TAD materias comunes CyL 23/24

El estatuto de autonomía de Castilla y León se aprobó por: La LO 4/1985. La LO 4/1983. La LO 5/1983. La LO 4/1985.

El número de artículos del estatuto es: 50. 91. 43. 51.

El respeto a la lengua gallega: Se recoge en la redacción inicial del estatuto. Se introdujo por la LO 4/99 de reforma del estatuto. No se recoge en el estatuto de Castilla y León. Se establecerá en una ley.

Es un símbolo de la comunidad autónoma de Castilla y León: El emblema o blasón. El pendón. El himno, que se establecerá mediante la ley. Todas las respuestas son correctas.

La provincia de Segovia: Forma parte desde el principio de la comunidad autónoma. Cuenta con un régimen especial de autonomía. No forma parte de la comunidad de Castilla y León. Se incorporó a la comunidad autónoma con la ley orgánica 5/1983.

Los miembros de las Cortes de Castilla y León se denominan: Procuradores. Diputados. Parlamentarios. Consejeros.

La circunscripción electoral en las elecciones a miembros de las cortes de Castilla y León es: El partido judicial. La provincia. El municipio. Toda la comunidad autónoma.

El número mínimo de procuradores que corresponde a cada circunscripción electoral es de: Cinco. Cuatro. Dos. Tres.

No es un órgano de las cortes: La mesa. El presidente de la junta. La Diputación permanente. El presidente de las Cortes.

La convocatoria de sesiones extraordinarias puede hacerse: Por el presidente de las Cortes. Por el presidente de la junta. Por la mesa de las Cortes. Por el procurador del común.

La designación del procurador del común corresponde: A la junta. Al presidente de la junta. Al presidente de las Cortes. A las Cortes.

No es competencia de las cortes de Castilla y León: Ejercitar la potestad legislativa. Ejercer el gobierno de la comunidad. Controlar la acción política del gobierno de la junta y de su presidente. Interponer recursos de inconstitucionalidad.

La entrada en vigor de las leyes de Castilla y León se rige: Por la fecha de su aprobación por las cortes. Por la fecha de su publicación en el BOE. Por la fecha de su aprobación en el boletín oficial de Castilla y León. Por la fecha de su promulgación por el presidente de las Cortes.

El nombramiento del presidente de la junta corresponde: Al presidente de las Cortes. A las Cortes. A los consejeros. Al rey.

La elección del presidente requiere: Mayoría simple en la primera votación. Mayoría absoluta en la segunda votación. Mayoría simple en la primera votación, o mayoría absoluta en la segunda. Mayoría absoluta en la primera votación, o mayoría simple en la segunda.

La cuestión de confianza: No se recoge en el estatuto de autonomía. Se introdujo en la LO 4/1999. Se regula por una ley específica. Forma parte del estatuto de su aprobación.

El presidente de la junta puede cesar: Por la finalización de su mandato. Por una moción de censura. Por una cuestión de confianza. Todas las respuestas son correctas.

La inculpación del presidente de la junta, fuera del territorio castellano-leonés, se decidirá por: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La sala de lo penal del Tribunal Supremo. El Consejo asesor. El procurador del común.

El superior órgano consultivo de la junta es: El gabinete del presidente. El Consejo consultivo. El Consejo asesor. El procurador del común.

La moción de censura deberá ser propuesta: Por al menos el 35 % de los procuradores. Por al menos el 15 % de los consejeros. Por al menos el 15 % de los procuradores. Todas las opciones son falsas.

El superior órgano judicial en el ámbito de la comunidad autónoma es: El tribunal superior de justicia. El Tribunal Supremo. El tribunal constitucional. La audiencia Provincial.

No es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma: La ordenación del territorio. El tratamiento especial de las zonas de montaña. El régimen minero y energético. Los aeropuertos y helipuerto que no desarrollen actividades comerciales.

Dentro de las competencias de ejecución de la comunidad autónoma se encuentra: Productos farmacéuticos. El régimen local. Las cámaras agrarias. Los montes y aprovechamiento forestales.

En materia de enseñanza, corresponden a Castilla y León: Competencias exclusivas. Competencias de desarrollo legislativo y ejecución. Competencias de ejecución. Castilla y León no tiene competencias en esta materia.

En sus relaciones con nuestras administraciones, la administración de la comunidad actúa de acuerdo con los principios de: Agilidad en los procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión. Coordinación y cooperación, respeto pleno de sus competencias, subsidiariedad y ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados de sus decisiones. Objetividad y transparencia en la actuación administrativa. Simplicidad, claridad y proximidad.

En su funcionamiento, la administración de la comunidad de Castilla y León se atiene a: La eficacia del cumplimiento de sus objetivos. La eficiencia en el uso de los recursos. La responsabilidad por la gestión, racionalización de sus procedimientos y actuaciones, y economía de los medios. Todas son correctas.

La administración general de la comunidad autónoma actúa para el cumplimiento de sus fines, con personalidad jurídica única, bajo la dirección de: El presidente de la junta de Castilla y León. La junta de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León. El gobierno de la nación.

De acuerdo con el estatuto de autonomía de Castilla y León, la administración General de la comunidad autónoma, tiene en el ejercicio de sus competencias: Las mismas potestades que la administración del Estado. Las mismas prerrogativas que la administración del Estado. Los mismos privilegios que la administración del Estado. Todas son correctas.

Tendrá carácter potestativo: La Existencia de viceconsejerías. La existencia de la Secretaría General. El número de viceconsejerías. Las opciones “ la existencia de viceconsejerías “ y “ el número de viceconsejerías “ son correctas.

Las competencias de los distintos órganos directivos centrales se determinarán: Por la ley. Por los decretos de estructura orgánica. Por las correspondientes órdenes de desarrollo. Todas son falsas.

Por su parte, las funciones de los órganos y unidades administrativas en que se organicen los distintos órganos directivos centrales se determinarán: Por la ley. Por los decretos de estructura orgánica. Por las correspondientes órdenes de desarrollo. Todas son falsas.

La jefatura superior de todo el personal de la consejería es competencia de: El Secretario General. El director general más antiguo en el desempeño de su cargo. El coordinador de servicios. El delegado territorial.

No es competencia del Secretario General: Elaborar los programas de actuación específicos de cada dirección General. Elaborar el anteproyecto del presupuesto correspondiente a la consejería y desarrollar el control presupuestario. Informar y tramitar los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones administrativas de carácter general de la consejería. Informar los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general de otras consejerías.

No es una función de los directores generales: Actuar como órgano de comunicación con las demás consejerías. Vigilar y fiscalizar las dependencias a su cargo. Dirigir los servicios a su cargo. Proponer resoluciones al consejero.

Cada delegación territorial se estructurará: En una Secretaría territorial. En los servicios territoriales que sean necesarios para el desempeño de las correspondientes funciones. En una secretaria territorial y en los servicios territoriales que sean necesarios para el desempeño de las correspondientes funciones. En servicios, sección y negociados.

La secretaria territorial depende la orgánicamente: De la consejería que tenga atribuidas las funciones de gestión administrativa de las delegaciones territoriales. Del delegado territorial. De la consejería de presidencia. De la consejería de Industria, Comercio y empleo.

La coordinación de la acción política de la junta en la provincia corresponde: Al delegado territorial. Al consejero de la presidencia. A la propia Junta. A los servicios territoriales.

El número de delegaciones territoriales es: 9, una en cada provincia. 8, una por provincia, salvo en Valladolid. Una Por cada consejería. Su número es variable.

Las delegaciones territoriales se ubican: En Valladolid. En las capitales de provincia. Donde se determine por decreto. En las poblaciones con mayor número de Habitantes.

La organización y funcionamiento de la administración general de la comunidad autónoma, se regula: En el título V. En el título VI. En el título VII. En el título IV.

Los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica son: La secretarías generales. Las direcciones generales. Los servicios. Las unidades administrativas.

Aquellas unidades administrativas a las que se les atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter perceptivo, tendrán la consideración de: Unidades orgánicas. Unidades organizativas. Órganos administrativos. Cargos directivos.

La creación, modificación o supresión de consejerías y viceconsejerías se llevará a cabo: Por ley de las Cortes de Castilla y León. Por decreto del presidente de la junta de Castilla y León. Por ley de las cortes generales. Por acuerdo del Consejo de gobierno.

La creación, modificación o supresión de secretarías generales y de direcciones generales se llevará a cabo: Por decreto de la junta de Castilla y León. Por acuerdo del Consejo de gobierno. Por ley de las Cortes de Castilla y León. Todas son falsas.

Son delegables las siguientes competencias: La creación, modificación o supresión de consejerías y viceconsejerías. La firma de los decretos y la ordenación de su publicación en el boletín oficial de Castilla y León. Las de los consejeros cuyo ejercicio requiera someterse al acuerdo de liberación de la junta de Castilla y León. Ninguna de las anteriores competencias es delegable.

No es un extremo que necesariamente deba prever la disposición o convenio por la que se constituya un órgano colegiado en la administración autonómica: Sus fines y objetivos. Su adscripción administrativa. Su sede. La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

Las resoluciones administrativas de la junta de Castilla y León adoptarán la forma de: Decreto. Orden. Resolución. Acuerdo.

Por su parte, las resoluciones administrativas del presidente de la junta de Castilla y León adoptarán la forma de: Decreto. Orden. Resolución. Acuerdo.

Las disposiciones y resoluciones de los consejeros adoptarán la forma de: Decreto. Orden. Resolución. Acuerdo.

Las disposiciones y actos de los órganos inferiores a los consejeros adoptarán la forma de: Decreto. Orden. Resolución. Acuerdo.

La tramitación de los anteproyectos de ley, proyectos de decreto legislativo y proyectos de disposiciones reglamentarias, se efectuará: Por la consejería o consejerías competentes por razón de la materia. Por la junta. Por la comisión de secretarios generales. Todas son falsas.

No ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de la junta. Las resoluciones de los jefes de servicio. Las resoluciones de los secretarios generales y de los directores generales en materia de personal. Los actos resolutorios de recursos de alzada.

Las disposiciones administrativas de la junta se publicarán: En el boletín oficial de las Cortes. En el boletín oficial de la provincia. En el boletín oficial de Castilla y León. En el BOE.

El órgano de contratación de la junta es: El director general. El consejero. El interventor general. Todas son correctas.

La administración de la comunidad autónoma de Castilla y León se regulará: En el título I. En el título II. En el título III. En el título IV.

La creación de las entidades institucionales y empresas públicas efectuará: Por ley. Por decreto. Por convenio. Por resolución.

El ejercicio de las potestades públicas por parte de los entes públicos de derecho privado corresponderá: Aquellos órganos del ente a los que expresamente la ley les asigne tal facultad. Aquellos órganos del ente a los que expresamente los estatutos les asignen tal facultad. Aquellos órganos del ente a los que expresamente los órganos directivos les asignen tal facultad. No pueden ejercer potestades públicas.

Son empresas públicas de la comunidad de Castilla y León la sociedades mercantiles en cuyo capital la participación directa o indirecta de la administración de la comunidad autónoma o de sus entidades institución sea superior: Al 10 %. Al 40 %. Al 50 %. Al 100 %.

¿De qué forma se aprobó la vigente Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. Por una ley orgánica. Mediante un texto refundido. Mediante una ley de bases. Por un real decreto-ley.

El empleo en el sector público se caracteriza por estar configurado por un modelo: Unitario de personal funcionario. Unitario de personal estatutario. Dual de regímenes jurídicos, personal funcionario y personal laboral. De tres regímenes jurídicos, personal funcionario, personal laboral y personal de designación.

El vigente estatuto básico del empleado público tiene por objeto: Establecer las bases del personal laboral incluido en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal funcionario al servicio de administraciones públicas. Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y del personal laboral incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables. Establecer las normas aplicables al personal funcionario y laboral al servicio de las administraciones públicas. Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas.

Para todo el personal de las administraciones públicas no incluidos en su ámbito de aplicación, el EBEP tendrá carácter: Consultivo. Voluntario. Supletorio. Interpretativo.

Las disposiciones del EBEP solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: El personal funcionario de las entidades locales. El personal estatuario de los servicios de salud. Personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El personal docente.

Puede nombrarse funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración: Inferior a 12 meses ni superior a tres años. Inferior a tres años. Superior a tres años, ampliables hasta 12 meses más por por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del EBEP. Superior a 12 meses, prorrogables hasta tres meses más.

Pueden nombrarse funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas por plazo: Máximo de nueve meses, dentro de un periodo de 18 meses. Mínimo de seis meses y máximo de 12 meses. Máximo de 12 meses. Máximo de 12 meses dentro de un periodo de tres años.

A tenor del artículo 14 del EBEP los empleados públicos tienen derecho: A la inmovilidad en la condición de funcionario de carrera. A la formación que continúa y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente fuera del horario laboral. A la libertad de expresión, sin restricción alguna. A participar en la consecución de los objetivos, atribuidos a la unidad, donde preste sus servicios y ser consultado por sus superiores por las tareas al desarrollar.

Los empleados públicos tienen derecho a la libertad de expresión: En los términos que establezca una ley. En los términos que se establezcan reglamentariamente. A Través de sus representantes sindicales. Dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

Los empleados públicos: Podrán voluntariamente acatar la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Podrán abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses del Gobierno. Guardarán secreto de las materias clasificadas.

Según el artículo 53 del EBEP, es un principio del código ético de los empleados públicos: El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. Honradez. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe, con la administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

Según el estatuto básico del empleado público, la actuación de esta perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y: El interés común. La transparencia. La eficacia. La economía.

¿En qué se fundamenta la Constitución española?. En un Estado social y Democrático de derecho. En la indisoluble unidad de la nación española. En la independencia de los poderes del Estado. En la organización territorial del Estado.

Según el artículo tres de la CE, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles: Tienen el deber de usar y el derecho de conocer el castellano. Tienen el derecho y el deber de conocer el castellano. Tienen el deber de conocer y el derecho de usar el castellano. Tienen el derecho de conocer y usar el castellano.

La constitución española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía: De las nacionalidades que la integran. De las regiones que la integran. De las comunidades autónomas que la integran. De las nacionalidades y regiones que la integran.

El preámbulo de la Constitución: Tiene en si carácter de norma jurídica. Es una declaración de intenciones, destinada a interpretar lo que se quiere alcanzar con el contenido normativo de la Constitución. Se trata de un texto sin fuerza jurídica de obligar. Las respuestas “es una declaración de intenciones…” Y “se trata de un texto sin fuerza jurídica de obligar” son correctas.

Señala la respuesta correcta, respecto a la aprobación, ratificación y publicación de la Constitución española: Aprobada por las cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y publicada el 29 de diciembre de 1978. 30 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo en referéndum el 16 de diciembre de 1978 y publicada el 27 de diciembre de 1978. El 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo en referéndum el 16 de diciembre de 1978 y publicada el 29 de diciembre de 1978. Aprobada por las cortes el 10 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo en referéndum el 26 de diciembre de 1978 y publicada el 30 de diciembre de 1978.

¿En qué parte de la carta magna se establece la exposición de motivos que impulsan a la norma constitucional y los objetivos que con ella se pretenden alcanzar?. En el título preliminar. En el preámbulo. En el título I. En el título II.

La Constitución española fue sancionada por: El rey. El presidente del congreso. Las cortes generales. El presidente del gobierno.

¿Cuáles de los siguientes españoles de origen pueden ser privados de su nacionalidad?. Exclusivamente los miembros de grupos terroristas. Los miembros de grupos terroristas y los que atente contra el rey u otro miembro de la casa real. Los que atenta encontrado un miembro de la familia real o del gobierno de la nación. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

Según la CE, son fundamentos del orden político y la paz social: La dignidad de la persona, los derechos violables que les son inherentes y el respeto a la ley. La dignidad de la persona, el desarrollo limitado de la personalidad y el respeto a la ley. El respeto a la ley, a los reglamentos administrativos y demás disposiciones legales. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

¿Cuál de los siguientes es considerado por la CE como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico?. La jerarquía normativa. El pluralismo político. La publicidad normativa. La equidad.

La forma política del Estado español es: Democracia parlamentaria. Gobierno parlamentario. Monarquía parlamentaria. República democrática.

La parte de la CE que regula la estructura de los principales órganos del Estado recibe el nombre de: Parte dogmática. Parte orgánica. Parte estatal. Parte estructural.

Según la CE, la soberanía nacional: Corresponde a las cortes generales, al estar compuestas por los representantes del pueblo. Corresponde al rey. Reside en el pueblo español. Corresponde al gobierno de la nación elegido directamente por el pueblo.

El derecho a la propiedad en nuestra constitución es un derecho: Es inherente a la condición humana. Es absoluto. Está limitado por la función social de la misma. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿En qué parte de la carta magna se señalan los valores superiores al ordenamiento jurídico?. En el preámbulo. En el título preliminar. En el título I. Ninguna de las respuestas es correcta.

¿Cuál de las siguientes es una de las características de nuestra constitución de 1978?. Consensuada. Corta. Conservadora. Originalidad.

Son el fundamento del orden político y de la paz social: El libre desarrollo de la personalidad. Los derechos inviolables que les son inherentes. El respeto a la ley y a los derechos de los demás. Todas las respuestas son correctas.

Las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la muerte de Franco tuvieron lugar en: 1975. 1976. 1977. 1978.

El referéndum en el que se aprobó popularmente la Constitución se llevó a efecto el: 27 de diciembre de 1978. 6 de diciembre De 1978. 31 de octubre de 1978. 29 de diciembre de 1979.

La ponencia encargada de redactar el borrador de la constitución se constituyó en el: Senado. Senado y congreso de los diputados. Congreso de los diputados. Gobierno de la nación.

Si un poder público, en su actuación, infringe, lo dispuesto en el preámbulo de la Constitución: Incurre en nulidad. Incurre en inconstitucionalidad. No pasa nada salvo que, como consecuencia de esa actuación, se infrinja un artículo de la propia constitución. Nada de lo anterior es cierto.

El principio en virtud del cual el ciudadano está amparado por una legislación no sujeta a continuos vaivenes es el de: Legalidad. Publicidad normativa. Seguridad jurídica. Jerarquía normal.

El principio en virtud del cual un reglamento no puede contradecir una ley es el de: Legalidad. Jerarquía normativa. Las Respuestas “ legalidad “ y “ jerarquía normativa “ son correctas. Seguridad jurídica.

Según la Constitución, una norma que imponga una nueva pena más leve para un delito: No se aplica retroactivamente. Puede aplicarse retroactivamente. Ha de ser reglamentaria. Atenta contra el principio de legalidad penal si se aplica retroactivamente.

Todos los españoles, respecto al castellano, tienen el: Derecho/deber de conocerlo. Derecho de usar y deber de conocerlo. Derecho/deber de usarlo. Nada de lo anterior.

La capital del Estado en España es: La propia de cada comunidad autónoma. La villa de Madrid. Aquella donde se establezca en cada momento el gobierno de la nación. Aquella en la que reside generalmente el rey.

El título de la Constitución que trata de la reforma constitucional es el: Primero. Décimo. Noveno. Undécimo.

El defensor del pueblo se regula el siguiente título y capítulo de la Constitución, respectivamente: Preliminar y primero. Segundo y cuarto. Segundo y tercero. Primero y cuarto.

El título de la misma que trata el gobierno y la administración es el de: Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto.

Los principios rectores de la política social y económica se regulan en el siguiente capítulo y título de la Constitución: Segundo del primero. Tercero del primero. Tercero del preliminar. Primero del séptimo.

La derogación de una norma posconstitucional que vaya en contra de la Constitución, se efectuará por el/la/las: Propia constitución. Tribunal constitucional. Cortes generales. Gobierno de la nación.

El pluralismo político, para nuestra constitución, es un/una: Principios general del ordenamiento político. Valor superior del ordenamiento jurídico. Principio rector de la política social Y económica. Derecho fundamental.

La forma política del Estado español es: Unitaria y regionalizada. Federal. La monarquía parlamentaria. La propia de un Estado social y democrático.

La justicia, según nuestra constitución, es un/una: Principio de nuestro ordenamiento jurídico. Valor superior del anterior. Manifestación del estado de democrático. Todo lo anterior.

Un español de origen puede perder esta nacionalidad: Por sanción administrativa. Cuando libremente renuncie a la misma. Por condena penal. En ningún caso.

Constituye el fundamento del orden político y de la paz social, según la Constitución, el/la/los: Derechos inviolables inherentes a la persona. Estado social y Democrático de derecho. Seguridad jurídica. Justicia.

Las comunidades autónomas deben usar o instalar la bandera española: En sus edificios. En los actos oficiales. Cuando lo solicite el delegado del gobierno de la nación en las mismas. Cuando lo estimen oportuno.

Deben tener una estructura interna y un funcionamiento democrático los/Las: Partidos políticos. Colegios profesionales. Organizaciones profesionales. Todos ellos.

La defensa de la integridad territorial de España se atribuye por la constitución a/al/a las: Fuerzas y cuerpos de seguridad. Fuerzas armadas. Gobierno de la nación. Todas las anteriores.

El título de la Constitución que trata de la relaciones entre el gobierno y las cortes generales es el de: Cuarto. Quinto. Sexto. Tercero.

La Constitución entró en vigor: Al día siguiente de su publicación en el boletín oficial del Estado. El 27 de diciembre de 1978. El 29 de diciembre de 1978. Al ser aprobada en la sesión conjunta por el congreso de los diputados y el Senado.

Según la Constitución, el Estado es: Apolítico. aconfesional. De bienestar social. Federal.

El derecho a la vida se consagra en el siguiente artículo de la Constitución: 10. 16. 15. 24.

La pena de muerte en España: Ha quedado abolida. Puede aplicarse en cualquier momento. Solo se aplicará, en tiempo de guerra, a los militares. Rige solo en el ámbito civil.

La inmediata puesta a disposición judicial derivada del habeas Corpus, se produce por: Detención ilegal. Prisión ilegal. Prisión preventiva. Detencion preventiva.

El proceso en el que se enjuicie a un presunto delincuente debe: Ser sumario. No dilatarse. Entorpecer los instrumentos probatorios. Nada de lo anterior es cierto.

La entrada en un domicilio en caso de flagrante delito, sin autorización de su titular: Puede dar lugar a la aplicación del habeas Corpus. Requiere autorización previa de la autoridad judicial. Puede efectuarse en todo momento. No puede realizarse el momento alguno.

Cuando, al conocerse en la comisión de un delito por una persona, se acude a su domicilio para detenerla: Está obligada a franquear la entrada. Se necesitará autorización judicial para entrar, si no da su consentimiento para ello. Pese a que no dé su consentimiento, se puede entrar. Nada de lo anterior es correcto.

La autorización previa para celebrar una manifestación pública: La da el subdelegado del gobierno en la provincia. Es ineludible. Sería inconstitucional. Se da cuando no se prevean la alteraciones al orden público, con peligro para personas o bienes.

El tipo de sufragio que consagra la Constitución es el de: Proporcional. Universal. Censitario. Las respuestas “proporcional” y “universal “ son correctas.

Además de la no autoinculpación, la constitución prevé que no se está obligado a declarar sobre un hecho presuntamente delictivo en caso de: Parentesco y afinidad. Cláusula de conciencia. Secreto profesional. Las respuestas “ parentesco y afinidad “ y “cláusula de conciencia” son correctas.

Los tribunales de honor están prohibidos respecto de los/la/las: Sindicatos y organizaciones profesionales. Administración civil y militar. Organizaciones profesionales y la administración civil. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El secreto profesional, constitucionalmente, sirve para: Ejercer con libertad una profesión titulada. La libertad de creación científica y técnica. No declara sobre hechos presuntamente delictivos. Todo lo anterior.

La fundación de una internacional sindical por un sindicato español: Es libre. Está prohibida. Debe plasmarse en un tratado internacional. Nada de lo anterior es cierto.

El ejercicio del derecho de petición a través de una manifestación ciudadana: No se admite. Se admite en algún caso. Se admite, salvo para los militares. Ni se admiten ni Se prohíbe.

Nuestro sistema tributario ha de ser: Regresivo e igualitario. Progresivo y generalizado. Confiscatorio. Justo y regresivo.

¿Cuántas salas tiene el tribunal constitucional y de cuantos magistrados se componen cada una de ellas?. La salas son tres, compuestas cada una por 4 magistrados. Son dos, compuestas cada una por 6 magistrados. La salas son tres, compuestas cada una por 6 magistrados. Son dos, compuestas cada una por 4 magistrados.

Las fundaciones son: Entidades constituidas para fines de interés general. Administración corporativa. Entidades privadas con fines de carácter también privado. Asociaciones de personas para conseguir fines de interés general.

La asistencia de todo orden a los hijos habidos Extraconyugalmente: No está prevista en la Constitución. Es un deber deber de los padres. Se dispensará por instituciones de beneficiencia. Se dispensa solo a los que de ellos tengan discapacidad.

La especulación urbanística, según la Constitución: Debe evitarse. Está Permitida. Generar plusvalías para la colectividad. Pueden hacerla los poderes públicos.

No es susceptible de recurso de amparo el derecho a la/ de: Sindicación. Investigación científica. Secreto de las comunicaciones. Lo son todos ellos.

No es susceptible de recurso de amparo el derecho de: Libertad de cátedra. Negociación colectiva. Manifestación. Huelga.

Es susceptible de recurso de amparo el derecho de: Libre sindicación. Petición. Cláusula de conciencia. Lo están todos.

Una vez declarado el estado de excepción, no se puede suspender el derecho/libertad de: Huelga. Enseñanza. Adopción de medidas de conflicto colectivo. Libertad de circulación.

Durante el estado de excepción, un detenido conserva el derecho de/a: 72 horas para ser puesto a disposición judicial. Secreto de comunicaciones. Asistencia de letrado. Ninguno de ellos.

Se puede suspender, con motivo de investigación relativas a bandas armadas, el derecho de: Huelga. Inviolabilidad del domicilio. Libertad de circulación. Las respuestas “inviolabilidad del domicilio “ y “libertad de circulación” son correctas.

Según la Constitución, las entidades que forman parte de la organización territorial del Estado tienen la nota común de: Autogobierno. Independencia. Autonomía. Financiación propia.

La titularidad de la soberanía española radica en el/Las: Cortes generales como representantes del pueblo español. Rey como jefe del Estado. Pueblo mismo. Nacionalidades y regiones que integran España.

No pueden constituirse en comunidades autónomas los territorios: Que no estén integrados en la organización provincial. Que no siendo superiores a una provincia, tengan entidad regional histórica. Que no siendo superiores a una provincia, no tengan entidad regional histórica. Interinsulares.

La vía ordinaria de acceso a la autonomía por el artículo 143 de la Constitución se sigue por los/las: Provincias con entidad regional histórica. Territorios que en el pasado hubieren plebiscitado afirmativamente proyecto de estatuto de autonomía. Provincia sin Entidad regional histórica directamente. Supuestos especiales de Ceuta, Melilla y Gibraltar.

Entre las determinaciones de los estatutos de autonomía no es necesario Incluir la: Delimitación de su territorio. Denominación de las instituciones autónomas propias. Denominación de la comunidad. Denominación, organización y sede de sus instituciones administrativas.

En las comunidades autónomas que siguen la vía común, el proyecto de estatuto será elaborado por la/los: Asamblea de parlamentarios que se constituye al efecto. Comisión constitucional del congreso de los diputados. Diputación Provincial correspondiente. Miembros de la Diputación u órgano interinsular y por los diputados y senadores elegidos por ellas.

El voto de ratificación por los plenos del Senado y del congreso de los diputados se dará en el/las: Comunidades autónomas que siguen la vía común. Comunidades autónomas que siguen la vía especial. Acceso a la autonomía de Ceuta y Melilla. Acceso a la autonomía de Gibraltar.

La responsabilidad política del presidente de una comunidad autónoma se exige por el/la: Sala de lo penal del Tribunal Supremo. Congreso de los diputados. Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Asamblea legislativa de la comunidad autónoma.

La asamblea legislativa de las comunidades autónomas elige: Con criterios de representación territorial. Con criterios de representación proporcional. Por sufragio individual. Con criterios de representación provincial.

Con el fin de corregir los desequilibrios económicos territoriales y hacer efectivo al principio de solidaridad, se constituye: El fondo de compensación interterritorial. El comité económico interterritorial. El Consejo de política fiscal y financiera. El FASI.

Los estatutos de autonomía deberán contener el/la/Las: Competencias que se dejan al Estado y las que asume la comunidad. Competencias que, en función de la constitución, asume cada comunidad autónoma. Desarrollo de la administración autonómica. División provincial y órganos de gobierno.

En la reforma de los estatutos intervienen las cortes generales: Siempre. Nunca. Solo cuando se trata de comunidades autónomas que accedieron por la vía o común. En las comunidades autónomas de vía especial exclusivamente.

Los miembros de las diputaciones u órganos interinsulares intervienen en la elaboración de los estatutos de autonomía: En todo caso. Nunca. En las comunidades autónomas de vía común. En las comunidades autónomas de vía especial.

Los estatutos de autonomía en la vía común se aprueban por el: Congreso de los diputados mediante ley orgánica. Congreso de los diputados y senado por ley orgánica. Congreso de los diputados y senado por ley ordinaria. Parlamento autonómico solamente.

La más alta representación de una comunidad autónoma la ostenta el: Presidente del parlamento autonómico. Presidente de la comunidad autónoma. Rey. Presidente del gobierno de la nación.

La asunción de competencias y de mayor autonomía por las comunidades autónomas es, como regla general: Regresiva. Progresiva. Automática. Inmediata.

En la elaboración por la vía común de los estatutos de autonomía: No interviene los Municipios afectados. Intervendrán en todo caso. Solo intervienen las diputaciones provinciales u órganos Interinsulares. Solo intervienen los municipios y los diputados y senadores.

El principio de solidaridad consagrado por el artículo 138 de la Constitución exige una atención especial a: Las comunidades autónomas de economía más deprimida. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal. Todas las partes del territorio nacional. Las islas.

La Federación de comunidades autónomas, según la Constitución: Solo se permite respecto de las limítrofes. Requiere ley orgánica de las cortes generales. Ha de efectuarse previa reforma de la propia constitución. Está absolutamente prohibida.

El carácter de causa inmediato de participación ciudadana se predica del/de la: Comunidad autónoma. Municipio. Estado. Provincia.

Según el artículo 24 bis de la ley siete/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local, regularán los siguientes entes, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del municipio: Entes de ámbito territorial inferior al municipio. Mancomunidades. Comarcas. Ninguno de los anteriores.

Tiene el carácter de división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado un/una: Comarca. Municipio. Provincia. Comunidades autónomas.

Según el artículo 97 de la Constitución española, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde: Al gobierno. Al Consejo de ministros. A los ministros. Al congreso.

Según exige la Constitución española, el congreso de los diputados otorga su confianza candidato a la presidencia del gobierno: Por mayoría especial de 3/5 de sus miembros. Por mayoría cualificada de 2/3 de sus miembros. Por mayoría absoluta de sus miembros. Por mayoría simple de sus miembros.

El rey propone al candidato a la presidencia del gobierno: Mediante Real decreto. A través del presidente del gobierno saliente. A través del presidente del congreso. Ninguna respuestas correcta.

Los miembros del gobierno de la nación serán nombrados por: El presidente del gobierno. El rey, a propuesta del presidente del gobierno. El presidente del congreso. La mayoría simple de los diputados.

El presidente del gobierno es elegido por: Las cortes. El congreso de los diputados. El rey. Directamente por los electores.

El gobierno español es un órgano: Presidencialista. Colegiado. Unipersonal. Cameralista.

Según la Constitución, la administración pública ha de actuar de acuerdo con los principios de: Descentralización y desconcentración. Unidad y variedad. Coordinación y tutela. Jerarquía y delegación.

El control de la potestad reglamentaria del gobierno corresponde: Al congreso. Al Senado. Al tribunal de cuentas. A los tribunales según la materia.

El debate para la elección de presidente del gobierno se denomina: Moción. Elección. Investidura. Propuesta.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Los ministros sin cartera tienen menos rango administrativo y político que el resto de los ministros. Todos los ministros tienen idéntico rango político y administrativo. Unos ministros, denominados de Estado, tienen preferencias sobre los demás. Los ministros que cuentan con secretarios de Estado, tienen un nivel administrativo superior a los demás.

¿Cómo se nombran los ministros?. Por el rey, a propuesta del presidente del gobierno, previo acuerdo del Consejo de ministros. Por el rey, a propuesta del presidente del gobierno. Por el presidente del gobierno, previo acuerdo del Consejo de ministros. Por el rey, a propuesta del presidente del congreso.

El presidente del gobierno es nombrado por: Las cortes. El rey. El congreso de los diputados. El Senado.

Al vicepresidente del gobierno, lo nombra: El presidente del gobierno. El rey a propuesta del presidente del gobierno. El presidente del congreso. El presidente del tribunal constitucional.

¿El presidente del gobierno puede ejercer una actividad profesional?. No. Sí. Solo en el sector público. Solo en el sector privado.

Mediante el voto de investidura, según nuestra constitución: Las cortes otorgan su confianza al rey cuando es proclamado jefe de Estado. El gobierno presenta la cuestión de confianza a las Cortes. El congreso de los diputados manifiesta su confianza con la persona que el rey ha propuesto como presidente. El congreso de los diputados o el Senado, según los casos, presenta un voto de censura contra el gobierno.

La administración pública actúa-entre otros-de acuerdo con el principio de jerarquía: Solamente la autonómica. Sí. Solo la administración local. Solo la administración central.

El supremo órgano consultivo del gobierno es: El Consejo económico y social. El Consejo General del poder judicial. El Consejo de Estado. El tribunal constitucional.

El candidato propuesto a presidente del gobierno deberá alcanzar en segunda votación: Mayoría de 3/5. Mayoría absoluta en el congreso. Mayoría simple en el congreso. Mayoría de 2/3.

No corresponde al gobierno: Aprobar los presupuestos generales del Estado. Dirigir la defensa nacional. Ejercer la potestad reglamentaria. Dirigir la administración militar.

Los ministros son propuestos por: El Rey. El presidente del gobierno. El Consejo de ministros. El Consejo de los diputados.

El gobierno se compone, según la constitución, de: El presidente y los ministros. El presidente, los vicepresidentes, en su caso, los ministros y los demás miembros que establezca la ley. El presidente, el vicepresidente, los ministros y los subsecretarios. Votación en el congreso de los diputados.

Indique cuál de los actos que se enumeran no forma parte del proceso de designación del presidente del gobierno: Consultas previas del rey con los representantes de los partidos con representación parlamentaria. Exposición por el candidato de su programa al congreso y votación de confianza por mayoría absoluta. Ratificación de la confianza por el Senado. Votación en el congreso de los diputados.

Según la Constitución, dirigir la administración militar es función del: El gobierno y las Cortes. El parlamento. El gobierno. No lo determina.

La responsabilidad Criminal de un ministro es exigible ante: Los tribunales superiores de justicia. Cualquier sala del Tribunal Supremo. La sala de lo penal del Tribunal Supremo. La audiencia nacional, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

La acusación por traición de cualquier miembro del gobierno exige: La aprobación, por mayoría simple, del Senado. La aprobación del congreso, ratificada por el Senado. La aprobación, por mayoría simple, del congreso. La aprobación, por mayoría absoluta, del congreso.

Según la Constitución, coordinar las funciones de todos los miembros del gobierno, es misión de: El Consejo de ministros. El jefe de Estado. El presidente del gobierno. La Secretaría de Estado para la coordinación política.

¿La administración pública actúa-entre otros-de acuerdo con el principio de jerarquía?. Sí. No. Solo la administración local. Solo la administración autonómica.