. b. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. c. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. d. Todas son correctas.

Con respecto a la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, indica la respuesta correcta: a. La responsabilidad penal así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con el informe correspondiente al Ministerio de Justicia. b. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial ya que se entienden resueltos. c. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan. d. La responsabilidad penal así como la responsabilidad civil determinará junto al orden jurisdiccional penal la fijación de la responsabilidad patrimonial.

Según la norma sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. ¿Qué entidad fija el Índice de Garantía de la Competitividad utilizado para actualizar las indemnizaciones?. a. Ministerio de Hacienda. b. Instituto Nacional de Estadística. c. Tribunal de Cuentas. d. Consejo de Ministros.

Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando, indica la respuesta correcta. a. El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. b. Siempre que se hubiera alegado una indicación de causalidad del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. c. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el cumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. d. Todas son correctas.

La Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas, en España el texto de rango legal de esta materia, está regulado por: a. El código civil modificado en 1990. b. La Constitución Española de 1978, concretamente en su articulo 9.3 y 106.2. c. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. d. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Es requisito para la asunción de responsabilidades por parte de las administraciones públicas, indica la correcta: a. Es necesario que se dé una causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido por el particular. b. Es necesario que se dé una causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el reconocimiento del hecho por el particular. c. Es recomendable que se dé una causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido por el particular. d. Es recomendable que la relación entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido por el particular sea una casualidad.

Según la norma sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. ¿Qué debe existir para que una compensación en especie sea válida?. a. Una aprobación del Instituto Nacional de Estadística. b. Un acuerdo entre la Administración y el interesado. c. Una orden judicial que lo disponga. d. Una indicación del Consejo de Ministros.

Es requisito para la asunción de responsabilidad por parte de la administración pública: a. La ausencia de fuerza mayor en la producción del daño. b. La ausencia de acontecimientos previsibles pero no evitables en la producción del daño. c. La ausencia de acontecimientos imprevisibles pero no evitables en la producción del daño. d. Todas son correctas.

En cuanto a Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas, si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, indica la respuesta correcta. a. No procede indemnización alguna. b. Procederá indemnización que deberá resolverse en 30 días. c. Procederá indemnización siempre y cuando exista una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación que ocasionó el daño. d. Procederá indemnización siempre y cuando exista una sentencia firme y se declare el caso concreto del perjuicio y titular del daño percibido en el Boletín Oficial del Estado.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿en qué casos no procede la indemnización por lesiones sufridas por los particulares?. a. Por daños ocasionados por la fuerza mayor. b. Por lesiones derivadas del funcionamiento normal de los servicios públicos. c. Por la anulación en vía administrativa de actos administrativos. d. Por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria.