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164. ¿Cuál de los siguientes sistemas de selección no comporta la realización de pruebas de conocimiento?. La oposición. La promoción interna. El concurso. El concurso-oposición.

165. ¿Quién aprueba la Oferta de Empleo Público de la entidad local?. La Comunidad Autónoma. El Pleno (o, en su caso, la Junta de Gobierno en municipios de gran población), publicándose en el boletín oficial. El Alcalde. El Secretario.

166. ¿Bajo qué circunstancias se nombran los funcionarios interinos?. Para puestos de confianza política. Con carácter permanente, como los de carrera. Únicamente para tareas materiales. Por razones de necesidad y urgencia para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, con carácter temporal.

167. ¿Por qué normativa se rige fundamentalmente el personal laboral al servicio de las entidades locales?. Un régimen estatutario de Derecho administrativo. El Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo aplicable y demás normativa laboral. El Código Civil. La legislación mercantil.

168. En el sistema de concurso-oposición, ¿cuál es la característica de la puntuación de la fase de concurso?. Es siempre superior a la fase de oposición. Sustituye a la fase de oposición. Es irrelevante para la selección. No puede tener una entidad tal que desvirtúe el carácter selectivo de las pruebas (no debe superar lo razonable respecto de la oposición).

169. Según el TREBEP, ¿cómo se ordenan los grupos de clasificación profesional de los funcionarios?. La antigüedad. El sueldo percibido. El órgano de adscripción. La titulación exigida para el acceso (A1, A2, B, C1, C2 y agrupaciones profesionales).

170. ¿Quién determina el número de puestos de personal eventual de la entidad local?. El Alcalde libremente. El Secretario. El Pleno al comienzo del mandato. La Diputación Provincial.

171. Tras la reforma de la Ley 27/2013, ¿cuál es la denominación legal vigente de los funcionarios con habilitación de carácter nacional?. Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Funcionarios autonómicos habilitados. Funcionarios con habilitación de carácter estatal. Cuerpos nacionales de la Administración Local.

172. ¿A qué subescala están reservadas las funciones de fe pública y de asesoramiento legal preceptivo?. Tesorería. Secretaría-Intervención únicamente. Intervención-Tesorería. Secretaría.

173. Cuando el Interventor formula un reparo de carácter suspensivo a un expediente, ¿qué ocurre?. Se suspende la tramitación hasta que sea resuelto, correspondiendo al Pleno o al Presidente, según el caso, levantar el reparo. El expediente continúa su tramitación sin efecto alguno. El acto queda automáticamente anulado. El reparo lo resuelve el Secretario.

174. ¿Cómo son los informes del Secretario de la Corporación en ejercicio de su función de asesoramiento legal?. Preceptivos en determinados supuestos, pero no vinculantes. Vinculantes para la Corporación. Sustitutivos del acuerdo del Pleno. Meramente facultativos siempre.

175. ¿A quién corresponde la selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional?. A la Administración General del Estado (Ministerio competente). A los colegios profesionales. A las Diputaciones Provinciales. A cada entidad local.

176. ¿Quién tiene la competencia para el nombramiento de un funcionario con habilitación nacional para un puesto concreto, en el procedimiento de concurso?. El Alcalde o Presidente de la Corporación. El Ministerio. La Comunidad Autónoma. El Pleno.

177. ¿A qué subescala corresponden las funciones de manejo y custodia de fondos, recaudación y pagos?. Personal eventual. Secretaría-Intervención exclusivamente. Secretaría. Intervención-Tesorería (función de tesorería).

178. En los municipios pequeños, ¿en qué subescala se acumulan las funciones de Secretaría e Intervención?. Tesorería. Secretaría-Intervención. Intervención de clase primera. Secretaría de clase superior.

179. ¿Cuál es una garantía específica de independencia de los funcionarios con habilitación de carácter nacional?. La libre remoción por el Alcalde. Su carácter eventual. Su sometimiento a un régimen de provisión y a garantías frente al cese arbitrario en sus puestos. La ausencia de régimen disciplinario.

180. ¿A quién corresponden las funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional?. Corresponden al personal laboral. Solo pueden ser ejercidas por funcionarios pertenecientes a esta escala. Las puede asumir cualquier funcionario de carrera. Pueden ser desempeñadas por personal eventual.

181. ¿Cuáles son formas de gestión directa de los servicios públicos locales?. La concesión y la sociedad de economía mixta. La gestión por la propia entidad, el organismo autónomo local, la entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil local de capital íntegramente público. Únicamente la concesión administrativa. Solo el arrendamiento.

182. Los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad, ¿cómo deben prestarse?. Solo pueden prestarse mediante gestión directa. Pueden gestionarse indirectamente mediante concesión. Pueden cederse a empresas privadas. Se gestionan siempre por sociedad de economía mixta.

183. En la gestión indirecta de un servicio público local mediante concesión, ¿qué sucede con la titularidad del servicio?. Se transfiere al concesionario. Queda sin titular definido. Permanece siempre en la entidad local. Pasa a la Comunidad Autónoma.

184. Para optar por una entidad pública empresarial o una sociedad mercantil local como forma de gestión directa, ¿qué debe acreditar la entidad?. La autorización del Estado. Un referéndum favorable. Únicamente la voluntad política. Mediante memoria, que estas formas resultan más sostenibles y eficientes que la gestión por la propia entidad o el organismo autónomo.

185. ¿Cuál de estas actividades declara la LRBRL reservada en favor de las entidades locales?. La energía nuclear. La enseñanza universitaria. El abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, la recogida y tratamiento de residuos y el transporte público de viajeros. La banca comercial.

186. Cuando las entidades locales ejercen actividades económicas en libre concurrencia con el sector privado, ¿qué se requiere?. Requiere ley orgánica. Está prohibida. Solo cabe con autorización del Estado. Es posible, mediante expediente que acredite la conveniencia y oportunidad de la iniciativa.

187. En la concesión de servicios, ¿quién asume el riesgo operacional de la explotación?. El concesionario. La entidad local. Los usuarios exclusivamente. El Estado.

188. ¿Cuál de las siguientes es una forma de gestión indirecta de los servicios públicos locales?. La sociedad de capital íntegramente público. El organismo autónomo local. La sociedad de economía mixta. La entidad pública empresarial local.

189. Las formas de actividad de la Administración local incluyen tradicionalmente: Solo el servicio público. La función jurisdiccional. Únicamente la potestad sancionadora. La ordenación o policía, el fomento, el servicio público y la iniciativa económica.

190. ¿Cuál es la norma reglamentaria clásica reguladora de la prestación de los servicios de las corporaciones locales?. El Reglamento de Bienes (RD 1372/1986). El Reglamento de Organización y Funcionamiento (RD 2568/1986). La Ley de Contratos del Sector Público. El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 1955).

191. ¿Qué plazo tiene la Administración del Estado o las CCAA para formular el requerimiento previo a una entidad local a fin de que anule un acto que infringe el ordenamiento?. Quince días. Un mes desde la recepción de la comunicación del acuerdo. Seis meses. Dos meses.

192. El requerimiento previo del art. 65 LRBRL para que la entidad local anule un acto, ¿qué efecto tiene?. No suspende la ejecutividad del acuerdo impugnado. Anula directamente el acto. Suspende automáticamente la ejecución del acuerdo. Obliga a convocar al Pleno.

193. El recurso de reposición frente a los actos de las entidades locales que ponen fin a la vía administrativa, ¿cómo es?. De resolución por la Comunidad Autónoma. Inexistente en el ámbito local. Potestativo, con plazo de un mes si el acto es expreso. Obligatorio y previo al contencioso.

194. ¿Cómo se realiza la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho por la entidad local?. No es posible en el ámbito local. Solo puede hacerse en el plazo de cuatro años. Requiere autorización del Estado. Puede efectuarse en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

195. Para anular un acto declarativo de derechos que solo incurre en anulabilidad, ¿qué debe hacer previamente la Administración?. Revocarlo libremente. Declararlo lesivo para el interés público e impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Solicitar dictamen del Tribunal de Cuentas. Convalidarlo.

196. ¿En qué plazo debe adoptarse la declaración de lesividad de un acto anulable favorable?. Un año desde que se dictó el acto. Seis meses. En cualquier momento. Cuatro años desde que se dictó el acto.

197. Cuando el Gobierno de la Nación impugna actos o acuerdos de las entidades locales que atentan gravemente al interés general de España (art. 67 LRBRL), ¿qué puede ocurrir?. Lo resuelve el Tribunal Constitucional. El acto queda anulado de pleno derecho. Puede suspender el acto, debiendo el órgano judicial ratificar o levantar la suspensión en un plazo de diez días. No se produce ningún efecto suspensivo.

198. Conforme a la LPAC, ¿cuál es un supuesto de nulidad de pleno derecho?. El acto adoptado fuera de plazo. El acto que incurre en una mera infracción del ordenamiento sin más. El acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. El acto con un defecto de forma no esencial.

199. ¿Qué actos ponen fin a la vía administrativa en el ámbito local, con carácter general?. Las resoluciones del Pleno, de los Alcaldes y de las Juntas de Gobierno Local, salvo los supuestos legales de recurso. Cualquier acto de trámite. Solo las resoluciones del Pleno. Los informes del Secretario.

200. Los actos administrativos anulables, hasta que no son anulados, ¿qué producen?. Carecen de toda eficacia. Se presumen válidos y producen efectos (presunción de validez y ejecutividad). Deben ser convalidados por el Consejo de Estado. Son imprescriptibles.