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De acuerdo con la Constitución Española de 1978, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3. 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. 9 años y se renovarán por mitades cada 3. 12 años y se renovarán por terceras partes cada 4.

De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la impugnación por el Gobierno de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida: Sin necesidad de ratificación por el Tribunal Constitucional. Debiendo el Tribunal ratificarla o levantarla en el plazo máximo de un mes. Debiendo el Tribunal ratificarla o levantarla en el plazo máximo de cinco meses. Debiendo el Tribunal ratificarla o levantarla en el plazo máximo de tres meses.

Según la Constitución Española de 1978, el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá: Disolver el Gobierno mediante decreto. Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. Disolver el Congreso mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Disolver las Cortes Generales mediante acuerdo del Congreso.

Como derecho fundamental, la Constitución Española establece que: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su patrimonio, religión o ideología. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología o afiliación política exclusivamente. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión y patrimonio.

Están legitimados para interponer el recurso de amparo, de acuerdo con la Constitución Española: El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Toda persona natural o jurídica, el Defensor del Pueblo y 50 Diputados. Toda persona natural o jurídica, el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Constitución Española de 1978: La reforma de los Estatutos de Autonomía requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas delegarán un máximo de dos miembros para defender una proposición de ley. Los límites de déficit estructural podrán superarse por acuerdo del Gobierno. La ley de Presupuestos podrá modificar cualquier tributo.

Señale la respuesta correcta según la Constitución Española de 1978: El Tribunal de Cuentas depende orgánicamente del Gobierno. El Estado y las Comunidades Autónomas deberán ser autorizados por las Cortes Generales para emitir deuda pública o contraer crédito. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. La Ley de Presupuestos podrá modificar los tributos en todo caso.

Según el Tratado de la Unión Europea, son instituciones de la Unión Europea: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas Europeo. Parlamento Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo exclusivamente. Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea únicamente. Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia exclusivamente.

Respecto al Consejo Europeo, señale la afirmación correcta: Representa a la Unión Europea ante terceros Estados. Está integrado únicamente por los países de la Unión Monetaria. Decide sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea. Su Presidente es elegido por cuatro años no renovables.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, no será imputable al responsable del tratamiento la inexactitud de los datos personales cuando éstos: Hubiesen sido obtenidos directamente del afectado. Procedan de un registro público. Hayan sido recibidos de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad. Todas las respuestas son correctas.

En relación con la protección de datos, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta: Mediante una declaración, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Mediante una probable acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Exclusivamente por escrito, el tratamiento de datos personales.

En caso de fallecimiento de menores, el acceso a sus datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión, podrá ejercerse por: Sus representantes legales. El Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio. El Ministerio Fiscal, que podrá actuar a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: Los partidos políticos. La política económica y monetaria. Las universidades públicas. La Familia Real.

El acceso únicamente se podrá autorizar cuando se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado: En todo caso. Siempre que la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos. Siempre que la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, salvo que el afectado los hubiese hecho manifiestamente públicos con anterioridad. Nunca será necesario el consentimiento.

El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se iniciará con una solicitud que podrá presentarse: Por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante. Únicamente por medios electrónicos. Exclusivamente de forma presencial. Verbalmente, sin necesidad de identificación.

El Comité de Seguridad y Salud es: El órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Un órgano formado exclusivamente por los Delegados de Prevención. Un órgano obligatorio en toda empresa con 25 o más trabajadores. Un órgano integrado por los delegados sindicales y los técnicos de prevención.

De entre las siguientes alternativas, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a efectos de la Ley 39/2015?. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la ley así lo declare expresamente. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos: Dentro del plazo de veinte días desde que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de diez días desde que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo fijado por la norma reguladora del procedimiento. Dentro del plazo de quince días desde que el acto haya sido dictado.

Respecto de la eficacia de los actos administrativos, señale la respuesta correcta: Los actos producirán efectos desde la fecha en que se dicten, en todo caso. Podrá otorgarse eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos nulos. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. La eficacia retroactiva podrá otorgarse aunque lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

De los siguientes actos de las Administraciones Públicas, ¿cuáles son anulables de acuerdo con la Ley 39/2015?. Los que incurran en desviación de poder. Los dictados prescindiendo de las normas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: Las personas jurídicas. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. Las personas físicas. Los empleados públicos en las actuaciones realizadas por razón de su condición de empleado público.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta: En el plazo de diez días, ampliable prudencialmente por otro plazo igual. En el plazo de diez días, sin posibilidad de ampliación. En el plazo de diez días, ampliable hasta cinco días, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. En el plazo de quince días.

Según el artículo 33 de la Ley 39/2015, en relación con la tramitación de urgencia: Se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Solo se reducirá a la mitad el plazo de presentación de solicitudes. Solo podrá acordarse de oficio.

De conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, los informes serán, salvo disposición expresa en contrario: Preceptivos y vinculantes. Preceptivos y no vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Ninguna de las anteriores.

La tramitación de asuntos de naturaleza homogénea siguiendo el orden riguroso de incoación podrá alterarse: Por necesidades del servicio. Por orden motivada del titular de la unidad administrativa. Por orden del superior jerárquico. Por petición razonada de los interesados.

La ampliación excepcional del plazo máximo para resolver y notificar requerirá: Que no exceda del plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Haber agotado los medios personales y materiales disponibles. Acuerdo motivado a propuesta del órgano instructor o del superior jerárquico del órgano competente para resolver. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, deberán ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Todos los actos administrativos. Los actos que se dicten de acuerdo con actuaciones precedentes. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, así como los que declaren su inadmisión. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

Para que pueda llevarse a cabo la ejecución forzosa, la Administración deberá respetar, en todo caso: El principio de proporcionalidad. El principio de menor perjuicio. Las respuestas a) y b) son ciertas. Las respuestas a) y b) son falsas.

Según la Ley 39/2015, la estimación por silencio administrativo tiene la consideración de: Acto finalizador del procedimiento. Acto que pone fin a la vía administrativa. Acto que agota la vía administrativa. Acto que únicamente permite interponer recurso.

Según la Ley 39/2015, podrán ser revocados por la Administración: Los actos desfavorables o de gravamen, en todo caso. Los actos favorables cuando sean perjudiciales para el interés general. Los actos no revocables. Los actos de gravamen o desfavorables, con las limitaciones previstas en la Ley.

Según la Ley 39/2015, ¿ante qué órgano cabe interponer el recurso contra un acto administrativo de aplicación de una disposición de carácter general?. Ante el superior jerárquico. Ante el órgano que dictó dicha disposición, siempre que se funde en la nulidad de tal disposición. Ante el órgano que dictó dicha disposición, siempre que se funde en la anulabilidad de tal disposición. Las respuestas b) y c) son correctas.

Según la Ley 39/2015, ¿podrá el órgano competente para la revisión de oficio acordar la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo?. Sí, en todo caso. No, en ningún caso. Sí, previo informe del superior jerárquico. Sí, pero motivadamente en los supuestos contemplados en la Ley.

Una vez acordada la iniciación de un procedimiento sancionador, dicho acuerdo se comunicará al denunciante: Siempre, con traslado de todas las actuaciones. Siempre, junto con los datos del presunto inculpado. Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. En el plazo máximo de diez días.

Los contratos que celebran los poderes adjudicadores se perfeccionan, con carácter general: Cuando se adjudican. Cuando se formalizan. Cuando se publican en el perfil de contratante. Cuando se inicia su ejecución.

Según la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los contratos: Debe notificarse únicamente al adjudicatario. Debe notificarse al adjudicatario y al resto de candidatos y licitadores, y publicarse en el perfil del contratante en el plazo de quince días. Debe publicarse en el BOE en todo caso. Solo debe notificarse cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada.

¿Cuál de las siguientes actuaciones no puede ser objeto de recurso especial en materia de contratación?. Los acuerdos de adjudicación de los contratos. Los acuerdos de prórroga de los contratos, salvo que encubran una adjudicación. La formalización de encargos a medios propios cuando no cumplan los requisitos legales. Los acuerdos de rescate de las concesiones.

En caso de concurrir diversas causas de resolución de un contrato administrativo con diferentes efectos económicos, deberá atenderse: A la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. A la más grave. A la que produzca menos perjuicios al poder adjudicador. A la que decida discrecionalmente el órgano de contratación.

Según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ¿quién podrá aportar los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación?. Cualquier persona, de forma verbal o escrita. Cualquier persona, por escrito. Solamente los propietarios afectados por la expropiación. Todas las opciones anteriores son incorrectas.

¿Cuál de las siguientes constituye una especialidad de los procedimientos de responsabilidad patrimonial atribuida por la Ley 39/2015?. Si el procedimiento se inicia de oficio será necesario que no haya prescrito el derecho a reclamar del interesado. El acuerdo de iniciación se notificará a los particulares presuntamente lesionados concediéndoles un plazo de diez días para formular alegaciones y proponer pruebas. El procedimiento continuará aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

¿Cuándo podrán presentar los interesados la solicitud de inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial?. Cuando lo hagan telemáticamente en tiempo y forma. Mientras no haya prescrito su derecho a reclamar. Mientras no haya caducado la lesión producida. Mientras la Administración no declare la caducidad del procedimiento.

Según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán: Exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado. Solamente en el diario oficial correspondiente. En el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente. En el Boletín Oficial del Estado y en dos periódicos de gran circulación.

En relación con el contrato de concesión de servicios, señale la afirmación que no es correcta: La demora superior a seis meses en la entrega de los medios auxiliares comprometidos puede ser causa de resolución. Pueden prestarse servicios que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. En determinados supuestos, el contratista no tiene derecho a indemnización cuando el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso. Los bienes afectos a la concesión que hayan de revertir a la Administración no pueden ser objeto de embargo.

Según la legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los bienes de dominio público se ajustará, entre otros, al principio de: Dedicación exclusiva al uso común frente al privativo. Eficacia y rentabilidad en su gestión. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Constitución Española de 1978, los Alcaldes serán elegidos: Por los Concejales, por mayoría absoluta. Por los Concejales, por mayoría simple. Por los vecinos. Por los Concejales o por los vecinos.

Según el artículo 3 de la Carta Europea de Autonomía Local, por autonomía local se entiende: El derecho de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos. El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas que integran su respectiva comunidad. El derecho y la potestad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos. El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

En relación con la organización municipal, la distribución de competencias se asienta en el reconocimiento de los siguientes ámbitos normativos con el siguiente orden de prelación: Legislación básica del Estado, legislación de desarrollo del Estado y legislación autonómica. Legislación básica del Estado, legislación estatal de desarrollo, legislación autonómica supletoria y potestad reglamentaria municipal. Legislación básica del Estado, legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas, potestad reglamentaria de los municipios y normativa de desarrollo del Estado. Legislación básica del Estado, potestad reglamentaria municipal y legislación autonómica supletoria.

La imposibilidad de impugnación directa de una disposición normativa local no impide la impugnación de los actos de aplicación individual: Solo podrán alegarse defectos formales. Sin limitación alguna a la posibilidad de invocar cualquier argumento de forma o material. Únicamente podrán alegarse defectos materiales. Solo podrá impugnarse cuando exista lesión de derechos fundamentales.

Según el artículo 177 de la LOREG, son elegibles en las elecciones municipales: Todas las personas residentes en España que sean ciudadanos de la Unión Europea, sin más requisitos. Los ciudadanos de la Unión Europea únicamente. Los ciudadanos de la Unión Europea que reúnan los requisitos exigidos por la ley electoral de su país de origen. Todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea o sean nacionales de países con tratados de reciprocidad respecto al sufragio pasivo, reúnan los requisitos exigidos en esta Ley para los españoles y no hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen.

Según el artículo 182 de la LOREG, si no quedasen posibles candidatos o suplentes para cubrir una vacante de concejal: La vacante será cubierta por cualquier ciudadano mayor de edad designado por el grupo municipal. La vacante será cubierta por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad, designado por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos. Será cubierta mediante elección parcial. Permanecerá vacante hasta las siguientes elecciones.

Según el artículo 197 bis de la LOREG, la votación de la cuestión de confianza: Requerirá mayoría absoluta y votación por sistema ordinario. Requerirá el quórum exigido por la Ley 7/1985 para cada acuerdo y la votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público. Requerirá mayoría simple y votación ordinaria. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 195 de la LOREG, constituida la Mesa de Edad, esta declarará constituida la Corporación: Si concurren dos tercios de los concejales electos. Si concurre un tercio de los concejales electos. Independientemente del número de concejales asistentes. Si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos.

El municipio ejercerá en todo caso sus competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, debiendo evaluarse la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de: Descentralización, eficiencia, sostenibilidad financiera y control del déficit. Coordinación interadministrativa, eficiencia y estabilidad. Descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Descentralización, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y control del gasto.

Según el artículo 25.4 de la Ley 7/1985, la ley que regule una competencia propia local deberá prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales: Sin que pueda conllevar un mayor gasto para la Administración local. Sin que esta regulación competencial pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. Aunque pueda conllevar un mayor gasto de la Administración local. Aunque pueda conllevar un mayor gasto de las Administraciones Públicas.

Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, el convenio de fusión de municipios deberá ser aprobado por: Mayoría de dos tercios del número legal de miembros de cada Pleno. Mayoría absoluta de cada uno de los Plenos de los municipios fusionados. Mayoría simple de cada uno de los Plenos de los municipios fusionados. Ninguna de las anteriores.

Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación mediante un procedimiento en el que: Será necesario un informe previo vinculante sobre inexistencia de duplicidades. Será necesario un informe previo vinculante sobre sostenibilidad financiera. Serán necesarios y vinculantes ambos informes. Serán necesarios ambos informes, pero no vinculantes.

La inscripción en el Padrón Municipal de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración deberá ser objeto de renovación periódica: Cada dos años, siendo causa de caducidad previa audiencia del interesado. Cada cuatro años, siendo causa de caducidad previa audiencia del interesado. Cada cuatro años, sin necesidad de audiencia previa. Cada dos años, siendo causa de caducidad sin necesidad de previa audiencia del interesado.

Según el artículo 16.3 de la Ley 7/1985, los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones Públicas: Previo consentimiento del afectado. Sin consentimiento previo del afectado. Sin consentimiento previo cuando sean necesarios para el ejercicio de sus competencias. Sin consentimiento previo cuando sean necesarios para el ejercicio de sus competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.

La inscripción de los extranjeros en el Padrón Municipal: Constituirá prueba fehaciente de residencia legal en España. No constituirá prueba de su residencia legal en España. Constituirá prueba del permiso de residencia. Ninguna de las anteriores.

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe: Solo en los municipios del Título X y por acuerdo de dos tercios del Pleno. Solo en los municipios del Título X y por acuerdo de la mayoría del número legal de miembros. En los municipios del Título X y cuando así lo disponga el Reglamento Orgánico. En los municipios señalados en el Título X y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento Orgánico.

En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán: Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión de los otros órganos de gobierno, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa. Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, sin perjuicio de lo que disponga la legislación autonómica. Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, si la legislación estatal supletoria no prevé otra forma organizativa. Todas son falsas.

Según el artículo 44 de la Ley 7/1985, el procedimiento de aprobación de los Estatutos de las Mancomunidades se ajustará, entre otras, a la siguiente regla: La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores, constituidos en Asamblea. La Diputación o Diputaciones Provinciales interesadas aprobarán el proyecto de Estatutos. Las Juntas de Gobierno Local de todos los Ayuntamientos aprobarán los Estatutos. Todas son falsas.

No podrá crearse una comarca si a ello se oponen expresamente: La mayoría absoluta de los municipios que debieran agruparse en ella. Las dos terceras partes de los municipios que debieran agruparse en ella. Las dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse en ella. La tercera parte de los municipios que debieran agruparse en ella.

La creación, modificación y supresión de las áreas metropolitanas será: Por decreto del órgano colegiado de gobierno autonómico. Por decreto de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Por Ley autonómica, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos. Por ley estatal.

La celebración de sesiones plenarias extraordinarias en el régimen común de las Corporaciones Locales se realizará: Cuando lo decida el Presidente o lo solicite la mayoría simple de los miembros de la Corporación. Cuando lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación. Cuando lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente y sin que pueda demorarse más de diez días hábiles desde que fuera solicitada. Cuando lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte del número legal de miembros, sin que pueda demorarse más de quince días naturales.

En relación con la disolución de los órganos de las Corporaciones Locales, señale la respuesta correcta: El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder mediante Real Decreto a la disolución de los órganos de las Corporaciones Locales. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá acordar la disolución mediante decreto. El Senado podrá acordar directamente la disolución por mayoría cualificada. El Consejo de Ministros podrá disolver directamente la Entidad Local sin intervención del Senado.

Cuando la Administración del Estado o de una Comunidad Autónoma considere que un acto o acuerdo de una Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico, podrá: Requerir a la Entidad Local para que anule el acto en el plazo máximo de un mes. Requerirla de forma motivada, expresando la normativa vulnerada, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción del acuerdo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. Requerirla en el plazo de un mes para que anule el acto en quince días hábiles. Interponer directamente recurso contencioso-administrativo sin requerimiento previo.

En relación con la intervención de los entes locales en el ejercicio de actividades, indique cuál es la afirmación correcta: Con carácter general el ejercicio de actividades se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. Podrá exigirse declaración responsable u otro medio de control preventivo. La licencia se exige cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente. La licencia puede sustituirse por la declaración responsable por razones de interés público.

Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado: El crédito presupuestario. El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El ejercicio de sus competencias. La aprobación plenaria.

Son formas de gestión de los servicios públicos locales: La gestión directa por la propia Entidad Local y el Organismo Autónomo Local. Sociedad mercantil y Entidad Pública Empresarial. Gestión indirecta regulada, prescrita y enumerada en la Ley 7/1985. La gestión directa por la propia Entidad Local.

Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, el Estatuto Básico del Empleado Público se aplica, en las Administraciones Locales: Al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral. Solo al personal funcionario. Al personal funcionario y al personal laboral, en todo caso. Al personal funcionario de carrera y exclusivamente al personal laboral fijo.

De conformidad con el artículo 10 del TREBEP, el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal no podrá tener una duración superior a: Seis meses, ampliable hasta doce meses más. Doce meses, ampliable hasta doce meses más. Tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto. Dos años, ampliable hasta doce meses más.

El órgano competente en la Administración Local para modificar una Relación de Puestos de Trabajo es: El Alcalde, mediante resolución ratificada por la Junta de Gobierno. El Pleno de la Corporación, salvo que se trate de un municipio de gran población, en cuyo caso será la Junta de Gobierno Local. El Alcalde, dando cuenta al Pleno. La Junta de Gobierno.

Según el artículo 50 del TREBEP, las vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios podrán sustituirse por compensación económica: Nunca. Cuando existan necesidades del servicio. En caso de conclusión de la relación de servicio por causas ajenas a la voluntad del funcionario y, en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses. Cuando exista incapacidad temporal durante las vacaciones.

De conformidad con el artículo 95 del TREBEP, la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior que no constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico constituye una falta: Muy grave. Grave. Leve. No constituye falta.

De conformidad con el artículo 8 del TREBEP, NO se encuentra dentro de la clasificación de empleado público el: Personal directivo profesional. Personal eventual. Personal funcionario interino. Personal laboral temporal.

De conformidad con el artículo 70 del TREBEP, la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de: Cuatro años. Tres años. Dos años. Un año.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto municipal podrá interponerse: Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso contencioso-administrativo. Ninguna es cierta.

De los siguientes impuestos locales, indique cuál es potestativo en su imposición y ordenación: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

El artículo 239.3 del TRLOTUP establece: Un sistema optativo por parte del interesado, mediante solicitud adjuntando proyecto técnico con certificado de conformidad de una ECUV, sin que resulte exigible ningún pronunciamiento previo municipal. Un sistema optativo mediando ordenanza municipal. Un sistema no optativo. Un sistema exclusivo de declaración responsable.

La vigente legislación básica estatal del suelo establece: La clasificación en suelo urbano, urbanizable y rústico. Las clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado. Las situaciones básicas de suelo rural, urbano y urbanizable.

El Texto Refundido de la Ley de Suelo 7/2015 prescribe el silencio negativo para: Movimientos de tierras, explanaciones y obras de nueva planta. Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas. Tala de masas arbóreas. Ubicación de casas prefabricadas permanentes.

La legislación básica estatal de suelo establece una reserva mínima de vivienda protegida de: 30% en suelo rural y 20 % en suelo urbanizable. 30% en suelo rural y 20 % en suelo urbanizable. Un 40% de la edificabilidad residencial para el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 20% en suelo urbanizado. 30% de la edificabilidad residencial para el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y 20 % en suelo urbanizado.

Para que las parcelas tengan la condición de solar se exigirá, al menos: Acceso por vía pavimentada. Suministro de agua potable y energía eléctrica, con los caudales y la potencia suficientes para la edificación prevista. Evacuación de aguas residuales. Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en todas las vías a que dé frente la parcela.

Los Estudios de Detalle, en sí mismos. Sí están sometidos a EATE como todo plan. No están sometidos dada su escasa entidad. Sí cuando acompañan a un instrumento sujeto a EATE. Estarán sometidos cuando tengan incidencia ambiental.

Las actuaciones integradas son: Ámbitos de gestión de planeamiento. Ámbitos de gestión urbanística de una unidad de ejecución completa. Ámbitos de gestión urbanística que comportan la programación de una o varias unidades de ejecución completas. Ámbitos de planificación urbanística.

El programa de actuación aislada puede conllevar: La realización de obras accesorias de urbanización. La reparcelación horizontal de la finca. La regularización de linderos. Todas son correctas, pero como fin complementario.

Cuando el programa se gestione de forma indirecta por agente urbanizador o por las personas propietarias, los planes que lo acompañen no podrán: Cambiar la clasificación. Cambiar la clasificación y modificar el uso predominante. Cambiar la clasificación de más de un 10% superficie ni aumentar o disminuir en más de un 10% la edificabilidad.. Modificar la ordenación estructural.

Para la valoración de bienes y derechos según el TRLOTUP se aplicará: Los criterios manifestados por los interesados. Los criterios fijados por la Ley estatal de suelo. En primer lugar, según los criterios expresamente manifestados por las personas interesadas y en defecto de acuerdo conforme con la legislación estatal de suelo.. Valores fijados por el agente urbanizador.

En el supuesto de pérdida de vigencia de los valores de repercusión: A)Se procederá a la retasación. B)Se actualizarán los coeficientes correctores mediante estudios de mercado. C) En la forma establecida en el artículo 78 y referida al inicio de la reparcelación. A y B son correctas.