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Según el artículo 159.1 CE, el Tribunal Constitucional se compone de: Doce miembros. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 159.1 CE, los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta de: El Consejo General del Poder Judicial. El Rey. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 159.1 CE: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Doce miembros nombrados por las Cortes Generales. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 159.1 CE, los miembros del Tribunal Constitucional propuestos por el Congreso y por el Senado requieren mayoría de: Tres quintos de sus miembros. Mayoría absoluta. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 159.1 CE, los miembros del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno son: Dos miembros a propuesta del Gobierno, conforme al artículo 159.1 CE. Cuatro miembros. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 159.2 CE: Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Magistrados con más de diez años de ejercicio profesional. Cualquier jurista con más de cinco años de ejercicio profesional. Únicamente profesores de Universidad.

Según el artículo 159.2 CE, los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser juristas de reconocida competencia con más de: Quince años de ejercicio profesional. Diez años de ejercicio profesional. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 159.2 CE, los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados, entre otros, entre: Abogados. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 159.3 CE, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de: Nueve años, renovándose por terceras partes cada tres. Seis años, sin renovación parcial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 159.3 CE, los miembros del Tribunal Constitucional se renuevan por terceras partes cada: Tres años. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 159.3 CE, el periodo de designación de los miembros del Tribunal Constitucional es de: Nueve años de designación, conforme al artículo 159.3 CE. Cinco años. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 159.4 CE, en materia de incompatibilidades de los miembros del Tribunal Constitucional: La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. Únicamente con el ejercicio de la abogacía. Es compatible con cargos políticos. Es compatible con todo mandato representativo.

Según el artículo 159.5 CE, los miembros del Tribunal Constitucional serán, en el ejercicio de su mandato: Independientes e inamovibles. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 160 CE: El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años. Ser nombrado por el Gobierno a propuesta del Congreso. Ser nombrado por las Cortes por mayoría de tres quintos. Ser nombrado por el propio Tribunal por mayoría simple.

Según el artículo 160 CE, el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por el Rey a propuesta de: El Tribunal en pleno. El Gobierno. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 160 CE, el mandato del Presidente del Tribunal Constitucional es de: Tres años. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 161.1 CE, el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en: Todo el territorio español, conforme al artículo 161.1 CE. Únicamente en la Comunidad Autónoma de Madrid. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 161.1 CE: El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2; de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí; y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Únicamente del recurso de amparo. Únicamente de los conflictos de competencia. Únicamente del recurso de inconstitucionalidad.

Según el artículo 161.1.a) CE, el Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra: Leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Únicamente reglamentos. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 161.1.b) CE, el recurso de amparo procede por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo: 53.2 de la Constitución. 24 de la Constitución. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 161.1.c) CE, el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos de competencia entre el Estado y las: Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 161.1 CE, cuando la declaración de inconstitucionalidad afecte a una norma interpretada por la jurisprudencia, dicha declaración afectará a: La jurisprudencia, si bien las sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Únicamente a las sentencias posteriores. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Señale la respuesta CORRECTA sobre la declaración de inconstitucionalidad según el artículo 161.1.a) CE: La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Afectará a todas las sentencias anteriores. No afectará a la jurisprudencia. Las sentencias recaídas perderán el valor de cosa juzgada.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 161.2 CE: El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. La impugnación no producirá suspensión. El plazo para ratificarla será de tres meses. Únicamente las Cortes podrán impugnar.

Según el artículo 161.2 CE, la impugnación por el Gobierno de las disposiciones de las Comunidades Autónomas producirá: La suspensión de la disposición o resolución recurrida. La anulación definitiva. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 161.2 CE, el Tribunal Constitucional deberá ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a: Cinco meses. Tres meses. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 161.2 CE, podrán impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas: El Gobierno. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 162.1.a) CE: Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Toda persona natural o jurídica. Únicamente el Presidente del Gobierno.

Según el artículo 162.1.a) CE, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, entre otros: 50 Diputados y 50 Senadores. 25 Diputados. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 162.1.a) CE, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad los órganos colegiados ejecutivos de: Las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Únicamente las Diputaciones Provinciales. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 162.1.b) CE, están legitimados para interponer el recurso de amparo: Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Únicamente el Ministerio Fiscal. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 162.1.b) CE, para interponer el recurso de amparo está legitimada toda persona natural o jurídica que invoque: Un interés legítimo. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 162.1.b) CE, junto al Defensor del Pueblo, está legitimado para interponer el recurso de amparo: El Ministerio Fiscal, conforme al artículo 162.1.b) CE. El Presidente del Gobierno. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 162.2 CE, en los demás casos, la ley orgánica determinará: Las personas y órganos legitimados. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 163 CE: Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. La cuestión siempre será suspensiva. Únicamente el juez de instrucción puede plantearla. La cuestión no requiere que la norma sea aplicable al caso.

Según el artículo 163 CE, la cuestión de inconstitucionalidad la plantea ante el Tribunal Constitucional: Un órgano judicial, en algún proceso. El Gobierno. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 163 CE, la cuestión de inconstitucionalidad se plantea cuando una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a: La Constitución Española, conforme al artículo 163 CE. La ley ordinaria. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 163 CE, los efectos de la cuestión de inconstitucionalidad, según la ley, en ningún caso serán: Suspensivos. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 164.1 CE: Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Tienen valor de cosa juzgada desde la fecha de la sentencia. Cabe recurso de casación contra ellas. No se publican en el BOE.

Según el artículo 164.1 CE, las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE con: Los votos particulares, si los hubiere. Únicamente el fallo. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 164.1 CE, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada: A partir del día siguiente de su publicación. Desde la fecha de su dictado. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 164.1 CE, contra las sentencias del Tribunal Constitucional: No cabe recurso alguno. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 164.1 CE, las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen: Plenos efectos frente a todos, conforme al artículo 164.1 CE. Efectos únicamente entre las partes. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 164.2 CE, salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá: La vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. La nulidad de toda la ley. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 165 CE: Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Una ley ordinaria regulará el funcionamiento. El propio Tribunal mediante reglamento. Mediante Decreto-ley del Gobierno.

Según el artículo 165 CE, el funcionamiento del Tribunal Constitucional se regulará mediante: Una ley orgánica. Un real decreto. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 165 CE, una ley orgánica regulará, entre otros, el estatuto de: Los miembros del Tribunal Constitucional. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 165 CE, una ley orgánica regulará el procedimiento ante el Tribunal Constitucional y: Las condiciones para el ejercicio de las acciones. El régimen retributivo del personal. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial.

Según el artículo 165 CE, una ley orgánica regulará, entre otros, las condiciones para el ejercicio de: Las acciones. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Pleno del Senado, en el ejercicio de las funciones de representación territorial y de control político atribuidas a la Cámara Alta por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 165 CE: Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Una ley ordinaria. Al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 122 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de poder judicial. Al Pleno del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de las funciones de control político y de impulso de la acción del Gobierno atribuidas a la Cámara Baja por la Constitución Española de 1978, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 56.1 CE, el Rey es: El Jefe del Estado. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 56.1 CE, el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado y arbitra y modera: El funcionamiento regular de las instituciones. El Gobierno. Las Cortes. El Poder Judicial.

Según el artículo 56.1 CE, el Rey asume la más alta representación del Estado español en: Las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Únicamente en el territorio nacional. Únicamente ante las Cortes. Únicamente ante el Gobierno.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 56.1 CE: El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. El Rey ejerce la función ejecutiva. El Rey dirige la acción del Gobierno. El Rey tiene potestad legislativa.

Según el artículo 56.2 CE, el título del Rey es: El de Rey de España, pudiendo utilizar los demás que correspondan a la Corona. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 56.3 CE, la persona del Rey es: Inviolable y no está sujeta a responsabilidad. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 56.3 CE, los actos del Rey estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en: El artículo 65.2. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 57.1 CE: La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. La sucesión es electiva. La sucesión sigue el orden de elección por las Cortes. La sucesión es vitalicia designada por el Rey.

Según el artículo 57.1 CE, la Corona de España es hereditaria en los sucesores de: S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. S. M. Don Felipe VI. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 57.1 CE, la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre: La línea anterior a las posteriores, conforme al artículo 57.1 CE. La línea posterior a las anteriores. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 57.1 CE, en el mismo grado de la sucesión en el trono, se prefiere: El varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. La mujer al varón. La línea posterior. El grado más remoto.

Según el artículo 57.2 CE, el Príncipe heredero, desde su nacimiento, tendrá la dignidad de: Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. Rey de España. Príncipe consorte. Infante de España.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 57.3 CE: Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. El Gobierno proveerá la sucesión. El Rey designará a su sucesor. El Tribunal Constitucional resolverá.

Según el artículo 57.4 CE, las personas que contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por: Sí y sus descendientes. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 57.5 CE, las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión se resolverán por: Una ley orgánica. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 58 CE: La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Podrán asumir todas las funciones constitucionales. Podrán ejercer la Regencia en todo caso. Tendrán las mismas funciones que el Rey.

Según el artículo 58 CE, la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para: La Regencia, conforme al artículo 58 CE. La sucesión. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 58 CE, la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir: Funciones constitucionales. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 59.1 CE, cuando el Rey fuere menor de edad, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia: El padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona. El Presidente del Gobierno. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 59.1 CE, la Regencia prevista para el Rey menor de edad se ejercerá durante el tiempo de: La minoría de edad del Rey. Un máximo de tres años. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 59.2 CE: Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. La imposibilidad la reconoce el Gobierno. La Regencia la ejerce el Presidente del Gobierno. La Regencia la ejerce el Defensor del Pueblo.

Según el artículo 59.2 CE, si el Rey se inhabilitare, la imposibilidad debe ser reconocida por: Las Cortes Generales, conforme al artículo 59.2 CE. El Gobierno. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 59.3 CE, si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de: Una, tres o cinco personas. Únicamente de una persona. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 59.4 CE, para ejercer la Regencia es preciso ser: Español y mayor de edad. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 59.5 CE, la Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre: En nombre del Rey. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 59.3 CE, el nombramiento de Regente cuando no haya persona que corresponda la Regencia corresponde a: Las Cortes Generales, conforme al artículo 59.3 CE. El Consejo de Ministros. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 59.2 CE, si el Rey se inhabilitare y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes, entrará a ejercer la Regencia el Príncipe heredero si fuere: Mayor de edad el Príncipe heredero, conforme al artículo 59.2 CE. Menor de edad. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 59.4 CE: Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. Ser español y mayor de 25 años. Ser español de nacimiento. Ser mayor de 21 años y español.

Según el artículo 60.1 CE, será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea: Mayor de edad y español de nacimiento. Mayor de edad y español. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 60.1 CE, si el Rey difunto no hubiese nombrado tutor, será tutor del Rey menor el padre o la madre mientras: Permanezcan viudos el padre o la madre, conforme al artículo 60.1 CE. Permanezcan casados. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 60.1 CE: Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. Lo nombra siempre el Gobierno. Lo nombra siempre el Defensor del Pueblo. Los cargos de Regente y tutor son siempre acumulables.

Según el artículo 60.1 CE, no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en: El padre, madre o ascendientes directos del Rey. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 60.2 CE, el ejercicio de la tutela es incompatible con el de: Todo cargo o representación política. Únicamente con la función pública. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 61.1 CE: El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Rey jura ante el Gobierno. El Rey jura ante el Tribunal Constitucional. El Rey no presta juramento.

Según el artículo 61.1 CE, el Rey prestará juramento al ser proclamado ante: Las Cortes Generales, conforme al artículo 61.1 CE. El Consejo de Ministros. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 61.2 CE, además del Rey, prestarán el mismo juramento el Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad y: El Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones. El Presidente del Gobierno. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 62.a) CE, corresponde al Rey: Sancionar y promulgar las leyes. Aprobar las leyes. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 62.b) CE, corresponde al Rey convocar y disolver las Cortes Generales y: Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Convocar referéndum. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 62.d) CE, corresponde al Rey proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como: Poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Aprobar el programa de Gobierno. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 62.h) CE, corresponde al Rey: El mando supremo de las Fuerzas Armadas. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 62.f) CE, corresponde al Rey expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros y conferir los empleos civiles y militares y: Conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Conceder amnistías generales. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 62.i) CE, el Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar: Indultos generales, conforme al artículo 62.i) CE. Indultos particulares. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 62.j) CE, corresponde al Rey el Alto Patronazgo de: Las Reales Academias. A la Reina consorte o al consorte de la Reina, en el ejercicio de las funciones constitucionales de representación del Estado y de moderación del funcionamiento de las instituciones, conforme al Título II de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 62.g) CE, corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones del Consejo de Ministros: Cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. Siempre que lo decida el Gobierno. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 62.c) CE: Corresponde al Rey convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. El Rey convoca referéndum libremente. El Rey no puede convocar referéndum. Corresponde al Gobierno convocar referéndum.

Según el artículo 63.1 CE, el Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante: A él, conforme al artículo 63.1 CE. El Gobierno. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 63.2 CE: Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Al Gobierno corresponde manifestar el consentimiento. A las Cortes corresponde manifestar el consentimiento. Al Presidente del Gobierno corresponde.

Según el artículo 63.3 CE, al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y: Hacer la paz, conforme al artículo 63.3 CE. Concluir tratados. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Según el artículo 64.1 CE, los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por: El Presidente del Congreso. El Senado. A las Cortes Generales, en el ejercicio de las funciones de control político, de impulso de la acción del Gobierno y de las demás funciones constitucionales que les atribuye el Título III de la Constitución Española, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público. Al Gobierno, en el ejercicio de la función ejecutiva y de la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, conforme al artículo 97 de la Constitución, con sometimiento pleno a la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico del sector público.

Señale la respuesta CORRECTA sobre el artículo 65.1 CE: El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. El Rey recibe una asignación fija. El Rey no recibe cantidad del Estado. La cantidad la fija el propio Rey.