T5 parte4

¿Cuál es el primer nivel de protección del Sistema?. El nivel adicional que establezcan las Comunidades Autónomas. El nivel mínimo establecido por la Administración General del Estado (art. 9). El nivel acordado mediante convenios. El nivel financiado por entidades privadas.

¿Qué caracteriza al segundo nivel de protección?. Ser obligatorio para todas las Comunidades Autónomas. Establecerse mediante acuerdos entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma a través de convenios (art. 10). Ser financiado exclusivamente por el Estado. Tener carácter suplementario voluntario para los ciudadanos.

¿En qué consiste el tercer nivel de protección del Sistema?. El nivel mínimo garantizado. Un nivel acordado interadministrativamente. El nivel adicional que pueda establecer cada Comunidad Autónoma. Un nivel gestionado por la Seguridad Social.

¿Qué deben ser la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno?. Principios secundarios de la acción política. Elementos complementarios de la gestión pública. Ejes fundamentales de toda acción política. Instrumentos exclusivamente informativos.

¿Cuándo se puede considerar transparente la acción de los responsables públicos?. Se limita a cumplir la legalidad formal. Se somete al escrutinio ciudadano y permite conocer la toma de decisiones y el uso de fondos públicos. Se comunica únicamente a los órganos de control. Se evalúa internamente.

¿Qué permite el fortalecimiento de la transparencia?. Reducir la participación ciudadana. Limitar el control de la actividad pública. Iniciar un proceso de respuesta de los poderes públicos a una sociedad crítica y exigente. Centralizar la toma de decisiones.

¿Qué características tienen los países con mayores niveles de transparencia y buen gobierno?. Instituciones más rígidas. Instituciones más fuertes que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. Menor control ciudadano. Mayor intervención privada.

¿A qué contribuye la fiscalización de la actividad pública?. La reducción de la intervención estatal. La regeneración democrática, la eficiencia y eficacia del Estado y el crecimiento económico. La eliminación del control parlamentario. La privatización de los servicios públicos.

¿Qué existía antes de la Ley 19/2013 en el ordenamiento jurídico español?. Carecía de cualquier norma de transparencia. Contenía normas sectoriales con obligaciones de publicidad activa en ámbitos concretos. Regulaba de forma unitaria la transparencia. Limitaba la publicidad a los presupuestos.

¿Entre qué ámbitos existían obligaciones de publicidad activa?. Exclusivamente los presupuestos. Contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos. Únicamente la contratación pública. Las políticas sociales.

¿Cuál es el objeto de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre?. Regular únicamente el derecho de acceso a la información. Ampliar y reforzar las obligaciones de publicidad activa y regular el acceso a la información pública y el buen gobierno. Sustituir la normativa sectorial existente. Limitar la transparencia a la Administración General del Estado.

¿Qué exige la Ley en materia de información institucional, organizativa y de planificación?. La publicación de datos económicos exclusivamente. La publicación de funciones, normativa aplicable, estructura organizativa e instrumentos de planificación y su grado de cumplimiento. La publicación únicamente de planes estratégicos. La comunicación interna de la información.

¿Cuál es la finalidad principal de la información jurídica que debe publicarse según la Ley?. Facilitar la gestión administrativa. Garantizar una mayor seguridad jurídica. Incrementar la carga documental. Limitar el acceso ciudadano.

¿Qué establece la Ley en el ámbito de la información económica, presupuestaria y estadística?. Un catálogo mínimo de datos reservados. Un catálogo amplio, accesible y comprensible para el control de la gestión de los recursos públicos. Información exclusivamente técnica. Información dirigida solo a órganos de control.

¿Cuál es el objetivo de la obligación de publicar la información más frecuentemente solicitada?. Reducir las solicitudes de acceso. Ajustar las obligaciones de transparencia a los intereses de la ciudadanía. Limitar el derecho de acceso. Centralizar la información.

¿Qué contempla la Ley para canalizar la publicación de la información y facilitar el cumplimiento de la publicidad activa?. La creación de registros internos. El desarrollo del Portal de la Transparencia. La remisión de información a las Cortes Generales. La externalización de la gestión informativa.

¿Qué regula también la Ley 19/2013?. Exclusivamente la publicidad activa. El derecho de acceso a la información pública, completando otra normativa e incorporando normas europeas. Únicamente el régimen sancionador. El control jurisdiccional.

¿A quiénes se aplica la Ley 19/2013?. Solo la Administración General del Estado. Todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos y agencias estatales. Únicamente los entes locales. Exclusivamente los ministerios.

¿A qué entidades están sujetas las entidades públicas empresariales y entidades de derecho público según la Ley?. En todo caso. Solo cuando actúen en el mercado. En la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un sector o actividad. Únicamente respecto de subvenciones.

¿Por qué están incluidas las Universidades públicas en el ámbito subjetivo de la Ley?. Tienen carácter privado. Son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de una Administración Pública. Gestionan fondos europeos. Ejercen funciones legislativas.

¿A quién se aplica la Ley, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo?. Exclusivamente al Congreso y al Senado. La Casa de Su Majestad el Rey y diversas instituciones constitucionales y estatales. Solo a los tribunales ordinarios. Únicamente al Gobierno.

¿Cuándo quedan sujetas a la Ley las sociedades mercantiles?. Tengan cualquier participación pública. La participación directa o indirecta de entidades públicas en su capital sea superior al 50 %. Perciban subvenciones. Presten servicios públicos.

¿A quién más se aplica la Ley?. Únicamente a entidades públicas. Partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que perciban determinadas ayudas o subvenciones públicas. Exclusivamente a empresas concesionarias. Solo a fundaciones públicas.

¿Qué deben hacer las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas?. No están sujetas a obligaciones informativas. Solo deben informar voluntariamente. Están obligadas a suministrar información a la Administración correspondiente previo requerimiento para el cumplimiento de la Ley. Únicamente informan al órgano contratante.

¿A quién se aplica esta obligación de suministro de información?. Los empleados públicos. Los adjudicatarios de contratos del sector público. Los usuarios de servicios públicos. Las entidades privadas sin ánimo de lucro.

¿Cómo se caracteriza la estructura del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Ser amplia y compleja. Garantizar especialización y operatividad evitando grandes estructuras administrativas. Integrarse en la Administración General del Estado. Contar con múltiples órganos territoriales.

¿Cómo se garantiza la independencia y autonomía del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Su adscripción ministerial. La duración indefinida de su mandato. El respaldo parlamentario exigido para el nombramiento de su Presidente. La elección directa por los ciudadanos.

¿Cuál es la finalidad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. La gestión directa de los portales de transparencia autonómicos. La promoción de la transparencia de la actividad pública y la garantía del derecho de acceso a la información pública. La aprobación de normas con rango de ley. La fiscalización económica de las Administraciones Públicas.

¿Qué objetivos tiene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Sustituir a los órganos de control autonómicos. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Imponer sanciones económicas directas. Resolver recursos judiciales.

¿Cómo actúa el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para respetar las competencias autonómicas?. Actuará en todas las Comunidades Autónomas sin excepción. Solo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado convenio al efecto. Delegará siempre sus funciones en los órganos autonómicos. Actuará exclusivamente en el ámbito estatal.

¿Qué ocurre en las Comunidades Autónomas donde no exista convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. No se ejercerán competencias en materia de transparencia. Las competencias corresponderán al órgano autonómico designado a tal efecto. Las competencias serán asumidas por las Cortes Generales. Las funciones quedarán suspendidas.

¿Cuál es una de las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Aprobar reglamentos ejecutivos. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley. Dictar resoluciones judiciales. Elaborar presupuestos generales.

¿Qué funciones ejerce el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Gestión presupuestaria. Asesoramiento en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Inspección laboral. Control financiero.

¿A qué debe informar preceptivamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Todos los proyectos normativos autonómicos. Los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la Ley o estén relacionados con su objeto. Exclusivamente los reglamentos internos. Las leyes orgánicas.

¿Qué hace el Consejo en relación con la evaluación de la Ley de Transparencia?. Realiza informes bianuales. Evalúa el grado de aplicación de la Ley y elabora anualmente una memoria. Se limita a emitir recomendaciones generales. Publica informes únicamente a solicitud del Gobierno.

¿Qué información incluye la memoria anual elaborada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Se remite únicamente al Gobierno. Incluye información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley y se presenta ante las Cortes Generales. Tiene carácter reservado. Se dirige exclusivamente a las Comunidades Autónomas.

¿Qué más incluye entre las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Redactar proyectos de ley. Promover la elaboración de borradores de recomendaciones, directrices y normas de buenas prácticas en transparencia y buen gobierno. Resolver conflictos competenciales. Fiscalizar cuentas públicas.

¿Qué otra función tiene atribuida el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?. Controlar la contratación pública. Promover actividades de formación y sensibilización en las materias reguladas por la Ley. Ejercer potestad sancionadora general. Auditar organismos públicos.

¿Qué puede hacer el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el ejercicio de sus funciones?. Sustituir a los órganos autonómicos. Colaborar con órganos de naturaleza análoga en las materias que le son propias. Asumir competencias judiciales. Actuar como órgano consultivo del Tribunal Constitucional.

¿Qué más podrá ejercer el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno además de las funciones enumeradas?. Únicamente funciones previstas en la Constitución. Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. Solo funciones delegadas por el Gobierno. Funciones exclusivas de control presupuestario.