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Conforme al artículo 54.1 de la Ley 40/2015, la Administración General del Estado actúa y se organiza, además de por los principios del artículo 3, por los de: Centralización funcional y desconcentración territorial exclusivamente. Descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Desconcentración orgánica y descentralización territorial exclusivamente. Coordinación jerárquica y centralización funcional y territorial.

Según el artículo 54.2 de la Ley 40/2015, las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente por Ley a ningún otro órgano de la AGE ni al Gobierno, corresponderán al: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Ministerio de Justicia y Administraciones Territoriales.

Conforme al artículo 55.2 de la Ley 40/2015, la Administración General del Estado comprende: La Organización Central y los Organismos autónomos dependientes. Únicamente la Organización Central y la Organización Territorial. La Organización Central, la Organización Territorial y la Administración en el exterior. La Organización Central, los Organismos públicos y la Administración en el exterior.

Según el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, en la organización central de la AGE son órganos superiores: Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios. Los Ministros y los Secretarios de Estado. Los Ministros y los Subsecretarios exclusivamente. Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios exclusivamente.

Conforme al artículo 55.4 de la Ley 40/2015, en la organización territorial de la AGE son órganos directivos: Únicamente los Delegados del Gobierno, con rango de Subsecretario. Los Delegados y Subdelegados, ambos con rango de Subsecretario. Los Delegados con rango de Subsecretario y los Subdelegados con nivel de Subdirector general. Los Delegados con rango de Director general y los Subdelegados con nivel de Subdirector general.

Según el artículo 55.6 de la Ley 40/2015, los órganos superiores y directivos tienen la condición de alto cargo, excepto: Los Subsecretarios. Los Secretarios de Estado. Los Subdirectores generales y asimilados. Los Directores generales.

Conforme al artículo 55 bis de la Ley 40/2015, el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos exige que las personas de cada sexo, en el ámbito de cada departamento ministerial: Sean exactamente paritarias (50/50). No superen el cincuenta por ciento ni sean menos del cincuenta por ciento. No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento.

Según el artículo 56.1 de la Ley 40/2015, los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas son: Las Delegaciones del Gobierno. Los órganos superiores. Las unidades administrativas. Los Departamentos ministeriales.

Conforme al artículo 56.3 de la Ley 40/2015, las unidades administrativas se establecen mediante: Real Decreto del Consejo de Ministros. Orden ministerial del titular del Departamento. Las relaciones de puestos de trabajo. Acuerdo del Consejo de Estado.

Conforme al artículo 57.1 de la Ley 40/2015, la Administración General del Estado se organiza en: Presidencia, Ministerios y Comunidades Autónomas. Consejo de Ministros y Secretarías de Estado. Presidencia del Gobierno y Ministerios. Únicamente Ministerios y Secretarías de Estado.

Según el artículo 57.3 de la Ley 40/2015, la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establece mediante: Acuerdo del Consejo de Ministros. Real Decreto del Consejo de Ministros. Real Decreto del Presidente del Gobierno. Orden Ministerial del titular de Hacienda.

Conforme al artículo 58.2 de la Ley 40/2015, los Ministerios contarán, en todo caso, con: Un Delegado del Gobierno con rango de Subsecretario. Una Secretaría de Estado y una Subsecretaría. Una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica. Una Dirección General y varias Subdirecciones Generales.

Según el artículo 58.3 de la Ley 40/2015, las Direcciones Generales son los órganos de gestión de: Los servicios territoriales en cada Comunidad Autónoma. Los servicios comunes del Ministerio. Una o varias áreas funcionalmente homogéneas. La representación del Ministerio en el exterior.

Conforme al artículo 59.1 de la Ley 40/2015, las Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales y Subdirecciones Generales se crean, modifican y suprimen por: Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro interesado. Acuerdo del Consejo de Estado, a iniciativa del Ministerio de Hacienda. Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta de Hacienda. Orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

Según el artículo 59.2 de la Ley 40/2015, los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por: Real Decreto del Consejo de Ministros. Orden del Ministro respectivo, previa autorización de Hacienda. Las relaciones de puestos de trabajo. Acuerdo del Subsecretario del Departamento.

Conforme al artículo 60.1 de la Ley 40/2015, los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de: Los Subdirectores generales del Departamento. Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios. Los Directores generales y los Subdirectores generales. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades.

Según el artículo 60.2 de la Ley 40/2015, los órganos directivos se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Interventor General y Director General. Subsecretario, Director general y Subdirector general. Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario y Subdirector. Secretario General Técnico, Director General y Subdirector.

Conforme al artículo 60.2 de la Ley 40/2015, los Secretarios generales tienen categoría de: Director General. Secretario General Técnico. Subdirector General. Subsecretario.

Según el artículo 60.2 de la Ley 40/2015, los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de: Subsecretario. Director general. Subdirector general. Secretario de Estado.

Según el artículo 61 de la Ley 40/2015, corresponde imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves a: Los Secretarios de Estado. Los Secretarios Generales. Los Subsecretarios. Los Ministros.

Conforme al artículo 61 de la Ley 40/2015, entre las funciones del Ministro se encuentra: Nombrar a los Secretarios de Estado del Departamento. Aprobar el proyecto de Ley en el Consejo de Ministros. Dirigir la acción del Gobierno en su conjunto. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

Conforme al artículo 62.1 de la Ley 40/2015, los Secretarios de Estado son directamente responsables de: La dirección de los servicios comunes del Ministerio. La representación ordinaria del Ministerio. La jefatura superior de todo el personal del Departamento. La ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.

Según el artículo 62.2.c) de la Ley 40/2015, corresponde a los Secretarios de Estado: Nombrar a los Directores generales del Ministerio. Imponer la sanción de separación del servicio. Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. Nombrar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.

Conforme al artículo 63.1 de la Ley 40/2015, los Subsecretarios ostentan: La potestad reglamentaria del Departamento. La representación del Gobierno en la Comunidad Autónoma. La jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes.

Según el artículo 63.1.ñ) de la Ley 40/2015, corresponde al Subsecretario ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves: En todo caso, incluida la separación del servicio. Salvo la separación del servicio. Únicamente por faltas leves. Únicamente respecto del personal laboral.

Conforme al artículo 63.3 de la Ley 40/2015, los Subsecretarios serán nombrados y separados por: Real Decreto del Presidente del Gobierno, entre funcionarios del Subgrupo A1. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular, entre funcionarios A1. Orden del Ministro de Hacienda, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1. Libre designación del propio Ministro, sin requisito de funcionario.

Conforme al artículo 64.3 de la Ley 40/2015, los Secretarios generales tienen categoría de: Director General. Secretario General Técnico. Subdirector General. Subsecretario.

Según el artículo 64.3 de la Ley 40/2015, los Secretarios generales serán nombrados y separados por: Orden del Ministro respectivo, previa autorización de Hacienda. Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro. Libre designación del Subsecretario del Departamento. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular o del Presidente.

Conforme al artículo 65.1 de la Ley 40/2015, los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán en todo caso las competencias relativas a: Recursos humanos y organización del personal. Gestión financiera y presupuestación. Cooperación internacional y acción en el exterior. Producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

Según el artículo 65.2 de la Ley 40/2015, los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de: Subsecretario. Director general. Secretario de Estado. Subdirector general.

Conforme al artículo 66.1 de la Ley 40/2015, los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de: La dirección de los servicios comunes del Ministerio. La representación ordinaria del Ministerio. La jefatura superior de todo el personal del Departamento. La gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio.

Según el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, los Directores generales serán nombrados y separados por: Orden del Ministro respectivo, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular o del Presidente, entre funcionarios A1. Real Decreto del Presidente del Gobierno, entre personas de libre designación. Libre designación del Subsecretario, entre funcionarios del Subgrupo A1.

Conforme al artículo 67.2 de la Ley 40/2015, los Subdirectores generales serán nombrados y cesados por: El Consejo de Ministros, a propuesta del Director general. El Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro. El Director general del que dependan, exclusivamente. El Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.

Según el artículo 67.2 de la Ley 40/2015, los nombramientos de Subdirectores generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera pertenecientes al: Subgrupo A2. Subgrupo C1. Subgrupo A1. Subgrupo C2.

Conforme al artículo 68.1 de la Ley 40/2015, los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio: Únicamente asesoramiento jurídico en materia normativa. La asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos. Únicamente la gestión financiera y presupuestaria. Únicamente la inspección de servicios y personal.

Según el artículo 68.3 de la Ley 40/2015, la gestión compartida de algunos de los servicios comunes podrá preverse mediante: Orden ministerial del titular de Hacienda. Real Decreto. Ley orgánica aprobada por las Cortes. Acuerdo del Consejo de Estado.

Conforme al artículo 69.1 de la Ley 40/2015, existirá una Delegación del Gobierno en: Cada provincia. Cada una de las Comunidades Autónomas. Cada municipio cabeza de partido judicial. Cada Comunidad Autónoma uniprovincial, únicamente.

Según el artículo 69.2 de la Ley 40/2015, las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en: La capital de provincia más poblada de la Comunidad Autónoma. La capital del Estado, en todo caso. El municipio cabeza de partido judicial de la provincia. La localidad donde radique el Consejo de Gobierno, salvo acuerdo del Consejo de Ministros.

Conforme al artículo 69.3 de la Ley 40/2015, las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al: Ministerio de la Presidencia. Ministerio del Interior. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ministerio competente por razón de la materia.

Según el artículo 69.4 de la Ley 40/2015, en cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá: Un Delegado del Gobierno con rango de Subsecretario. Un Subdelegado del Gobierno, bajo la dependencia del Delegado. Un Director Insular dependiente del Delegado del Gobierno. Un Secretario General Técnico territorial dependiente del Delegado.

Conforme al artículo 70 de la Ley 40/2015, los Directores Insulares de la Administración General del Estado serán nombrados por: El Consejo de Ministros, a propuesta del Delegado del Gobierno. El Subdelegado del Gobierno, entre funcionarios del Subgrupo A1. El Ministro de Hacienda, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1. El Delegado del Gobierno, mediante libre designación entre funcionarios A1.

Según el artículo 70 de la Ley 40/2015, los Directores Insulares ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a: Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias. Los Directores generales del Ministerio competente. Los Subdirectores generales de la Administración periférica.

Conforme al artículo 71.1 de la Ley 40/2015, los servicios territoriales de la AGE en la Comunidad Autónoma se organizarán en: Únicamente servicios integrados en las Delegaciones del Gobierno. Únicamente servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno. Servicios centrales y periféricos, sin distinción entre ellos. Servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.

Según el artículo 71.4 de la Ley 40/2015, los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de: La Secretaría General Técnica del Ministerio. La Secretaría General. La Subsecretaría del Departamento. La Intervención Delegada de Hacienda.

Conforme al artículo 72.1 de la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno representan: Al Rey en el territorio de la Comunidad Autónoma. Al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. Al Presidente del Gobierno exclusivamente en su ámbito territorial. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según el artículo 72.3 de la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen: Orgánicamente del Ministro de Hacienda y funcionalmente del Presidente. Únicamente del Ministro del Interior en su ámbito territorial. Orgánicamente del Consejo de Ministros y funcionalmente del Ministro competente. Orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente.

Conforme al artículo 72.4 de la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por: Real Decreto del Presidente del Gobierno, sin propuesta adicional. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente. Orden del Ministro de Hacienda, a propuesta del Presidente del Gobierno. Libre designación del Consejo de Ministros, sin propuesta previa.

Según el artículo 72.5 de la Ley 40/2015, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del Delegado del Gobierno, será suplido por: El Ministro del Interior, en todo caso y sin excepción. El Presidente de la Comunidad Autónoma correspondiente. El Subdelegado que el Delegado designe y, en su defecto, el de la sede; en uniprovinciales, el Secretario General. El Director General competente por razón de la materia.

Conforme al artículo 73.2 de la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno ejercerán, entre otras, la potestad: Sancionadora y expropiatoria. Reglamentaria y de desarrollo normativo. Legislativa y de iniciativa parlamentaria. De amparo constitucional y de tutela judicial.

Según el artículo 73.3 de la Ley 40/2015, la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma corresponde: Al Delegado del Gobierno, que ejerce las competencias del Estado bajo la dependencia del Interior. Al Subdelegado del Gobierno, con dependencia del Ministro de Defensa. Al Presidente de la Comunidad Autónoma en su territorio. Al Ministro del Interior directamente, sin intervención del Delegado.

Conforme al artículo 74 de la Ley 40/2015, el Subdelegado del Gobierno en la provincia tiene nivel de: Subdirector general. Director general. Subsecretario. Secretario de Estado.

Según el artículo 74 de la Ley 40/2015, el Subdelegado del Gobierno será nombrado por: El Delegado del Gobierno, mediante libre designación entre funcionarios A1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Delegado del Gobierno. El Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda. El Ministro de Hacienda, entre funcionarios del Subgrupo A1.

Conforme al artículo 74 de la Ley 40/2015, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado: El Delegado del Gobierno asumirá las competencias atribuidas a los Subdelegados. Las competencias corresponden al Presidente de la Comunidad Autónoma. Se creará obligatoriamente un Director Insular con rango de Subdirector. Las competencias corresponden al Ministro del Interior en su ámbito.

Según el artículo 75.c) de la Ley 40/2015, corresponde a los Subdelegados del Gobierno en las provincias: Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. Convocar las Conferencias sectoriales con las Comunidades. Aprobar las ordenanzas municipales de los ayuntamientos. Nombrar a los Delegados del Gobierno en las Comunidades.

Conforme al artículo 75.b) de la Ley 40/2015, en materia de seguridad ciudadana, el Subdelegado del Gobierno: Dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. Dirige las policías locales de los municipios de la provincia. Ejerce la jefatura del Ministerio del Interior en la provincia. Asume el mando de las Fuerzas Armadas en la provincia.

Conforme al artículo 76.1 de la Ley 40/2015, la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por: Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta de Hacienda. Orden del Ministro del Interior, previa autorización de Hacienda. Real Decreto del Presidente del Gobierno, a propuesta de Hacienda. Acuerdo del Consejo de Estado, a propuesta del Ministerio de Hacienda.

Según el artículo 76.1 de la Ley 40/2015, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno contarán, en todo caso, con: Una Secretaría General. Una Subsecretaría con rango de Subdirector general. Una Secretaría General Técnica con rango de Director general. Una Intervención Delegada de la Intervención General.

Conforme al artículo 77 de la Ley 40/2015, la asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán, respectivamente, por: La Abogacía del Estado y la Intervención General del Estado. El Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas. La Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas. La Secretaría General Técnica y la Intervención General.

Según el artículo 78 de la Ley 40/2015, la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado adscrito al: Ministerio de la Presidencia. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ministerio del Interior. Consejo de Ministros.

Conforme al artículo 78.3 de la Ley 40/2015, las atribuciones, composición y funcionamiento de la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado se regularán mediante: Real Decreto. Ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. Orden ministerial del titular de Hacienda. Acuerdo del Consejo de Ministros.

Conforme al artículo 79.1 de la Ley 40/2015, en cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, que: Estará presidida por el Ministro de Hacienda e integrada por los Delegados. Estará integrada únicamente por los Directores Insulares de las islas. Estará presidida por el Delegado del Gobierno e integrada por los Subdelegados. Estará presidida por el Presidente de la Comunidad Autónoma.

Según el artículo 79.2 de la Ley 40/2015, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por: El Secretario General y los titulares de los órganos que el Delegado considere. Únicamente los Subdelegados del Gobierno de la provincia. Los Presidentes de las Diputaciones provinciales correspondientes. Los Directores Insulares de las islas de la Comunidad.

Conforme al artículo 79.3 de la Ley 40/2015, en cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por: Los Delegados del Gobierno de las Comunidades Autónomas colindantes. El Secretario General y los titulares de los órganos que el Subdelegado considere. Únicamente los Directores Insulares de las islas de la provincia. Los Alcaldes de los municipios de la provincia correspondiente.

Conforme al artículo 1.1 de la LRBRL, los Municipios son: Órganos dependientes de la Diputación Provincial correspondiente. Entidades territoriales de rango superior a la Provincia. Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces de participación. Entidades de carácter supramunicipal sin personalidad jurídica.

Según el artículo 1.2 de la LRBRL, gozan de idéntica autonomía que los Municipios para la gestión de sus intereses respectivos: Las Áreas Metropolitanas y las Comarcas. Las Comunidades Autónomas y las Diputaciones. La Provincia y, en su caso, la Isla. Únicamente las Mancomunidades de Municipios.

Conforme al artículo 2.1 de la LRBRL, la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas atribuirá competencias a los entes locales de conformidad, entre otros, con los principios de: Representación proporcional, paridad y participación ciudadana. Jerarquía, centralización y coordinación administrativa. Descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, con sujeción a estabilidad. Únicamente eficacia, eficiencia y jerarquía administrativa.

Según el artículo 3.1 de la LRBRL, son Entidades Locales territoriales: Las Comarcas y las Áreas Metropolitanas. Las Mancomunidades y las Comarcas. El Municipio y la Provincia exclusivamente. El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.

Conforme al artículo 3.2 de la LRBRL, gozan de la condición de Entidades Locales, entre otras: Únicamente los Municipios y las Provincias. Las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades. Únicamente las Diputaciones Provinciales y los Cabildos.

Según el artículo 4.1 de la LRBRL, corresponden en todo caso a los municipios, provincias e islas, entre otras potestades: La potestad legislativa y la de amparo constitucional. Únicamente la potestad de organización del Estado. Las potestades reglamentaria, tributaria, expropiatoria y sancionadora. Únicamente la potestad reglamentaria y de autoorganización.

Conforme al artículo 4.3 de la LRBRL, corresponden a las mancomunidades de municipios las potestades del artículo 4.1: Ninguna, por no ser Administración pública con potestades. En todo caso, todas las potestades enumeradas sin excepción. Que determinen sus Estatutos; en defecto, todas las precisas para su finalidad. Únicamente la potestad reglamentaria y de autoorganización.

Según el artículo 5 de la LRBRL, las Entidades locales, para el cumplimiento de sus fines, tendrán: Únicamente capacidad para celebrar contratos y convenios administrativos. Capacidad jurídica sujeta a autorización previa del Estado o la Comunidad. Plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones. Capacidad jurídica limitada a la gestión de los servicios mínimos obligatorios.

Conforme al artículo 6.1 de la LRBRL, las entidades locales actúan de acuerdo con los principios de: Únicamente eficacia y jerarquía administrativa. Autonomía plena sin sujeción al Derecho administrativo. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento a la ley. Jerarquía, centralización y coordinación con las demás Administraciones.

Según el artículo 6.2 de la LRBRL, el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales lo ejercen: La Diputación Provincial correspondiente. El Gobierno de la Nación, a través de la Abogacía del Estado. Los Tribunales. El Consejo de Estado, mediante dictamen vinculante.

Conforme al artículo 7.1 de la LRBRL, las competencias de las Entidades Locales son: Únicamente propias de la entidad local. Únicamente atribuidas por delegación del Estado o la Comunidad. Propias o atribuidas por delegación. Siempre mancomunadas con otros municipios.

Según el artículo 7.2 de la LRBRL, las competencias propias de los Municipios, Provincias, Islas y demás Entidades Locales territoriales: Las fija el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto. Podrán determinarse por Reglamento del Gobierno autonómico. Solo podrán ser determinadas por Ley. Podrán determinarse por acuerdo del Pleno municipal.

Conforme al artículo 8 de la LRBRL, las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de: La Administración local de otras Comunidades Autónomas. La Administración General del Estado en su ámbito territorial. La Administración autonómica, conforme a los Estatutos y la legislación autonómica. La Administración de la Unión Europea en el ámbito local.

Según el artículo 9 de la LRBRL, las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales: Se aprobarán necesariamente por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Podrán limitar su ámbito a una o varias entidades con carácter singular. No podrán limitar su ámbito a una o varias entidades con carácter singular, sin perjuicio de regímenes especiales. Solo se aplicarán a los Municipios de más de 50.000 habitantes.

Conforme al artículo 10.1 de la LRBRL, la Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de: Jerarquía y subordinación de la Administración Local al Estado. Únicamente información mutua entre las Administraciones Públicas. Competencia y libre mercado entre las Administraciones Públicas. Información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales.

Según el artículo 11.1 de la LRBRL, el Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado y tiene: Personalidad jurídica, pero no plena capacidad para sus fines. Personalidad jurídica y necesidad de supervisión del Estado para sus fines. Sin personalidad jurídica propia, dependiendo de la Provincia. Personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Conforme al artículo 11.2 de la LRBRL, son elementos del Municipio: El término municipal y el padrón de habitantes exclusivamente. El Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno local. El territorio y los bienes de dominio público municipal. El territorio, la población y la organización.

Conforme al artículo 12.1 de la LRBRL, el término municipal es: El registro de los vecinos del municipio correspondiente. El conjunto de concejales del ayuntamiento en el Pleno. El límite provincial del municipio correspondiente. El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.

Según el artículo 12.2 de la LRBRL, cada municipio pertenecerá: A dos provincias, como máximo, según su población. A la provincia que determine el Consejo de Ministros. A la Comunidad Autónoma, con independencia de la provincia. A una sola provincia.

Conforme al artículo 13.1 de la LRBRL, la creación o supresión de municipios y la alteración de términos municipales se regularán por: La legislación del Estado exclusivamente, mediante ley orgánica. El Gobierno de la Nación, mediante Real Decreto del Consejo. El Consejo de Estado, mediante dictamen vinculante y preceptivo. La legislación autonómica sobre régimen local, sin modificar límites provinciales.

Según el artículo 13.1 de la LRBRL, la alteración de términos municipales requerirá, en todo caso, además de la audiencia de los municipios interesados: Aprobación en referéndum de los vecinos de los municipios afectados. Autorización del Congreso de los Diputados mediante ley ordinaria. Informe del Tribunal de Cuentas sobre la sostenibilidad financiera. Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de las CCAA e informe de la tutela financiera.

Conforme al artículo 13.2 de la LRBRL, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos: 2.000 habitantes. 4.000 habitantes. 5.000 habitantes. 10.000 habitantes.

Según el artículo 13.4 de la LRBRL, los municipios colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión; el nuevo municipio resultante no podrá segregarse hasta transcurridos: Cinco años. Diez años. Quince años. Veinte años.

Conforme al artículo 14.1 de la LRBRL, los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras ser anotados en el Registro creado al efecto, se publiquen en: El boletín oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente. El boletín oficial de la provincia a la que pertenezca. El Diario Oficial de la Unión Europea en su versión española. El Boletín Oficial del Estado.

Según el artículo 15 de la LRBRL, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse: En todos los municipios en los que resida habitualmente. Únicamente en el que habite durante más tiempo al año. En el municipio de su lugar de nacimiento, en todo caso. En el municipio que elija libremente, sin restricciones legales.

Conforme al artículo 15 de la LRBRL, la condición de vecino se adquiere: Al cumplir los 18 años de edad y acreditar residencia. En el mismo momento de su inscripción en el Padrón. Tras cinco años de residencia continuada en el municipio. Por acuerdo del Pleno municipal a propuesta del Alcalde.

Según el artículo 16.1 de la LRBRL, el Padrón municipal es: El registro de los bienes de dominio público del municipio. El censo electoral del municipio para las elecciones locales. El registro de los funcionarios del ayuntamiento en activo. El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio.

Conforme al artículo 16.1 de la LRBRL, la inscripción en el Padrón Municipal de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración (no UE/EEE) deberá ser objeto de renovación periódica cada: Un año. Dos años. Cinco años. Diez años.

Según el artículo 16.3 de la LRBRL, los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado: En todo caso, sin restricción alguna por parte de la Administración. Solamente cuando sean necesarios para sus competencias y para asuntos con residencia relevante. Únicamente con autorización judicial previa del juez competente. Nunca, por estar sujetos al secreto estadístico absoluto.

Conforme al artículo 17.1 de la LRBRL, la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde: Al Instituto Nacional de Estadística en todo caso. Al Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación del Estado. A la Diputación Provincial, en todo caso y sin excepción. A la Comunidad Autónoma respectiva, a través de su Consejería.

Según el artículo 17.1 de la LRBRL, las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que: Tengan más de 20.000 habitantes y capacidad de gestión suficiente. Por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos automatizados. Sean capitales de provincia o municipios de más de 50.000 habitantes. Estén en comunidades autónomas uniprovinciales sin Diputación.

Conforme al artículo 17.4 de la LRBRL, el Consejo de Empadronamiento, órgano colegiado de colaboración entre la AGE y los Entes Locales en materia padronal, está adscrito al: Ministerio de la Presidencia, presidido por el Secretario de Estado. Ministerio competente en Administraciones Públicas, presidido por el Presidente del INE. Ministerio del Interior, presidido por el Director General de Política. Consejo de Ministros, presidido por el Presidente del Gobierno.

Según el artículo 18.1 de la LRBRL, entre los derechos de los vecinos se encuentra: Ejercer la potestad reglamentaria del municipio en el Pleno. Aprobar los presupuestos municipales en el Pleno. Nombrar al Alcalde en las elecciones municipales. Ser elector y elegible de acuerdo con la legislación electoral.

Conforme al artículo 18.2 de la LRBRL, la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal: Constituye prueba de su residencia legal en España a todos los efectos. No constituirá prueba de residencia legal ni atribuirá derechos no conferidos. Les atribuye automáticamente la nacionalidad española por residencia. Les da derecho a sufragio pasivo en todas las elecciones locales.

Conforme al artículo 31.1 de la LRBRL, la Provincia es una entidad local determinada por: La suma de las Diputaciones provinciales de su ámbito territorial. El conjunto de Cabildos y Consejos insulares de las islas. La división electoral del territorio para las elecciones provinciales. La agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad.

Según el artículo 31.2 de la LRBRL, son fines propios y específicos de la Provincia: La representación del Estado en la provincia a través del Delegado. La dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en la provincia. Garantizar la solidaridad y equilibrio intermunicipales y la coordinación con CCAA y Estado.

Conforme al artículo 31.3 de la LRBRL, el gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a: El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. La Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. El Ministro competente por razón de la materia.

Según el artículo 32.1 de la LRBRL, existen en todas las Diputaciones, entre otros órganos: Únicamente el Presidente y el Pleno de la Diputación. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. Únicamente la Junta de Gobierno y el Pleno provincial. El Delegado del Gobierno y el Subdelegado en la provincia.

Conforme al artículo 33.1 de la LRBRL, el Pleno de la Diputación está constituido por: El Presidente y los Diputados. Únicamente los Diputados provinciales electos. El Presidente, los Vicepresidentes y los Secretarios. Los Alcaldes de los municipios de la provincia.

Según el artículo 33.4 de la LRBRL, el Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en: Todas las atribuciones del Pleno, sin excepción alguna. Las letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ) del número 2 y el número 3. Únicamente las atribuciones de carácter económico y presupuestario. Las letras g) y j) del número 2 del artículo 33.

Conforme al artículo 34.1 de la LRBRL, corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación, entre otras atribuciones: Dirigir el gobierno y la administración de la provincia y representar a la Diputación. La aprobación de las ordenanzas y reglamentos provinciales. La aprobación y modificación de los Presupuestos provinciales. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

Según el artículo 34.2 de la LRBRL, el Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo, entre otras, la de: Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. Representar a la Diputación en sus relaciones externas. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y la Junta, decidir empates, crédito y personal. Ordenar la publicación y ejecución de los acuerdos del Pleno.

Conforme al artículo 35.1 de la LRBRL, la Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior a: El tercio del número legal de los mismos. La mitad del número legal de los mismos. Los dos tercios del número legal de los mismos. La cuarta parte del número legal de los mismos.

Según el artículo 35.4 de la LRBRL, los Vicepresidentes sustituyen al Presidente: Únicamente en caso de fallecimiento del Presidente en el cargo. Por el orden de su nombramiento y en vacante, ausencia o enfermedad, designados por el Presidente. Por orden alfabético de sus apellidos y previa elección del Pleno. Por elección del Pleno de la Diputación, en todo caso y sin excepción.

Conforme al artículo 42.1 de la LRBRL, las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos, podrán crear en su territorio: Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios. Provincias y Diputaciones provinciales en su territorio. Diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas. Comunidades de Villa y Tierra y otras entidades históricas.

Según el artículo 42.2 de la LRBRL, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente: La mayoría absoluta de los Municipios, sin más requisito adicional. Las dos quintas partes de los Municipios, siempre que representen la mitad del censo electoral. El Gobierno de la Nación mediante acuerdo del Consejo de Ministros. La Diputación Provincial correspondiente, en todo caso y sin excepción.

Conforme al artículo 43.1 de la LRBRL, las Comunidades Autónomas podrán crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas mediante: Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Ley, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones. Real Decreto del Gobierno de la Nación, a propuesta de la Comunidad. Acuerdo de los Ayuntamientos interesados, sin más requisitos.

Según el artículo 43.2 de la LRBRL, las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de: Grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos existan vinculaciones económicas y sociales y se requiera planificación conjunta y coordinación de servicios. Ruralidad dispersa con baja densidad de población y servicios mancomunados. Una sola provincia, con independencia de las vinculaciones existentes. Más de 50.000 habitantes, en todo caso y sin otras consideraciones.

Conforme al artículo 44.1 de la LRBRL, se reconoce a los municipios el derecho a: Asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Segregarse de la provincia a la que pertenecen por acuerdo del Pleno. Crear sus propias circunscripciones electorales para el Senado. Emitir su propia moneda local para transacciones municipales.

Según el artículo 44.2 de la LRBRL, las mancomunidades: No tienen personalidad jurídica propia, dependiendo de los municipios. Tienen personalidad y capacidad jurídicas para sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos. Tienen personalidad jurídica, pero no capacidad jurídica para obligarse. Carecen de órganos de gobierno representativos de los municipios.

Conforme al artículo 44.2 de la LRBRL, en las mancomunidades los órganos de gobierno serán: Representativos de los ayuntamientos mancomunados. Designados por la Diputación Provincial correspondiente. Designados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Elegidos por sufragio universal directo de los vecinos.