T22 (4/2015) Estatuto de la Víctima del Delito

¿En qué fecha se aprobó la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito?. 27 de abril de 2015. 28 de abril de 2015. 27 de mayo de 2015.

¿Cuándo entró en vigor la Ley 4/2015?. A los tres meses de su publicación en el BOE. A los seis meses de su publicación en el BOE. A los veinte días de su publicación en el BOE.

Las disposiciones de la Ley 4/2015 serán aplicables a víctimas de delitos: Cometidos exclusivamente en España. Cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de determinadas circunstancias personales. Cometidos únicamente por ciudadanos españoles.

La residencia legal es requisito para aplicar la Ley 4/2015: Sí, siempre. No, se aplica con independencia de que disfrute o no de residencia legal. Sí, salvo en delitos leves.

¿Qué derechos generales reconoce la Ley 4/2015 a las víctimas?. Protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación. Protección, sanción, vigilancia, custodia, asistencia y condena. Información, denuncia, detención, juicio, condena y ejecución.

El trato dispensado a las víctimas deberá ser: Respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. Uniforme, reservado, colectivo y sancionador. Público, generalizado y condicionado a su nacionalidad.

Toda víctima tiene derecho a obtener: El documento original de la denuncia. Una copia de la denuncia. Un certificado policial sustitutivo.

El periodo de reflexión constituye una obligación dirigida a: Jueces y fiscales. Abogados y procuradores. Funcionarios de prisiones.

Durante el periodo de reflexión, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a determinadas víctimas durante: 45 días. 30 días. 60 días.

El periodo de reflexión se aplica a víctimas de: Únicamente delitos patrimoniales. Catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos con elevado número de víctimas. Cualquier infracción administrativa.

La prohibición del periodo de reflexión queda sin efecto cuando: La víctima solicita expresamente los servicios profesionales. Lo autoriza siempre el juez. Lo solicita un familiar.

El incumplimiento del periodo de reflexión podría constituir: Infracción disciplinaria muy grave. Infracción disciplinaria leve. Únicamente responsabilidad civil.

Los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas se prestarán: De forma gratuita y confidencial. De forma onerosa y pública. Solo con autorización judicial.

Estos servicios serán facilitados por: Exclusivamente entidades privadas. Las Administraciones públicas y las oficinas de asistencia a las víctimas. Únicamente los órganos judiciales.

El acceso a estos servicios podrá extenderse a familiares: En cualquier delito automáticamente. Cuando los delitos hayan causado perjuicios de especial gravedad. Solo si son denunciantes.

La víctima deberá anunciar al letrado de la Administración de Justicia su voluntad de recurrir en un plazo máximo de: Tres días. Cinco días. Diez días.

El plazo para interponer el recurso será de: Cinco días desde la notificación. Diez días desde la notificación. Quince días desde la notificación.

El plazo para formular alegaciones será de: Tres días. Cinco días. Quince días.

Durante la investigación penal, las declaraciones de las víctimas se realizarán: El mayor número de veces posible. El menor número posible y solo cuando sean estrictamente necesarias. Siempre ante todos los testigos.

Durante la investigación, la víctima podrá estar acompañada por: Una persona de su elección, salvo resolución motivada en contrario. Únicamente un funcionario policial. Solo un familiar de primer grado.

Los reconocimientos médicos de las víctimas deberán: Realizarse sin límite. Ser imprescindibles y reducirse al mínimo su número. Ser sustituidos siempre por informes policiales.

La valoración de las medidas de protección durante la investigación corresponde a: El juez de instrucción. El tribunal sentenciador. El Ministerio del Interior.

En caso de duda sobre la edad de la víctima, se presumirá que: Es mayor de edad. Es menor de edad. Tiene la edad que determine la Policía.

Las oficinas de asistencia a las víctimas serán materia de: El Gobierno y las comunidades autónomas. Exclusivamente los ayuntamientos. El Consejo General del Poder Judicial.

Una función de las oficinas de asistencia a las víctimas es: Prestar asistencia integral, apoyo emocional y asesoramiento. Imponer medidas cautelares y sentencias. Investigar exclusivamente delitos económicos.

En caso de víctimas fraudulentas, podrá existir obligación de reembolso si son condenadas por: Denuncia falsa o simulación de delito. Falso testimonio exclusivamente. Resistencia o desobediencia.

A tenor de la Ley 4/2015, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a víctimas de catástrofes para ofrecer sus servicios hasta transcurridos: 30 días. 45 días. 60 días.

La valoración de las circunstancias de la víctima para determinar medidas de protección tendrá especialmente en consideración: Si se trata de un delito violento. El nivel de madurez de la víctima. La integridad moral de la víctima.

Durante una investigación penal, la víctima podrá estar acompañada en una declaración policial por un familiar suyo: Sí, siempre sin excepción. No, solo por su representante legal. Sí, salvo que motivadamente se decida lo contrario por la autoridad o funcionario competente.

Una víctima, una vez interpuesta la denuncia, tiene derecho a: Un certificado con un resumen. El documento original. Copia de la denuncia debidamente certificada.

Según el artículo 2 del Estatuto, se entiende por víctima: Al representante legal del fallecido como víctima directa. Tanto a la víctima directa como a la indirecta. Toda persona física o jurídica que sufra daños sobre su persona o patrimonio.

¿Qué plazo dispone la víctima para interponer recurso?. Cinco días desde la notificación. Diez días desde la notificación. Quince días desde la notificación.

¿Cuál es correcta sobre el ámbito de aplicación de la Ley 4/2015?. Se aplica a delitos cometidos en España o perseguibles en España, con independencia de nacionalidad, edad o residencia legal. Exige residencia legal en España. Solo se aplica a ciudadanos españoles.

Según la Ley 4/2015, la prohibición para los abogados queda sin efecto: A los 25 días del hecho. A los 25 días de solicitarse los servicios. Si los servicios profesionales han sido expresamente solicitados por la víctima.