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Según el artículo 26.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la creación y estructuración de su propia Administración pública corresponde a la Comunidad Autónoma: Con plena libertad organizativa, sin sujeción a norma estatal de ningún tipo. Dentro de los principios generales y normas básicas que establezca el Estado. Únicamente previa delegación expresa del Estado y con su autorización. Conforme a la estructura orgánica común fijada por el Estado para todas las Comunidades.

Conforme al artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, los órganos encargados de la prestación de servicios o de la gestión de competencias de la Comunidad Autónoma: Son órganos independientes que no se integran en la Administración autonómica. Dependen de los respectivos Ayuntamientos y se integran en la Administración local. Dependen de la Comunidad Autónoma y se integran en su propia Administración. Dependen del Estado y se integran en la Administración General del Estado.

Según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, se regulará por Ley de la Comunidad Autónoma: Únicamente el reconocimiento y delimitación de las comarcas y su régimen jurídico. Únicamente la creación de áreas metropolitanas para la coordinación de servicios. La creación de mancomunidades, que se aprobará por Reglamento del Gobierno. El reconocimiento de comarcas, la creación de agrupaciones de municipios con fines específicos y la creación de áreas metropolitanas.

Conforme al artículo 27 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, las áreas metropolitanas podrán crearse con la finalidad de: La administración de justicia en el ámbito metropolitano. La representación de la Comunidad ante la Unión Europea. La recaudación conjunta de los tributos locales del área. La coordinación y gestión de los servicios públicos.

Según el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, los Reglamentos y demás disposiciones de eficacia general del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma se publicarán, en todo caso, en: El Boletín Oficial del Estado, con carácter previo a su entrada en vigor. El Boletín Oficial de La Rioja, con carácter previo a su entrada en vigor. El Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a efectos informativos. El Diario Oficial de la Provincia, para conocimiento de los municipios.

Conforme al artículo 28 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja es: Suficiente únicamente cuando se publique además en el Boletín Oficial del Estado. Suficiente, a todos los efectos, para la validez de los actos y la entrada en vigor de las disposiciones y normas. Necesaria, pero no suficiente para la validez y la entrada en vigor de las normas. Suficiente únicamente para los actos administrativos, pero no para las disposiciones.

Según el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus autoridades y funcionarios se exigirá: Únicamente ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En los mismos términos y casos que establezca la legislación del Estado en la materia. Conforme a una Ley especial que apruebe el Parlamento de La Rioja. Únicamente ante el Tribunal de Cuentas, por su carácter de órgano fiscalizador.

Conforme al artículo 30.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, las Leyes de la Comunidad Autónoma están sometidas a: El control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional. El control de legalidad que ejerce el Consejo de Estado. El control de legalidad de la jurisdicción contencioso-administrativa. El control del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Según el artículo 30.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el control de la actividad de los órganos de la Comunidad Autónoma relativa al ejercicio de funciones delegadas conforme al artículo 153.b) de la Constitución corresponde: Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Al Tribunal Constitucional, previa cuestión de inconstitucionalidad. Al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, por vía contenciosa. Al Parlamento de La Rioja, mediante comisión de investigación.

Conforme al artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, las normas reglamentarias y los actos y acuerdos emanados de los órganos ejecutivos y administrativos de la Comunidad Autónoma serán recurribles ante: El Tribunal Constitucional, por la vía del recurso de amparo. El Consejo Consultivo de La Rioja, por la vía consultiva. La jurisdicción contencioso-administrativa. La jurisdicción civil, en los términos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Según el artículo 31.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Administración de la Comunidad Autónoma goza de las potestades propias de la Administración del Estado. Entre ellas NO se encuentra: La potestad expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio. La facultad de legislar en materias de competencia estatal. La potestad de sanción dentro de los límites que establezca la Ley. La facultad de utilizar el procedimiento administrativo de apremio.

Conforme al artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Administración de la Comunidad Autónoma está: Sujeta a la obligación de prestar toda clase de cauciones ante los Tribunales. Exceptuada únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Exceptuada de prestar cauciones o garantías ante los Tribunales de cualquier jurisdicción u organismo administrativo. Sujeta a prestar caución ante la jurisdicción civil en todo caso.

Según el artículo 31.4 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, respecto de las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de su competencia y conforme al procedimiento legalmente establecido: Cabe todo tipo de interdictos ante la jurisdicción civil. Solo se admitirán interdictos de recobrar la posesión. Solo se admitirán interdictos de obra nueva y de obra ruinosa. No se admitirán interdictos contra dichas actuaciones.

Conforme al artículo 32 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el control económico y presupuestario de la Comunidad Autónoma se ejercerá por: El Tribunal de Cuentas, conforme a los artículos 136 y 153.d) CE. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en su Sala de lo Contencioso. El Consejo Consultivo de La Rioja, mediante dictamen preceptivo. El Tribunal Constitucional, por la vía del conflicto de competencias.

Según el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones Locales se ajustarán a los principios de: Información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales. Jerarquía y subordinación de los entes locales a la Comunidad Autónoma. Únicamente colaboración y coordinación, sin información mutua. Subordinación jerárquica de la Comunidad Autónoma a los entes locales.

Conforme al artículo 33.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma podrá transferir o delegar en las corporaciones locales facultades correspondientes a materias de su competencia mediante: Decreto del Gobierno, aprobado por mayoría simple del Consejo de Gobierno. Acuerdo del Consejo de Gobierno, sin intervención del Parlamento de La Rioja. Ley aprobada por mayoría absoluta, que preverá la transferencia de medios y la dirección y control. Acuerdo bilateral con cada corporación local, sin rango de Ley ni control parlamentario.

Conforme al artículo 34 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en relación con la Administración de Justicia (exceptuada la militar), corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras facultades: Ejercer las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial atribuyan al Gobierno del Estado y fijar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales. Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo y a los Magistrados de la Sala Civil. Crear nuevos órdenes jurisdiccionales propios, distintos de los estatales. Conocer de los recursos de amparo constitucional en su ámbito territorial.

Según el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Administración de Justicia cuya gestión puede corresponder a la Comunidad Autónoma: Excluye expresamente la jurisdicción militar. Incluye expresamente la jurisdicción militar. Incluye únicamente la jurisdicción militar. Excluye expresamente la jurisdicción contencioso-administrativa.

Conforme al artículo 35.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: No tiene sede fija y rota por las cabezas de partido judicial. Tiene su sede en la ciudad de Logroño. Tiene su sede en la ciudad de Calahorra. Tiene su sede en la ciudad de Haro.

Según el artículo 35.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja será nombrado: Por el Presidente de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Parlamento. Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por el Parlamento de La Rioja, por mayoría de dos tercios de sus miembros. Por el Gobierno de La Rioja, a propuesta del Consejo Consultivo.

Conforme al artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja por orden de: El Rey, a través del Ministerio de Justicia. El Gobierno de La Rioja, a través de su Consejería competente. El Presidente de la Comunidad Autónoma. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Según el artículo 36.1.a) del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la competencia de los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma se extiende, en el orden civil: Únicamente a la primera instancia y a los recursos de apelación. A todas las instancias y grados, a excepción de los recursos de casación y revisión. A todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisión. Únicamente a los recursos de casación y revisión regulados en la LEC.

Conforme al artículo 36.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en las restantes materias no atribuidas a los órganos de la Comunidad, el recurso de casación, el de revisión o el que corresponda se interpondrá ante: La Audiencia Nacional, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo. El Tribunal Supremo, según las Leyes del Estado. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en su Sala Civil. El Tribunal Constitucional, por la vía del recurso de amparo.

Según el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, los concursos y oposiciones para cubrir plazas de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad serán convocados por: El Gobierno de La Rioja, a través de su Consejería de Justicia. El órgano estatal competente, a instancia del Gobierno de la Comunidad Autónoma. El Parlamento de La Rioja, mediante Ley de convocatoria pública. El Consejo General del Poder Judicial, de oficio y sin instancia previa.

Conforme al artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles serán nombrados por: El Gobierno del Estado, a propuesta del Consejo General del Notariado. El Gobierno de la Comunidad Autónoma, de conformidad con las Leyes del Estado. El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Colegio Notarial.

Según el artículo 38.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma de La Rioja participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a: Únicamente los Registros de la Propiedad y Mercantiles. Únicamente las demarcaciones notariales y el número de Notarios. Los Registros de la Propiedad y Mercantiles, las demarcaciones notariales y el número de Notarios. Únicamente el número de Registradores Mercantiles y su régimen retributivo.

Conforme al artículo 39 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en relación con el Poder Judicial: Ejercer en su territorio las facultades que las Leyes del Poder Judicial atribuyan al Gobierno de la Nación y proponer al Parlamento la delimitación de las demarcaciones. Únicamente proponer al Rey el nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior. Únicamente elaborar el proyecto de Ley de Demarcación Judicial de La Rioja. Aprobar directamente, sin intervención del Parlamento, las demarcaciones territoriales.

Según el artículo 39.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la propuesta de delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales se formulará teniendo en cuenta, entre otros elementos: Únicamente los límites de los actuales partidos judiciales. Los límites de los actuales partidos judiciales y las características geográficas, históricas y de población. Únicamente las características de población y la extensión territorial. Únicamente los criterios económicos y de eficiencia organizativa.

Conforme al artículo 40 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, corresponde, en todo caso, al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: Conocer de las responsabilidades de los artículos 17.7 y 24.4, los recursos electorales y los conflictos entre Corporaciones Locales. Conocer del recurso de amparo constitucional en el ámbito de la Comunidad. Aprobar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales. Controlar la actividad económica del Estado en el territorio de La Rioja.

Según el artículo 41 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en la Comunidad Autónoma se propiciará: La participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, en las formas que la legislación estatal prevea. La creación de un jurado propio, al margen de la legislación estatal. La privatización de la Administración de Justicia en el ámbito autonómico. La sustitución del Ministerio Fiscal por un fiscal autonómico independiente.

Conforme al artículo 42 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja es: El Consejo Consultivo de La Rioja. El Consejo de Estado, en su sección territorial. El Consejo Económico y Social de La Rioja. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Según el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma de La Rioja contará para el desempeño de sus competencias y funciones con: Únicamente hacienda propia, sin patrimonio ni dominio público. Hacienda, dominio público y patrimonio propio. Únicamente patrimonio propio, sin hacienda ni dominio público. Únicamente los recursos cedidos por el Estado, sin patrimonio propio.

Conforme al artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el patrimonio de la Comunidad Autónoma estará integrado, entre otros, por: Únicamente los bienes adquiridos por cualquier título jurídico. Únicamente los bienes afectados a servicios traspasados. Los bienes de la Diputación Provincial al constituirse la Comunidad, los afectados a servicios traspasados y los adquiridos por cualquier título. Los bienes del Estado situados en el territorio de La Rioja.

Según el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma tiene capacidad para: Adquirir, poseer, administrar y enajenar los bienes que integran su patrimonio. Únicamente poseer y administrar sus bienes, sin poder enajenarlos. Adquirir y enajenar bienes, pero no administrarlos directamente. Únicamente poseer, sin facultad de administración ni de enajenación.

Conforme al artículo 45 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, los recursos de la Comunidad Autónoma estarán constituidos, entre otros, por: Únicamente las participaciones en los ingresos del Estado. Los tributos cedidos, las participaciones en ingresos del Estado, el producto de operaciones de crédito y las asignaciones con cargo a los PGE. Únicamente el producto de multas y sanciones administrativas. Únicamente las donaciones y legados de particulares.

Según el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos del Estado: No constituyen recurso de la Comunidad Autónoma. Constituyen un recurso de la Comunidad Autónoma. Constituyen un recurso exclusivo de los entes locales. Solo pueden establecerlos las Cortes Generales.

Conforme al artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el acuerdo bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja se formalizará en: El Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado. Una Comisión Mixta, que podrá revisarse periódicamente de forma conjunta. El Parlamento de La Rioja, mediante Ley aprobada por mayoría absoluta. El Congreso de los Diputados, mediante Ley Orgánica de financiación.

Según el artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la participación anual de la Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado se negociará atendiendo a criterios que permitan garantizar, con suficiencia y solidaridad: El ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma. Únicamente el equilibrio presupuestario del Estado. Únicamente el pago de la deuda autonómica contraída. Únicamente las infraestructuras estatales en La Rioja.

Conforme al artículo 47.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el porcentaje de participación podrá ser objeto de revisión, entre otros supuestos: Únicamente cuando se reforme sustancialmente el sistema tributario del Estado. Cuando se amplíen o reduzcan competencias, se cedan nuevos tributos, se reforme el sistema tributario y, transcurridos cinco años, lo solicite el Estado o la Comunidad. Únicamente a petición del Gobierno de La Rioja, en cualquier momento del ejercicio. Únicamente cada diez años, de oficio por el Ministerio de Hacienda.

Según el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, deberán adoptar necesariamente la forma de Ley: Únicamente la elaboración y aprobación de los presupuestos generales. El establecimiento de tributos propios, los recargos sobre impuestos estatales, la emisión de deuda y el régimen jurídico del patrimonio. Únicamente las cuestiones de mero desarrollo reglamentario. Ninguna materia exige la forma de Ley en el ámbito tributario.

Conforme al artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma regulará, entre otras materias: Únicamente la elaboración de sus presupuestos anuales. Únicamente la gestión de los tributos estatales cedidos. La elaboración, aprobación y control de sus presupuestos, el establecimiento de tributos propios y la emisión de deuda. Únicamente el régimen de función pública estatal.

Según el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos propios corresponderá: A la Administración Tributaria del Estado, por delegación. A los entes locales, en cuyo territorio se recauden. A la Comunidad Autónoma, con plenas atribuciones para su organización y ejecución. Al Tribunal de Cuentas, por su función fiscalizadora.

Conforme al artículo 49.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en caso de impuestos cedidos, la Comunidad Autónoma asumirá, por delegación del Estado: Únicamente la recaudación en período voluntario. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y, en su caso, revisión de los mismos. Únicamente la inspección y la revisión de los actos. Únicamente la revisión en vía económico-administrativa.

Según el artículo 50 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma podrá crear su propio Tribunal Económico-Administrativo mediante: Decreto del Gobierno de La Rioja, a propuesta de la Consejería de Hacienda. Ley que regulará su composición, régimen y funcionamiento. Orden del Consejero competente en materia de Hacienda. Acuerdo del Parlamento, sin rango de Ley ni publicación oficial.

Conforme al artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el conocimiento de las reclamaciones contra actos dictados por las Administraciones en materia tributaria corresponde: En todo caso, a los órganos económico-administrativos del Estado. Tratándose de tributos propios, al Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad; tratándose de tributos cedidos, a los órganos del Estado. En todo caso, al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en única instancia. Únicamente al Tribunal de Cuentas, por su competencia fiscalizadora.

Según el artículo 51.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, las resoluciones de los órganos económico-administrativos, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, podrán ser objeto de: Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Recurso contencioso-administrativo, en los términos de la normativa reguladora. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con carácter exclusivo. Ningún recurso, por tener carácter definitivo y firme.

Conforme al artículo 52 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma gozará: De un régimen fiscal privilegiado distinto al del Estado. De exención total de tributos estatales en su territorio. Del tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado. De un régimen fiscal fijado libremente por el Parlamento de La Rioja.

Según el artículo 53.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la tutela financiera respecto a los Entes Locales corresponde a: El Estado, en todo caso y con carácter exclusivo. El Tribunal de Cuentas, por su función fiscalizadora. La Comunidad Autónoma, respetando la autonomía reconocida en los artículos 140 y 142 CE. El Defensor del Pueblo, en su función de supervisión.

Conforme al artículo 53.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, los ingresos de los Entes Locales consistentes en participaciones en ingresos estatales y subvenciones incondicionadas: Se percibirán directamente del Estado, sin intervención autonómica. Se percibirán a través de la Comunidad Autónoma, que los distribuirá según los criterios legales. Se percibirán a través del Tribunal de Cuentas, para su fiscalización previa. Se percibirán a través del Consejo Consultivo de La Rioja, previo dictamen.

Según el artículo 54.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la designación de representantes de la Comunidad Autónoma en organismos económicos, instituciones financieras y empresas públicas del Estado cuya competencia se extienda a La Rioja se hará: Por el Estado, sin intervención de la Comunidad Autónoma. Por la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan las Leyes del Estado. Por los entes locales, en proporción a su población. Por el Tribunal de Cuentas, en su función de control externo.

Conforme al artículo 54.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma podrá constituir, como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia: Únicamente empresas públicas de titularidad autonómica. Empresas públicas y mixtas. Únicamente empresas mixtas con capital privado. Únicamente consorcios con la Administración del Estado.

Según el artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la potestad de establecer los impuestos, tasas, contribuciones especiales y exacciones no fiscales, así como la fijación de recargos, corresponde: Al Gobierno de La Rioja, mediante Decreto. Al Parlamento de La Rioja, mediante Ley. Al Consejo Consultivo de La Rioja, por vía de dictamen. Al Tribunal de Cuentas, en su función fiscalizadora.

Conforme al artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la potestad tributaria se ejercerá con arreglo a los principios constitucionales de: Igualdad, capacidad contributiva y progresividad. Únicamente igualdad ante la ley tributaria. Únicamente capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Igualdad, capacidad contributiva y proporcionalidad.

Conforme al artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la elaboración y aplicación del presupuesto de la Comunidad Autónoma corresponde: Al Parlamento, que lo elabora y aprueba en sesión plenaria. Al Gobierno, correspondiendo al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Al Consejo Consultivo de La Rioja, previo dictamen preceptivo. Al Tribunal de Cuentas, por su función de control externo.

Según el artículo 56.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el Gobierno presentará el proyecto de presupuesto al Parlamento: Antes del primer trimestre del año. Antes del último trimestre del año. Antes del último día del año natural. En cualquier momento del ejercicio económico.

Conforme al artículo 56.4 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, si el presupuesto no se aprobara antes del primer día del ejercicio fiscal correspondiente: Se entenderá iniciado el año sin presupuesto, suspendiéndose el gasto. Se considerará prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. El Gobierno fijará el presupuesto provisionalmente por Decreto-ley. El Parlamento prorrogará automáticamente su legislatura.

Según el artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el presupuesto tendrá carácter de Ley y en él: Podrán crearse nuevos tributos, siempre que lo acuerde el Gobierno. No se podrán crear nuevos tributos, si bien podrá modificar los existentes si una Ley Tributaria sustantiva lo prevé. No podrá crearse ni modificarse ningún tributo, ni siquiera por Ley sustantiva. Podrán crearse y suprimirse tributos libremente, sin necesidad de Ley sustantiva.

Conforme al artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año con objeto de: Financiar inversiones de capital a largo plazo. Cubrir sus necesidades de tesorería. Saneamiento del déficit estructural de la Comunidad. Atender el pago de la deuda pública consolidada.

Según el artículo 57.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la deuda pública de la Comunidad Autónoma y los títulos-valores de carácter equivalente: Estarán sometidos a un régimen propio, distinto al de la deuda del Estado. Estarán sujetos a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, en su defecto, a las normas que regulen la deuda del Estado, con iguales beneficios. No podrán emitirse bajo ningún concepto ni en ningún supuesto. Estarán sujetos únicamente al Reglamento del Banco de España.

Conforme al artículo 58.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la iniciativa de reforma del Estatuto corresponde, entre otros: Únicamente al Gobierno de La Rioja, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. Al Gobierno de La Rioja, al Parlamento a propuesta de un tercio de sus miembros, a dos tercios de municipios que representen la mayoría del censo electoral y a las Cortes Generales. Únicamente a las Cortes Generales, mediante proposición de Ley Orgánica. Únicamente a los electores, mediante iniciativa popular de reforma estatutaria.

Según el artículo 58.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la propuesta de reforma del Estatuto requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de La Rioja por: Mayoría simple de sus miembros, seguida de referéndum. Mayoría de dos tercios de sus miembros y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. Mayoría absoluta de sus miembros y aprobación de las Cortes mediante Ley ordinaria. Mayoría de tres quintos de sus miembros y sanción del Rey.

Conforme al artículo 58.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento de La Rioja o por las Cortes Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate o votación del Parlamento hasta que haya transcurrido: Seis meses desde la fecha de la iniciativa. Un año, a contar desde la fecha de la iniciativa. Dos años, desde la fecha de la votación fallida. Dieciocho meses, desde la fecha de la iniciativa.