Test T2 “ Consejerías y delegaciones territoriales de la JCyL” TAD CYL MAD

En sus relaciones con otras administraciones, la administración de la comunidad actúa de acuerdo con los principios de: Agilidad en los procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión. Coordinación y cooperación, respeto pleno de sus competencias, subsidiariedad y ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados en sus decisiones. Objetividad y transparencia en la actuación administrativa. Simplicidad, claridad y proximidad.

En su funcionamiento la administración de la comunidad de Castilla y León se atiene a: La eficacia en el cumplimiento de sus objetivos. La eficiencia en el uso de los recursos. La responsabilidad por la gestión, racionalizando de sus procedimientos y actuaciones, y economía de los medios. Todas son correctas.

La administración General de la comunidad autónoma actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica, única, bajo la dirección de: El presidente de la junta de Castilla y León. La junta de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León. El gobierno de la nación.

De acuerdo con el estatuto de autonomía de Castilla y León, la administración General de la comunidad autónoma, tiene en el ejercicio de sus competencias: Las mismas potestades que la administración del Estado. Las mismas prerrogativas que la administración del Estado. Los mismos privilegios que la administración del Estado. Todas son correctas.

Tendrá carácter potestativo: La existencia de viceconsejerías. La existencia de la Secretaría General. El número de viceconsejerías. Las respuestas “ La existencia de viceconserjerías” Y “ El número de viceconsejerías” Son correctas.

Las competencias de los distintos órganos directivos centrales se determinarán: Por la ley. Por los decretos de estructura orgánica. Por las correspondientes órdenes de desarrollo. Todas son falsas.

Por su parte, las funciones de los órganos y unidades administrativas en que se organizan los distintos órganos directivos centrales se determinarán: Por la ley. Por los decretos de estructura orgánica. Por las correspondientes órdenes de desarrollo. Todas son falsas.

La jefatura superior de todo el personal de la consejería competencia de: El Secretario General. El director general más antiguo en el desempeño de su cargo. El coordinador de servicios. El delegado territorial.

No es competencia del secretario General: Elaborar los programas de actuación específicos de cada dirección general. Elaborar el anteproyecto del presupuesto correspondiente a la consejería y desarrollar el control presupuestario. Informar y tramitar los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones administrativas de carácter general de la consejería. Informar los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general de otras consejerías.

No es una función de los directores generales: Actuar como órgano de comunicación con las demás consejerías. Vigilar y fiscalizar las dependencias a su cargo. Dirigir los servicios a su cargo. Proponer resoluciones al consejero.

Cada delegación territorial se estructurará: En una Secretaría territorial. En los servicios territoriales que sean necesarios para el desempeño de las correspondientes funciones. En una Secretaría territorial y en los servicios territoriales que sean necesarios para el desempeño de las correspondientes funciones. En servicios, sección y negociados.

La Secretaría territorial dependerá orgánicamente: De la consejería que tenga atribuidas las funciones de gestión administrativa de las delegaciones territoriales. Del delegado territorial. De la consejería de presidencia. De la consejería de industria, comercio y empleo.

La coordinación de la acción política de la junta en la provincia corresponde: Al delegado territorial. Al consejero de la presidencia. A la propia junta. A los servicios territoriales.

El número de delegaciones territoriales es: 9,una en cada provincia. 8, una por provincia, salvo en Valladolid. Una Por cada consejería. Su número es variable.

Las delegaciones territoriales se ubican: En Valladolid. En las capitales de provincia. Donde se determine por decreto. En las poblaciones con mayor número de habitantes.

La organización y funcionamiento de la administración general de la comunidad autónoma, se regula: En el título V. En el título VI. En el título VII. En el título IV.

Los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica son: Las secretarías generales. Las direcciones generales. Los servicios. Las unidades administrativas.

Aquellas unidades administrativas a las que se les atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter perceptivo, tendrán la consideración de: Unidades orgánicas. Unidades organizativas. Órganos administrativos. Cargos directivos.

La creación, modificación o supresión de consejerías y viceconsejerías Se llevará a cabo: Por ley de las Cortes de Castilla y León. Por decreto del presidente de la junta de Castilla y León. Por ley de las cortes generales. Por acuerdo del Consejo de gobierno.

La creación, modificación o supresión de secretarías generales y de direcciones generales se llevará a cabo: Por decreto de la junta de Castilla y León. Por acuerdo del Consejo de gobierno. Por ley de las Cortes de Castilla y León. Todas son falsas.

Son delegables las siguientes competencias: La creación, modificación o supresión de consejerías y viceconsejerías. La firma de los decretos y la ordenación de su publicación en el boletín oficial de Castilla y León. Las de los consejeros cuyo ejercicio requiera someterse al acuerdo o deliberación de la junta de Castilla y León. Ninguna de las anteriores competencias es delegable.

No es un extremo que necesariamente debe prever la disposición o convenio por la que se constituya un órgano colegiado la administración autonómica: Sus fines y objetivos. Su adscripción administrativa. Su sede. La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

Las resoluciones administrativas de la junta de Castilla y León adoptarán la forma de: Decreto. Orden. Resolución. Acuerdo.

Por su parte, las resoluciones administrativas del presidente de la junta de Castilla y León adoptará la forma de: Decreto. Orden. Resolución. Acuerdo.

Las disposiciones y resoluciones de los consejeros adoptarán la forma de: Decreto. Orden. Resolución. Acuerdo.

Las disposiciones y actos de los órganos inferiores a los consejeros adoptarán la forma de: Decreto. Orden. Resolución. Acuerdo.

La tramitación de los anteproyectos de ley, proyectos de decreto legislativo y proyectos de disposiciones reglamentarias, se efectuará: Por la consejería o consejerías competentes por razón de la materia. Por la junta. Por la comisión de secretarios generales. Todas son falsas.

No ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de la junta. Las resoluciones de los jefes de servicio. Las resoluciones de los secretarios generales y de los directores generales en materia de personal. Los actos resolutorios de recursos de alzada.

Las disposiciones administrativas de la junta se publicarán: En el boletín oficial de las Cortes. En el boletín oficial de la provincia. En el boletín oficial de Castilla y León. En el BOE.

El órgano de contratación de la junta es: El director general. El consejero. El interventor general. Todas son correctas.

La administración de la comunidad autónoma de Castilla y León se regulará: En el título I. En el título II. En el Título III. En el título IV.

La creación de las entidades institucionales y empresas públicas se efectuará: Por ley. Por decreto. Por convenio. Por resolución.

El ejercicio de las potestades públicas por parte de los entes públicos de derecho privado corresponderá: Aquellos órganos del ente que expresamente la ley asigne tal facultad. A aquellos órganos del ente a los que expresamente los estatutos les asignen tal facultad. A aquellos órganos de lente a los que expresamente los órganos directivos les asignen tal facultad. No pueden ejercer potestades públicas.

Son empresas públicas de la comunidad de Castilla y León las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación directa o indirecta de la administración de la comunidad autónoma o de sus entidades institucionales sea superior: Al 10 %. Al 50 %. Al 40 %. Al 100 %.