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¿Qué constituye, según el art. 10.1 CE, el fundamento del orden político y de la paz social?. La libertad política y la voluntad general del pueblo español. La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes. La voluntad popular expresada en las urnas y la soberanía nacional. La seguridad jurídica y el orden público como garantías del Estado.

Conforme al art. 10.1 CE, los derechos inviolables inherentes a la persona: Se reconocen únicamente a los españoles y a los ciudadanos de la Unión Europea. Se reconocen junto con el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Están reservados a los ciudadanos que ostenten la condición política de españoles. Se limitan al ámbito privado y a las relaciones entre particulares.

La interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales: Se realizará conforme al Código Civil y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Corresponderá al Tribunal Constitucional, con arreglo a la Ley Orgánica del Tribunal. Se realizará de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España. Se realizará conforme a los principios generales del derecho y al derecho consuetudinario.

La nacionalidad española, conforme al art. 11.1 CE: Es irrenunciable y no se pierde por ningún motivo, salvo renuncia expresa. Se adquiere, se conserva y se pierde conforme a lo establecido en la ley. Solo se adquiere por nacimiento y por filiación de padre o madre españoles. Se pierde por matrimonio con extranjero y por residencia en el extranjero.

La doble nacionalidad: Está prohibida con carácter general, salvo en los supuestos de nacionalidad originaria. Solo se admite con los países iberoamericanos y con aquellos que hayan tenido vinculación histórica. Es automática para los españoles que adquieran otra nacionalidad. Se admite en los términos que establezca la ley.

La extradición se concederá: Por decisión del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado. En cumplimiento de un tratado o de la ley de reciprocidad. Por delitos políticos, salvo en los supuestos de terrorismo. En todo caso, con independencia de la naturaleza del delito.

La Constitución prohíbe la extradición por: Delitos de terrorismo y delitos contra la seguridad del Estado. Delitos económicos y delitos contra la Hacienda Pública. Delitos políticos. Delitos comunes y delitos graves.

La mayoría de edad, conforme al art. 12 CE, se fija en: Los 16 años. Los 18 años. Los 21 años. Los 25 años.

Los extranjeros en España: No gozan de las libertades públicas reconocidas en el Título I de la Constitución. Gozarán de las libertades públicas que establezcan los tratados y la ley. Tienen los mismos derechos fundamentales que los españoles, sin excepción. Solo tienen reconocidos los derechos civiles y patrimoniales.

Los extranjeros residentes pueden gozar del derecho de sufragio activo en: Elecciones generales al Congreso y al Senado. Elecciones autonómicas de la Comunidad en que residan. Elecciones municipales. Elecciones al Parlamento Europeo.

El derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales: Se reconoce a todos los extranjeros residentes sin excepción alguna. Es automático para los extranjeros con residencia legal en España. Exige una residencia mínima de diez años y la autorización del Gobierno. Se reconoce en los términos que establezcan los tratados y la ley.

La extradición de los extranjeros: Se concede en todo caso, con independencia de la existencia de tratado. Es competencia exclusiva del Rey, a propuesta del Gobierno. Solo procederá en cumplimiento de un tratado o de la ley de reciprocidad. No se admite en ningún supuesto, salvo por delitos de terrorismo.

El derecho de asilo: Lo otorga el Rey, a propuesta del Ministerio del Interior. Se otorga en los términos que establezca la ley, de acuerdo con los tratados internacionales. Es ilimitado y no está sujeto a requisito legal alguno. Procede en todo caso para los extranjeros que lo soliciten.

El art. 14 CE establece que: Los españoles son iguales ante la ley, con las excepciones que establezcan los estatutos de autonomía. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los ciudadanos son iguales ante la ley en el ámbito público y en el ejercicio de sus derechos políticos. Los ciudadanos son iguales ante la ley, con las limitaciones que se deriven de su fortuna o condición social.

La Constitución proscribe la discriminación por: Únicamente por razón de sexo, raza y religión. Solo por razón de religión, opinión política y condición social. Por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Exclusivamente por razón de fortuna, nacimiento y origen territorial.

El art. 15 CE reconoce el derecho: A la vida. A la identidad personal. A la felicidad pública. A la libertad religiosa.

El derecho a la integridad física y moral: Se limita a la integridad física y no comprende la integridad moral. Se reconoce junto al derecho a la vida, sin tortura ni tratos inhumanos o degradantes. Es un derecho autónomo y aislado del derecho a la vida. Solo se aplica a los mayores de edad y a los incapacitados judicialmente.

La pena de muerte: Se mantiene para los delitos graves previstos en el Código Penal común. Queda abolida, salvo lo que dispongan las leyes penales militares en tiempos de guerra. Se aplica en supuestos excepcionales de terrorismo y crimen organizado. Solo se aplica para delitos de terrorismo con resultado de muerte.

La libertad ideológica, religiosa y de culto se garantiza: Solo en el ámbito privado y en el ejercicio doméstico del culto. Solo a los individuos, sin extenderse a las comunidades religiosas. A los individuos y a las comunidades y confesiones. Exclusivamente en el ámbito institucional y en las relaciones con los poderes públicos.

Según el art. 16.2 CE, ninguna confesión religiosa tendrá: Carácter estatal. Reconocimiento civil. Actividad pública. Inmunidad tributaria.

Los poderes públicos, en materia religiosa: Solo mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. No intervendrán en absoluto en materia religiosa, manteniendo una separación total. Promoverán una confesión religiosa oficial de carácter estatal.

Conforme al art. 17.1 CE, se reconoce el derecho a la libertad: Exclusivamente, sin referencia a la seguridad. Y a la seguridad. Sin restricciones de ningún tipo. De movimientos y residencia.

La duración máxima de la detención preventiva: Veinticuatro horas. Setenta y dos horas. Cuarenta y ocho horas. Ciento veinte horas.

La detención preventiva: Es ilimitada en tanto no se ponga a disposición judicial. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario cuando tenga fines distintos de los previstos. Exige siempre autorización judicial previa y motivada del juez de instrucción competente. Solo procede en supuestos de delitos flagrantes y de terrorismo.

Toda persona detenida debe ser informada: Por escrito y de forma detallada de cada uno de los hechos que se le imputan. Sin demora, de sus derechos y de las razones de su detención. Por su abogado de oficio una vez haya comparecido ante el juez competente. Tras ser puesta a disposición judicial, en presencia del letrado.

El procedimiento de "habeas corpus": Tiene por objeto la obtención de la libertad provisional mediante fianza. Tiene por objeto la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Es competencia del Gobierno, a través del Ministerio del Interior. Solo procede para los extranjeros sometidos a expediente de expulsión.

Conforme al art. 18.1 CE: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se garantiza el derecho a la intimidad personal, pero no el honor ni la propia imagen. Solo se protege el honor público de las personas que ejercen funciones públicas. Se limita la protección a las personas públicas y a los personajes de relevancia.

El domicilio, según el art. 18.2 CE: Es inviolable. Es registrable. Es vigilable. Es público.

La entrada en el domicilio solo puede tener lugar: Por orden de la autoridad gubernativa competente. Con consentimiento del titular, resolución judicial o en caso de flagrante delito. Por decisión policial motivada y ratificada por el juez. En cualquier caso de sospecha fundada de delito.

El art. 18.3 CE garantiza: El secreto bancario y de las cuentas corrientes. El secreto profesional y de la correspondencia comercial. El secreto de las comunicaciones, y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas. El secreto de las confesiones religiosas y de la intimidad espiritual.

Conforme al art. 19 CE, los españoles tienen derecho: A residir y circular libremente por el territorio español. A residir en su municipio de origen y en su Comunidad Autónoma. A permanecer en su Comunidad Autónoma sin poder salir de ella. A circular con autorización previa de la autoridad gubernativa.

El derecho de entrada y salida de España: Es exclusivo de los españoles y de los nacionales de la Unión Europea. Es exclusivo de los extranjeros residentes con autorización de larga duración. Es común a españoles y extranjeros, en los términos que la ley establezca. Es exclusivo de los ciudadanos europeos y de los residentes legales.

La libertad de expresión: Se reconoce solo por escrito y a través de medios impresos. Se reconoce exclusivamente de palabra y en actos públicos. Se reconoce por palabra, escrito o cualquier medio de reproducción. Solo se reconoce a través de los medios de comunicación social.

El derecho a comunicar y recibir información veraz: Solo se reconoce a los periodistas profesionales y a los medios de comunicación. Se reconoce por cualquier medio de difusión. Se limita a los medios oficiales y a las agencias de noticias. Es exclusivo de la prensa escrita y de los medios audiovisuales.

La libertad de cátedra: Se limita a la enseñanza universitaria y a los profesores funcionarios. Se reconoce. Es exclusiva de los centros privados y de la enseñanza concertada. Solo se reconoce a los profesores funcionarios de carrera.

La Constitución reconoce el derecho a la libertad de creación: Solo literaria y artística. Exclusivamente científica y técnica. Literaria, artística, científica y técnica. Únicamente musical y audiovisual.

La Constitución, en el art. 20.2 CE: Permite la censura previa en supuestos de emergencia nacional. Prohíbe la censura previa y el secuestro de publicaciones sin resolución judicial. Solo admite el secuestro administrativo de publicaciones. Autoriza la censura previa y el secuestro administrativo.

El secuestro de publicaciones solo puede acordarse: Por decisión del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Por la policía judicial, en el curso de una investigación. Mediante resolución judicial. Sin autorización, en supuestos de urgencia.

Los límites de las libertades de expresión e información: Solo la protección de los menores y de la juventud. Son el respeto a los derechos del Título I, especialmente honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud y de la infancia. Solo la legislación ordinaria que desarrolle la ley de prensa. La censura previa administrativa y el secuestro gubernativo.

Los medios de comunicación dependientes del Estado o de cualquier ente público: Carecen de regulación específica en la Constitución. Se someterán a un estatuto que vele por la objetividad. Son libres sin restricción alguna, como los medios privados. Son regulados por los propios periodistas y sus sindicatos.

El derecho de reunión se reconoce: Con autorización previa de la autoridad gubernativa en todo caso. En su modalidad pacífica y sin armas. Solo en locales cerrados y con aforo limitado. Solo para fines políticos y sindicales.

Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones: Exigen siempre autorización gubernativa previa. Solo requieren comunicación previa a la autoridad. Necesitan autorización previa cuando se celebren en lugares de tránsito público y se trate de manifestaciones. No requieren autorización ni comunicación en ningún caso.

El derecho de asociación se reconoce: Para fines lícitos. Para fines políticos y sindicales. Con autorización previa del Gobierno. Para fines culturales y recreativos.

Las asociaciones: Deben ser siempre de carácter lucrativo y con ánimo de lucro. Solo pueden constituirse con autorización previa del Gobierno. Se someten a la ley especialmente las de carácter paramilitar. Exigen licencia municipal para su constitución y funcionamiento.

Las asociaciones secretas: Son legales si sus fines son lícitos. Son permitidas con autorización gubernativa. Quedan disueltas. Son toleradas si no cometen delitos.

La disolución o suspensión de asociaciones: Solo puede acordarse por resolución motivada de la autoridad judicial. La decide el Gobierno libremente, mediante acuerdo del Consejo de Ministros. La acuerda el Ministerio Fiscal, a través de sus órganos competentes. La decide la autoridad municipal del término donde tenga su sede.

El derecho a participar en los asuntos públicos: Es exclusivo de los mayores de veintiún años y de los ciudadanos españoles. Se ejerce directamente o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Se ejerce solo mediante representantes elegidos por sufragio indirecto. Se limita a las elecciones municipales y autonómicas.

El acceso a funciones y cargos públicos: Se reconoce en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes. Solo se reconoce a las personas con titulación específica y experiencia. Se reconoce con criterios exclusivamente políticos y de confianza. Se reconoce sin requisitos legales de ningún tipo.

El derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales: Solo se reconoce en los procesos civiles y mercantiles. Se reconoce solo para los ciudadanos españoles y de la Unión Europea. Se reconoce a todas las personas, sin que pueda producirse indefensión. Solo se reconoce a los mayores de edad y a los emancipados.

Los derechos procesales del art. 24.2 CE incluyen: Solo el derecho a un juez imparcial y a un proceso con todas las garantías. Al proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Exclusivamente el derecho a la asistencia letrada y a no declarar contra sí mismos. Únicamente el derecho a no sufrir dilaciones indebidas.

Conforme al art. 25.1 CE, la ley penal retroactiva: No se admite. Se admite en todo caso, sin excepción. Se admite sin excepciones, salvo en delitos graves. Se admite siempre que sea favorable.

Las penas privativas de libertad: Tienen una finalidad exclusivamente represiva y de castigo. Estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Solo pretenden la disuasión de los potenciales infractores. Solo persiguen la prevención general y la defensa social.

La Administración civil: Impone sanciones de multa coercitiva y privación de libertad simultáneamente. No impone privación de libertad. Impone sanciones de privación de libertad en supuestos excepcionales. Impone únicamente sanciones de privación de libertad en materia tributaria.

Los tribunales de honor, conforme al art. 26 CE: Se prohíben. Se potencian. Se regulan. Se limitan.

Conforme al art. 27.1 CE: Solo los ciudadanos españoles tienen derecho a la educación. Los españoles mayores de edad y los emancipados. Los menores de edad y los incapacitados judicialmente. Todos.

La educación tendrá por finalidad, conforme al art. 27.2 CE: El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La formación profesional y la capacitación técnica para el empleo. La instrucción cívica y la formación en valores constitucionales. La formación religiosa y moral conforme a las creencias familiares.

La libertad de enseñanza: Se reconoce. No se reconoce. Se reconoce solo en centros privados. Exige autorización del ministerio.

La enseñanza básica: Es voluntaria y gratuita en todo caso. Es obligatoria. Es opcional y de pago. Es voluntaria.

Las universidades: No tienen autonomía. Tienen autonomía. Son todas privadas. Exigen autorización.

La libertad de creación de centros docentes: Corresponde solo al Estado. Se reconoce. Exige autorización parlamentaria. Es exclusiva de las CCAA.

Conforme al art. 27.8 CE, los poderes públicos: No intervienen en la enseñanza privada. Inspeccionan y homologan. Solo financian la enseñanza obligatoria. Solo intervienen en la enseñanza privada concertada.

La libertad sindical: Se reconoce. Solo a los funcionarios. Exige autorización. Solo en el sector privado.

La libertad sindical de los miembros de las Fuerzas Armadas o Institutos Armados: Se reconoce sin restricción alguna. Se limita en los términos que establezca la ley. Es absoluta e ilimitada. Es competencia municipal.

El derecho a la huelga: Exige autorización gubernativa previa. Solo se reconoce en el sector privado. No se reconoce. Se reconoce para la defensa de los intereses de los trabajadores.

El derecho de petición, conforme al art. 29.1 CE: Es individual. Es individual y colectivo, por escrito. Solo ante el Rey. Exige representación letrada obligatoria.

Conforme al art. 30.1 CE, la defensa de España: Es derecho pero no deber. Es derecho y deber de los españoles. Es deber solo en tiempo de guerra. Es obligación exclusiva del Ejército.

Las obligaciones militares: Las fija el Rey directamente. Las fija la ley. Son de carácter voluntario para los ciudadanos. Solo aplican a los varones en edad militar.

La objeción de conciencia: Está prohibida en todo caso. Podrá reconocerse mediante ley. Es un derecho absoluto. No se regula.

El sistema tributario español: Es regresivo. Es proporcional sin restricciones. Se inspira en los principios de igualdad y progresividad. Solo grava las rentas del trabajo.

El gasto público: Es arbitrario. Asigna equitativamente recursos. Es competencia municipal exclusiva. No se programa.

Conforme al art. 32.1 CE: Solo el hombre. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Solo las personas del mismo sexo. Exige autorización familiar.

La Constitución reconoce el derecho a: Solo la propiedad intelectual. La propiedad privada. La propiedad rústica exclusivamente. La propiedad colectiva obligatoria.

La función social de la propiedad: No se reconoce. Delimita su contenido. Es meramente programática. Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

La privación de bienes y derechos: Procede por decisión administrativa. Sin indemnización. Solo por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. En supuestos de fuerza mayor.

El derecho de fundación: Solo para personas físicas. Se reconoce para fines de interés general. No se reconoce. Solo para personas jurídicas privadas con ánimo de lucro.

El derecho al trabajo: Es exclusivo de los varones. Se reconoce. Exclusivamente para los españoles. Sin deber correlativo.

La ley regulará: A los funcionarios. Solo a los trabajadores autónomos. Exclusivamente al sector privado. Solo a los menores trabajadores.

El derecho a la negociación colectiva: Es exclusivo de los empresarios. Se garantiza entre representantes de trabajadores y empresarios. Exige autorización gubernativa previa en todo caso. Solo en el sector público.

Las medidas de conflicto colectivo: Están prohibidas. Se reconocen conforme a la ley. Exigen autorización judicial previa. Solo en el sector privado.

La libertad de empresa: No se reconoce. Solo para pequeñas empresas. Se reconoce en el marco de la economía de mercado. Exclusivamente en el sector agrario.

Los poderes públicos aseguran: Solo económica. La protección social, económica y jurídica. Exclusivamente jurídica. Solo de las familias numerosas.

La protección de los hijos: Solo si son legítimos. Es integral, con independencia de su filiación. Exclusivamente de los menores. Solo de los hijos únicos.

Los padres deben prestar asistencia a los hijos: Solo hasta los dieciséis años. Durante la minoría de edad y demás supuestos legales. Solo si son legítimos. Exclusivamente durante el primer año de vida.

Los poderes públicos promoverán: Solo el progreso económico. Las condiciones para el progreso social y económico. Únicamente la redistribución de la riqueza. Solo el pleno empleo y la protección de los menores.

Los poderes públicos fomentarán: El entrenamiento y readaptación. Solo la formación universitaria. Únicamente el empleo fijo. Solo el trabajo autónomo.

Los poderes públicos mantendrán: Un régimen privado de Seguridad Social. Un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Solo seguros privados. Solo para los funcionarios.

El Estado salvaguardará especialmente: Los derechos de los emigrantes. Solo los derechos políticos. Solo los económicos. Exclusivamente los laborales de los trabajadores autónomos.

El derecho a la protección de la salud: Se reconoce. Solo a los trabajadores. A los funcionarios públicos. Exclusivamente a los menores de edad y a las personas con discapacidad.

La tutela de la salud pública: Es del sector privado. Compete a los poderes públicos. Es solo municipal. Exclusivamente estatal, sin intervención de las Comunidades Autónomas.

Los poderes públicos promoverán y tutelarán: El acceso a la cultura. Solo la cultura tradicional y popular. Únicamente la cultura estatal oficial. Solo la cultura local.

Todos tienen el derecho a disfrutar: Solo de un medio urbano. De un medio ambiente adecuado. Solo de un medio natural. De un medio sin restricciones y libre de contaminación.

Los poderes públicos velarán por: La utilización racional de los recursos naturales. Solo la conservación del medio urbano. Únicamente la defensa del medio natural. Solo los recursos energéticos no renovables.

Los poderes públicos garantizarán: La conservación del patrimonio. Únicamente del patrimonio urbano. Solo del patrimonio documental. Solo del patrimonio histórico, cultural y artístico de titularidad pública.

Todos los españoles tienen derecho: A disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Solo a una vivienda en propiedad. Únicamente a una vivienda de alquiler. A una vivienda gratuita.

Los poderes públicos promoverán: Solo en el ámbito educativo. Únicamente en el ámbito laboral. Las condiciones para el desarrollo de los jóvenes. Solo en el ámbito cultural y deportivo.

Los poderes públicos realizarán: Una política de integración de los disminuidos. Solo en el ámbito laboral. Únicamente en el ámbito educativo. Solo políticas asistenciales de las personas con discapacidad severa.

Los poderes públicos promoverán: El bienestar de la tercera edad. Solo el bienestar económico. Únicamente el bienestar social. Solo asistencia sanitaria gratuita para los mayores de sesenta y cinco años.

Los poderes públicos garantizarán: La defensa de los consumidores. Solo en el ámbito alimentario. Únicamente en el ámbito financiero. Solo la defensa de los consumidores de bienes y servicios públicos.

El Defensor del Pueblo: Es una institución regulada por ley. Es privado. No existe. Es de carácter exclusivamente autonómico.

La suspensión de los derechos: No se admite. Se admite por ley. Es automática. Solo por decisión del Rey.